Horizonte político
José A. Crespo
Drogas: seguir a Estados Unidos
Quienes consideramos que la opción menos mala para enfrentar las drogas sería su despenalización (gradual, cuidadosa, exploratoria) y tratar el problema como uno de salud pública (según ocurre con el alcohol y el tabaco), estamos conscientes de la dificultad política para instrumentar dicha estrategia. Sabemos que mientras Estados Unidos se oponga a esa medida, sería imposible aplicarla, pues la presión de ese país en sentido contrario sería irresistible para los débiles gobiernos latinoamericanos. Por sus declaraciones, parecería que Felipe Calderón pertenece al grupo de quienes así piensan, contrariamente a lo que se infiere de su costosa estrategia contra el narcotráfico. Al menos eso sugieren algunas de sus declaraciones, hechas a propósito de su II Informe de Gobierno. Ante la pregunta de la conductora Denise Maerker sobre si “¿no sería más barato en recursos y en vidas humanas, promover la legalización de las drogas?”, Calderón respondió: “Esa es una alternativa que por supuesto tendrá que explorarse (pero) debe ser un esfuerzo universal que yo no veo… Entiendo la lógica, que es matar el estímulo económico que da la prohibición misma. Pero si la prohibición subsiste, por ejemplo, del lado de la frontera norte, ni se mata el estímulo económico y sí se genera que se agrave el tema de la impunidad” (01/09/08). De acuerdo con esto, el principal problema que ve Calderón en la despenalización es que no se aplique también en Estados Unidos, debido a que el comercio ilícito continuaría.
Pero he aquí que Estados Unidos ya legalizó una parte de ese comercio, es decir, la cannabis. No lo hizo a nivel nacional, es cierto, pero sí en 13 de sus entidades federativas. Eso demuestra que para despenalizar la mariguana no es indispensable esperar a que todo el mundo lo haga (y ni siquiera el continente). En las entidades de la Unión Americana que ya lo hicieron ni siquiera aguardaron a que fuera una medida nacional: lo decidieron de manera soberana sin importar que persista la política de prohibición en el resto de ese país. Lo que México podría hacer para modificar su malograda política de drogas —con vistas a golpear el poder económico de los cárteles, que se traduce en poder político, capacidad de corrupción y desafío armado— es seguirle los pasos a Estados Unidos o, mejor dicho, a algunos de sus estados que decidieron ya despenalizar la mariguana. Es el caso específico de California, la quinta economía del mundo, que además hace frontera con México (en particular con Tijuana, una de las “ciudades fallidas” que han sucumbido al desgobierno y la anarquía producto de la guerra contra el narco).
Se trataría, pues, de despenalizar la mariguana con una lógica pragmática (enfrentar el problema con los menores costos humanos y sociales posibles), pero no a partir de un patrón distinto del seguido por los estadunidenses. Sería más fácil, y políticamente más viable, adoptar una legislación semejante a la de, por ejemplo, California, donde es legal cultivar, vender y consumir la mariguana para propósitos terapéuticos. Hacerlo en México con fines recreativos tiene menor viabilidad política (muy poca, en realidad). En California se puede ir al médico y solicitar una receta para comprar mariguana en tiendas legales, si es que se padece —o se dice padecer— dolor de cabeza, inapetencia o insomnio (pues la mariguana sirve para relajar el cuerpo, generar hambre y provocar sueño). El paciente debe pagar por la receta aproximadamente 20 dólares y con ella puede ir a una tienda legal para adquirir una cantidad determinada de mariguana, la cual es de mejor calidad que la obtenible en el mercado negro. Muchos consumidores prefieren hacer tales trámites y pagos adicionales porque obtendrán un producto de mayor calidad y, por ende, menos dañino a su salud. De adoptarse en todo México la legislación californiana (o una adaptación que no la rebase), Washington no tendría elementos políticos para presionarnos, pues nuestra respuesta natural sería, ¿y por qué en 13 entidades de la Unión Americana sí se permite adoptar dicha legislación? Se trataría de no avanzar ningún paso más allá que en Estados Unidos, para no dar pie a las presiones políticas consecuentes. De hecho, el gobierno de Barack Obama quizá fuese más sensible a esa eventual decisión por parte de México, pues ese presidente consumió en su juventud mariguana y cocaína, según ha dicho.
¿Qué ganaría México con ello? Desfondar buena parte de los ingresos de los cárteles mexicanos. ¿El tráfico ilegal podría continuar hacia las entidades estadunidenses que no han despenalizado la hierba? En principio, sí, pero de la misma forma en que puede ocurrir —y seguramente sucede ya— entre los estados de la Unión Americana. Si tal tráfico no genera allá una violencia como la de aquí, se debe a que el gobierno de ese país ha optado por seguir una estrategia distinta de la nuestra (combatir más la demanda que la oferta). En lugar de desgañitarnos en una guerra cuyo único resultado ha sido elevar la violencia y la inseguridad —y que va escalando en el rango de las víctimas— y el alza de la producción y el consumo de enervantes, más valdría seguir los pasos de Estados Unidos en materia de despenalización.
