¿Qué hacer con Luz y Fuerza?
Miguel Ángel Granados Chapa
9 Oct. 09
No podemos dejar de decir una palabra ante la insensibilidad y aun torpeza de los dirigentes electricistas, particularmente Martín Esparza, el secretario general del SME. Acaso para mejorar su posición en el frente interno, inauguraron un magnífico gimnasio, vecino a la sede sindical, construido con las cuotas sindicales. Pero deberían saber que además del frente interno, donde el gremio está dividido a la mitad, hay un frente externo, la sociedad, el público, los usuarios, irritados ante lo que juzgan un derroche imperdonable de recursos públicos.
Ese frente externo estaría inclinado a la liquidación del organismo denominado Luz y Fuerza. Y de él se aprovecharía la estrategia gubernamental, si la hay, para cegar ese barril sin fondo en que, por decisiones propias del gobierno, se ha convertido el organismo público denominado Luz y Fuerza, que antaño fue Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y después Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Es difícil hallar en ese frente externo defensores del servicio que presta LyF a través del sindicato. La frecuente interrupción del suministro, los cobros abusivos, el maltrato cuando se trata de corregir el consumo mal medido son algunas de las formas de relación de los usuarios con una empresa que, además de esa realidad irritante e inocultable, padece el sostenido esfuerzo propagandístico para desprestigiar al organismo y a sus empleados.
Un importante grupo de organizaciones civiles, algunas de ellas con verdadera implantación social, y otras que son nada más membretes, ha hecho un reclamo que no puede ser desatendido. Con un imperativo Ya, como título, esas agrupaciones publicaron anteayer un mensaje sobre el derroche en LyF, aunque algunas de las deficiencias señaladas, como el "robo de luz", son más bien daños al organismo público que la Policía Federal no impide. La protesta centra su atención en las relaciones laborales: "Las prestaciones a los trabajadores están fuera de toda proporción. Una mujer que es contratada a los 18 años de edad se puede jubilar a los 43 años y gozar de su sueldo de por vida, disfrutando de las prestaciones que otorga el sindicato de ahí en adelante". "El pasivo laboral derivado de las jubilaciones asciende a más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo los vamos a pagar?". "Se cuenta con poco más de 44,500 trabajadores y con más de 22,000 jubilados, lo que resulta que por cada dos trabajadores en activo existe un jubilado". "Se dice que la Compañía puede operar con alrededor de 8,500 trabajadores...". "La Compañía requiere de subsidios permanentes para poder operar. En el 2008 ascendieron a $42,000 millones". "La Compañía está quebrada. Al 31 de diciembre del 2008 su pasivo asciende a 140,900 millones de pesos mientras que su patrimonio es negativo y asciende en cifras rojas a 8,740 millones de pesos".
El mensaje no concluye con un pedido terminante de que LyF cierre sus puertas. Sus firmantes razonan que "en esta crisis... todos debemos poner mucho a favor del país" y se preguntan "¿Qué pone Luz y Fuerza del Centro?". A otras interrogaciones debe también responder el presidente Calderón, ante la conjetura de que pretende liquidar ese organismo, para lo cual debe resolver una cuestión de previo y especial pronunciamiento, el asentimiento sindical. Cuando el presidente Zedillo desmanteló los ferrocarriles mexicanos, eliminó el servicio de pasajeros y entregó las concesiones de carga a particulares (a los que la Comisión Federal de Competencia tiene que frenar para que no concentren el servicio en pocas manos), contó con un sindicato a modo, controlado por Víctor Flores, todavía al frente de esa organización, a quien lo último que importó fue el destino de los trabajadores afectados por esa privatización.
Ése es el camino escogido por el gobierno. Debilitar al sindicato para que la dirigencia que emerja del actual conflicto interno no tenga más remedio que aceptar la disminución de sus condiciones laborales, o bien suscitar una resistencia que implicaría un conflicto violento, sumamente riesgoso si se produce al margen de la ley. Para evitar este extremo, el gobierno debe hacer conocer sus propósitos.
Nadie duda que es preciso transformar el organismo que suministra el fluido eléctrico a las entidades del centro del país. Hay quienes opinan que más vale liquidarlo. No queda claro qué seguiría a esa decisión: ¿la Comisión Federal de Electricidad extendería su operación a los espacios en que actualmente trabaja LyF? ¿Subsistiría el SME con la CFE como patrón sustituto? ¿Se forzaría a los miembros de este sindicato a integrarse al SUTERM? ¿Se respetarían los derechos adquiridos de los jubilados? No sería la solución ideal al problema, pues los usuarios de la CFE no viven en el mejor de los mundos posibles, como lo saben quienes se movilizan a favor de tarifas más bajas, pues son impagables las de ciertas zonas en ciertas épocas.
Otra opción gubernamental puede ser la privatización. No es posible constitucionalmente, pero el presidente Carlos Salinas horadó la ley para que por allí se cuelen modalidades de prestación del servicio eléctrico. ¿Se buscaría recorrer este camino, no obstante la fragilidad jurídica que implica para los inversionistas? ¿Habría un concesionario para todo el territorio actualmente servido por LyF y sólo pasaríamos del monopolio gubernamental a uno privado?
Para tomar una de estas opciones el gobierno requiere varios consensos. No le hacen falta si opta por dar un manotazo.
Cajón de Sastre
Más francamente que las agrupaciones citadas en el cuerpo principal de esta columna, María Elisa Graue hizo publicar ayer un desplegado de media plana en que de modo más directo propone un destino para Luz y Fuerza: "Resulta impostergable que el Gobierno de México declare su quiebra". Es un mensaje llamativo por dos razones. Comete errores elementales como decir que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue nacionalizada en 1950, siendo que esa empresa no existía entonces ni en 1960 cuando en efecto se realizó la mexicanización. La firmante tiene el mismo apellido que Bernardo Graue, un politólogo que presuntamente de su peculio pagó el año pasado varios mensajes en donde exponía, obviamente sin decirlo así, los propósitos del gobierno en materia petrolera. Aquellos recados fueron estériles.
