Reforma energética, Pentágono y BM
El Pentágono y el Banco Mundial (BM) cierran filas con el gobierno de Calderón. Apoyan lo que en realidad es “su” recetario energético y de seguridad para México. Lo consideran un endoso necesario ante el fortalecimiento y ensanche de la resistencia pacífica y de una acción en defensa del petróleo, que desborda a la cúpula del Partido Revolucionario Institucional.
En lo que sólo puede calificarse como un auto elogio –dado el papel del Banco Mundial en el diseño de la “reforma estructural energética”– Pamela Cox, vicepresidenta del organismo para Latinoamérica, expresó que “la aprobación de la reforma energética dará más estabilidad a la economía mexicana, garantizará su crecimiento sostenido y fortalecerá las finanzas públicas…”. Agregó: hoy se construyen, “a través de las reformas estructurales, los aceleradores de la actividad productiva, con lo que… el país garantizará ingresos constantes y ahorros estables” (El Economista, 21-IV-08, p.1).
Estremece que Salinas y Zedillo usaran esos mismos términos sobre las reformas estructurales del BM que siguen arrasando a erario, agro y nación. El espaldarazo militar se dio con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, por segunda vez en la historia, para “afinar detalles” de la Iniciativa Mérida, promotora, junto a esquemas militares y policiales en curso, de la “integración profunda” alentada por la ASPAN. Como la participación de las empresas, el BM y el aparato de seguridad estadunidense en el proceso que lleva a la “reforma” para abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada –nacional y extranjera– es intensa y de larga data, cabe una breve reflexión histórica.
Luego de la primera Guerra Mundial México fue, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de crudo. Desde entonces Washington rechazó con soberbia imperialista lo formulado en la nueva Constitución de 1917 sobre el derecho original de la nación sobre sus recursos naturales –incluido expresamente el petróleo–. Esa impugnación se hizo por medio de la noción de minimun duty (deber mínimo), “…que toda nación debe tener en relación con el trato a empresas extranjeras”, y que incluye “el derecho del gobierno extranjero de proteger” a sus nacionales de “actos como la confiscación de los derechos de propiedad”.
Al amparo de esta amenaza de intervención armada, junto con maniobras de la legislación protectora de los monopolios internacionales –bien reseñadas por Horacio Labastida (“Política petrolera”, RMCPS, año XXXVI, número 141, 1990)–, Standard Oil, Mexican Sinclair Petroleum y Royal Dutch Shell siguieron explotando “las vetas de mayor riqueza hasta 1938”, cuando Cárdenas aprovecha la cambiante correlación de fuerzas nacionales y mundiales y recupera el petróleo para la nación. En ese lapso esas firmas asolaron las áreas petroleras y se enriquecieron sin límite y sin beneficio alguno para el país: “se trata de una dilatada historia de amenazas, intervenciones diplomáticas y argucias de todas clases” (ídem, p. 136).
La presión de Estados Unidos siguió. Después de 1945 el Banco Mundial abogó a favor de permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Miguel Alemán se doblegó. En los años 60, cuando desde el Wall Street Journal la cúpula petrolera advertía que los éxitos del programa de exploración y perforación de Pemex, dirigida entonces por Jesús Reyes Heroles –padre– eran un “gran peligro” por el ejemplo que sentaban ante el Tercer Mundo, el Banco Mundial y su asesor, Walter Levy, atacaban a Pemex con argumentos rebatidos por aquel director, pero que están en la base de los Country Strategy Papers del BM, usados en los años recientes para fomentar la privatización de facto de Pemex, y que son el fundamento conceptual y operativo de la reforma “calderonista”.
Por ello el despliegue diplo-militar del secretario de Defensa de Bush-Cheney & Company y las loas de Cox: “aplaudo la determinación que han tenido para reformar, porque han asumido la responsabilidad política para garantizar un sistema productivo moderno”. Son auto elogios espurios.
