Horizonte político
José A. Crespo
Inconveniencia monopólica
Las movilizaciones y los paros de protesta contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro continúan. Se parte de que al extinguir la empresa —incluso durante el proceso de liquidación a sus trabajadores— se incurrió en faltas jurídicas. En cuyo caso, no sería aceptable la forma de la decisión aunque se estuviera de acuerdo con el fondo de la misma. Está en los tribunales determinar la legalidad o no de la medida, y la Corte tendrá que informar sobre su constitucionalidad. Habrá que esperar a que se dicten los respectivos fallos y analizarlos en sus méritos.
Se discute, por otro lado, si la extinción de LyFC era la única o la mejor manera de enfrentar su enorme y prolongada quiebra. Se habla de que debió buscarse conjuntamente con el sindicato el saneamiento de la paraestatal. Que los gobiernos pasados debieron encontrar la corrección desde tiempo atrás. Que pudieron tomar medidas que hicieran sustentable la empresa, como invertir más, modernizar los equipos, no comprar luz más cara para después venderla a precios más bajos. Se denuncia que el gobierno se adjudicaba también subsidios a sus instalaciones y los permitía a las grandes empresas. Así es. Por su parte, el sindicato, por décadas, fue indiferente a la situación de quiebra en la empresa a la hora de plantear sus crecientes exigencias contractuales. Prebendas y condiciones excesivas y privilegiadas en una empresa crecientemente deficitaria.
¿Cómo es posible que tal situación perdurara por tanto tiempo? Porque era un monopolio público. Los monopolios privados, es cierto, tienen la posibilidad de poner el precio que deseen por encima del mercado, porque no tienen que competir, con el consecuente perjuicio al consumidor. Los monopolios pueden y suelen ofrecer servicios de baja calidad y elevados precios, y al cliente no le quedará más remedio que resignarse.
En los monopolios privados, en tanto que tales, debe prevalecer la lógica de la rentabilidad: debe haber ganancias, que es el móvil esencial de los dueños y los accionistas de cualquier empresa privada, que le permitan seguir operando. Lo peculiar de los monopolios públicos es que pueden dar igualmente mal servicio y precios elevados (como todo monopolio que se precie), pero también operar en un esquema de déficit permanente y hasta creciente, porque las pérdidas se transfieren a la hacienda pública, es decir, a los contribuyentes.
Las peculiaridades del monopolio público permiten que tanto trabajadores como administradores se puedan manejar con gran irresponsabilidad y despilfarro. Los administradores no requieren buscar ni cuidar la rentabilidad de la empresa, sabiendo que ahí está el erario para compensar cualquier pérdida. No hay incentivos personales ni de grupo para cuidar la empresa, como sí los hay en las de carácter privado, monopólicas o no. Siempre existe la posibilidad de decir “paga el de atrás”. El sindicato, aun conociendo la situación de quiebra prevaleciente en la empresa y sabiendo que las pérdidas serán transferidas al contribuyente, puede seguir exigiendo prebendas y privilegios al infinito (que muchos defensores del SME consideran como apenas justas condiciones laborales). Mismos que los administradores, para eludir conflictos con el sindicato, y no estando sus ganancias en juego, podrían aceptar una y otra vez. Incentivos perversos con costo al ciudadano por partida doble: como contribuyente y como consumidor. El sindicato de una empresa privada, incluso si es monopólica, deberá moderar sus exigencias y aceptar nuevas condiciones laborales, si no quiere perder su fuente de trabajo, como ocurrió con los telefonistas.
Desde luego, lo ideal no es privatizar los monopolios, sino terminar con ellos, públicos o privados. Al menos eso prevalece en la óptica liberal: competencia lo mismo entre empresas privadas que con las públicas, abriendo el mercado. Sólo en tales condiciones habrá incentivos, para los sindicatos y los administradores, de mejorar el servicio, reducir costos, elevar la productividad, moderar las exigencias laborales al grado en que no sofoquen la viabilidad de la empresa. Lo de Luz y Fuerza del Cenro debiera poner en el centro del debate la conveniencia de terminar con los monopolios, públicos y privados. La liquidación de la empresa, en sí misma, no es una medida antimonopólica, de las que Felipe Calderón promueve en el discurso, pues la situación monopolista prevalecerá en el sector eléctrico.