Al menos, las alternativas a la actual estrategia debieran discutirse seriamente en seminarios especializados convocados por el Congreso de la Unión. Eso ayudaría más que el lodo que los partidos se lanzan a propósito del fracaso de la estrategia calderonista en este tema. Y es que, si no hacemos algo eficaz al respecto, “el próximo presidente podría ser un narco”, según parece haber advertido Calderón a distinguidos priistas, en ríspida reunión celebrada en Los Pinos.
Pero he aquí que Estados Unidos ya legalizó una parte de ese comercio, es decir, la cannabis. No lo hizo a nivel nacional, es cierto, pero sí en 13 de sus entidades federativas. Eso demuestra que para despenalizar la mariguana no es indispensable esperar a que todo el mundo lo haga (y ni siquiera el continente). En las entidades de la Unión Americana que ya lo hicieron ni siquiera aguardaron a que fuera una medida nacional: lo decidieron de manera soberana sin importar que persista la política de prohibición en el resto de ese país. Lo que México podría hacer para modificar su malograda política de drogas —con vistas a golpear el poder económico de los cárteles, que se traduce en poder político, capacidad de corrupción y desafío armado— es seguirle los pasos a Estados Unidos o, mejor dicho, a algunos de sus estados que decidieron ya despenalizar la mariguana. Es el caso específico de California, la quinta economía del mundo, que además hace frontera con México (en particular con Tijuana, una de las “ciudades fallidas” que han sucumbido al desgobierno y la anarquía producto de la guerra contra el narco).
Se trataría, pues, de despenalizar la mariguana con una lógica pragmática (enfrentar el problema con los menores costos humanos y sociales posibles), pero no a partir de un patrón distinto del seguido por los estadunidenses. Sería más fácil, y políticamente más viable, adoptar una legislación semejante a la de, por ejemplo, California, donde es legal cultivar, vender y consumir la mariguana para propósitos terapéuticos. Hacerlo en México con fines recreativos tiene menor viabilidad política (muy poca, en realidad). En California se puede ir al médico y solicitar una receta para comprar mariguana en tiendas legales, si es que se padece —o se dice padecer— dolor de cabeza, inapetencia o insomnio (pues la mariguana sirve para relajar el cuerpo, generar hambre y provocar sueño). El paciente debe pagar por la receta aproximadamente 20 dólares y con ella puede ir a una tienda legal para adquirir una cantidad determinada de mariguana, la cual es de mejor calidad que la obtenible en el mercado negro. Muchos consumidores prefieren hacer tales trámites y pagos adicionales porque obtendrán un producto de mayor calidad y, por ende, menos dañino a su salud. De adoptarse en todo México la legislación californiana (o una adaptación que no la rebase), Washington no tendría elementos políticos para presionarnos, pues nuestra respuesta natural sería, ¿y por qué en 13 entidades de la Unión Americana sí se permite adoptar dicha legislación? Se trataría de no avanzar ningún paso más allá que en Estados Unidos, para no dar pie a las presiones políticas consecuentes. De hecho, el gobierno de Barack Obama quizá fuese más sensible a esa eventual decisión por parte de México, pues ese presidente consumió en su juventud mariguana y cocaína, según ha dicho.
¿Qué ganaría México con ello? Desfondar buena parte de los ingresos de los cárteles mexicanos. ¿El tráfico ilegal podría continuar hacia las entidades estadunidenses que no han despenalizado la hierba? En principio, sí, pero de la misma forma en que puede ocurrir —y seguramente sucede ya— entre los estados de la Unión Americana. Si tal tráfico no genera allá una violencia como la de aquí, se debe a que el gobierno de ese país ha optado por seguir una estrategia distinta de la nuestra (combatir más la demanda que la oferta). En lugar de desgañitarnos en una guerra cuyo único resultado ha sido elevar la violencia y la inseguridad —y que va escalando en el rango de las víctimas— y el alza de la producción y el consumo de enervantes, más valdría seguir los pasos de Estados Unidos en materia de despenalización.
Al menos, las alternativas a la actual estrategia debieran discutirse seriamente en seminarios especializados convocados por el Congreso de la Unión. Eso ayudaría más que el lodo que los partidos se lanzan a propósito del fracaso de la estrategia calderonista en este tema. Y es que, si no hacemos algo eficaz al respecto, “el próximo presidente podría ser un narco”, según parece haber advertido Calderón a distinguidos priistas, en ríspida reunión celebrada en Los Pinos.
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