¿Provincianos? sergioaguayo@infosel.net.mxwww.sergioaguayo.org ![]() Arrastramos un antagonismo añejo entre la capital y el resto de las entidades o, para ser más coloquial, entre chilangos y provincianos. Por lo general está soterrado, pero a veces golpea por la crudeza de sus estereotipos. En su expresión más grosera los capitalinos son calificados, en otras partes de México, como mañosos, arrogantes y “gandallas”. En el mismo tono hay capitalinos que responden con sorna que los provincianos, además de ingenuos e ignorantes, están amargados por el complejo de inferioridad. Resulta por ello incomprensible que legisladores -en su mayoría provincianos- dejaran pasar una reforma a la Constitución tan “achilangada”. Hace días, el Instituto Electoral del Distrito Federal que preside Isidro Cisneros fue anfitrión de una reunión de presidentes de institutos electorales. Los encuentros de este tipo se caracterizan por la mesura y el respeto a las formas y las divergencias; cuando las hay se manejan con tersura. En esta ocasión el rasgo distintivo fue la virulencia porque estaban, están, muy irritados por el centralismo de una parte de la reforma. El enojo se justifica porque hay partes del texto construidas sobre dos supuestos endebles. El primero es atribuirle al Instituto Federal Electoral (IFE) excelencia en la eficacia, templanza a la hora de enfrentar los poderes fácticos, beatitud cuando de objetividad se trata. El segundo es el menosprecio implícito hacia los institutos electorales de los estados a los cuales se trata como inferiores al IFE en capacidad e independencia. Las protestas de los organismos estatales son interpretadas como los pataleos de quienes defienden salarios tan jugosos como los presupuestos manejados con escasa supervisión. Es cierto que hay consejeros estatales muy bien pagados y que una porción compite en el vasallaje a “su” gobernador. Pero como demostraré a continuación la generalización es absurda. Ejemplo número 1. En la Constitución reformada se lee que el IFE “asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable”. Tras estas líneas subyace la idea de que el IFE es superior. Falso. Nuevo León supera en eficiencia, y con mucho, al IFE. Desde el año 2004 es el único Instituto Electoral con certificación ISO-9001-2000 por la calidad en la forma de organizar elecciones. Otro indicador estaría en el reconocimiento que recibió la semana pasada de la Organización de Estados Americanos la cual también le solicitó que organice y sea sede, durante el año 2008, de un encuentro Hemisférico de Organismos Electorales. Ante evidencia de este tipo podría argumentarse que el legislador debiera haber considerado la posibilidad de que los institutos locales sustituyan al IFE en la organización de elecciones federales en algunos estados. En cuanto a salarios, los siete consejeros de Nuevo León reciben en años no electorales un estipendio de 13 mil pesos al mes que en año de comicios sube a unos 39 mil pesos. Un diferencial notable ante los ingresos y privilegios de los Consejeros del IFE. Ejemplo número 2. Erróneo minimizar las innovaciones de los estados. En Michoacán modificaron la legislación y prohibieron a los partidos utilizar el equipamiento urbano para colgar su propaganda. Lo notable, lo excepcional, lo único es que el Consejo Electoral quiso y pudo hacer que la ley se cumpliera. En conversación telefónica, la consejera María de la Luz Becerra me detalló la mezcla de trabajo y sentido común que hizo posible el portento de unos comicios sin plásticos ofensivos para la vista y el ambiente. Una idea digna de ser explorada me fue planteada, con la parsimonia propia del linaje de los Sepúlveda, por el presidente del instituto neoleonés, Eduardo Guerra Sepúlveda: “Habría que reflexionar sobre la conveniencia de también multar a los candidatos por las violaciones a la ley… y no sólo a los partidos”. Cierro este breve recuento con la valentía del instituto de Baja California frente a las presiones de su gobernador en las elecciones pasadas. Por ahora, el centralismo ya está en la Constitución. Paradójico porque se somete a los institutos locales a un IFE debilitado en su autonomía. Como la democracia se basa en la ecuación “error-corrección” al legislador corresponde hacer, ahora, algunos ajustes. Hoy miércoles 21 de noviembre los presidentes de los organismos electorales publican un desplegado listando sus reivindicaciones. Reproduzco la más importante: “Que en la legislación secundaria quede establecido, en forma expresa, que las relaciones entre el IFE y los organismos electorales locales, serán de coordinación y cooperación y no de subordinación”. Otra corrección también debe incluir la selección de los tres consejeros. A la luz de lo antes dicho parecería sensato que el legislador considerara como criterios que dos de los tres fueran mujeres y que dos de los tres hubieran hecho su carrera en el interior. Con eso en mente estoy entre quienes respaldan la candidatura de Alfredo Figueroa Fernández quien reúne experiencia, conocimientos, autonomía y prestigio. Estuvo entre los fundadores de Alianza Cívica en Puebla en donde ha sido consejero en el IFE y el instituto local. En las últimas fechas ha participado activamente en el Comité Conciudadano y tiene interés en competir. El país ha cambiado y se ha ido diluyendo la dicotomía centro-periferia. Por eso mismo sorprende el “achilangamiento” de algunas partes de la Constitución. Si recuperáramos el errático y desigual comportamiento de los Consejeros del IFE es inevitable preguntarse quiénes están en la vanguardia y quiénes son los provincianos. La miscelánea Juan Ramón de la Fuente se ganó a pulso los reconocimientos a los cuales me uno. Sin embargo, y en cierto sentido, la piel de la UNAM no es de puma sino de leopardo. El fondo es de un amarillo burocrático; las manchas simbolizan la modernidad de algunas instituciones y facultades. El nuevo rector, José Narro Robles, ratificaría su considerable prestigio si recordara que la eficacia es fuente de legitimidad y que urge reducir y simplificar una tramitología asfixiante. |
Kikka Roja