Sergio Aguayo Quezada

Plan México

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Atenazado por el poderío del narco y lo anémico de su Gobierno, Felipe Calderón busca la ayuda de Estados Unidos que acepta con gran rapidez. Así nace el Plan México y corresponderá al Senado evitar que el proyecto termine siendo el preámbulo a una capitulación histórica. En las relaciones México-Estados Unidos los grandes acuerdos aparecen primero en la prensa estadounidense. El 8 de agosto el Washington Post informó que Estados Unidos negociaba con México un ambicioso acuerdo para combatir al narcotráfico. Según el Plan México (nombre extraoficial), Estados Unidos invertirá entre 800 y mil 200 millones de dólares para entregar, en un lapso de dos años, tecnología y equipo de punta y entrenar a nuestros efectivos. En materia de seguridad Calderón recibió un Estado debilitado, desmoralizado y desorientado. Una de sus primeras medidas fue lanzar a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones en los ocho estados donde el narco imponía su ley. Fue un intento desesperado, pero inevitable porque ningún Gobierno puede aceptar pasivamente que el 23% de la población y el 40% del territorio estén secuestrados por su enemigo. Han pasado los meses y es difícil hacer un balance de lo obtenido porque entrega poca información que, además, puede ser imprecisa. Por ejemplo, hay inconsistencias graves entre el número de efectivos anunciados frente a la prensa y los que en realidad enviaron. Para los operativos en seis estados anunciaron 29,123 efectivos pero sólo llegaron 9,770 (información proporcionada por Carlos Flores quien a su vez la obtuvo de la Secretaría de la Defensa Nacional). Así pues, estamos ante un ejercicio mediático para demostrar que estaban haciendo “algo”.

Las operaciones conjuntas son una mala adaptación del “efecto mariposa” según el cual el aleteo de un insecto en China podría desencadenar un huracán en el Caribe. El despliegue del Ejército fue una ocurrencia construida sobre el supuesto de que bastaba con hacer “algo” para que a lo mejor hubiera un desenlace positivo. Al mismo tiempo y con la mayor discreción del Gobierno Federal mexicano se acercó a Washington en busca de apoyo. El significado de la maniobra se aprecia mejor si se enmarca en la historia y la geopolítica. Desde que Estados Unidos se convirtió en potencia mundial nos incluyó en su Gran Estrategia mundial asignándonos el doble papel de mantener la estabilidad y ser sus aliados en tiempos de crisis. Salvo contadas excepciones los Gobiernos mexicanos cumplieron con la doble encomienda, pero eso nunca satisfizo a la potencia que suspiraba por una alianza explícita. Siempre han querido tener una mayor influencia en nuestras Fuerzas Armadas; siempre se vieron frustrados porque el anterior régimen tuvo la sabiduría de aislar a las Fuerzas Armadas de las pretensiones de una potencia acostumbrada a actuar unilateralmente. El 11 de septiembre Washington reajustó su Gran Estrategia en dos direcciones: reforzó su determinación de desplegar sus Fuerzas por todo el planeta para enfrentar amenazas globales y se atrincheró para defender su territorio. Esto último nos afecta de lleno. El Comando Norte fue creado en octubre de 2002 y tiene el mando unificado de todos los ejércitos, agencias y burocracias para defender su territorio frente a los embates del terrorismo, los desastres naturales y el narcotráfico. Para este Comando nuestro territorio forma parte de su perímetro de seguridad. En su escudo desaparecen las fronteras y Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe son parte de una región unificada en la cual la cola del águila calva con las alas extendidas arropa nuestro país. Cuando de su seguridad se trata seguimos siendo su patio trasero.

Con esta lógica, el Plan México puede ser la oportunidad que Estados Unidos ha buscado para tener un mayor acceso e influencia en nuestras Fuerzas Armadas sobre las cuales ha recaído la principal responsabilidad de combatir el narco. Ellos tienen muy claro lo que quieren. Y nuestro Gobierno y nosotros, ¿sabemos lo que deseamos de Estados Unidos? En el combate al narco es necesaria la colaboración de Estados Unidos para obtener la tecnología y el equipo del cual carecemos, siempre y cuando forme parte de un plan integral de combate al crimen organizado. Pero al conocer las intenciones de la potencia verbalizadas por el Comando Norte, ¿no sería mejor que México pagara esos mil millones de dólares y limitara su capacidad de intervención? No es mucho si se piensa en lo gastado en partidos y sindicatos corporativos. Por otro lado, el Plan México, debe formar parte de un esquema integral de combate al crimen organizado que incluya aspectos ahora ignorados. Es indispensable darle al consumo la prioridad que debe tener; es urgente reestructurar un sistema de aduanas ineficaz, corrupto y poroso que deja pasar el armamento que usan los sicarios; es de elemental justicia exigirle a Estados Unidos que modifique el ofensivo escudo de su Comando Norte y controle la venta indiscriminada de armas en su territorio. Ya regresaré a este asunto en el cual, afortunadamente, intervendrán otras instituciones. En 1992 y de manera inesperada el Wall Street Journal informó que Carlos Salinas estaba negociando un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A partir de ese momento el Senado jugó el vergonzoso papel del vasallo más servil del presidente. Los tiempos han cambiado y la Cámara Alta tiene mayor autonomía y cuenta con especialistas como la académica y senadora Rosario Green. El Senado jugará un papel vital en garantizar que el Plan México forma parte de un esquema integral en el cual la cooperación con Estados Unidos no se convierte en un mecanismo para la capitulación.

(Agradezco la información proporcionada por el Doctor Abelardo Rodríguez, único especialista mexicano en seguridad que estudia al Comando Norte)

La miscelánea

Sky cobró y no cumplió. El fin de semana dio inicio la Liga Española de futbol y como muchos sabemos ese deporte es cosa seria. Llegado el momento de la transmisión simplemente pusieron una escueta explicación: “Por razones ajenas a Sky, este partido no podrá ser transmitido”. ¿Existirá alguna forma de recibir compensación por un servicio pagado y no recibido? Para averiguarlo he iniciado, con el apoyo del organismo Alconsumidor, un procedimiento ante Sky y sus dos alegres compadres: la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Nosotros tampoco

Para Denise Dresser, la pionera.

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El Wall Street Journal asegura que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo gracias a prácticas monopólicas. ¿Afirmación correcta o resentimiento de capitalistas yankees ante latinoamericano llegando a cúspide?

El Estado mexicano se fue debilitando mientras se fortalecía la economía de mercado que considera legal y legítima la acumulación de grandes fortunas porque así se premia a quienes compiten, innovan y arriesgan su capital. Sigo convencido de que la pésima distribución del ingreso es incorrecta para la salud de la ética social y nociva para la sustentabilidad democrática pero dejo de lado esas consideraciones y construyo esta columna desde la óptica del consumidor. En algunas ramas de la vida nacional sí funciona la competencia; en otras prevalece el “capitalismo mafioso” (crony capitalism), término acuñado por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para describir el trato de privilegio concedido a un puñado de empresas y personas que se enriquecen porque el Estado las favorece o les tolera prácticas monopólicas. En 1987 Carlos Slim carecía de los mil millones de dólares exigidos por la revista Forbes para entrar a su lista de superricos. 20 años después tiene 59 mil millones y encabeza el elenco. Una parte de esa fortuna la logró con su inteligencia, astucia y capacidad para competir en el mundo o en el incremento que tuvieron las acciones de sus empresas en las bolsas del mundo. Otra parte viene de la lógica del “capitalismo mafioso”; para los consumidores ha sido nociva la capacidad de Slim para relacionarse con políticos y gobernantes de todos los signos y la facilidad con la cual algunas de sus empresas realizan prácticas monopólicas en México sin que el Gobierno Federal cumpla con los deberes que le exige la lógica capitalista.

En México la telefonía móvil está dominada por Telcel, una empresa de Slim que recibe utilidades extraordinarias. En el 2006 sus ingresos fueron de 109 mil millones de pesos y su utilidad de operación fue de 48 mil 500 millones de pesos ¡un 44.4 por ciento al año! Algunas razones del éxito tienen qué ver con lo caro del servicio y la habilidad con la cual exprimen al consumidor. Cuando alguien contrata un celular con esa empresa paga un teléfono que no puede funcionar en otra red y acepta plazos muy largos que son muy difíciles de romper porque hay barreras de todo tipo forzando la prolongación del vínculo. La cancelación de los contratos tiene penalizaciones muy altas pese a estar prohibidas por el artículo 1870 del Código Civil según el cual la pena convencional no puede ser superior a la obligación inicial. Otro obstáculo es la obligación de ir en persona a dar de baja el servicio el mero día del vencimiento en el lugar donde se firmó el contrato original.

Menciono un caso que seguí de cerca y tengo bien documentado. Alguien contrató con Telcel un celular que nunca funcionó; fue varias veces a un Centro de Atención pero jamás logró ni la reparación ni la cancelación. Pasaron 15 meses y cada mes pagaba 322 pesos… por nada. Por una cantidad tan pequeña ni pensar en contratar a un abogado. Pudo liberarse cuando obtuvo la asesoría de Alconsumidor, uno de los tres organismos civiles dedicados a la defensa del consumidor. Pero hasta la abogada de esa institución tuvo que dedicar tres horas con 40 minutos a la cancelación de un servicio que debía llevar unos cuantos minutos. Otra fuente de ganancias extraordinarias es el redondeo de tarifas (ya prohibido en Brasil y España). El mecanismo es bien simple: cuando se hace una llamada que dura segundos Telcel le cobra al cliente el minuto completo lo que, según algunas fuentes, le reditúa decenas de miles de millones de pesos al año. Telcel también cuenta con la autorización del Gobierno para no compensar a los usuarios por interrupciones en el servicio, siempre y cuando sean inferiores a 72 horas. La alternativa sería irse a otra compañía pero en México todas siguen el mismo sistema de tarifas y prácticas de Telcel porque eso les reditúa ganancias.

Los contratos y prácticas de Telcel no surgen de la nada; son aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Esta última es un organismo con un mandato tan grande como su incapacidad para cumplirlo con el presupuesto y el personal que tiene. La Profeco recibe quejas y denuncias, concilia disputas, tiene un laboratorio de pruebas, divulga su información a través de publicaciones, etc. Sin embargo, la Profeco sólo atiende casos individuales sin realizar acciones para la protección colectiva y por tanto no se modifican las prácticas de los proveedores más importantes. Pero incluso quienes recurren a Profeco están en desventaja; según Alconsumidor, el 95 por ciento de los quejosos acuden sin asesoría legal cuando compañías como Telcel envían abogados profesionales. Al igual que la mayor parte de los organismos públicos encargados de la defensa de derechos, la Profeco es una especie de monja bien intencionada que vive feliz porque alimenta a unos cuantos hambrientos sin preocuparse por cambiar las condiciones que generan una hambruna generalizada. Una aclaración fundamental: Telcel no es la única empresa que incurre en prácticas monopólicas. La lista es larga y también incluye a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad: México es paraíso de monopolios e infierno de consumidores.