Ese frente externo estaría inclinado a la liquidación del organismo denominado Luz y Fuerza. Y de él se aprovecharía la estrategia gubernamental, si la hay, para cegar ese barril sin fondo en que, por decisiones propias del gobierno, se ha convertido el organismo público denominado Luz y Fuerza, que antaño fue Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y después Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Es difícil hallar en ese frente externo defensores del servicio que presta LyF a través del sindicato. La frecuente interrupción del suministro, los cobros abusivos, el maltrato cuando se trata de corregir el consumo mal medido son algunas de las formas de relación de los usuarios con una empresa que, además de esa realidad irritante e inocultable, padece el sostenido esfuerzo propagandístico para desprestigiar al organismo y a sus empleados.
Un importante grupo de organizaciones civiles, algunas de ellas con verdadera implantación social, y otras que son nada más membretes, ha hecho un reclamo que no puede ser desatendido. Con un imperativo Ya, como título, esas agrupaciones publicaron anteayer un mensaje sobre el derroche en LyF, aunque algunas de las deficiencias señaladas, como el "robo de luz", son más bien daños al organismo público que la Policía Federal no impide. La protesta centra su atención en las relaciones laborales: "Las prestaciones a los trabajadores están fuera de toda proporción. Una mujer que es contratada a los 18 años de edad se puede jubilar a los 43 años y gozar de su sueldo de por vida, disfrutando de las prestaciones que otorga el sindicato de ahí en adelante". "El pasivo laboral derivado de las jubilaciones asciende a más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo los vamos a pagar?". "Se cuenta con poco más de 44,500 trabajadores y con más de 22,000 jubilados, lo que resulta que por cada dos trabajadores en activo existe un jubilado". "Se dice que la Compañía puede operar con alrededor de 8,500 trabajadores...". "La Compañía requiere de subsidios permanentes para poder operar. En el 2008 ascendieron a $42,000 millones". "La Compañía está quebrada. Al 31 de diciembre del 2008 su pasivo asciende a 140,900 millones de pesos mientras que su patrimonio es negativo y asciende en cifras rojas a 8,740 millones de pesos".
El mensaje no concluye con un pedido terminante de que LyF cierre sus puertas. Sus firmantes razonan que "en esta crisis... todos debemos poner mucho a favor del país" y se preguntan "¿Qué pone Luz y Fuerza del Centro?". A otras interrogaciones debe también responder el presidente Calderón, ante la conjetura de que pretende liquidar ese organismo, para lo cual debe resolver una cuestión de previo y especial pronunciamiento, el asentimiento sindical. Cuando el presidente Zedillo desmanteló los ferrocarriles mexicanos, eliminó el servicio de pasajeros y entregó las concesiones de carga a particulares (a los que la Comisión Federal de Competencia tiene que frenar para que no concentren el servicio en pocas manos), contó con un sindicato a modo, controlado por Víctor Flores, todavía al frente de esa organización, a quien lo último que importó fue el destino de los trabajadores afectados por esa privatización.
Ése es el camino escogido por el gobierno. Debilitar al sindicato para que la dirigencia que emerja del actual conflicto interno no tenga más remedio que aceptar la disminución de sus condiciones laborales, o bien suscitar una resistencia que implicaría un conflicto violento, sumamente riesgoso si se produce al margen de la ley. Para evitar este extremo, el gobierno debe hacer conocer sus propósitos.
Nadie duda que es preciso transformar el organismo que suministra el fluido eléctrico a las entidades del centro del país. Hay quienes opinan que más vale liquidarlo. No queda claro qué seguiría a esa decisión: ¿la Comisión Federal de Electricidad extendería su operación a los espacios en que actualmente trabaja LyF? ¿Subsistiría el SME con la CFE como patrón sustituto? ¿Se forzaría a los miembros de este sindicato a integrarse al SUTERM? ¿Se respetarían los derechos adquiridos de los jubilados? No sería la solución ideal al problema, pues los usuarios de la CFE no viven en el mejor de los mundos posibles, como lo saben quienes se movilizan a favor de tarifas más bajas, pues son impagables las de ciertas zonas en ciertas épocas.
Otra opción gubernamental puede ser la privatización. No es posible constitucionalmente, pero el presidente Carlos Salinas horadó la ley para que por allí se cuelen modalidades de prestación del servicio eléctrico. ¿Se buscaría recorrer este camino, no obstante la fragilidad jurídica que implica para los inversionistas? ¿Habría un concesionario para todo el territorio actualmente servido por LyF y sólo pasaríamos del monopolio gubernamental a uno privado?
Para tomar una de estas opciones el gobierno requiere varios consensos. No le hacen falta si opta por dar un manotazo.
Cajón de Sastre
Más francamente que las agrupaciones citadas en el cuerpo principal de esta columna, María Elisa Graue hizo publicar ayer un desplegado de media plana en que de modo más directo propone un destino para Luz y Fuerza: "Resulta impostergable que el Gobierno de México declare su quiebra". Es un mensaje llamativo por dos razones. Comete errores elementales como decir que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue nacionalizada en 1950, siendo que esa empresa no existía entonces ni en 1960 cuando en efecto se realizó la mexicanización. La firmante tiene el mismo apellido que Bernardo Graue, un politólogo que presuntamente de su peculio pagó el año pasado varios mensajes en donde exponía, obviamente sin decirlo así, los propósitos del gobierno en materia petrolera. Aquellos recados fueron estériles.
miguelangel@granadoschapa.com
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