Raymundo Riva Palacio
Narcopolíticos
Miércoles, 18 de Febrero de 2009
Tiene razón política el presidente Felipe Calderón cuando asegura que el narcotráfico penetró a la sociedad y a las autoridades. Tiene razón histórica cuando cuestiona inquisidor porqué se llegó a esa barbarie que significa la corrupción de las autoridades. Pero no tiene razón legítima porque sigue avalando –su omisión jurídica apoya el alegato- que funcionarios federales, autoridades estatales y municipales de quienes tiene investigaciones el gobierno federal de su presunta relación con el crimen organizado, sigan gobernando y tomando decisiones que afectan a la comunidad. Decenas de ellos se mantienen sin ser, siquiera, presionados.
Esta falta de acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del Presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben.
¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
Esta falta de acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del Presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben.
¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
r_rivapalacio@yahoo.com
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