En el texto publicado por el Wall Street Journal (4 de agosto del 2007) David Luhnow relata una anécdota ejemplar. Hector Aguilar Camín vacacionaba con su amigo Carlos Slim en Venecia y vio al hombre más rico del mundo regatear durante horas hasta lograr un descuento de diez dólares en el precio de una corbata. La historia le sirve a Héctor para concluir que Slim “nunca ha pagado de más por nada”. A nosotros tampoco nos gusta pagar de más pero lo hacemos porque no podemos regatear: la Cofetel nos amarra de brazos y pies y la Profeco nos tapa la boca mientras empresas como Telcel nos bolsean.

LA MISCELÁNEA

En la vida académica sí hay competencia y tienen éxito quienes dan resultados. El Colegio de la Frontera Norte es una institución pública de excelencia que celebra 25 años de logros. Fundada por el multipremiado Jorge Bustamante empieza otra etapa bajo la dirección de Tonatiuh Gillén, un profesional formado en la misma institución. Felicidades para el Colef.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

1,099 árboles

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El choque entre intereses particulares y generales se actualiza constantemente. A últimas fechas uno de sus ejes está en el esfuerzo global por conciliar el desarrollo con el respeto al medio ambiente. Jiutepec es la ciudad más poblada de Morelos y sus árboles y su estilo de vida están siendo devorados por el ladrillo, el chapopote y el concreto. El Consorcio Ara compró un terreno de 56 mil metros cuadrados a dos cuadras del Zócalo. Se le conoce como Los Venados y es, más bien, un bosque de 2,013 árboles, buena parte de los cuales tienen entre 20 y 30 años. La empresa buscó por años un permiso para construir 400 casas y finalmente lograron que la presidencia municipal panista encabezada por Demetrio Román Isidoro le entregara en octubre del año 2006, seis días antes de dejar el cargo, una licencia para construir 228 casas y talar 1,099 árboles. El proyecto enfrentó la resistencia de un grupo de vecinos que formaron Frente Cívico en Defensa del Predio Los Venados. Entre sus líderes destacan Carmen Rodríguez e Isaac Medardo Herrera quienes probaron irregularidades como la violación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la falta de una evaluación de impacto ambiental, la incapacidad de proporcionar drenaje o agua potable… Un guión repetido una y otra vez por todo el país.

El Consorcio Ara ha sido un próspero constructor de casas. Si en 1996 ganó 191 millones, en el año 2006 su utilidad llegó a los 1,095 millones y por eso su presidente, Germán Ahumada Russek, presume que es la desarrolladora que mayores utilidades deja a “inversionistas, empresa y empleados”. El futuro será bastante mejor porque según la revista de negocios Mundo Ejecutivo, “existe buena química entre la Presidencia de Ara y Felipe Calderón” y como es por todos conocido la política tiene la llave de acceso a los buenos negocios. Su proyecto de Jiutepec está enfrentando las resistencias del nuevo presidente municipal perredista, Rabindranath Salazar Solorio, quien se tomó en serio las denuncias ciudadanas e hizo una investigación propia que sacó a la luz tantas irregularidades que en la sesión de cabildo del pasado 11 de julio se decidió por unanimidad suspender por 90 días el inicio de las obras para solicitar un dictamen pericial de especialistas en el tema. Así empezó la guerra entre la empresa y la autoridad municipal. El municipio solicitó el respaldo de René Drucker, coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México quien convocó a institutos y facultades para integrar un equipo de científicos mexicanos dispuestos a trabajar de manera voluntaria. Entre ellos, Abizai García, Tomás González Noura, Pedro Magaña, Luis Quintana Robles, Francisco Rodríguez, Ramiro Rodríguez y Jaime Yamamoto. El pasado viernes 10 de agosto llegaron los científicos al predio; los esperaban los abogados de la empresa con instrucciones muy precisas: se prohíbe a los científicos tomar fotos, recolectar muestras, hacer mediciones… El Ayuntamiento se inconformó y ahí mismo elaboró una minuciosa acta donde constaba lo que pasaba y se preparan a tomar medidas que posibiliten el peritaje científico.

En esas condiciones la expedición científica se convirtió en un agradable paseo durante el cual el biólogo iba señalando cuál árbol era “primario”, cual “secundario” y de dónde venía y para qué servía tal o cual planta. El geólogo comentaba la función de los resumideros naturales que alimentan, con agua de lluvia, los mantos freáticos. Es un lugar precioso y podría convertirse en parque ecológico y centro de cultura. Por el momento eso es un sueño: lo real es un conflicto representativo de las miles de batallas que se libran en todo el país entre los preocupados por el ambiente y los decididos a “desarrollar” con base en el lucro. El Consorcio Ara no se distingue por su compromiso ambiental. El tema ni se menciona en su página y ha ido acumulando protestas por el maltrato a los árboles; es el caso de Ecatepec en el Estado de México y de Emiliano Zapata en Morelos. En entrevista telefónica Daniel Cisneros, un directivo de Ara, invoca los derechos adquiridos por la empresa con los permisos recibidos y como muestra de sensibilidad subraya su ofrecimiento de “diseñar un parque ecológico en otro lado del municipio y en la medida de lo posible contribuir económicamente a su construcción”. Con estos antecedentes sorprende que el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) otorgara al Consorcio Ara en 2006 y 2007 el reconocimiento de empresa socialmente responsable por su “respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente”. Quién sabe cuáles criterios siguió Cemefi para honrar a Ara porque si Jiutepec es botón de muestra su historial en temas de medio ambiente está tan percudido como la forma en que obtuvo sus licencias.

El presidente Felipe Calderón quiere imitar a Al Gore e inspirado en el Programa “Plantemos para el Planeta” de un Programa de Naciones Unidas la Semarnat se compromete y presume de que “Este año en México ¡Vamos a plantar 250 millones de árboles!”,¡una cuarta parte de los mil millones que la ONU quiere sembrar en todo el mundo! En promesas somos imbatibles porque ni la Semarnat ni las otras delegaciones federales de Morelos parecieran ser militantes del Verde Ecologista porque ni hacen ni dicen nada sobre el conflicto en Jiutepec. La excepción es el Instituto Nacional de Antropología e Historia que revisará si en el predio hay vestigios precolombinos. La liviandad federal permite valorar el compromiso de los ciudadanos y de una presidencia municipal que espera la opinión de los científicos. La asesora legal del ayuntamiento, Bertha Rendón, es tajante al respecto: “su dictamen y recomendaciones será vinculante para el Ayuntamiento de Jiutepec”. Todo ello como parte de un combate monumental para redefinir lo que es el “desarrollo”.

La miscelánea

Hace dos semanas me uní, en este mismo espacio, (ver columna “Sin identidad”) a quienes habían criticado al Gobierno de la Ciudad de México por la insensibilidad con que manejaron una contingencia ambiental: sin aviso ni advertencia impidieron a los vehículos con placas de otros estados el ingreso a la capital. La semana pasada Caminos y Puentes Federales dirigido por Humberto Treviño y la Secretaría del Medio Ambiente capitalino presidida por Martha Delgado llegaron a un saludable acuerdo para evitar que vuelva a maltratarse de esa manera a la ciudadanía.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

La náusea

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Elecciones como las de Baja California provocan náusea e irritación porque la guerra sin cuartel que acabamos de observar fue financiada en buena medida con dinero público; la pagamos nosotros. Ante realidades como ésa adquieren actualidad las propuestas del “Comité Conciudadano para la Reforma Electoral”.

Más allá de quien ganara o perdiera en Baja California, es ofensivo el dispendio y el cinismo de Gobierno, partidos, candidatos y sindicatos que violan las leyes locales sin que la autoridad electoral pueda o quiera imponer algo de orden. Como en el año 2006, Yucatán o Oaxaca los comicios quedan manchados por el exceso de dinero, por la intervención de quienes gobiernan, por las campañas negativas y por esa ingeniería electoral, una disciplina en la que obtiene mención honorífica el sindicato magisterial. Y lo peor es que buena parte del espectáculo fue pagado con dinero público. Y lo triste es que la reforma fiscal servirá para financiar ese tipo de elecciones.

Partidos y candidatos se comportan como adictos con tendencias suicidas. Su dependencia del dinero público o privado, legal o ilegal, es resultado de la tesis de que en política se vale todo. La discusión entre pragmatismo y principios es viejísima y no comparto las tesis de quienes presentan el realismo político mexicano como el único posible. No lo comparto porque veo a políticos y partidos comportándose como adolescentes desadaptados jugando a la ruleta rusa. Tienen conciencia de los riesgos, pero no les importa; lo suyo es la adrenalina causada por el participar aquí y ahora en todas las jugadas posibles. Olvidan tragedias históricas y lo cerca que estuvimos del abismo en el año 2006 para seguir coqueteando con el peligro. Por ningún lado se ve a los herederos de Jesús Reyes Heroles, Carlos Castillo Peraza o Heberto Castillo que combinaban su pragmatismo con principios, visión de largo plazo y un sentido mínimo del decoro. Entiendo que mi punto de vista será descalificado en algunos círculos como “utópico” y será ubicado en el cajón de los buenos deseos. Sin embargo, es un razonamiento también fundamentado en un análisis de los riesgos a la seguridad causados por los encontronazos electorales: alimentan la conflictividad social latente y abren boquetes por donde sigue metiéndose el crimen organizado a la vida pública. Para documentar los vasos comunicantes entre narco y elecciones también serviría el caso de Zhenli Ye Gon.

La urgencia de una reforma electoral realza la importancia del trabajo realizado por el “Comité Conciudadano para la Reforma Electoral” una coalición plural de individuos y organismos –del cual formo parte— animado y coordinado por Clara Jusidman una mujer de vocación democrática probada una y otra vez en las últimas décadas. Esta agrupación de nombre curioso publicó la semana pasada un documento de trabajo que incluye una detallada relación de los cambios que deberían hacerse a las leyes para tener un marco que tome en cuenta a los ciudadanos y evite la conflictividad observada en los comicios. Es un esfuerzo original porque ya incluye las modificaciones puntuales que deberían hacerse a todas y cada una de las leyes relacionadas con el tema. De la Constitución a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sin olvidar, por supuesto, el código electoral. Comento dos de las reformas sugeridas (los interesados en revisar toda la propuesta visiten www.comiteconciudadano.blogspot.com).