En lo que sólo puede calificarse como un auto elogio –dado el papel del Banco Mundial en el diseño de la “reforma estructural energética”– Pamela Cox, vicepresidenta del organismo para Latinoamérica, expresó que “la aprobación de la reforma energética dará más estabilidad a la economía mexicana, garantizará su crecimiento sostenido y fortalecerá las finanzas públicas…”. Agregó: hoy se construyen, “a través de las reformas estructurales, los aceleradores de la actividad productiva, con lo que… el país garantizará ingresos constantes y ahorros estables” (El Economista, 21-IV-08, p.1).
Estremece que Salinas y Zedillo usaran esos mismos términos sobre las reformas estructurales del BM que siguen arrasando a erario, agro y nación. El espaldarazo militar se dio con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, por segunda vez en la historia, para “afinar detalles” de la Iniciativa Mérida, promotora, junto a esquemas militares y policiales en curso, de la “integración profunda” alentada por la ASPAN. Como la participación de las empresas, el BM y el aparato de seguridad estadunidense en el proceso que lleva a la “reforma” para abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada –nacional y extranjera– es intensa y de larga data, cabe una breve reflexión histórica.
Luego de la primera Guerra Mundial México fue, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de crudo. Desde entonces Washington rechazó con soberbia imperialista lo formulado en la nueva Constitución de 1917 sobre el derecho original de la nación sobre sus recursos naturales –incluido expresamente el petróleo–. Esa impugnación se hizo por medio de la noción de minimun duty (deber mínimo), “…que toda nación debe tener en relación con el trato a empresas extranjeras”, y que incluye “el derecho del gobierno extranjero de proteger” a sus nacionales de “actos como la confiscación de los derechos de propiedad”.
Al amparo de esta amenaza de intervención armada, junto con maniobras de la legislación protectora de los monopolios internacionales –bien reseñadas por Horacio Labastida (“Política petrolera”, RMCPS, año XXXVI, número 141, 1990)–, Standard Oil, Mexican Sinclair Petroleum y Royal Dutch Shell siguieron explotando “las vetas de mayor riqueza hasta 1938”, cuando Cárdenas aprovecha la cambiante correlación de fuerzas nacionales y mundiales y recupera el petróleo para la nación. En ese lapso esas firmas asolaron las áreas petroleras y se enriquecieron sin límite y sin beneficio alguno para el país: “se trata de una dilatada historia de amenazas, intervenciones diplomáticas y argucias de todas clases” (ídem, p. 136).
La presión de Estados Unidos siguió. Después de 1945 el Banco Mundial abogó a favor de permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Miguel Alemán se doblegó. En los años 60, cuando desde el Wall Street Journal la cúpula petrolera advertía que los éxitos del programa de exploración y perforación de Pemex, dirigida entonces por Jesús Reyes Heroles –padre– eran un “gran peligro” por el ejemplo que sentaban ante el Tercer Mundo, el Banco Mundial y su asesor, Walter Levy, atacaban a Pemex con argumentos rebatidos por aquel director, pero que están en la base de los Country Strategy Papers del BM, usados en los años recientes para fomentar la privatización de facto de Pemex, y que son el fundamento conceptual y operativo de la reforma “calderonista”.
Por ello el despliegue diplo-militar del secretario de Defensa de Bush-Cheney & Company y las loas de Cox: “aplaudo la determinación que han tenido para reformar, porque han asumido la responsabilidad política para garantizar un sistema productivo moderno”. Son auto elogios espurios.
Kikka Roja
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El libro de Saxe-Fernández La Compra-Venta de México, detalla con conocimiento, claridad y antelación todo el proceso que estamos viviendo y que obedece a los lineamientos marcados por los Estados Unidos para despojar a México de un bien escaso y estratégico. Muestra las argucias para burlar la Constitución y la forma de hacer quebrar a Pemex para llevarla a lo que se denomina "un punto de quiebra" es decir, hacerla insolvente desincorporándola y con otros métodos para obligar a "salvarla° mediante la privatización
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