- Presentan en corte de EU denuncia contra la firma alemana
- Siemens sobornó a alto funcionario de Pemex, acusan
- Gestor recibió 2.6 mdd; éste pagó al empleado de la paraestatal, señalan
- El desembolso ilícito, para arreglar disputa por sobrecostos en obras
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) denunció ante una corte de Columbia, Washington, que la empresa alemana Siemens pagó 2.6 millones de dólares a un gestor quien a su vez entregó una cantidad de dinero a un alto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ayudar en un arreglo de una disputa por sobrecostos en obras de modernización de refinerías. El expediente, con la clave CV-02167, describe que en el tramo final de 2004, Siemens PG y Siemens SA de CV hicieron tres pagos ilícitos a ese consultor no identificado. Una parte de ese dinero fue entregado por el asesor al alto funcionario de Pemex tampoco identificado, quien aparentemente estaba en una posición capaz de influir en el acuerdo. La empresa Siemens está dispuesta a invertir hasta 300 millones de dólares al año en proyectos que licite Pemex, señaló el vicepresidente para Mesoamérica, Mario Pacón.Consideró que la paraestatal es la segunda empresa más importante para el grupo, donde además se pueden destinar recursos, por lo que “es un objetivo ambicioso”. Cabe recordar que México no ha construido una refinería desde 1979. Agregó que con la recién aprobada reforma energética habrá oportunidades para participar en los proyectos, sobre todo con la nueva refinería que pretende construir el gobierno mexicanoLa disputa de la paraestatal con la empresa germana se originó después de que el Consorcio Proyecto Cadereyta, conformado por la alemana Siemens, la coreana Sunkyong Engineering y la mexicana Triturados Basálticos (Tribasa), entregó en 2001 las obras inconclusas y con sobrecostos. Este consorcio, que ganó las licitaciones para las modernizaciones de las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y Ciudad Madero, Tamaulipas, sostiene una disputa con Pemex ante la corte internacional de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, por los errores de planeación y el sobrecosto, así como diversos incumplimientos. En el litigio que aún no se resuelve, la contratista reclama a Pemex un pago superior a 500 millones de dólares.
Notificación al órgano de control
Al respecto, Pemex informó que como en todos los casos de denuncias de corrupción, la Dirección General, a cargo de Jesús Reyes Heroles, turnará de inmediato un oficio al Órgano Interno de Control solicitándole que realice las investigaciones para deslindar responsabilidades. Siemens fue acusada por la autoridad supervisora del mercado bursátil de Estados Unidos de efectuar pagos sistemáticos de sobornos en diversos países, como Venezuela, Brasil, Argentina, México, China, Bangladesh, Vietnam, Nigeria y Rusia, entre otros.
En sus alegatos ante una corte de Columbia, la SEC denunció que la compañía teutona entregó 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios “políticamente conectado”, quien a su vez dio una parte de esa suma a un alto funcionario de la paraestatal para “ayudar en el arreglo de una disputa por sobrecostos en relación con la modernización de tres refinerías”.Adicionalmente se informó por separado que Pemex le solicitará a Siemens por escrito que precise y amplíe la información, que detalle los nombres, incluyendo el asesor externo de la empresa alemana y, por supuesto, que realice la denuncia correspondiente ante las autoridades mexicanas.Además, la Secretaría de la Función Pública deberá tomar cartas en el asunto para realizar su propia investigación que seguirá de oficio, comentaron fuentes cercanas a la petrolera.Según la investigación, los pagos fueron hechos con conocimiento y aprobación del entonces director de Siemens en México y estaban respaldados por facturas que acreditaban aparentes servicios de consultoría que no fueron realizados o solamente están vagamente fundamentados.Esta querella no deja claro si los actos de corrupción denunciados ocurrieron durante la administración de Raúl Muñoz Leos o al inicio de la gestión de Luis Ramírez Corzo, quien fue director de la paraestatal a partir del primero de noviembre de 2004.El consorcio encabezado por Siemens entregó a destiempo y con fallas las obras en Caderyta en 2001 y el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, aceptó como terminados los trabajos, cuyo precio final se elevó en más de 40 por ciento, ya que se elevó a 3 mil millones de dólares.
