Narcoestado michoacano: Raymundo Riva Palacio

Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
Narcoestado michoacano
Lunes, 22 de Junio de 2009
monero Hernández : Lógica aplastante.

Para todos aquellos que cuestionaron la descripción militar de Estados Unidos de México como un "Estado fallido", Michoacán es la primera bofetada con guante de plomo. El viernes pasado ingresaron a la prisión de máxima seguridad en Tepic casi todos los responsables de la procuración de justicia en ese estado por más de seis años, ex jefes de la Policía, siete alcaldes, y quien de ser dirigente de los empresarios michoacanos, pasó a ser miembro del gabinete del gobernador Leonel Godoy, por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Las investigaciones, de acuerdo con adelantos en la prensa, apuntan a que ese cártel inyectó dinero en la campaña de Godoy para la gubernatura y metió en su nómina a varios diputados perredistas.

La acción levantó una polvareda que esconde el meollo de las cosas. Los líderes del PRD dijeron que tenía tintes políticos, y que el fondo era la persecución de votos porque el presidente Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Germán Martínez, son de Michoacán. La PGR, de donde salieron los expedientes a las primeras planas de los periódicos, se apresuró a señalar que "hasta el momento", no había indicios de que Godoy estuviera relacionado con el narcotráfico. Es decir, actuaron bajo el manual de operaciones de la política mexicana: reducir al absurdo los fenómenos y denunciar de que la motivación ulterior tiene como único objetivo dañar política y electoralmente al adversario.

Pero Michoacán es una historia que se empezó a escribir en diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón autorizó el primer operativo conjunto de la lucha contra el narcotráfico, precisamente, en ese estado. ¿Qué no significó nada para nadie que la decisión fuera tomada sólo cuatro días después de que Calderón tomó posesión como jefe del Ejecutivo? En ese momento, en Michoacán ya sumaban mil 50 los ejecutados como resultado de la batalla que sostenían por la plaza los cárteles del Golfo y de Sinaloa, y los tamaulipecos ya habían provocado estragos en la sique mexicana con la difusión de sus primeras decapitaciones, que revelaban cómo los desertores del Ejército entrenados por Estados Unidos en técnicas de contrainformación y que se habían sumado a sus filas, estaban empezando a utilizar la propaganda como un método de promoción y disuasión.

En marzo de 2007, un alto funcionario federal reveló que sólo entre Michoacán y Tamaulipas –que habían sumado al operativo conjunto- había 120 municipios bajo control del narcotráfico. Si la suma de municipios entre los dos estados es de 155, es evidente que el problema era profundo. La decisión del gobierno federal de no dar a conocer esa información para no lastimar a los gobernadores en el arranque del sexenio calderonista, nunca fue suficiente para esconder la gravedad de la protección institucional al narcotráfico. Para mediados de 2007, la PGR y el CISEN ya habían elaborado un mapa de narcopolíticos, donde 33 alcaldes en Michoacán presuntamente protegían a los narcos. Y en 2008, el CISEN había compilado una lista de empresarios y periodistas trabajando para La Familia Michoacana.

Michoacán era un estado totalmente penetrado por el narcotráfico, donde Godoy heredó el problema. La violencia descarnada en Michoacán, el operativo conjunto y la secuela de penetración y corrupción en las instituciones, se dio durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. De hecho, cinco altos funcionarios en las áreas de procuración de justicia dentro del gobierno de Godoy que ingresaron este viernes a la cárcel en Tepic, habían ocupado los más altos cargos en la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Cárdenas Batel. El problema de Godoy es que los mantuvo como sus colaboradores cuando asumió la gubernatura en febrero de 2008.

Funcionarios federales dicen que alertaron a Godoy de que varios de los funcionarios que estaba designando eran investigados por su presunta relación con los cárteles de la droga, pero que ignoró las alertas. En el caso específico de su secretaria de Seguridad Pública y más tarde asesora, Citlali Fernández, mencionó inclusive en conversaciones privadas que estaba seguro que no estaba vinculada con el narcotráfico, lo que no podría asegurar de otros de sus familiares. Las autoridades le señalaron también a Mario Bautista, quien como director de Seguridad Pública fue confundido el 15 de septiembre del año pasado con uno de los que arrojaron las bombas durante la celebración de El Grito en Morelia, pero una vez más Godoy hizo caso omiso y lo nombró director del Instituto de Formación Policial, cargo que tuvo hasta que fue detenido.

Entre los cuerpos de seguridad mexicanos existe la convicción de que los bombazos del 15 de septiembre tenían como destinatario principal a Godoy, porque su gobierno privilegió a un sector de La Familia Michoacana –que para entonces se había fragmentado en cuatro-, asociada con empresarios de Morelia y con una parte del sector agropecuario-, presuntamente articulada por Ricardo Rubí Bustamante, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán durante el gobierno de Cárdenas Batel, y secretario de Fomento Industrial en el gabinete de Godoy. Rubí Bustamante, a quien encargó el desarrollo económico del estado, también está preso en Tepic.

Michoacán no es un caso aislado de lo que sucede en el país. Es un microcosmos de la manera como a lo largo de los años los cárteles de la droga han ido comprando voluntades y protección institucional. De acuerdo con un funcionario federal, la razón por la cual Michoacán es hoy el epicentro del combate a los narcopolíticos se debe a que es la investigación más avanzada que tenían. Obviamente no es la única, pero tampoco, seguramente, será la última en esta narrativa nacional a contracorriente de México como un estado fallido.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
kikka-roja.blogspot.com/