1. Los recientes documentos diplomáticos sobre México filtrados por Wikileaks dan cuenta de algo muy serio que el gobierno de facto calderonista ha tratado en vano de soslayar, y es la actitud de las fuerzas armadas ante las tareas inconstitucionales que se les está obligando a desempeñar en la supuesta “guerra contra el narco”.
2. El general Guillermo Galván García (titular de la Sedena), conforme a cables diplomáticos de la embajada estadunidense de fecha 26 de octubre de 2009 (La Jornada, 27 de diciembre), en una reunión con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, le pidió aumentar la cooperación de la inteligencia estadunidense en la guerra, demandándole a la DEA estrechar su trabajo con ellos ante la desconfianza que tienen tanto de las autoridades mexicanas como de los cuerpos policiales federales, locales y municipales, por lo que le comentó avalaba el despliegue permanente que se hizo entonces de dos oficiales del Centro de Inteligencia de El Paso que ayudarían a difundir rápida información a la comandancia militar en Ciudad Juárez. Galván, ya sin ningún reparo, le comunicó además al funcionario estadunidense que el Ejército estaría dispuesto a aceptar cualquier adiestramiento de Washington pues, según le aseveró, sus tareas proseguirían por 10 años más, por lo que están exigiendo del Congreso se modifique el marco constitucional para hacer legal su función policiaca, ya que se sienten incómodos con la situación actual.
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