Transformar al Instituto Federal Electoral en Instituto Electoral Nacional que organice todas las elecciones, incluidas las de los estados. La recomendación reconoce el desgaste de los institutos electorales algunos de los cuales no inspiran confianza y le quitan certidumbre a los comicios. El Comité propone que las o los nuevos consejeros sean propuestos por la ciudadanía para ser aprobados por cuatro quintas partes de la Cámara de Diputados. Tener un solo órgano permitiría hacer ahorros considerables, profesionalizaría el trabajo y le daría más certidumbre a los resultados porque evitaría la dominación impuesta por algunos gobernadores al Instituto electoral. El Comité también plantea una reducción en más del 50 por ciento al financiamiento público entregado a los partidos. Es urgente hacerlo porque el dispendio en que incurren tiene proporciones cada vez mayores. En el año 2006 los partidos políticos recibieron de la Federación y de los estados 6,297 millones de pesos. El fenómeno está agravándose porque los montos crecen más en los estados que en la Federación. Otra dimensión del desorden está en las transferencias ilegales que entidades públicas, empresas e individuos hacen a las campañas.

El exceso de dinero ha corrompido la relación de los partidos con la ciudadanía porque los más pobres esperan regalos de los candidatos; ha alterado la relación con los medios porque éstos presionan para llevarse la parte más generosa de los financiamientos públicos y ha degradado su vida interna porque son dominados por burocracias decididas a defender los financiamientos y a utilizar a la institución para ocupar cargos públicos con salarios muy superiores a los que se obtienen fuera de la política. El dinero ha transformado a los partidos en uno lastre de la democracia y reducir el monto los forzaría a una reforma interna que los acercaría a sus militantes y ciudadanos. En las condiciones actuales las elecciones han dejado de ser motivo de jolgorio y forman parte de los grandes problemas nacionales. Son sucias, son caras y son nocivas para la democracia. Tan urgente es la reforma fiscal como al reforma electoral y el Comité Conciudadano ha puesto un referente que permitirá contrastar las propuestas de los partidos para la reforma electoral que podría aprobarse en los próximos meses.

La miscelánea

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sigue atrapado en la desorganización y la burocratización. En mayo dijeron que la Convocatoria 2007 del “Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional” (Repatriación y Retención) sería emitida a principios de julio. Estamos en agosto y ahora dicen que “probablemente se publique en el transcurso de este mes” aunque quién sabe porque aún no tienen “una fecha exacta”. En asuntos de ciencia y tecnología ya estamos bien rezagados frente al mundo y los pocos recursos disponibles los retrasan. ¿Para eso querían el poder los panistas?

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los miedosos

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Los políticos se encogen y se hacen chiquitos frente a la ciudadanía organizada. La elogian en el discurso, pero la excluyen con mañas. Les interesan los cortesanos, no los ciudadanos.

En su último libro (El espejismo democrático) Lorenzo Meyer, sostiene que en las elecciones de 2006 reapareció el miedo atávico de la derecha a la democracia cuando ésta puede servir para que la izquierda llegue al poder. El enunciado provocó un debate en la revista Proceso entre Meyer, Enrique Krauze y Jorge Castañeda sobre la democracia y sus reglas en nuestra historia. Aunque luego regresaré a esa discusión, por ahora tomo la tesis de Meyer para discutir las ideas lanzadas en la entrada de esta columna. El Gobierno del Distrito Federal está organizando el domingo 29 de julio una “Consulta Verde”. Somete a consideración de los capitalinos propuestas atractivas: sustituir todos los microbuses, mejorar el transporte público, hacer obligatorio el transporte escolar para las escuelas particulares, poner árboles en las azoteas de las nuevas construcciones, construir 500 nuevos pozos de absorción, etcétera. De concretizarse mejoraría en algo la miserable calidad de vida de los capitalinos y contribuiríamos a frenar la destrucción del planeta.

Lo que más impacta son las facilidades para participar en la consulta. Habrá 1,600 módulos instalados en plazas públicas, parques, jardines, en la ruta del ciclotón, en las cadenas de tiendas Oxxo. A los perezosos o los ausentes les bastará con levantar el teléfono y hablar a Locatel o conectarse al Internet y opinar proporcionando una sola de las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector. Las facilidades están incluidas en la Ley de Participación Ciudadana que en otras partes de su articulado se transforma en un déspota implacable y despiadado para la sociedad. Al gobernante le concede la libertad de que decida cuáles serán los requisitos y la metodología a emplear en sus consultas. A los ciudadanos deseosos de organizar una iniciativa popular los confronta con exigencias absurdas. Además de reunir alrededor de 35 mil firmas (o 0.5 por ciento del padrón) tienen que escribir en el formato respectivo firma, nombre, dirección y ¡las siete claves numéricas incluidas en la credencial de elector! Son tantas las dificultades que conlleva hacerlo que nunca se ha organizado una iniciativa popular. Para algunos las rigideces se explican por el pasado priista de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno cuando se aprobó la Ley. Nadie disputa la poca simpatía de AMLO hacia la transparencia o la participación. Lo curioso es que los panistas que nacieron, crecieron y envejecieron en medio de hosannas a la ciudadanía superan al perredismo cuando de imponer dificultades a la sociedad se trata.

La Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato de 2002 incluye el plebiscito, el referéndum simple y constitucional y la iniciativa popular. A todas estas figuras se les impone un número alto de firmas, pero con la iniciativa popular llegan a niveles inconcebibles. Además de tener que conseguir las firmas del tres por ciento de los inscritos en la lista nominal (92,387 ciudadanos) deben anexar ¡una fotocopia fotostática de la credencial de elector de cada uno de ellos! Son obstáculos que dificultan la participación. En noviembre de 2005 tres organismos —Alianza Cívica, Presencia Ciudadana y Propuesta Cívica— iniciaron una campaña para reunir un millón de firmas y solicitar la reducción en un 50 por ciento del millonario financiamiento público entregado a los partidos. Contaron con el respaldo de columnistas e intelectuales; entre otros Denise Dresser, Germán Dehesa, José Antonio Crespo y Miguel Ángel Granados Chapa. La idea fue recibida con entusiasmo, pero luego aparecieron los problemas para recolectar las firmas porque en lugar de contentarse con el nombre y la firma en algunas entidades se intentó cumplir con las leyes locales para, de esa manera, darle formalidad a la petición. El proceso se hizo lento y quedó atrapado en el huracán de enojos y desconfianzas desatado por las elecciones de 2006.

La democracia es un sistema de Gobierno muy complejo porque depende de elecciones confiables y de que una parte de la ciudadanía se involucre de manera activa en la solución de los problemas. Pensaba que la alternancia abriría las compuertas a la incorporación social a la vida pública, pero en ese terreno los Gobiernos del PAN y del PRD se han comportado de la misma manera que el PRI. Sigue siendo frecuente escuchar a los gobernantes de todos los partidos solicitar el apoyo de la sociedad, pero cuando la ciudadanía desea involucrarse de forma autónoma aparecen los candados de la legalidad, la burocracia y la falta de voluntad política. Aparecen una vez más las simulaciones tan propias de una democracia en la que aceptamos los resultados de las elecciones aunque un porcentaje considerable no confiemos plenamente en ellas; toleramos a un ombudsman nacional experto en congraciarse con los poderosos y con los que piensan como él; sufrimos a un partido Verde más ocupado en la administración de sus prebendas que en el medio ambiente; nos azoramos ante la displicencia oficial hacia unos sindicatos que oprimen al trabajador en lugar de defenderlo; nos indignamos con la glotonería e ineficacia de los partidos… y es bien poco lo que podemos hacer porque los consejos consultivos y las consultas y las iniciativas son meros floreros creados para adornar la decisión del poderoso.

Ante este panorama y después de que se realice la Consulta Verde el Gobierno de la ciudad podría lanzarse a desmontar los candados que hacen casi imposible la participación ciudadana organizada. Sería una forma de diferenciarse con hechos de los Gobiernos de la derecha y de demostrar que al menos ellos no tienen miedo a los ciudadanos. ¿Se atreverán?

La miscelánea

Pese a los obstáculos impuestos por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal continúa el esfuerzo por reunir las 25 mil firmas que faltan para presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa solicitando la reducción en un 50 por ciento del financiamiento público a los partidos. Los capitalinos interesados en firmar o colaborar pueden consultar la página de Propuesta Cívica –de la cual formo parte— www.propuestacivica.org.mx o comunicarse al 56 04 05 51.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

No aprenden

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El atentado contra ductos energéticos está emparentado con los ductos políticos taponados. Esta asociación tan elemental está siendo ignorada por una clase política que, es evidente, no aprende las enseñanzas de la historia.

Cuando un grupo social carece de vías pacíficas o las encuentra cerradas se incrementa las posibilidades de que recurra a alguna de las expresiones que tiene la violencia. Cuando se llega al extremo de iniciar acciones armadas los gobernantes sí reaccionan y hacen cambios que vuelven a abrir las instituciones. Ésta ha sido la dinámica de las últimas décadas. En 1965, año de inicio de la transición, mientras los médicos recurrían a métodos pacíficos para enfrentarse al autoritarismo, un grupo de jóvenes guerrilleros atacaba el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. Para los insurgentes ésa era la única posibilidad y así surgió un movimiento guerrillero cuyas ramificaciones se extienden, con altas y bajas, hasta nuestros días. En 1976 el régimen respondió con una reforma electoral que abrió las puertas de la institucionalidad a una parte de la izquierda. En los años de Carlos Salinas se inició la alternancia en algunos estados, pero en Chiapas las estructuras de poder estaban más cerca de América Central que de México. La conjunción de ésos y otros factores provocaron una rebelión indígena que, encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desinfló el salinismo y condujo a la reforma electoral de 1994 misma que terminaría despedazando el férreo control gubernamental sobre las elecciones.

