José A. Crespo
Mea culpa estadunidense
A muchos en México convenció el reconocimiento que en voz de Hillary Clinton hizo el gobierno estadunidense sobre su responsabilidad en los problemas del narcotráfico: 1) Que mientras el consumo allá siga siendo elevado, no se podrá resolver a fondo la violencia aquí. 2) Que la mayoría de armas que usan los cárteles (90%) vienen de Estados Unidos. Algunos incluso se dijeron conmovidos con la frase de que México y Estados Unidos “somos una familia” que comparte un destino común. Suena bien, pero que en política nacional e internacional se digan al oído cosas dulces y se hagan solemnes promesas no significa que eso vaya a traducirse en hechos. A veces incluso tales amabilidades son una estratagema para suavizar un golpe ya dado. Recordemos, por ejemplo, las palabras del presidente James Polk, justo después de habernos arrebatado la mitad del territorio: “Las dos repúblicas, por estar situadas en el mismo continente y compartir fronteras, tienen motivo de amistad e interés suficiente para mantenerse unidas en una concordia perpetua”. Pues vaya forma de demostrar esa amistad y “concordia perpetua”.
Con esto no quiero minimizar el gesto de Hillary, que incluso le ha costado críticas en su país. De hecho, durante años nuestros vecinos fueron reticentes a reconocer cualquier responsabilidad en el narcotráfico. Cuando se les cuestionaba sobre por qué allá no caían capos de la magnitud e importancia que acá, primero negaban su existencia, después decían que sí los había, pero nunca de la jerarquía que en México, y a veces que sí, pero que eran latinoamericanos (como si eso exonerara a Estados Unidos de aplicar la ley en su territorio). Pero también han dicho que sus instituciones son menos proclives a la corrupción (lo cual puede ser parcialmente cierto, al menos en comparación con la corrupción rampante que carcome a México desde siempre). Las declaraciones de Clinton, respaldadas por Barack Obama, han despertado expectativas en nuestro país de que, ahora sí, la cooperación bilateral arrojará resultados palpables para lidiar con la plaga del narcotráfico, en realidad producto de la política de prohibición —diseñada en Washington— y llevada a sus últimas consecuencias por nuestro actual gobierno. Pero más allá de las diplomáticas expresiones entre ambas administraciones, conviene analizar sobre qué bases puede mejorar la situación y hasta dónde el mea culpa de Estados Unidos se traducirá en acciones eficaces. Para empezar, no hay cambio de paradigma, sino la profundización de un modelo hasta ahora fallido. Es probable que en la medida en que la violencia mexicana represente una amenaza a la seguridad estadunidense —como lo ha ratificado el gobierno de Obama— incentive a ese país a hacer un esfuerzo real y no meramente retórico, para que dicha violencia disminuya o al menos sea contenida en la frontera común. Pero de sólo contenerse la violencia en la línea fronteriza, sin reducirse en territorio mexicano, de poco nos servirá.
Sin embargo, más importante es la pregunta de hasta dónde las medidas que tome el gobierno estadunidense para reducir el consumo de drogas en su país, al tiempo de evitar el trasiego de armas al nuestro, serán eficaces. En lo que hace al primer punto, Estados Unidos siempre ha dedicado más esfuerzo a combatir la demanda que la oferta (sin que eso signifique que no haya hecho lo segundo). Combatir la demanda es más eficaz y menos peligroso (pues no se traduce en violencia e inseguridad pública). Algo se ha logrado por vía de la prevención y la rehabilitación. Pero si de verdad la violencia mexicana es consecuencia directa del consumo estadunidense, ¿en qué grado tendría que reducirse éste para que los cárteles mexicanos se volvieran débiles e inofensivos? Tendría que ser una reducción drástica, que hiciera del gran negocio del narcotráfico uno raquítico, poco redituable, al grado de que no valiera la pena siquiera seguir en él. ¿Se podrá alcanzar ese objetivo? Se ve difícil, si no es que imposible. Finalmente, ¿cuántas armas tendrían que dejar de recibir los cárteles para quedar debilitados al grado de que nuestro Ejército —de las policías, mejor ni hablar— pudiera desarticularlos? La caída en ese trasiego tendría que ser igualmente radical, lo que también se ve sumamente complicado, pues aun suponiendo que el cerrojo de la frontera de allá para acá fuera exitoso, los cárteles tienen suficientes fondos para reponer su arsenal en otras partes del planeta. ¿O en dónde adquieren sus armas las FARC? ¿Acaso cruzan por El Paso para comprarlas y regresar caminando a México, y de ahí a Colombia?
Por cierto, la comparación de la empresa de Felipe Calderón con la de Eliot Ness generó diversas y extrañas reacciones en México. Pero recordemos que Ness no pudo derrotar a los cárteles del alcohol: hubo que recurrir a su legalización. Y al terminar la Prohibición, lo primero que hizo don Eliot fue echarse un trago, como confirmando lo absurdo de la política que privó de la vida a muchos de sus amigos y colegas. Podría entonces ocurrir lo que sugiere el experto Jorge Chabat: “Si después de todo el esfuerzo del gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico y de la ayuda estadunidense, la narcoviolencia continúa y se extiende a Estados Unidos, quedará claro que la estrategia de criminalizar las drogas no funciona. Tal vez entonces se piense en una opción más racional como quitar la prohibición, con lo cual se eliminaría la violencia y la corrupción que tienen en vilo al Estado mexicano y sin dormir a los estadunidenses” (El Universal, 30/III/09). Calderón afirma que la despenalización es imposible en tanto no ocurra en Estados Unidos. Pero en varios estados de ese país ya despenalizaron la mariguana para fines terapéuticos. ¿Por qué aquí no?