El sindicato, por décadas, fue indiferente a la situación de quiebra en la empresa a la hora de plantear sus crecientes exigencias contractuales.
Se discute, por otro lado, si la extinción de LyFC era la única o la mejor manera de enfrentar su enorme y prolongada quiebra. Se habla de que debió buscarse conjuntamente con el sindicato el saneamiento de la paraestatal. Que los gobiernos pasados debieron encontrar la corrección desde tiempo atrás. Que pudieron tomar medidas que hicieran sustentable la empresa, como invertir más, modernizar los equipos, no comprar luz más cara para después venderla a precios más bajos. Se denuncia que el gobierno se adjudicaba también subsidios a sus instalaciones y los permitía a las grandes empresas. Así es. Por su parte, el sindicato, por décadas, fue indiferente a la situación de quiebra en la empresa a la hora de plantear sus crecientes exigencias contractuales. Prebendas y condiciones excesivas y privilegiadas en una empresa crecientemente deficitaria.
¿Cómo es posible que tal situación perdurara por tanto tiempo? Porque era un monopolio público. Los monopolios privados, es cierto, tienen la posibilidad de poner el precio que deseen por encima del mercado, porque no tienen que competir, con el consecuente perjuicio al consumidor. Los monopolios pueden y suelen ofrecer servicios de baja calidad y elevados precios, y al cliente no le quedará más remedio que resignarse.
En los monopolios privados, en tanto que tales, debe prevalecer la lógica de la rentabilidad: debe haber ganancias, que es el móvil esencial de los dueños y los accionistas de cualquier empresa privada, que le permitan seguir operando. Lo peculiar de los monopolios públicos es que pueden dar igualmente mal servicio y precios elevados (como todo monopolio que se precie), pero también operar en un esquema de déficit permanente y hasta creciente, porque las pérdidas se transfieren a la hacienda pública, es decir, a los contribuyentes.
Las peculiaridades del monopolio público permiten que tanto trabajadores como administradores se puedan manejar con gran irresponsabilidad y despilfarro. Los administradores no requieren buscar ni cuidar la rentabilidad de la empresa, sabiendo que ahí está el erario para compensar cualquier pérdida. No hay incentivos personales ni de grupo para cuidar la empresa, como sí los hay en las de carácter privado, monopólicas o no. Siempre existe la posibilidad de decir “paga el de atrás”. El sindicato, aun conociendo la situación de quiebra prevaleciente en la empresa y sabiendo que las pérdidas serán transferidas al contribuyente, puede seguir exigiendo prebendas y privilegios al infinito (que muchos defensores del SME consideran como apenas justas condiciones laborales). Mismos que los administradores, para eludir conflictos con el sindicato, y no estando sus ganancias en juego, podrían aceptar una y otra vez. Incentivos perversos con costo al ciudadano por partida doble: como contribuyente y como consumidor. El sindicato de una empresa privada, incluso si es monopólica, deberá moderar sus exigencias y aceptar nuevas condiciones laborales, si no quiere perder su fuente de trabajo, como ocurrió con los telefonistas.
Desde luego, lo ideal no es privatizar los monopolios, sino terminar con ellos, públicos o privados. Al menos eso prevalece en la óptica liberal: competencia lo mismo entre empresas privadas que con las públicas, abriendo el mercado. Sólo en tales condiciones habrá incentivos, para los sindicatos y los administradores, de mejorar el servicio, reducir costos, elevar la productividad, moderar las exigencias laborales al grado en que no sofoquen la viabilidad de la empresa. Lo de Luz y Fuerza del Cenro debiera poner en el centro del debate la conveniencia de terminar con los monopolios, públicos y privados. La liquidación de la empresa, en sí misma, no es una medida antimonopólica, de las que Felipe Calderón promueve en el discurso, pues la situación monopolista prevalecerá en el sector eléctrico.
El sindicato, por décadas, fue indiferente a la situación de quiebra en la empresa a la hora de plantear sus crecientes exigencias contractuales.
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