Tres años después de la rebelión zapatista el PRI perdió por primera vez la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Era 1997 y creíamos que se había iniciado una era de grandes transformaciones pacíficas. El 45 por ciento de la población estábamos satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Para 2005 la aprobación ya se había desplomado a 24 puntos y entre las herencias de Vicente Fox estaría la comalada de multimillonarios y los millones de decepcionados con la manera en que funciona el nuevo arreglo. El malestar tiene diversos orígenes y manifestaciones. Uno de los más relevantes es el estancamiento en el ingreso monetario de las familias mexicanas. Entre las masas empobrecidas e irritadas por la carestía y entre quienes estamos en desacuerdo con tanta desigualdad, caló el mensaje de Andrés Manuel López Obrador dándole prioridad a los pobres. Más allá de sus errores provocó una revolución en las expectativas tan grande que la elección de 2006 fue leída por una parte de la población como la maniobra artera de una derecha decidida a preservar los privilegios. Hubo quienes se radicalizaron. En agosto de 2006 la encuestadora Mitofsky encontró, en una encuesta nacional aplicada en viviendas, que el 13 por ciento de la población estaría dispuesta a tomar las armas como reacción al conflicto electoral de 2006. Es muy probable que un porcentaje importante lo dijera como forma de desahogo. Queda en la incertidumbre cuántos de ellos se tomaron en serio la vía armada. Aunque una respuesta definitiva es imposible podemos suponer que la firmeza del radicalismo dependió del segmento social y de la entidad.

En Oaxaca acaba de reaparecer la violencia porque, pese al apoyo concedido por el presidente y las Fuerzas federales al Gobierno de Ulises Ruiz, éste no cambió y sigue siendo uno de los peores gobernadores que tiene el país. Cabe preguntase cuántos oaxaqueños concluyeron que la violencia es la única forma de enfrentar tanta impunidad y tanta cerrazón de las instituciones. Al Gobierno le ha llovido críticas por no haber anticipado los atentados. Es evidente que los servicios de Inteligencia fallaron en predecir los bombazos; su fracaso tal vez se debe a una modificación en la naturaleza del riesgo. Los acontecimientos de los dos últimos años pudieron haber gestado una nueva oleada de reclutas decidida a unirse a las organizaciones armadas clandestinas. Es igualmente lógico que los nuevos combatientes no estén todavía identificados por el estado y que de ahí provengan los comandos utilizados por el EPR para lanzar los ataques con los que protestó por la desaparición de dos de sus dirigentes y buscó capturar la irritación y el descontento existentes. Se trata, por supuesto, de hostigamientos mediáticos con los cuales buscan posicionarse como la opción para aquellos que perdieron la esperanza con las actuales instituciones. Para un sector de la derecha, esta radicalización de la izquierda es incomprensible porque las cuotas de poder obtenidas por el Partido de la Revolución Democrática confirmarían que las instituciones funcionan de maravilla. Olvidan que buena parte de la izquierda social no se siente representada ni en el PRD, ni en el PT, ni en Convergencia y mucho menos en Alternativa. Sintomática de esta percepción es la declaración de este lunes 16 de julio del subcomandante Marcos quien catalogó al PRD como una “izquierda mediatizada” e inmersa en todo tipo de contradicciones.

La reaparición de la violencia política es un hecho y es insuficiente quedarse en condenas armadas con un lenguaje viejo y cansado. Por supuesto que las mayorías seguimos rechazando la opción armada, pero sería un pésimo análisis negar que para algunos sectores de la sociedad las armas son la única salida porque las instituciones existentes ni los representan ni los atienden. En el pasado los gobernantes autoritarios reaccionaban abriendo parcialmente los canales de acceso al poder y en situaciones extremas, hasta quitaban a los gobernadores incapaces de resolver problemas. En nuestra paupérrima democracia se eternizan los sátrapas y los delincuentes y los nuevos gobernantes demuestran su pésima educación; no aprendieron de la historia reciente y son incapaces de hacer las correcciones estructurales que ataquen las raíces económicas y políticas de la violencia. Por el momento lo que han logrado es que se mezclen las bombas con los votos.

La miscelánea

Está empezando a circular Homofobia. Odio, crimen y justicia 1995-2005 (Tusquets, 2007) de Fernando Del Collado quien documenta 387 crímenes de homosexuales. Una innovación metodológica es la utilización de las barrocas y tortuosas averiguaciones previas que le permiten demostrar la intolerancia de una parte de la sociedad y la premeditada negligencia de las autoridades judiciales. Un muy buen libro sobre un tema poco explorado.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Plaza Pública

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Algunas biografías, como la de Miguel Ángel Granados Chapa, se fusionan en vetas de historia nacional. Sólo por el contenido de “Plaza Pública”, columna que esta semana cumple 30 años de ser publicada, el columnista ya se ganó el nombramiento honorífico de cronista de la transición.

El 13 de julio de 1977 Cine Mundial publicó por primera vez “Plaza Pública”. Para entonces Miguel Ángel ya llevaba 13 años en el periodismo mexicano. Se inició en 1964 en el semanario Crucero que dirigiera Manuel Buendía. Luego pasó por El Universal, vivió los intensos años del Excélsior de Julio Scherer y siguió su trayectoria profesional en Proceso, UnomásUno, La Jornada para incorporarse a Reforma desde su fundación el 20 de noviembre de 1993.

Estos diarios capitalinos comparten con algunos del interior el mérito de haber defendido, con diferentes estrategias y estilos, la libertad de expresión. Granados Chapa la ha ejercido a plenitud escribiendo durante su larga carrera decenas de miles de cuartillas en columnas y libros. Tanta producción es fruto del raro don de producir, desde la primera versión, textos muy bien armados. Una virtud cultivada, supongo, de su hábito de encerrarse a leer noticias en voz alta durante su infancia hidalguense. Costumbre que terminó de afirmar la sintaxis enseñada por una madre normalista.

Su influencia no radica solamente en la cantidad o la pulcritud del lenguaje. Ha sido determinante su puritanismo frente a los privilegios y su obsesión con el dato duro. Escrupuloso al extremo, no acepta ni un boleto para asistir gratis a algún espectáculo. Él mismo explicó a Angélica Palacios Luciano en entrevista para la Revista mexicana de Comunicación que lo hacía por una “cuestión de ética, no tengo por qué no pagar el acceso a ciertos espectáculos. Soy una persona como todas las demás y me atengo a las reglas comunes”.

Miguel Ángel se distingue por la abundancia de conocimiento que atesora en una memoria prodigiosa y rescata en una búsqueda permanente de información precisa. En la entrevista antes citada menciona como su principal carencia la “falta de tiempo para una reflexión y la investigación. Puedo pasar hasta dos horas buscando un dato y ya en el momento mismo de escribir, a veces con más frecuencia de lo deseable, incurro en una inexactitud, en una interpretación insuficiente”.

Puritanismo y precisión le han servido para demostrar que se puede dialogar sin capitular con gobernantes famosos por su capacidad para mediatizar y cooptar a periodistas por medio de la corrupción y/o la intimidación. Que analistas como él sobrevivieran día tras día y año con año tuvo un enorme efecto en la transición porque demostraron que era posible enfrentar al autoritarismo de manera pacífica, siempre y cuando se tuviera la evidencia.

Su travesía ha estado plagada de incidentes tan desagradables como la feroz golpiza que le propinó un grupo de ultraderecha que lo secuestró a las puertas de la UNAM para abandonarlo medio muerto en los bosques de la Magdalena Contreras. La irritación que provoca entre algunos conservadores, dentro y fuera del Gobierno, viene de su ubicación en un centro-izquierda teñido de matices socialdemócratas y de los principios de ese catolicismo que optó por los desposeídos. Ese compromiso con la igualdad, la justicia y los derechos humanos es hasta cierto punto lógico en alguien marcado por una infancia de privaciones.

Con esos antecedentes resulta lógica la temática que aborda. Tomo como ejemplo la muerte de la indígena Ernestina Ascensio cuyos restos han sido enterrados por las autoridades después de cubrirlos con un sudario tejido con ambigüedades e impunidades. En las nueve columnas que ha escrito entre el 6 de marzo y el 9 de julio sobre “las muertes de Ernestina Ascensio” ha demostrado la frivolidad del presidente Felipe Calderón, las contradicciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cobardía del gobernador y el procurador de Veracruz y la inoperancia y oportunismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Miguel Ángel ha incursionado en la vida pública como directivo de diversos medios públicos e intentó, sin éxito, ser diputado, senador y gobernador. Compensó con creces sus descalabros siendo uno de los consejeros del primer Instituto Federal Electoral ciudadanizado (1994-1996); aquel que contribuyera a quebrarle la columna vertebral al monopolio oficial sobre las elecciones. En ese cargo demostró que podía mantener la calidad de sus escritos y ser un buen funcionario público.

El impulso a ocupar cargos públicos es un riesgo de quien analiza el poder en esa compleja interrelación analizada por Max Weber en El político y el científico. Al constatar y describir la mezquindad y superficialidad de un porcentaje importante de políticos es natural la tentación de ocupar un cargo y ser diferente. Sin embargo, en México el recién llegado debe vencer los obstáculos creados por la burocratización y el exceso de dinero en los partidos; son distorsiones tan profundas que ponen a prueba las convicciones de un anacoreta con olor de santidad.

Estas contradicciones se han ido resolviendo y aumenta la circulación de personas entre el mundo de las ideas, de la empresa y de la política, al mismo tiempo que se acrecienta la presión para que los comunicadores apuntalen sus opiniones con hechos verificados.

Nuestra transición ha sido tan larga y tortuosa que resulta imposible evaluar con precisión cuáles han sido los aportes individuales. Miguel Ángel Granados Chapa y “Plaza Pública” han demostrado durante 30 años que sí es posible ejercer la libertad de expresión con independencia, responsabilidad y rigor. Celebrémoslo.

Esta columna se benefició con los recuerdos y opiniones de tres amigos de Miguel Ángel: Francisco José Paoli Bolio, José Agustín Ortiz Pinchetti y Luis Javier Solana.

La miscelánea

En su columna de este lunes, Granados Chapa hizo suya la sugerencia del profesor John Ackerman de que los ciudadanos presentemos solicitudes al Instituto Federal Electoral para tener acceso a las boletas utilizadas el 2 de julio de 2006. Me uniré al llamado aun cuando sé que las autoridades electorales se las arreglarán para mantener la opacidad; al menos constatarán que se mantiene viva la determinación de ejercer el derecho de saber lo que sucedió en la elección de 2006, la más competida costosa y lodosa de nuestra historia.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los descreídos

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Siguen modificándose las simpatías hacia quienes contendieron por la Presidencia; sigue acrecentándose el número de mexicanos que no le creen al líder del PAN, Manuel Espino cuando califica la elección presidencial de 2006 como la “más limpia, transparente e inobjetable de la historia”. ¿Cómo explicar el escepticismo y sus consecuencias?

