Derechos en tiempo de crisis Javier González Garza 10 Ene. 09 El balance que arroja 2008 es a todas luces desolador. El año viejo nos ha dejado un nivel de desempleo mayor al de 2005, la mayor inflación en ocho años, más de 5 mil ejecutados en todo el país y una creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Frente a una crisis económica estructural que ya resienten miles de familias mexicanas el gobierno federal ha anunciado un paquete de medidas que intentarán paliar los efectos de dicha crisis. La mayoría de los mexicanos plantea algo muy racional: bajen precios o aumenten salarios. Lo anunciado por Calderón el pasado miércoles no responde a esa exigencia pues no plantea atacar causas, prefiere atender efectos. El nuevo "acuerdo" de Palacio Nacional parece añorar los "pactos" de antaño. Se hizo al más puro estilo de las peores épocas priistas pues no estuvo precedido de ninguna discusión con los sectores sociales, ni siquiera con el Poder Legislativo, pero lo que es peor, no alcanza a comprometer en nada a sus aliados del poder empresarial o a los caciques sindicales. El "acuerdo" es en realidad un anuncio que elude responsabilizarse. Acaso la medida más importante planteada por Calderón es el congelamiento de los precios de la gasolina. Pero ello parece más un castigo que un alivio, pues no se moverá el precio de los combustibles luego de 34 aumentos consecutivos, cuando los combustibles en México cuestan mucho más que en Estados Unidos y las gasolinas reducen su precio en Europa y el resto de América. Si el gobierno federal estuviera comprometido con la economía familiar podría disminuir el precio de las gasolinas sin afectar el presupuesto, pues tiene un margen de cuando menos 130 mil millones de pesos, monto en que se estimó el subsidio a la gasolina y diesel en la Ley de Ingresos y que este año no se usará. Por lo demás la mayoría de las 25 acciones anunciadas están ya contempladas en el paquete económico aprobado por el Congreso para 2009 o constituyen obligaciones legales a las que el Ejecutivo federal no se puede rehusar. En las medidas para enfrentar esta crisis el gobierno no modifica el modelo impuesto durante los últimos 25 años, que ha provocado concentración del ingreso y millones de pobres en el país. No se menciona nada de recuperación salarial ni de austeridad en el gasto del gobierno. Acción Nacional tiene bloqueada la Ley de Salarios Máximos que permitiría al gobierno generar ahorros que podrían ser canalizados hacia los sectores más vulnerables en estos momentos. La preocupación de Calderón por el bienestar popular parece una simulación cuando no se está dispuesto a renunciar a las canonjías y beneficios de los altos funcionarios. Por ello es necesario redoblar esfuerzos en el Legislativo, pues además de la legislación pendiente debemos asumir un compromiso para atender los graves problemas sociales que enfrentaremos este año. Iniciaremos en breve el último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura. Debemos hacernos cargo de los temas relevantes para mejorar nuestra convivencia social y la economía popular. Es indispensable aprobar ya una reforma constitucional sobre derechos humanos que sea integral y que contemple los tratados internacionales que México ha ratificado en dicha materia. Ello complementaría también las reformas en seguridad y justicia que se han aprobado recientemente. Asimismo debemos concluir la legislación de figuras de democracia directa como el referéndum y el plebiscito que robustecerían nuestras instituciones y que son temas sobre los cuales ya existen acuerdos políticos importantes. Debemos completar la reforma electoral reformando la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Radio y Televisión regulando el derecho de réplica y adecuando el Código Penal Federal para afrontar el proceso electoral en curso. Se debe aprobar la nueva Ley Federal de Transparencia para adecuarla a la reciente reforma del artículo 6o. constitucional. Es necesario también completar la reforma del Estado, discutir la ratificación y revocación de mandato, promover iniciativas preferentes de las Cámaras, eliminar el veto de bolsillo y ampliar el periodo de sesiones legislativas. Debe destacarse otro gran pendiente: las garantías sociales. Hoy más que nunca, frente a un escenario de crisis económica que se complica con una previsible crisis alimentaria y fenómenos como el cambio climático global, debemos priorizar los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Por ejemplo, debemos elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, al agua potable, a la salud, a la vivienda, a la educación en todos niveles, a la cultura, al desarrollo de la ciencia y tecnología; al trabajo y a una pensión. El Estado debe garantizar que estos derechos sean exigibles jurídicamente. La crisis económica por la que atravesamos podría provocar mayores niveles de concentración del capital, pero también, si existe voluntad política y compromiso social, podría ser una gran oportunidad para mejorar la distribución de la riqueza a partir de cambios en el modelo económico. El principal problema del país es la desigualdad. Hagamos lo necesario para resolverlo. |
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