Una mujer para la CDHDF
Miguel Ángel Granados Chapa
29 Sep. 09
La Quinta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que cumple dos semanas de actuación, se apresta a designar a quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cuyo presidente Emilio Álvarez Icaza concluye mañana 10 años de labor singularmente productiva, de gran utilidad para la convivencia de los capitalinos, cuyos logros deberán ser continuados y consolidados por quien lo reemplace a partir del jueves próximo.
Ayer lunes los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea se reunieron con el Consejo de la CDHDF, un notable grupo de trabajo compuesto por mujeres y varones cuya vocación de servicio los lleva a dedicar parte de su tiempo a participar en un consejo exigente, que se distingue por actuar más allá de la rutina protocolaria en que suelen sumirse los comités consultivos. Fue una buena idea de los diputados locales integrar el parecer de los consejeros a los insumos con que, si no lo han hecho a esta hora, amasarán su decisión. El Consejo de la CDHDF había ya hecho conocer el perfil que juzgan idóneo para encabezarla, y seguramente abundó en ese trazo en la reunión de ayer. Se presumía que los legisladores abocados a esa tarea permanecerían reunidos después de su sesión con los consejeros y elaborarían el dictamen que podría ser sometido al pleno del órgano deliberante hoy mismo.
Se inscribieron 24 candidatos a presidir la Comisión. Aunque se percibe que algunos aspirantes no tienen cabal conciencia de la naturaleza y función de ese órgano, y tampoco de su propia preparación y vocación para optar por ese cargo, la mayoría de los inscritos reúne condiciones que los hacen sustantivamente elegibles (amén de su cumplimiento de los requisitos formales). En ese sentido, los diputados de la comisión dictaminadora tienen un cómodo racimo de posibilidades, un ancho campo en el cual desplegar la importante facultad de que están investidos. Al mismo tiempo, sin embargo, la decisión se complica porque en el elenco a considerar hay media docena al menos de personas cuya elección resultaría satisfactoria para la porción de la sociedad capitalina que ha mostrado interés activo en este proceso.
La elección, sin embargo, no ocurre en el vacío. Los diputados, en la comisión dictaminadora y en el pleno, tienen sus propios intereses y pareceres, y son susceptibles a presiones políticas que vienen de fuera de la Asamblea, procedentes de sus partidos o del gobierno mismo de la capital, que manifiestamente no es ajeno a este caso. La conclusión más conveniente del proceso será aquella que privilegie la materia, los derechos humanos capitalinos, sin permitir que se impongan los intereses meramente políticos aunque no los pase por alto.
Dos mujeres sobresalen entre las que se inscribieron en esta contienda. Son, citadas en el orden alfabético de su primer apellido, Mariclaire Acosta Urquidi y Patricia Colchero Aragonés. En mi opinión, una de las dos debería ser elegida para presidir la comisión capitalina de derechos humanos. La nacional contó ya con una presidenta, la doctora Mireille Roccatti. Es oportuno que la CDHDF sea encabezada por una presidenta, que con perspectiva de género vivida en carne propia dirija una institución para la cual los derechos humanos de las mujeres tienen relevancia enorme.
Mariclaire Acosta fue pionera en la lucha por los derechos humanos en México. Presidió la sección mexicana de Amnistía Internacional y después fundó y dirigió la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Estas dos organizaciones, además de Poder del Consumidor, presentaron su candidatura, que marca su retorno al activismo local en esta materia, tras una ausencia de seis años. Se marchó a Washington después de su experiencia gubernamental, como embajadora especial de Derechos Humanos y Democracia, cargo transformado en subsecretaría de Derechos Humanos. Las denominaciones y el programa de acción de esas oficinas correspondían a la visión de Jorge G. Castañeda como canciller de Vicente Fox y perdieron su vigencia al retirarse él de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Patricia Colchero Aragonés tuvo una larga militancia en el activismo civil en torno de la democracia electoral, y en los ocho años recientes canalizó su energía y talento a los derechos humanos, componente esencial de la democracia misma. En ese lapso ocupó la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones (convertida bajo su mando en dirección ejecutiva), la Dirección General de Quejas y Orientación y la segunda visitaduría de la Comisión que aspira a presidir. Más allá del organigrama, es precisamente su experiencia en tareas directivas de la Comisión la que le da carta de singularidad, porque conoce, al haberla vivido, la naturaleza de ese organismo autónomo, que no puede regirse por la lógica de una organización civil ni por la de una oficina gubernamental.
Si es verdad, como se insiste, que Mariclaire Acosta es la candidata de Marcelo Ebrard, seguramente será elegida, porque a través de Alejandra Barrales el jefe de Gobierno dispone de un amplio margen de operación. La eficacia, sin embargo, podría reñir con la legitimidad, pues una elección ganada por el gobierno haría perder autonomía a la CDHDF, que la necesita como es indispensable el oxígeno en todo ser vivo. Si prevalecen intereses coyunturales, de gobierno por sobre la índole de la Comisión, ésta puede quedar severamente dañada.
Cajón de Sastre
Ya lo había anunciado Alberto Anaya, líder nacional del PT. Pero ayer fue el mismo Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, quien lo confirmó: conforme al trazo original debido a Andrés Manuel López Obrador, el próximo jueves tomará posesión como jefe delegacional en Iztapalapa; acto seguido, designará directora jurídica y de gobierno a Clara Brugada, y a continuación solicitará una licencia por 59 días, plazo en que la fallida candidata del PRD en esa demarcación lo reemplazará. El anuncio lo hizo Juanito directamente después de ser recibido por el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que por lo visto desplegó sus artes suasorias para impedir problemas en la más vasta delegación de la Ciudad de México. Con esa decisión y la resolución propanista de la Sala Regional quedan sin conflicto formal las 16 delegaciones.