En la última semana Reforma y El Universal publicaron encuestas que coinciden en el aumento de la aprobación a la gestión de Felipe Calderón Hinojosa y en la disminución en las simpatías por Andrés Manuel López Obrador que, sin embargo, preserva seguidores para construir un movimiento nacional.

En otra dimensión, es notable el crecimiento en la cantidad de descreídos con la calidad del proceso electoral. Más de una tercera parte de las y los mexicanos seguimos convencidos de que esos comicios estuvieron plagados de irregularidades que para algunos es un fraude indudable. Es obvio el fracaso de ese discurso equiparando a la elección con la vida de beata inmaculada. Estas cifras permiten hacer una distinción fundamental: las simpatías por los candidatos está disociada de la opinión sobre la calidad de los comicios. Para ser más preciso, aun quienes se han distanciado del camino seguido por Andrés Manuel López preservan la sospecha de que algo turbio sucedió en esos comicios. Percepción sustentada en información que confirma irregularidades y alimenta sospechas. No me refiero, aclaro, a fantasías como las acusaciones del presunto narcotraficante Zhenli Ye Gon quien asegura que el equipo de Calderón le entregó una parte de los 205 millones de dólares en efectivo que le encontraron en diciembre pasado. Por cierto, el personaje se pasea por Estados Unidos, país siempre dispuesto a fustigarnos por la debilidad frente al crimen organizado.

Pienso en toda la evidencia demostrando como se metieron en la elección Vicente Fox y los empresarios. Pienso también en las preguntas sin respuesta. Selecciono unas cuantas. ¿Qué tanto hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante aquella elección para hacerse merecedores de tantos privilegios y prebendas del calderonismo? ¿De dónde salieron y quién pagó los 280 mil spots fantasma? La exasperante lentitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ¿se debía a la personalidad de María de los Ángeles Fromow o a las instrucciones recibidas de sus patrocinadores? ¿Cuál fue el papel del candidato Calderón en éstas y otras irregularidades? La abundancia de descreídos debería llevar a un replanteamiento del discurso de diversas instituciones. Su empecinamiento con la tesis de la legitimidad de la elección, su insistencia en que los errores cometidos fueron fruto de la inexperiencia o el descuido, se debilita ante su enorme reticencia a la hora trata de entregar información fundamental para establecer lo que sucedió. Pienso, por supuesto, en la batalla por acceder a las boletas electorales. Aunque la Suprema Corte deberá decidir qué hacer con esos documentos, Felipe Calderón y Luis Carlos Ugalde están a favor de la transparencia. Una simple declaración bastaría para demostrar con hechos que van en serio esos llamados a la reconciliación que suenan, más bien, a una exigencia a la capitulación incondicional de quienes no piensan como ellos.

Quienes se alzaron con la victoria consideran que razonamientos como los antes expuestos son el fruto de una derrota mal digerida. En mi caso –representativo de un sector de agnósticos bastante amplio— se trata de algo tan elemental como el derecho de saber qué sucedió y por qué sucedió. Como sería ingenuo esperar de los protagonistas una visión desapasionada y objetiva de los hechos habrá que esperar la maduración de las docenas de investigaciones académicas que actualmente se realizan sobre esas elecciones. De ellas germinarán las tesis centrales que establecerán la verdad histórica sobre 2006. El asunto trasciende al impulso “fáustico” de adquirir conocimiento. Esclarecer los hechos tiene una aplicación práctica y urgente porque lo sucedido en 2006 no fue un hecho aislado sino otra pieza en una concatenación de irregularidades que afecta a nuestras elecciones. Basta con que una elección federal o local sea competida para que aparezcan las denuncias sobre compra y coacción del voto, sobre campañas de desprestigio, sobre la intervención ilegal del Gobierno y los gastos excesivos, etcétera. Que todos los partidos se involucren en ese tipo de competencias no debiera tranquilizar a nadie porque, además de propiciarse la degradación de las instituciones, se abren los boquetes por donde ingresa el crimen organizado a la política.

Por lo que sucedió hace un año y por que lo que ha seguido pasando, es urgente la prometida reforma electoral que haga imposible o dificulte tantas irregularidades. Son inaceptables los candados legales que impiden a la autoridad electoral vigilar los gastos en las elecciones, la duración excesiva de las campañas, las fortunas en recursos públicos transferidas a los partidos políticos… La reforma fiscal, las nuevas leyes de medios y la permanencia de Felipe Calderón Hinojosa en el cargo no dependen, por supuesto, del establecimiento de la verdad histórica sobre el 2 de julio de 2006 ni de la calidad de las elecciones locales. Sin embargo, en la solidez de una democracia sí influye la legitimidad obtenida en urnas confiables. Las consecuencias de esa elección son irreversibles en muchos sentidos. Se mantiene intacta la exigencia de conocer lo que sucedió porque el derecho de saber trasciende las filias y las fobias y tal vez, contribuya a impedir una repetición de 2006, el año de los comicios presidenciales más competidos, costosos y lodosos de nuestra historia.

La miscelánea

El viernes dejó de transmitirse el noticiero Monitor conducido por José Gutiérrez Vivó. Para algunos es el resultado lógico de una mala gestión empresarial. Sin negar el peso que ello tenga, persisten las dudas sobre el papel jugado por el Gobierno Federal en el cerco económico que asfixió a la empresa. Independientemente de que se conozca la verdad nadie puede disputarle a Gutiérrez Vivó su papel en la transición democrática. Fue un precursor de los medios electrónicos siempre dispuesto a tomar los riesgos asociados con el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso es que espero su pronto regreso al cuadrante.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Dos desplegados

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La acción legal contra el gobernador de Puebla ha reactivado al pequeño “abajo firmante” que todos llevamos dentro. Bastaron dos desplegados para que se organizara una exposición con las principales antigüedades y novedades de la política mexicana. Cerrar calles y firmar desplegados son tradiciones muy nuestras. Hay “abajo firmantes” en todo el mundo, pero pocos superan a México en cantidad y diversidad. El desplegado floreció durante el autoritarismo priista porque las instituciones y los partidos ignoraban a los ciudadanos; como eso continúa sucediendo bajo la democracia una de las pocas formas de incidir en la vida nacional es estampando la firma. En algunos desplegados se protesta y en otros se apoya a causas o personas siguiendo fórmulas preestablecidas: se invoca “A la opinión pública” cuando el verdadero destinatario siempre es alguna institución o funcionario. En esta introducción deben enmarcarse los dos desplegados.

Ciento veinte presidentes municipales de Puebla publicaron en varios medios de comunicación el martes 19 de junio un texto con olor a viejo. En un lenguaje digno de los años dorados del priismo descuartizan la sintaxis y proclaman su “confianza a nuestro amigo” el conocidísimo “Lic. Mario P. Marín Torres, Gobernador Constitucional del Estado” de Puebla a quien presentan como “persona honesta y que respeta la ley”. Convencidos de la integridad del Lic. Marín increpan a “quienes no dan la cara y se esconden tras el anonimato” y les solicitan, eso sí “solidariamente”, que “no enrarezcan el clima de tranquilidad y respeto que se vive en Puebla”. Después se montan en la solemnidad y exigen “tajantemente la no-intervención de intereses ajenos a nuestra entidad federativa, que sólo tratan de desestabilizar el desarrollo armónico que se viene consiguiendo bajo el liderazgo” del “gober más precioso” de estas comarcas. Rematan pidiéndole a la Suprema Corte que su “fallo sea totalmente apegado a derecho”.

Para descifrar el mensaje de los munícipes poblanos se requiere conocer los usos y costumbres de la política tradicional y estar al tanto de los escándalos más recientes. Lo que los alcaldes quieren decir es que respaldan al Lic. Marín ahora que la Suprema Corte lo investiga por el papel que jugó en la violación de los derechos humanos de Lydia Cacho, una periodista y defensora de los derechos humanos perseguida por denunciar a los pederastas y a sus cómplices en el Gobierno. Los regidores poblanos también querían anticiparse al segundo desplegado publicado dos días después y que fue redactado por habitantes del otro México. Es un relato comprensible sobre las redes de pederastas y sus cómplices en la política y el Gobierno. Es un apoyo claro a Lydia Cacho quien se arriesgó a navegar por los pantanos del lento, caro e impredecible sistema judicial. El texto, suscrito por más de 2,200 personas y organizaciones, solicita justicia a la Suprema Corte y eso supone, entre otras cosas, no eximir de responsabilidades a las autoridades poblanas.

El impacto fue desigual. El escrito de quienes gobiernan los municipios poblanos recibió una atención mediática mínima, mientras que el pronunciamiento de los más de 2,200, impactó en México y el mundo porque entre los “abajo firmantes” había personajes poco habituales. Aparecen actores como Susan Sarandon, Sean Pean y Charlize Theron que al expresar su solidaridad también entonan, sin saberlo, un réquiem por el parroquianismo que aislaba a México del mundo. Si los extranjeros se meten a opinar es porque fueron invitados por mexicanos como Gael García Bernal, Salma Hayek y Guillermo del Toro, entre otros signatarios, quienes han salido a competir en el exterior ligando las realidades nacionales con las preocupaciones universales. Y el combate a los pederastas y sus cómplices trasciende fronteras y diluye nacionalidades y eso modifica la liturgia nacionalista que en el México arcaico prohibía, so pena de extradición, a los extranjeros que señalaran la mugre nacional. Tanto estamos cambiando que al menos en la prensa capitalina nadie invocó a la Suave Patria para satanizar como traidores a quienes critican a alguien como el Lic. Marín.

Los dos desplegados confirman que el presidente dejó de ser el árbitro supremo de la nación y que los gobernadores han adquirido una fuerza enorme porque ahora manejan con enorme independencia las riquezas recibidas del presupuesto federal. Son los herederos directos de la discrecionalidad que alguna vez hiciera famosos a nuestros “monarcas sexenales”. Si Beatriz Paredes, dirigente del PRI, optó por sacrificar su imagen de mujer sofisticada y moderna para respaldar al Lic. Marín fue por su férrea disciplina partidista y porque los gobernadores son los nuevos mecenas de la política a la mexicana. El Lic. Marín ha resistido los embates de sus críticos y para mantenerse en el cargo se apropió del olor a naftalina que desprenden el huipil de Beatriz Paredes y el birrete de Enrique Doger —exrector de la Universidad Autónoma de Puebla y actual presidente municipal de Puebla que encabezó a “los abajo firmantes” del desplegado oficial. Como el “gober precioso” también ha encontrado apoyo entre una mayoría de legisladores la última esperanza de que se haga justicia está en la Suprema Corte de la cual depende demostrar que la República todavía tiene una reserva mínima de civilidad y decencia. Sólo basta que ejerza las funciones que le asigna la ley.

