Ayer, al inaugurar el foro La responsabilidad de los medios de comunicación ante la lucha contra la delincuencia organizada, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, convocó a los medios informativos del país a no trivializar el combate a la criminalidad. Los exhortó, a renglón seguido, a equilibrar sus contenidos de forma tal que difundan también los aciertos y buenos resultados de la política de seguridad en curso, y advirtió que, si bien no es la intención del gobierno federal censurar a los medios de comunicación, éstos deben autorregularse para evitar que se genere desánimo o parálisis entre la población.
El funcionario repitió, de tal forma, los constantes llamados del Ejecutivo federal a suscribir el optimismo oficial en materia de combate a la delincuencia, al tiempo que manifestó, de nueva cuenta, las creencias equívocas de que los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y de que las estrategias gubernamentales tendrán éxito en la medida en que los medios las celebren y eviten criticarlas.
Es cierto que, en el momento presente, hay en la población un sentir generalizado de zozobra, temor e incertidumbre ante la creciente ola de violencia que azota el país, y que ello ha derivado en un aumento de la percepción de que la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Esto último, sin embargo, no es culpa de los medios de comunicación, sino consecuencia del mal manejo de la procuración de justicia y de la seguridad pública, así como de las debilidades con que el Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad organizada: sin conocer ni comprender las dimensiones reales del problema, sin una política de combate efectivo a la corrupción que permitiera limpiar a fondo las corporaciones policiales, y sin atender las causas originarias –sociales, económicas e institucionales– de los fenómenos delictivos.
La verosimilitud de la campaña antinarco del calderonismo queda en entredicho ante el profundo descrédito en que se encuentra inmersa la propia PGR, dependencia que padece desde el sexenio pasado una sostenida erosión institucional, que se ha alejado de su compromiso formal de cumplir la ley y procurar justicia y que ha asumido, en cambio, el papel de fábrica de culpables y de gestora de venganzas políticas y personales. Por si fuera poco, en el marco de la actual estrategia de seguridad, la procuraduría ha incurrido en una serie de pifias e irregularidades que deterioran aún más su imagen, como con la detención y el arraigo de Laura Elena Zúñiga, presuntamente relacionada con miembros del cártel de Juárez y posteriormente liberada por falta de pruebas, episodio que constituyó un atropello inadmisible o bien una exasperante torpeza de la entidad que encabeza Medina Mora.
Lejos de corregir o de siquiera admitir las fallas mencionadas, el gobierno federal ha avanzado en la construcción de una suerte de realidad virtual, sustentada en la difusión de logros históricos en su lucha contra el narco. Ayer mismo, Medina Mora dijo que la presente administración ha golpeado con particular intensidad a todas y cada una de las organizaciones criminales sin excepción y que los resultados obtenidos en detenciones, en decomisos de droga, dinero y armas, así como en bajas causadas a los grupos criminales, no tienen resultado precedente, afirmaciones que no corresponden con el panorama cotidiano –en el que la violencia se reproduce con mayor intensidad y en el que el poder de los grupos delictivos no parece haber disminuido– y que, en cambio, generan la impresión de que el gobierno pretende engañar a la sociedad en su conjunto.
En suma, si algo resta credibilidad al combate del calderonismo a la delincuencia organizada ha sido, precisamente, la inoperancia con que se conducen las autoridades; los atropellos y las irregularidades en que incurre el sistema de procuración de justicia, la propensión gubernamental a culpar de esas fallas a otros –empezando por los medios de comunicación– y su empeño por ocultar a la población lo que resulta evidente: que en los pasados 27 meses, y después de miles de muertos, el poder de la delincuencia y el clima de inseguridad no disminuyen. Y no mejorarían las cosas si los medios se avinieran a ocultar la realidad, que es lo que parece ser la petición de Medina Mora.
El funcionario repitió, de tal forma, los constantes llamados del Ejecutivo federal a suscribir el optimismo oficial en materia de combate a la delincuencia, al tiempo que manifestó, de nueva cuenta, las creencias equívocas de que los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y de que las estrategias gubernamentales tendrán éxito en la medida en que los medios las celebren y eviten criticarlas.
Es cierto que, en el momento presente, hay en la población un sentir generalizado de zozobra, temor e incertidumbre ante la creciente ola de violencia que azota el país, y que ello ha derivado en un aumento de la percepción de que la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Esto último, sin embargo, no es culpa de los medios de comunicación, sino consecuencia del mal manejo de la procuración de justicia y de la seguridad pública, así como de las debilidades con que el Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad organizada: sin conocer ni comprender las dimensiones reales del problema, sin una política de combate efectivo a la corrupción que permitiera limpiar a fondo las corporaciones policiales, y sin atender las causas originarias –sociales, económicas e institucionales– de los fenómenos delictivos.
La verosimilitud de la campaña antinarco del calderonismo queda en entredicho ante el profundo descrédito en que se encuentra inmersa la propia PGR, dependencia que padece desde el sexenio pasado una sostenida erosión institucional, que se ha alejado de su compromiso formal de cumplir la ley y procurar justicia y que ha asumido, en cambio, el papel de fábrica de culpables y de gestora de venganzas políticas y personales. Por si fuera poco, en el marco de la actual estrategia de seguridad, la procuraduría ha incurrido en una serie de pifias e irregularidades que deterioran aún más su imagen, como con la detención y el arraigo de Laura Elena Zúñiga, presuntamente relacionada con miembros del cártel de Juárez y posteriormente liberada por falta de pruebas, episodio que constituyó un atropello inadmisible o bien una exasperante torpeza de la entidad que encabeza Medina Mora.
Lejos de corregir o de siquiera admitir las fallas mencionadas, el gobierno federal ha avanzado en la construcción de una suerte de realidad virtual, sustentada en la difusión de logros históricos en su lucha contra el narco. Ayer mismo, Medina Mora dijo que la presente administración ha golpeado con particular intensidad a todas y cada una de las organizaciones criminales sin excepción y que los resultados obtenidos en detenciones, en decomisos de droga, dinero y armas, así como en bajas causadas a los grupos criminales, no tienen resultado precedente, afirmaciones que no corresponden con el panorama cotidiano –en el que la violencia se reproduce con mayor intensidad y en el que el poder de los grupos delictivos no parece haber disminuido– y que, en cambio, generan la impresión de que el gobierno pretende engañar a la sociedad en su conjunto.
En suma, si algo resta credibilidad al combate del calderonismo a la delincuencia organizada ha sido, precisamente, la inoperancia con que se conducen las autoridades; los atropellos y las irregularidades en que incurre el sistema de procuración de justicia, la propensión gubernamental a culpar de esas fallas a otros –empezando por los medios de comunicación– y su empeño por ocultar a la población lo que resulta evidente: que en los pasados 27 meses, y después de miles de muertos, el poder de la delincuencia y el clima de inseguridad no disminuyen. Y no mejorarían las cosas si los medios se avinieran a ocultar la realidad, que es lo que parece ser la petición de Medina Mora.
kikka-roja.blogspot.com/
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...