- Elementos de la PFP habrían abatido a 13 internos; la corporación controlará el reclusorio
- Se usaron armas reglamentarias en la matanza de reos de La Mesa
- Según fuentes del Grupo Táctico, los policías “se engolosinaron” al abrir fuego
- Sólo dan a conocer nombres de heridos
- Remplazan y detienen a funcionarios responsables de los penales
Y PARA COLMO ESTAN EN LA CARCEL LOS POBRES Y LOS INOCENTES, LOS IMPUNES NUNCA PISARÁN UNA CÁRCEL Y SOLO HAY JUSTICA PARA LOS ADINERADOS. ¿PORQUÉ PERMITE EL GOBIERNO QUE MATEN A UN DIRECTOR QUE INTENTA COMBATIR LA CORRUPCIÓN? ES IMPOSIBLE SALIR CON VIDA DEL CARGO DE DIRECTOR DE PENAL.
Mexicali, BC, 18 de septiembre. La mayoría de los 17 muertos (ayer se dijo oficialmente que eran 19 y hoy se redujo la cifra) y 59 heridos durante el motín del penal de La Mesa, Tijuana, recibieron en cráneo, tórax y abdomen disparos de armas reglamentarias (calibres 9 milímetros, .223 y 7.62) presuntamente accionadas por la Policía Federal Preventiva (PFP), señalaron fuentes del Grupo Táctico que sofocó la sublevación. La Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del estado indicó que dichos disparos segaron la vida de 13 reos; dos murieron por golpes contusos y dos por heridas con arma blanca. Fuentes del Grupo Táctico –formado por corporaciones de los tres niveles de gobierno– dijeron que militares y agentes federales son señalados por haber disparado directamente contra los internos porque “se engolosinaron”. A diferencia de las corporaciones estatales, que usaron balas de goma, los de la PFP utilizaron fusiles y pistolas de cargo.
Versiones de prensa indicaron que los ocupantes del helicóptero de la policía que sobrevoló el penal dispararon contra los reos. Sin embargo, otra fuente asegura que ellos usaron balas de goma y que ninguno de los muertos estaba entre el grupo que había subido a la azotea. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán destituyó hoy a la subsecretaria del Sistema Penitenciario del estado, Simona Gamiño Gurrola; al director de Centros Penitenciarios, Miguel Ángel Canett Sánchez, y al director del penal, Carlos Arturo González García, y los sustituyó, en ese mismo orden, por Osvaldo Medina Olvera, Juan Francisco Vázquez Bustamante y Jesús Héctor Grijalva Tapia. Los tres primeros fueron detenidos y rinden declaración. El gobernador los responsabilizó de los motines y sus consecuencias. Inicialmente Osuna Millán reconoció la existencia de 19 muertos durante la reyerta iniciada en el dormitorio de mujeres, pero al final el agente del Ministerio Público asentó la existencia de 17 cadáveres y 59 heridos.
José Manuel Robles Barbosa, director del hospital general de Tijuana, informó que fallecieron dos de los reos heridos durante el motín del domingo pasado en esa misma prisión, lo que eleva a cinco el número de muertos y a 29 el de lesionados en ese primer choque. Es decir, en esta semana han sido asesinados 22 reos en esa prisión, además del que presuntamente murió a manos de los celadores, homicidio que habría desatado el motín del domingo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal publicó una lista de 59 reos heridos en los motines del penal de La Mesa; 45 son atendidos en la enfermería del reclusorio y 14 están en el hospital general, vigilados por policías estatales y federales, según dijo Robles Barbosa, director del nosocomio, quien precisó que los pacientes tienen heridas de arma de fuego en tórax, abdomen y cráneo, y se formaron tres equipos de cirujanos para atenderlos. El gobierno estatal sólo dio a conocer los nombres de los internos heridos, de los cuales 33 presentan heridas de bala en pies, piernas, brazos, cabeza, cuello y testículos, pero no ha emitido información alguna sobre los muertos, ni siquiera de los dos fallecidos el domingo, que fueron incinerados, ni de otros dos que fueron abatidos por disparos de arma calibre 9 milímetros en tórax y abdomen.
El secretario de Gobierno estatal, Francisco Blake Mora, informó a una televisora local que 159 reos fueron enviados al penal estatal de El Hongo, ubicado en Tecate, y 63 a la penitenciaría del puerto de Ensenada. La zozobra de los familiares crece debido a las inconsistencias de las cifras sobre el número de muertos y enviados a otras cárceles del estado. Los presos reclamaban agua potable y comida en buen estado, cuyo suministro les redujeron tras el primer motín, denunciaron sus parientes. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que luego de los dos motines suscitados en menos de tres días, el gobierno del estado, con respaldo de la Secretaría de Gobernación, determinó que la PFP asuma provisionalmente el mando del penal debido a que algunos custodios fueron acusados de colusión con los reos.
Analizarán demandas de presos
El gobernador ordenó la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California para analizar las demandas de los internos sobre las condiciones de reclusión y el trato que reciben de empleados y funcionarios penitenciarios. El penal, con capacidad para 3 mil reos, alberga a 8 mil. Por último, el procurador estatal indicó que 25 agentes del Ministerio Público y peritos de Ensenada y Mexicali indagan los hechos del miércoles.
Con información de Notimex, Reuters y Afp
Desde 1992, la CNDH alertó sobre diversas irregularidades al gobierno de Baja California
Antonio Heras (Corresponsal)
Mexicali, BC, 18 de septiembre. En 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crítica situación que vivían los reclusos del penal de La Mesa. Doce años después, en 2004, reiteró que esa prisión padecía todos los vicios posibles y enumeró: corrupción de autoridades, autogobierno (que propicia privilegios y cobros indebidos), tráfico de drogas, hacinamiento, alimentación deficiente, falta o insuficiencia de trabajo y actividades educativas, junto a una serie de carencias que no propiciaban la readaptación social. Inclusive, el ombudsman...
Más de 100 elementos del Ejército y policías sofocan riña en prisión de CadereytaMexicali, BC, 18 de septiembre. En 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crítica situación que vivían los reclusos del penal de La Mesa. Doce años después, en 2004, reiteró que esa prisión padecía todos los vicios posibles y enumeró: corrupción de autoridades, autogobierno (que propicia privilegios y cobros indebidos), tráfico de drogas, hacinamiento, alimentación deficiente, falta o insuficiencia de trabajo y actividades educativas, junto a una serie de carencias que no propiciaban la readaptación social. Inclusive, el ombudsman...
David Carrizales, corresponsal
Kikka Roja
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