Quienes critican el indudable protagonismo de la Suprema Corte pasan por alto que su brillo proviene de decisiones que contrastan con la mediocridad y la mezquindad de todos aquellos políticos empeñados en seguir protegiendo a personajes tan patéticos y siniestros como Mario Marín.

La miscelánea

El combate a la impunidad se libra en todo el país. En Coahuila, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos que preside el obispo Raúl Vera sigue peleando contra la impunidad que envuelve como sudario a la Mina Pasta de Conchos y persiste en la exigencia de que se rescaten los cuerpos y se proteja los mineros agredidos por una empresa protegida por las autoridades (Miguel Concha hace un excelente análisis de este asunto en su columna, “Traición en Pasta de Conchos”, La Jornada, 16 de junio de 2007). Por esa batalla, una abogada del Equipo Nacional de Pastoral Laboral que defiende a los mineros, Cristina Auerbach, fue agredida en la Ciudad de México. Incidentes como éste le auguran una larga vida a los desplegados.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

¿México cínico?

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La transparencia nos acerca a la verdad sin entregar las claves para solucionar los problemas que desnuda. Ahora fue la UNESCO la que describió el lamentable estado en el que se encuentra la educación en México: un mundo de opacidad y corrupción que alimenta a la ignorancia.

Del 11 al 13 de junio de 2007 se llevó a cabo la Cuarta Semana Nacional de la Transparencia en México. Mientras el presidente Felipe Calderón recetaba transparencia para todos los males, fluía la información sobre el pésimo estado de una educación que devora ríos de dinero; en 2005 gastó el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto, igual que el Reino Unido y más que Canadá y Alemania países de los cuales estamos muy, pero muy alejados. De manera simultánea se dio un portento. A la hora de criticar gobiernos, los organismos internacionales se transforman en recatadas doncellas reacias a difundir las malas noticias. Sorprendió, por tanto, la enjundia de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que publicó un informe describiendo la corrupción que rodea a la educación mexicana de todos los niveles (“Escuelas corruptas, universidades corruptas ¿qué se puede hacer?”). Como aseguraba que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reparte y vende plazas de maestros, la principal dirigente, Elba Esther Gordillo, respondió con una airada negativa exigiendo nombres y detalles. Vino entonces el conocido ritual de una denuncia aparatosa, una proclamación de inocencia por parte del acusado mientras las autoridades se hacen las desentendidas.

En eso pensaba mientras viajaba hacia Chilpancingo en donde participé la semana pasada en un foro sobre transparencia y educación organizado por la Secretaría de Educación de Guerrero, estado que gobierna el Partido de la Revolución Democrática y que se encuentra en los últimos lugares del atraso educativo. Durante mi estancia escuché detallados relatos sobre la venta de plazas, la falsificación de la documentación entregada por maestros, las regiones marginadas en donde se imparten cien días de clase al año cuando el calendario exige 210. Me llamó la atención que un Gobierno perredista sostenga la misma tesis de Felipe Calderón: cualquier cambio requiere la participación del sindicato encabezado por Elba Esther Gordillo. Se trata de un pragmatismo que le atribuye disposición al cambio del SNTE. El Gobierno de Guerrero lleva dos años comprometido con una reforma que se apalanca en la transparencia y en la talacha. Entre otras medidas han revisado las nóminas para detectar “aviadores”, espulgado expedientes para ubicar a los maestros que usaron documentos apócrifos y publicado información para que la sociedad interesada se organice y presione.

Aceptan el gradualismo y la lentitud, pero mencionan avances cuyo impacto se infiere con un indicador muy propio del México del siglo XXI: ante las amenazas de muerte al secretario de Educación, José Luis González De la Vega se traslada en una camioneta blindada. Lo interesante es la reacción de la Sección guerrerense del SNTE: cuando la autoridad demuestra la ilegalidad o irregularidad, el sindicato guarda silencio y acepta que se proceda contra sus agremiados. Se confirma que cuando la autoridad tiene voluntad, la transparencia sí transforma la realidad. Esa determinación no es tan clara en el plano federal. El SNTE gastó 419 millones de pesos en la elección presidencial de 2006, según Noé Rivera-Domínguez, un disidente sindical que dice tener documentos que respaldan su denuncia. Añade además que el sindicato erogó, en los últimos 18 años, 104 mil millones de pesos sin rendir cuentas. El asunto podría convertirse en el Pemexgate o los Amigos de Fox del sexenio porque, de confirmarse, estarían superándose los topes de campaña de Felipe Calderón. En entrevista telefónica Noé Rivera enumeró la evidencia con que cuenta; resalta la grabación de lo dicho en una reunión de la dirigencia sindical realizada el tres de agosto de 2006 en el Distrito Federal. Asegura que en los próximos días presentará una queja ante el Instituto Federal Electoral o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

¿Tendrá esta futura denuncia elementos para que la autoridad actúe o será un petardo mediático cargado de adjetivos sin fundamento? Será importante esclarecerlo porque es indudable el papel del SNTE en los comicios presidenciales de 2006. En dos de julio (Planeta) Carlos Tello reproduce una entrevista en la que Jorge G. Castañeda dice: “Vi a Elba en la noche [de la elección presidencial], como a las 12, estaba muy tranquila. Yo había estado con ella el sábado, que les estuvo hablando a los líderes seccionales del sindicato. Les decía: Panal para diputados, azul o libre para presidente. No quería que le dieran ningún voto a Madrazo”. Más allá de lo que suceda con este caso, la relación SNTE-Gobierno Federal confirma que somos un país surrealista. Algunas contradicciones ayudan al funcionamiento de la democracia; otras la frenan y en esta última categoría está el que una organización defienda los intereses de su gremio, se siente en el lugar del patrón porque controla buena parte de la SEP y busque gobernar al país a través del Partido Nueva Alianza.

Las tensiones inherentes a esta contradicción antagónica se harán cada vez más difíciles de manejar porque la transparencia es tan irreversible como la incorporación del tema en la agenda nacional. La educación es demasiado importante para dejársela a los maestros y a los políticos. Entre tanto el modelo se extiende porque agrupaciones de taxistas y albañiles ya anunciaron la intención de crear partidos y seguramente beneficiarse con las millonadas que el erario les entrega. Parecen urgentes las correcciones y en primerísimo lugar está la ubicación de la SEP. En el mero frente de su sede central está la Plaza de Santo Domingo donde se venden títulos universitarios. O la SEP se lanza contra ellos para demostrar su compromiso con el cambio o reconoce su fracaso. La transparencia puede desnudar irregularidades, pero si no hay reformas aumenta el escepticismo. Según una encuesta de opinión de la Secretaría de la Función Pública (2004) la mitad de los mexicanos está convencida que una de las causas de la corrupción es la educación recibida. De mantenerse la situación actual terminaremos siendo un país de ignorantes y de cínicos.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Autopsias

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En el tranco final de la batalla por la Ley Televisa se desinfló la esperada agresividad de las televisoras contra la Suprema Corte que sorprendió con una firmeza que casi nadie anticipaba. En la historia reciente ninguno de los tres poderes había retado y derrotado al duopolio televisivo de manera tan clara. La sorpresa vino cuando las empresas se contuvieron y no atacaron directamente a los ministros. Sustento la afirmación en las transmisiones de 18 días (16 de mayo a 7 de junio) hechas por Televisa en El Noticiero con Joaquín López Dóriga, por Hechos de TV Azteca con Javier Alatorre y por otra parte en Once Noticias de Canal 11 con Adriana Pérez Cañedo. Cifras y conclusiones provienen del análisis de contenido realizado por Miguel Acosta de Fundar –centro de investigación cuyo consejo de dirección presido— (disponibles en www.fundar.org.mx). El Canal 11 es medio público y está incluido como un contraste que demostró el papel que, bajo ciertas condiciones, pueden jugar los medios públicos y comunitarios. Los 28 minutos que dedicó Once Noticias se caracterizaron por la imparcialidad y el profesionalismo. Contextualizó las noticias, presentó opiniones diversas y otorgó la voz a actores ignorados por los otros. Fue, sin duda alguna, la mejor opción para estar informado sobre este tema.

El Noticiero de Televisa fue distante y cauteloso; sólo dedicó 20 minutos al asunto y en siete de los 18 programas simplemente ignoró el tema al que restó importancia mientras lanzaba críticas a través de opiniones de los defensores de la Ley. Cuando la Suprema Corte declaró inconstitucionales partes de la Ley, la televisora aceptó la decisión de la Corte. Su irritación la desahogaron atacando al ahora senador Santiago Creel en la sección humorística-editorial “Las mangas del chaleco”. El divorcio Creel-Televisa es parte de una tortuosa historia digna del canal de las estrellas que comentaré en otra ocasión. Hechos de TV Azteca dedicó 1 hora 47 minutos la mayor parte de los cuales fueron parciales porque editorializó las noticias y descalificó a quienes impugnaban la Ley. Por ejemplo, relacionaron lo que pasaba en México con el retiro de la concesión a Radio Caracas TV en Venezuela asegurando que en ambos casos se trataba de un dilema entre “transparencia” y “discrecionalidad”. Aunque evitaron descalificar abiertamente a los ministros se lanzaron contra Manuel Bartlett (el responsable de la “caída del sistema” en 1988) y Javier Corral (ese “nebuloso personaje”). Cuando el desenlace fue inevitable se moderaron y el propietario, Ricardo Salinas Pliego, expresó en una entrevista banquetera su respeto por la legalidad.