Por su parte, el presidente del Consejo de Vigilancia de Siemens, Gerhard Cromme, en Munich, Alemania, se manifestó aliviado por el acuerdo alcanzado con la SEC por un pago sistemático de sobornos descubiertos en diversos países.La SEC multó a Siemens con cerca de mil 400 millones de dólares por el pago de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en diferentes naciones, entre ellas México..Cromme consideró que el acuerdo con la SEC “da carpetazo a los principales casos e investigaciones” sobre corrupción. Precisó que hay causas pendientes en otros países, pero matizó que “las sanciones allí tendrán en cualquier caso una dimensión menor”.En Brasil las autoridades investigan también si hubo sobornos a funcionarios de Petrobras, mientras que en México el abogado de Pemex, Néstor García, fue notificado por la Corte Internacional de Comercio del fallo que obligaría a la paraestatal a pagar un monto de entre 500 y 600 millones de dólares.Actualmente, el principal cliente mexicano del consorcio Siemens, productora de equipo electrónico, es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pemex: la corrupción y el saqueo
De acuerdo con un documento de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la compañía multinacional de matriz alemana Siemens realizó pagos ilícitos por aproximadamente 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios “políticamente bien conectado”, a fin de sobornar a un alto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que ayudara “en el arreglo de una disputa sobre costos en relación con la modernización de tres refinerías”, obras que además se entregaron a destiempo y con deficiencias. Esta información empata con el fallo anunciado por la Corte Internacional de Comercio, con sede en París, en el sentido de que Pemex tendría que pagar alrededor de 600 millones de dólares a la mencionada Siemens y a la coreana Sunkyong –integrantes del Consorcio Proyecto Cadereyta–, y tiene como telón de fondo las investigaciones realizadas por la propia SEC en contra del conglomerado tecnológico alemán, por presuntos casos de corrupción en la adjudicación de contratos de obras públicas en distintos países –Argentina, Venezuela, Nigeria, China, Bangladesh, Vietnam y Rusia–, gracias a los cuales la compañía ha obtenido ganancias multimillonarias.En el caso de México, los señalamientos de la SEC se inscriben en el largo historial de componendas entre intereses particulares y autoridades de distintos niveles, que redundan en el saqueo sostenido de la riqueza petrolera nacional y de los recursos económicos que ésta genera: desde el robo de gasolinas y el “ordeñamiento” de tuberías, hasta arreglos impresentables en los altos círculos directivos –como los que se comentan–, pasando por la corrupción que campea en el seno del sindicato de la paraestatal.
A esas formas de saqueo ilegal habría que agregar la que ejerce el gobierno federal sobre las arcas del organismo, por la vía de la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos.En meses pasados, cuando el grupo que detenta el poder insistía en su intento por privatizar los segmentos más redituables de la industria nacional de los hidrocarburos, en el discurso oficial se pretendió presentar a Pemex como una empresa improductiva, económicamente inviable y prácticamente en quiebra. Ese argumento fue repetido hasta la saciedad con el inocultable fin de influir en la opinión de la ciudadanía en torno a la pretendida urgencia de permitir la apertura de la industria petrolera al capital privado. En cambio, el gobierno apenas mencionó la necesidad de moralizar el aparato administrativo de la empresa y el conjunto de la administración pública federal; de combatir la asfixiante corrupción que invade las esferas del poder público y de imponer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más estrictos para los funcionarios de todos los niveles.
Tales medidas son, sin embargo, imprescindibles: al día de hoy no hay garantía alguna de que episodios como el que presuntamente involucra a Siemens y a funcionarios de la paraestatal no se repetirán. Es significativa, al respecto, la intención anunciada por el consorcio alemán de realizar inversiones millonarias en los proyectos energéticos que se liciten en el futuro. A juzgar por los antecedentes, esta posibilidad reviste un riesgo inaceptable para la paraestatal.Es obligatorio, en suma, que las acusaciones mencionadas sean esclarecidas, por elementales razones de transparencia y legalidad, pero también como una medida para prevenir nuevos desfalcos en el futuro. Del mismo modo, se debe avanzar en un proceso de depuración profunda y efectiva de la estructura administrativa de Pemex y del conjunto del gobierno; de lo contrario, no desaparecerán los vicios y las corruptelas que imperan en ese organismo y que, amén de consideraciones éticas, constituyen un factor de estrangulamiento para las finanzas de la empresa y un lastre fundamental para su fortalecimiento y modernización.
A esas formas de saqueo ilegal habría que agregar la que ejerce el gobierno federal sobre las arcas del organismo, por la vía de la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos.En meses pasados, cuando el grupo que detenta el poder insistía en su intento por privatizar los segmentos más redituables de la industria nacional de los hidrocarburos, en el discurso oficial se pretendió presentar a Pemex como una empresa improductiva, económicamente inviable y prácticamente en quiebra. Ese argumento fue repetido hasta la saciedad con el inocultable fin de influir en la opinión de la ciudadanía en torno a la pretendida urgencia de permitir la apertura de la industria petrolera al capital privado. En cambio, el gobierno apenas mencionó la necesidad de moralizar el aparato administrativo de la empresa y el conjunto de la administración pública federal; de combatir la asfixiante corrupción que invade las esferas del poder público y de imponer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más estrictos para los funcionarios de todos los niveles.
Tales medidas son, sin embargo, imprescindibles: al día de hoy no hay garantía alguna de que episodios como el que presuntamente involucra a Siemens y a funcionarios de la paraestatal no se repetirán. Es significativa, al respecto, la intención anunciada por el consorcio alemán de realizar inversiones millonarias en los proyectos energéticos que se liciten en el futuro. A juzgar por los antecedentes, esta posibilidad reviste un riesgo inaceptable para la paraestatal.Es obligatorio, en suma, que las acusaciones mencionadas sean esclarecidas, por elementales razones de transparencia y legalidad, pero también como una medida para prevenir nuevos desfalcos en el futuro. Del mismo modo, se debe avanzar en un proceso de depuración profunda y efectiva de la estructura administrativa de Pemex y del conjunto del gobierno; de lo contrario, no desaparecerán los vicios y las corruptelas que imperan en ese organismo y que, amén de consideraciones éticas, constituyen un factor de estrangulamiento para las finanzas de la empresa y un lastre fundamental para su fortalecimiento y modernización.
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