La Jornada On Line
México, DF. En un comunicado difundido este miércoles, el Ejército Popular Revolucionario hizo un llamado a todos los participantes de la marcha titulada Iluminemos México -a realizarse este próximo sábado 30 de agosto- a que en sus demandas de seguridad pública integren la presentación con vida de los desaparecidos y presos políticos, incluyendo a sus dos compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Al señalar que el país está hundiéndose en una "gran descomposición social y política" originada por el actual régimen neoliberal, el grupo guerrillero critica la actitud de las autoridades que pretenden combatir el flagelo de la inseguridad con medidas policiacas que únicamente "atacan el efecto pero no la causa" del mismo y manifiesta: "la solución de la pobreza y la criminalidad es económica y no policíaca".
Asimismo, descalifica la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública -realizada justo la semana anterior- ya que sus integrantes pertenecen a la "oligarquía autodenominada sociedad civil, cuyo fin es autoprotegerse y erigirse por encima" de la real sociedad en su conjunto.
En su documento, el EPR agrega que los 75 medidas emanadas de ese encuentro para combatir la criminalidad no son sino un "espaldarazo" a Felipe Calderón. Incluso advierte de la incongruencia de tal acuerdo ya que la víspera a que fuera firmado se emitió una segunda condena contra el luchador social y líder del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle.
El texto menciona que los organizadores y promotores de la movilización contra la inseguridad -identificados con la ultraderecha y el yunquismo- han aprovechado los lamentables sucesos de la familia Martí para erigirse "como los paladines de la seguridad". Sin embargo, abunda el comunicado, esos deudos pudieron, gracias a sus recursos, sepultar a su familiar; no así sucede con las viudas de Pasta de Conchos quienes aún no tienen los restos de sus seres por la negligencia empresarial y complicidad gubernamental, al igual que las familias de los desaparecidos políticos o las mujeres de Juárez, manifiesta.
Por ello, finaliza, si "se convocara al pueblo a marchar contra la pobreza, la represión y la impunidad gubernamental las plazas se colmarían y nadie se quedaría en casa, pero serían los más pobres y no esa pequeña burguesía los que participarían por una causa justa, legítima y no por un revanchismo social que buscan los hombres de grandes negocios y 'buenas' costumbres".
Al señalar que el país está hundiéndose en una "gran descomposición social y política" originada por el actual régimen neoliberal, el grupo guerrillero critica la actitud de las autoridades que pretenden combatir el flagelo de la inseguridad con medidas policiacas que únicamente "atacan el efecto pero no la causa" del mismo y manifiesta: "la solución de la pobreza y la criminalidad es económica y no policíaca".
Asimismo, descalifica la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública -realizada justo la semana anterior- ya que sus integrantes pertenecen a la "oligarquía autodenominada sociedad civil, cuyo fin es autoprotegerse y erigirse por encima" de la real sociedad en su conjunto.
En su documento, el EPR agrega que los 75 medidas emanadas de ese encuentro para combatir la criminalidad no son sino un "espaldarazo" a Felipe Calderón. Incluso advierte de la incongruencia de tal acuerdo ya que la víspera a que fuera firmado se emitió una segunda condena contra el luchador social y líder del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle.
El texto menciona que los organizadores y promotores de la movilización contra la inseguridad -identificados con la ultraderecha y el yunquismo- han aprovechado los lamentables sucesos de la familia Martí para erigirse "como los paladines de la seguridad". Sin embargo, abunda el comunicado, esos deudos pudieron, gracias a sus recursos, sepultar a su familiar; no así sucede con las viudas de Pasta de Conchos quienes aún no tienen los restos de sus seres por la negligencia empresarial y complicidad gubernamental, al igual que las familias de los desaparecidos políticos o las mujeres de Juárez, manifiesta.
Por ello, finaliza, si "se convocara al pueblo a marchar contra la pobreza, la represión y la impunidad gubernamental las plazas se colmarían y nadie se quedaría en casa, pero serían los más pobres y no esa pequeña burguesía los que participarían por una causa justa, legítima y no por un revanchismo social que buscan los hombres de grandes negocios y 'buenas' costumbres".
Kikka Roja
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