La cautela de las televisoras es comprensible. Tenían que asegurar las ganancias obtenidas gracias a la generosidad de Vicente Fox: entre 2000 y 2006 Salinas Pliego incrementó su fortuna personal en más del 300 por ciento (pasó de 1.4 a 4.6 mil millones de dólares); y con los permisos por las casas de juego otorgados a Televisa en el 2005 se estima que dentro de 5 años facturará unos 1,363 millones de dólares. La ausencia de un frente unido es sólo uno de los factores tras la independencia de la Suprema Corte. Además de la autonomía que dan los salarios altos tienen su cargo asegurado por 15 años y contaron con el apoyo de otros sectores. Los medios impresos se transformaron en contrapeso y El Financiero, La Jornada, Proceso, Reforma y El Universal, entre otros, tomaron una actitud crítica frente a la Ley e informaron sobre sus implicaciones. La Suprema Corte entendió que debía enfrentar los aspectos más peliagudos de la Ley porque además de la vigilancia social flotaba en el aire la intención de los partidos políticos de crear un Tribunal constitucional para atender asuntos que competen a la Suprema Corte. Para fortalecerse diseñaron una estrategia con la transparencia y la opinión de especialistas y, ya atrincherados, se dedicaron a estudiar pausadamente, sin prisas, cuáles partes de la Ley iban contra la Constitución.

Ahora se vienen las batallas por una nueva legislación de medios que tal vez rompa el duopolio y abra espacios para otras cadenas y fortalezca los medios públicos y comunitarios. Todo dependerá de lo que hagan y dejen de hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando Felipe Calderón Hinojosa decida sobre el destino de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sabremos si todavía trae puestas las botas foxistas de la abyecta sumisión ante las televisoras; sometimiento reproducido la semana pasada por el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien regaló 67 millones de pesos a Televisa para un programa dedicado a jóvenes promesas. ¿Existen en 2007 las condiciones para una Ley de Medios innovadora? En una tesis presentada al Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Grisel Salazar Rebolledo estudió los factores que llevaron al Legislativo a aprobar por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en 2002. Entre los ingredientes esenciales estaría una coyuntura favorable y la participación de los principales partidos, de la sociedad organizada y del Gobierno Federal en la elaboración y discusión de la legislación.

El ambiente de 2007 sí es propicio para que el Legislativo formule una Ley anclada en el bien común. La clase política es consciente de la trascendencia que tiene evitar los chantajes que padecieron en 2006, faltan dos años para otra elección y otros sectores sociales quieren que los medios reflejen la pluralidad de la sociedad y/o que se resquebrajen los monopolios y/o que mejore la calidad de los programas. En este contexto sería deseable que continuara el “Grupo de los 47” (el número es por supuesto simbólico si son más, mucho mejor) que con tanto éxito frenó una Ley nociva. A ellos y a otras fuerzas sociales corresponde construir lo nuevo. Según dos encuestas recientes sobre confianza ciudadana en las instituciones (una de Mitofsky de febrero y otra de Reforma de marzo) la Suprema Corte estaba a la mitad de la tabla y el Legislativo y los partidos padecían el menosprecio ciudadano. Después de la batalla por la Ley Televisa es probable que la Suprema Corte haya mejorado su prestigio; va en el interés nacional que el legislativo nos obsequie, y se regale, un campanazo tan sonoro y trascendente como el logrado por el poder judicial. Para ganarse el respeto deben respetarse a sí mismos.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

El método de Krauze

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¿Tiene límites la libertad de expresión? Sí, cuando se difama o se viola la intimidad. La arbitrariedad a la hora de castigar este delito, como en el caso de Lidia Cacho, comienza a quedar atrás y los jueces trazan límites como ocurre en las democracias consolidadas. Una costumbre muy mexicana es la de hablar quedito y sacarle la vuelta a la confrontación pública de las ideas. La dejadez malacostumbró a medios de comunicación y periodistas que, salvo algunas excepciones, dedican poca atención a la veracidad de lo difundido. Hubo excepciones a la pasividad; Enrique Krauze siempre siguió el método de responder en los medios con rapidez y fuerza a las críticas para, de esa manera, defender sus ideas en los medios. Rara vez dejaba pasar una y con sus polémicas podría armarse un volumen de regular tamaño. Esa fórmula ha ido complementándose con demandas interpuestas ante un Poder Judicial cada vez más autónomo. El preámbulo viene a cuento porque no respondí con la claridad, rapidez y contundencia requerida a las versiones que, a partir de 1997, aseguraron en diferentes medios que mi actuación como académico o integrante de organismos civiles como Alianza Cívica era el resultado de instrucciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos. En algunos círculos empecé a ser acusado de “agente del Gobierno de Estados Unidos”, de “colaborador y empleado de la CIA”, de “mercenario, cipayo y traidor a la patria”, de “farsante”, de “policía”, de “opaco”...

Rechacé las acusaciones mediante cartas al director, que en ocasiones publicaban, pero nunca con la misma notoriedad que la calumnia. Eran escritos inútiles porque ya había sido manchado por la difamación que es un líquido tan viscoso y pegajoso como esas humedades que destrozan construcciones. Ante el limitado efecto de mi defensa interpuse una demanda civil en 2005. Tras recorrer la instancia local y federal, el asunto llegó a los ministros de la Suprema Corte que el pasado 23 de mayo determinaron que la libertad de expresión acaba donde empieza el derecho al honor, a la vida privada, a la intimidad. El fallo define con mayor precisión conceptos clave para la construcción de un marco jurídico y eso orientará las decisiones futuras de otros juzgadores. Concluyeron, por ejemplo, que el honor es “un bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de estimación y confianza en el medio social donde se desenvuelve”. En mi demanda, la decisión de los ministros respaldó los fallos alcanzados por un juzgado capitalino (3 de julio del 2006) y uno federal (9 de febrero del 2007). Este último concluyó que “el contenido de 29 publicaciones” incluía “acusaciones maliciosas, malintencionadas o dolosas” que afectaban mi honor y que el demandado había hecho “afirmaciones categóricas” como si fueran una “noticia completamente veraz” lo que “jamás se probó durante el juicio”.

Los criterios definitivos todavía están en fermentación. En la única opinión divergente de la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro José Ramón Cossío mencionó ángulos que requieren de mayor desarrollo. ¿Debe tratarse de manera diferenciada la intimidad de los personajes públicos y de las personas privadas? ¿existen categorías de “personaje público” y en consecuencia, debe distinguirse entre un columnista y un político profesional? Por ahora, una tesis del juez federal Víctor Mota Cienfuegos merece resaltarse porque marca un método para resolver el conflicto entre derechos. La información transmitida –escribió— no debe deformar la realidad, ni dañar derechos de terceros. El periodismo, agrega, debe sujetarse a la “veracidad de los hechos sobre los que informa” y esto supone ante todo que el periodista se asegure de que lo transmitido como “hecho” fue contrastado con datos objetivos. Ésa es una de las claves para conciliar la libertad de expresión con el derecho de la sociedad a la información, al honor y a la intimidad. Desde esta perspectiva, la Constitución no debe ser utilizada por los negligentes que presentan como hechos incontrovertibles simples rumores, meras invenciones o insinuaciones insidiosas. Los jueces consideraron que sólo debe ampararse la “información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible”. En otras palabras, en la medida en la que los medios de comunicación se apeguen a los criterios imperantes en el periodismo profesional serán bastante más espaciadas las demandas por difamación que tanto están floreciendo en México.

Consideraciones de este tipo han llevado a los medios de otros países a establecer códigos de ética que incluyen la obligación de verificar la veracidad de lo difundido y a establecer la figura del defensor de los derechos del lector para que quienes se sienten agraviados tengan un método de apelación más inmediato y sin la lentitud y el costo inherentes a una demanda judicial. Pero eso forma parte del futuro. Ante la persistencia de hábitos perniciosos considero bastante útil el método empleado por Krauze: responder con rapidez y claridad a las críticas injustificadas. Cuando éstas rebasen los límites y propaguen infundios y mentiras el difamado tiene a su disposición recursos legales que, con todas sus limitaciones e imprecisiones son, ya, una alternativa realista para quienes se decidan a defender el honor de esa manera.

La miscelánea

Más allá de consignas o simpatías el hecho es que con la desaparición de Radio Caracas Televisión (RCTV) el Gobierno venezolano atacó la libertad de expresión. En marzo, el régimen de Hugo Chávez publicó un “Libro Blanco” en el que acusó a RCTV de “incitar a la rebelión” y de otros delitos igualmente graves. En caso de que así hubiese sido las autoridades pudieron haber llevado a la televisora ante los tribunales. Unas líneas de un comunicado de Human Rights Watch (22 de mayo) sintetizan lo sucedido: “No se estableció ningún procedimiento para que RCTV formule sus argumentos y presente evidencias a su favor. La decisión final tampoco estuvo basada en ningún criterio previamente establecido y no hubo ningún proceso de selección que le permitiera a RCTV presentar una solicitud para continuar con la concesión”. Aunque el Ejecutivo tuviera la facultad para negar la concesión tenía que respetar el debido proceso incluido en cualquier catálogo de los derechos humanos. Sigue entonces que estamos ante un ejercicio arbitrario de un Gobierno decidido a silenciar a un medio de comunicación crítico.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los desertores

sergioaguayo@infosel.net.mx
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La cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado cumple seis meses y el balance es negativo por la debilidad gubernamental y la fortaleza de un crimen organizado tan fortalecido que ayer atacó con granadas el cuartel policiaco de uno de los municipios con mayor concentración de poder del país: San Pedro Garza García en Nuevo León.

Vicente Fox tuvo un papel estelar en el debilitamiento del Estado. Entre 2000 y 2006 permitió que el crimen organizado se tragara gruesos bocados del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. En una investigación de próxima aparición sobre armas pequeñas y livianas en México, Georgina Sánchez ilustra algunos flancos débiles del Gobierno Federal. En el sexenio de Ernesto Zedillo desertaron 114 mil efectivos del Ejército; en cuanto a los seis años de Fox toma cifras oficiales de 2000-2003 para hacer una proyección y estimar que abandonaron el uniforme entre 130 y 135 mil. En 12 años un cuarto de millón de desertores una parte de los cuales son ahora mortíferos sicarios. En su texto, la especialista en seguridad también habla de que México está “sobre la cima de un volcán de violencia” alimentado por la abundancia de armas cortas. Existen 17 mil puntos de venta en el lado estadounidense de la frontera y ahí se adquirió una porción indeterminada de esos 3.5 y 16.5 millones de armas que había en el 2004 en nuestro país. Nuestros aduaneros o son invidentes o son corruptos porque según cifras oficiales sólo decomisaron mil 791 armas entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005. Menos de una al día.