Con esto no quiero minimizar el gesto de Hillary, que incluso le ha costado críticas en su país. De hecho, durante años nuestros vecinos fueron reticentes a reconocer cualquier responsabilidad en el narcotráfico. Cuando se les cuestionaba sobre por qué allá no caían capos de la magnitud e importancia que acá, primero negaban su existencia, después decían que sí los había, pero nunca de la jerarquía que en México, y a veces que sí, pero que eran latinoamericanos (como si eso exonerara a Estados Unidos de aplicar la ley en su territorio). Pero también han dicho que sus instituciones son menos proclives a la corrupción (lo cual puede ser parcialmente cierto, al menos en comparación con la corrupción rampante que carcome a México desde siempre). Las declaraciones de Clinton, respaldadas por Barack Obama, han despertado expectativas en nuestro país de que, ahora sí, la cooperación bilateral arrojará resultados palpables para lidiar con la plaga del narcotráfico, en realidad producto de la política de prohibición —diseñada en Washington— y llevada a sus últimas consecuencias por nuestro actual gobierno. Pero más allá de las diplomáticas expresiones entre ambas administraciones, conviene analizar sobre qué bases puede mejorar la situación y hasta dónde el mea culpa de Estados Unidos se traducirá en acciones eficaces. Para empezar, no hay cambio de paradigma, sino la profundización de un modelo hasta ahora fallido. Es probable que en la medida en que la violencia mexicana represente una amenaza a la seguridad estadunidense —como lo ha ratificado el gobierno de Obama— incentive a ese país a hacer un esfuerzo real y no meramente retórico, para que dicha violencia disminuya o al menos sea contenida en la frontera común. Pero de sólo contenerse la violencia en la línea fronteriza, sin reducirse en territorio mexicano, de poco nos servirá.
Sin embargo, más importante es la pregunta de hasta dónde las medidas que tome el gobierno estadunidense para reducir el consumo de drogas en su país, al tiempo de evitar el trasiego de armas al nuestro, serán eficaces. En lo que hace al primer punto, Estados Unidos siempre ha dedicado más esfuerzo a combatir la demanda que la oferta (sin que eso signifique que no haya hecho lo segundo). Combatir la demanda es más eficaz y menos peligroso (pues no se traduce en violencia e inseguridad pública). Algo se ha logrado por vía de la prevención y la rehabilitación. Pero si de verdad la violencia mexicana es consecuencia directa del consumo estadunidense, ¿en qué grado tendría que reducirse éste para que los cárteles mexicanos se volvieran débiles e inofensivos? Tendría que ser una reducción drástica, que hiciera del gran negocio del narcotráfico uno raquítico, poco redituable, al grado de que no valiera la pena siquiera seguir en él. ¿Se podrá alcanzar ese objetivo? Se ve difícil, si no es que imposible. Finalmente, ¿cuántas armas tendrían que dejar de recibir los cárteles para quedar debilitados al grado de que nuestro Ejército —de las policías, mejor ni hablar— pudiera desarticularlos? La caída en ese trasiego tendría que ser igualmente radical, lo que también se ve sumamente complicado, pues aun suponiendo que el cerrojo de la frontera de allá para acá fuera exitoso, los cárteles tienen suficientes fondos para reponer su arsenal en otras partes del planeta. ¿O en dónde adquieren sus armas las FARC? ¿Acaso cruzan por El Paso para comprarlas y regresar caminando a México, y de ahí a Colombia?
Por cierto, la comparación de la empresa de Felipe Calderón con la de Eliot Ness generó diversas y extrañas reacciones en México. Pero recordemos que Ness no pudo derrotar a los cárteles del alcohol: hubo que recurrir a su legalización. Y al terminar la Prohibición, lo primero que hizo don Eliot fue echarse un trago, como confirmando lo absurdo de la política que privó de la vida a muchos de sus amigos y colegas. Podría entonces ocurrir lo que sugiere el experto Jorge Chabat: “Si después de todo el esfuerzo del gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico y de la ayuda estadunidense, la narcoviolencia continúa y se extiende a Estados Unidos, quedará claro que la estrategia de criminalizar las drogas no funciona. Tal vez entonces se piense en una opción más racional como quitar la prohibición, con lo cual se eliminaría la violencia y la corrupción que tienen en vilo al Estado mexicano y sin dormir a los estadunidenses” (El Universal, 30/III/09). Calderón afirma que la despenalización es imposible en tanto no ocurra en Estados Unidos. Pero en varios estados de ese país ya despenalizaron la mariguana para fines terapéuticos. ¿Por qué aquí no?
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