Ayer lunes los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea se reunieron con el Consejo de la CDHDF, un notable grupo de trabajo compuesto por mujeres y varones cuya vocación de servicio los lleva a dedicar parte de su tiempo a participar en un consejo exigente, que se distingue por actuar más allá de la rutina protocolaria en que suelen sumirse los comités consultivos. Fue una buena idea de los diputados locales integrar el parecer de los consejeros a los insumos con que, si no lo han hecho a esta hora, amasarán su decisión. El Consejo de la CDHDF había ya hecho conocer el perfil que juzgan idóneo para encabezarla, y seguramente abundó en ese trazo en la reunión de ayer. Se presumía que los legisladores abocados a esa tarea permanecerían reunidos después de su sesión con los consejeros y elaborarían el dictamen que podría ser sometido al pleno del órgano deliberante hoy mismo.
Se inscribieron 24 candidatos a presidir la Comisión. Aunque se percibe que algunos aspirantes no tienen cabal conciencia de la naturaleza y función de ese órgano, y tampoco de su propia preparación y vocación para optar por ese cargo, la mayoría de los inscritos reúne condiciones que los hacen sustantivamente elegibles (amén de su cumplimiento de los requisitos formales). En ese sentido, los diputados de la comisión dictaminadora tienen un cómodo racimo de posibilidades, un ancho campo en el cual desplegar la importante facultad de que están investidos. Al mismo tiempo, sin embargo, la decisión se complica porque en el elenco a considerar hay media docena al menos de personas cuya elección resultaría satisfactoria para la porción de la sociedad capitalina que ha mostrado interés activo en este proceso.
La elección, sin embargo, no ocurre en el vacío. Los diputados, en la comisión dictaminadora y en el pleno, tienen sus propios intereses y pareceres, y son susceptibles a presiones políticas que vienen de fuera de la Asamblea, procedentes de sus partidos o del gobierno mismo de la capital, que manifiestamente no es ajeno a este caso. La conclusión más conveniente del proceso será aquella que privilegie la materia, los derechos humanos capitalinos, sin permitir que se impongan los intereses meramente políticos aunque no los pase por alto.
Dos mujeres sobresalen entre las que se inscribieron en esta contienda. Son, citadas en el orden alfabético de su primer apellido, Mariclaire Acosta Urquidi y Patricia Colchero Aragonés. En mi opinión, una de las dos debería ser elegida para presidir la comisión capitalina de derechos humanos. La nacional contó ya con una presidenta, la doctora Mireille Roccatti. Es oportuno que la CDHDF sea encabezada por una presidenta, que con perspectiva de género vivida en carne propia dirija una institución para la cual los derechos humanos de las mujeres tienen relevancia enorme.
Mariclaire Acosta fue pionera en la lucha por los derechos humanos en México. Presidió la sección mexicana de Amnistía Internacional y después fundó y dirigió la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Estas dos organizaciones, además de Poder del Consumidor, presentaron su candidatura, que marca su retorno al activismo local en esta materia, tras una ausencia de seis años. Se marchó a Washington después de su experiencia gubernamental, como embajadora especial de Derechos Humanos y Democracia, cargo transformado en subsecretaría de Derechos Humanos. Las denominaciones y el programa de acción de esas oficinas correspondían a la visión de Jorge G. Castañeda como canciller de Vicente Fox y perdieron su vigencia al retirarse él de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Patricia Colchero Aragonés tuvo una larga militancia en el activismo civil en torno de la democracia electoral, y en los ocho años recientes canalizó su energía y talento a los derechos humanos, componente esencial de la democracia misma. En ese lapso ocupó la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones (convertida bajo su mando en dirección ejecutiva), la Dirección General de Quejas y Orientación y la segunda visitaduría de la Comisión que aspira a presidir. Más allá del organigrama, es precisamente su experiencia en tareas directivas de la Comisión la que le da carta de singularidad, porque conoce, al haberla vivido, la naturaleza de ese organismo autónomo, que no puede regirse por la lógica de una organización civil ni por la de una oficina gubernamental.
Si es verdad, como se insiste, que Mariclaire Acosta es la candidata de Marcelo Ebrard, seguramente será elegida, porque a través de Alejandra Barrales el jefe de Gobierno dispone de un amplio margen de operación. La eficacia, sin embargo, podría reñir con la legitimidad, pues una elección ganada por el gobierno haría perder autonomía a la CDHDF, que la necesita como es indispensable el oxígeno en todo ser vivo. Si prevalecen intereses coyunturales, de gobierno por sobre la índole de la Comisión, ésta puede quedar severamente dañada.
Cajón de Sastre
Ya lo había anunciado Alberto Anaya, líder nacional del PT. Pero ayer fue el mismo Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, quien lo confirmó: conforme al trazo original debido a Andrés Manuel López Obrador, el próximo jueves tomará posesión como jefe delegacional en Iztapalapa; acto seguido, designará directora jurídica y de gobierno a Clara Brugada, y a continuación solicitará una licencia por 59 días, plazo en que la fallida candidata del PRD en esa demarcación lo reemplazará. El anuncio lo hizo Juanito directamente después de ser recibido por el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que por lo visto desplegó sus artes suasorias para impedir problemas en la más vasta delegación de la Ciudad de México. Con esa decisión y la resolución propanista de la Sala Regional quedan sin conflicto formal las 16 delegaciones.
miguelangel@granadoschapa.com
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