La Procuraduría General de la República (PGR) foxista tampoco se distinguió por su entusiasmo. Un estudioso de la seguridad, Carlos Antonio Flores Pérez, tuvo la paciencia de revisar todos los boletines de prensa de la PGR entre 2000 y 2006 y presentó sus hallazgos en el encuentro organizado el pasado 22 de mayo ante la Red de Especialistas en Seguridad Pública. Rescato unas líneas de su ponencia: “la lucha contra la alta corrupción ligada al narcotráfico virtualmente se colapsó durante el sexenio de Vicente Fox. Mientras que en el mandato de Ernesto Zedillo se ordenó la detención de diversos servidores públicos de alto nivel, incluyendo a un gobernador y varios generales” el Gobierno de Fox “no procedió judicialmente contra ningún alto funcionario”. Calderón decidió enviar al Ejército a la guerra contra el narco y eso fue muy bien recibido por la sociedad. Meses después el balance todavía no es desesperado, pero sí es preocupante porque se mantienen las debilidades federales y porque el crimen organizado en lugar de bajar el perfil se enfrentó a la tropa y ejecuta funcionarios y militares y ataca cuarteles demostrando, una y otra vez, su organización, inteligencia y armamento. ¿Qué persiguen? Algunos de ellos sueñan con ganarse un corrido; sus estrategas más bien buscan amedrentar a la sociedad y debilitar más al Gobierno Federal.

Los militares patrullan y hacen operativos en plazas controladas por el narco, pero eso no evita que en la vida diaria éste imponga su Ley a corporaciones policiacas desmoralizadas. La determinación con la que la Policía sonorense se enfrentó y aniquiló a docenas de sicarios en Cananea es la excepción. El estado de ánimo prevaleciente lo expresó el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, el perredista Víctor Adolfo Mojica, al periodista Lemic Madrid: debe hacerse “un pacto con los grupos dedicados a la delincuencia organizada” porque enfrentarlos de manera directa es “un error” (Excélsior, 5/23/07). Se resquebraja por doquier la moral de las corporaciones policiacas y aumentan las indisciplinas. En las últimas semanas se han insubordinado policías en Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Tabasco y Veracruz por sus bajos salarios, la inseguridad del empleo y la precariedad de su armamento. Hace días La Jornada contó la historia de los policías municipales de San Salvador Atenco que hicieron un paro de labores porque tres de ellos fueron heridos al no poderse defender porque entre todos sólo traían un arma. Resulta que toda la Policía Municipal ¡sólo tenía seis pistolas (una por módulo de vigilancia) para dar seguridad a 600 mil habitantes! (05/11/07).

Ante tanta indefensión la sociedad se refugia en casa y simula una normalidad inexistente. La evasión es la norma y eso se refleja en el creciente número de medios y periodistas que optan por informar muy poco o nada sobre narcotráfico y violencia. Sólo los Quijotes suicidas hablan o dan detalles. El recientemente fallecido Arturo Solís –un periodista y defensor de los derechos humanos siempre dispuesto a defender principios— me confío semanas antes de su prematura muerte un incidente que ilustra la forma en que los narcos controlan Reynosa, Tamaulipas: “en mi programa de radio mencioné el nombre de un jefe policiaco con antecedentes de ligas con el narco; a los diez minutos ya me estaba llamando uno de los capos para advertirme que no volviera a mencionar al funcionario porque “ése es de los nuestros”. Estoy en contra de que las Fuerzas Armadas participen en el combate al narco aunque entiendo la inevitabilidad de hacerlo. Para que la victoria sea viable resultan insuficientes las proclamas y los spots publicitarios del comandante en jefe. Se requiere que el Gobierno Federal consolide su retaguardia y que se involucre en serio los estados y municipios concediendo, de entrada, salarios dignos a sus policías. Los desertores fueron un factor tras la derrota de 1847 ante Estados Unidos. ¿Sucederá lo mismo en esta guerra del siglo XXI?

La miscelánea

Incomprensible y contradictoria la decisión de Felipe Calderón de abrirse un flanco que polariza a la sociedad al autorizar a la PGR a meter, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una controversia constitucional para frenar la despenalización del aborto aprobada en la capital. En su columna del pasado lunes (Excélsior, 05/28/07) José Antonio Crespo recordó unas declaraciones de Felipe Calderón de marzo de 2006: sobre el aborto “tengo mis convicciones y principios… pero como Presidente no pienso imponer autoritariamente a nadie mis ideas”. Esas líneas le sirven a Crespo para señalar la contradicción: “pues ya estamos viendo hasta dónde llegaba esa tolerancia y esa pluralidad, pues la reforma que despenaliza el aborto fue aprobada por una abrumadora mayoría del órgano representativo de la capital”.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los presidentes

sergioaguayo@infosel.net.mx
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El presidente omnipotente y todopoderoso dejó de existir. Que el poder no esté concentrado, es la principal herencia de Vicente Fox y el drama de Felipe Calderón también es el origen de la fortaleza de los monopolios económicos y del sindicato encabezado por Elba Esther Gordillo que una vez más volvió a demostrar quién es la tatamandona de la educación pública.

La vida política del país se construyó en torno a la figura del presidente que dispensaba favores a los bien portados y castigaba a los indisciplinados. La famosa encuesta sobre cultura política en México de Gabriel Almond y Sidney Verba encontró, en 1959, que los mexicanos aceptaban el presidencialismo al que veían con “orgullo” y consideraban “benigno”. Eran los tiempos de maestros que exigían a los alumnos escribir con mayúsculas el Señor Presidente. Su fuerza se desgastó con los excesos de algunos presidentes y por la revolución cultural que transformó al país. En el plano político fue a partir de la década de los años sesenta cuando los opositores al régimen borraron sus diferencias ideológicas y encontraron diversas coincidencias. Una de las más importantes fue la exigencia de desmontar al presidencialismo. Pocos cuestionaban la utópica creencia de que ése era el pase que permitía el ingreso al olimpo del buen Gobierno. Nadie se preocupó por detallar la forma en que operaría el prodigio. Ese razonamiento orientó la estrategia de la lucha por elecciones limpias y confiables que puso como una de sus mayores prioridades extirpar la influencia del presidente en el Instituto Federal Electoral.

En esta historia Vicente Fox fue un protagonista empeñado en llevar hasta sus últimas consecuencias el credo antipresidencialista. Para marcar las diferencias disfrutaba del “tuteo” y se alejaba del solemne “usted”. Consideraba que un demócrata –y el así se veía—permitiría el desmantelamiento del presidencialismo. Los beneficios se repartieron de manera profundamente desigual. Las porciones más generosas se las llevaron gobernadores, monopolios de diverso tipo y cárteles del crimen organizado. La sociedad sólo recibió el acceso a la información, lo que en ocasiones le permite influir y en otras sólo constatar quiénes son los beneficiarios con el despilfarro de las riquezas nacionales. La debilidad del presidente no es percibida por la sociedad, la mayor parte de la cual sigue pensando que es el actor central. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2003 (ENCUP 2003) auspiciada por la Secretaría de Gobernación es bien reveladora. Cuando se pregunta quiénes influyen más en la vida política, las respuestas ponen al presidente en primer lugar superando con amplitud a partidos, grandes empresas, sindicatos y por supuesto, a la ciudadanía que es relegada al sótano de los marginados.

Quienes se beneficiaron con la redistribución del poder sí entienden perfectamente lo que ha pasado. Por eso llama la atención el argumento utilizado por las televisoras para defender la Ley Televisa. El diez de mayo Joaquín López Dóriga defendió en el Noticiero de Canal dos de Televisa a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) diciendo que hay decisiones del Poder Judicial que son “una vuelta al pasado. Va[n] en sentido opuesto al cambio democrático propuesto para establecer contrapesos al Ejecutivo”. TV Azteca agitó con más claridad el fantasma del presidencialismo. En el noticiero Hechos del 17 de mayo se aseguró que “la asignación discrecional de concesiones [de estaciones de radio y televisión] fue utilizada durante mucho tiempo por los presidentes como una forma de favorecer a los amigos y de pagar a los cómplices… En cambio, si [los presidentes] eran criticados, con la misma facilidad retiraban la concesión, disponiendo a su antojo del espacio radioeléctrico”. Es una defensa mañosa porque fue gracias a la discrecionalidad de esos presidentes que obtuvieron sus concesiones y privilegios. Felipe Calderón ha reaccionado con hermetismo frente a las puyas de las televisoras. Es una prudencia obligada porque el litigio se dirime en el Poder Judicial y porque, siendo honestos, es bastante poco lo que puede hacer en el tema. Su revolcada legitimidad y el poder famélico heredado de Fox apenas le alcanzó para enfrentar al narco en una guerra de resultados bastante inciertos. Las otras prioridades deben esperar mejores tiempos.

Frente a monopolios de otro tipo, el león de Los Pinos se transforma en apacible cordero. Tenemos semanas escuchando cifras escandalosas sobre el lamentable estado de la educación mexicana acompañadas, eso sí, de los discursos de Josefina Vázquez Mota prometiendo grandes transformaciones. No hacía falta, pero el lunes pasado se supo quién decide. En el Cuarto Congreso Nacional de Educación, Elba Esther Gordillo recicló su viejo discurso: reconocer las deficiencias y comprometer al gremio magisterial en una cruzada que mejorará la calidad siempre y cuando le entreguen mayores recursos. Volvió a alzarse con la victoria. En ese mismo acto el presidente anunció, entre otros beneficios, un aumento del 15 por ciento a los maestros de la zona económica. Sin mediar alguna mejoría simbólica en la calidad educativa se reconfirmó quién manda en la Secretaría de Educación Pública. En este panorama de presidente débil y sociedad indefensa, la Suprema Corte empezará a debatir la Ley Televisa este jueves 24. No participará el juez José Ramón Cosío cuyos puntos de vista hubieran enriquecido el debate. De los nueve que quedan, ocho tendrán que coincidir para que se invaliden algunos aspectos de esa Ley. De ese margen tan pequeño depende el saber si el Estado es capaz de una recuperación que le permita cumplir mínimamente con sus deberes.

La miscelánea

En las elecciones de Yucatán se confirma que lo sucedido en 2006 no fue la excepción. Además de programa, imagen y base social los candidatos deben tener recursos abundantes y una disposición a utilizar todas las mañas a su alcance. De Yucatán se desprende el olor de la sospecha: ¿cuánto se gastó, qué tanto se metieron los gobernadores todopoderosos, cuán eficaces fueron las campañas negativas? La fetidez se extiende a todo el país. Ahora viene la guerra por Baja California una entidad gobernada por el PAN sobre la cual descenderá la ola roja de un PRI envalentonado. Y volverán las mismas denuncias y seguiremos insatisfechos con leyes electorales rebasadas en cada elección competida.

Kikka Roja