editorial
Aun mes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decretó el cierre definitivo –en un plazo máximo de un año– de la prisión de Guantánamo, la Corte de Apelaciones de París ordenó la libertad de cinco franceses que estuvieron recluidos en ese campo de concentración, los cuales habían sido condenados en primera instancia por presuntos vínculos con actividades terroristas. El tribunal documentó irregularidades en las investigaciones y los interrogatorios a que fueron sometidos entre 2002 y 2004, y concluyó que ningún elemento permitía determinar la culpabilidad de los acusados.
Estas absoluciones se suman a la liberación, el pasado lunes, del ciudadano británico de origen etiope Binyam Mohamed, arrestado injustificadamente en 2002 en Pakistán –adonde había ido a someterse a un tratamiento contra las adicciones–, trasladado a Marruecos y a Afganistán, y posteriormente acusado por terrorismo y crímenes de guerra y recluido en Guantánamo más de cuatro años, lapso en el que permaneció incomunicado y fue víctima de torturas por las fuerzas armadas estadunidenses.
Estos casos son sólo botones de muestra del cúmulo de atrocidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos con el pretexto de la llamada guerra contra el terrorismo, cruzada que condujo a un auge del espíritu unilateral, injerencista y arbitrario de la nación más poderosa del mundo durante la administración de George W. Bush; que se tradujo en masivos y graves actos contra los derechos humanos en el planeta y significó la degradación moral de Washington y de la comunidad internacional en su conjunto, pues ésta toleró, durante más de un lustro, prácticas abominables como la institucionalización de la tortura a los combatientes enemigos, la operación de una vasta red de secuestro y traslado aéreo de sospechosos de terrorismo, y la administración por militares estadunidenses de campos de tortura y asesinato como Abu Ghraib y el propio Guantánamo, todo ello sin mencionar los cientos de miles de muertos civiles y la infame destrucción material en Afganistán e Irak.
El tormento sufrido por cientos de personas inocentes, lejos de concluir con la excarcelación, pudiera continuar en sus lugares de origen, y es significativa, al respecto, la solicitud realizada por diversas organizaciones humanitarias a las autoridades de la Unión Europea para que acoja a unos 60 detenidos de Guantánamo –originarios de países como Argelia, Libia, China, Egipto o Uzbekistán– que han sido exculpados por las autoridades de Estados Unidos pero que no pueden volver a sus países por el temor a ser detenidos o torturados.
Ante esta situación, es claro que la responsabilidad de Estados Unidos no puede ni debe limitarse al cierre de cárceles como Guantánamo y a la liberación de los presos. Tiene la obligación de mostrar, como mínimo, voluntad para reconocer, primero, que el gobierno anterior cometió durante años crímenes de lesa humanidad que no deben permanecer impunes, y para emprender, en consecuencia, las pesquisas correspondientes y, en su caso, instruir procesos legales contra personajes como George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Justicia, Roberto Gonzales, y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, sobre quienes puede presumirse responsabilidad penal por esos delitos. Esto cobra especial relevancia en un momento en que persisten, en los altos círculos de la política estadunidense, voces que reclaman la continuidad de la política criminal e inhumana de Washington, como es el caso del propio Cheney, quien ha afirmado que Guantánamo no debe ser cerrado en tanto no concluya la guerra contra el terrorismo, y el senador republicano por Oklahoma, Jim Inhofe, quien ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la transferencia de los detenidos en la base militar e incluso ha afirmado, en un video en Internet, que los presos en Guantánamo gozan de privilegios como el acceso a dentistas y revisiones médicas, y que esa es la prueba de que nunca han sufrido ningún maltrato.
En la medida en que el nuevo gobierno de Washington no complete el proceso que ha iniciado con el cierre de Guantánamo, difícilmente podrá revertir por completo su imagen negativa en el mundo ni podrá avanzar en la reconstrucción moral que necesita, pues será responsable de la impunidad de un agravio cometido contra la humanidad en su conjunto. El gobierno de Obama tiene la palabra.
Estas absoluciones se suman a la liberación, el pasado lunes, del ciudadano británico de origen etiope Binyam Mohamed, arrestado injustificadamente en 2002 en Pakistán –adonde había ido a someterse a un tratamiento contra las adicciones–, trasladado a Marruecos y a Afganistán, y posteriormente acusado por terrorismo y crímenes de guerra y recluido en Guantánamo más de cuatro años, lapso en el que permaneció incomunicado y fue víctima de torturas por las fuerzas armadas estadunidenses.
Estos casos son sólo botones de muestra del cúmulo de atrocidades cometidas por el gobierno de Estados Unidos con el pretexto de la llamada guerra contra el terrorismo, cruzada que condujo a un auge del espíritu unilateral, injerencista y arbitrario de la nación más poderosa del mundo durante la administración de George W. Bush; que se tradujo en masivos y graves actos contra los derechos humanos en el planeta y significó la degradación moral de Washington y de la comunidad internacional en su conjunto, pues ésta toleró, durante más de un lustro, prácticas abominables como la institucionalización de la tortura a los combatientes enemigos, la operación de una vasta red de secuestro y traslado aéreo de sospechosos de terrorismo, y la administración por militares estadunidenses de campos de tortura y asesinato como Abu Ghraib y el propio Guantánamo, todo ello sin mencionar los cientos de miles de muertos civiles y la infame destrucción material en Afganistán e Irak.
El tormento sufrido por cientos de personas inocentes, lejos de concluir con la excarcelación, pudiera continuar en sus lugares de origen, y es significativa, al respecto, la solicitud realizada por diversas organizaciones humanitarias a las autoridades de la Unión Europea para que acoja a unos 60 detenidos de Guantánamo –originarios de países como Argelia, Libia, China, Egipto o Uzbekistán– que han sido exculpados por las autoridades de Estados Unidos pero que no pueden volver a sus países por el temor a ser detenidos o torturados.
Ante esta situación, es claro que la responsabilidad de Estados Unidos no puede ni debe limitarse al cierre de cárceles como Guantánamo y a la liberación de los presos. Tiene la obligación de mostrar, como mínimo, voluntad para reconocer, primero, que el gobierno anterior cometió durante años crímenes de lesa humanidad que no deben permanecer impunes, y para emprender, en consecuencia, las pesquisas correspondientes y, en su caso, instruir procesos legales contra personajes como George W. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario de Justicia, Roberto Gonzales, y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, sobre quienes puede presumirse responsabilidad penal por esos delitos. Esto cobra especial relevancia en un momento en que persisten, en los altos círculos de la política estadunidense, voces que reclaman la continuidad de la política criminal e inhumana de Washington, como es el caso del propio Cheney, quien ha afirmado que Guantánamo no debe ser cerrado en tanto no concluya la guerra contra el terrorismo, y el senador republicano por Oklahoma, Jim Inhofe, quien ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la transferencia de los detenidos en la base militar e incluso ha afirmado, en un video en Internet, que los presos en Guantánamo gozan de privilegios como el acceso a dentistas y revisiones médicas, y que esa es la prueba de que nunca han sufrido ningún maltrato.
En la medida en que el nuevo gobierno de Washington no complete el proceso que ha iniciado con el cierre de Guantánamo, difícilmente podrá revertir por completo su imagen negativa en el mundo ni podrá avanzar en la reconstrucción moral que necesita, pues será responsable de la impunidad de un agravio cometido contra la humanidad en su conjunto. El gobierno de Obama tiene la palabra.
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