Alejandro Nadal
Mientras prosigue la desintegración del sistema financiero internacional, las amenazas sobre el medio ambiente se hacen más peligrosas. Ambos procesos van de la mano. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció en noviembre pasado que tiene la intención de considerar libre de riesgos a un maíz genéticamente modificado generado por la empresa Syngenta para la producción de etanol. El plazo para recibir comentarios sobre esta postura acaba de expirar. La desregulación que podría decretar la USDA en estos días daría luz verde a la primera siembra a escala comercial de un maíz genéticamente modificado para fines industriales.
Syngenta desarrolló este maíz para reducir el costo de producir etanol. El maíz ha sido modificado insertando un transgen ensamblado con materiales de microorganismos que proliferan en aguas con muy altas temperaturas. Ese maíz no está destinado al consumo humano. La planta así transformada puede producir en gran cantidad la enzima termoestable alfa-amilasa, que permite romper la cadena de almidón del maíz a las altas temperaturas que intervienen en la producción de etanol. El nuevo proceso evita usar la enzima como insumo exógeno y supuestamente reducirá costos, haciendo al bio-etanol de maíz más competitivo. En plena crisis, a Syngenta eso le parece muy atractivo.
Esta trasnacional es una de las empresas que más se benefició con la crisis de precios de productos agrícolas. El año pasado su facturación creció 26 por ciento y sus ganancias superaron los mil 400 millones de dólares. Pero en el ramo de biocombustibles los números indican claramente que el etanol de maíz no puede competir con los combustibles fósiles. El subsidio que reciben los productores de etanol sólo les permite sobrevivir si el petróleo cuesta 80 dólares por barril. Como los precios del crudo se mantienen deprimidos, los que apostaron a favor del etanol maicero están tronando. Frente a una pelea incierta por más subsidios, la reducción de costos es vista por Syngenta como la solución.
La producción de etanol de maíz es un proceso industrial rudimentario, ineficiente y el balance energético final es malo. El ahorro en emisiones de gases invernadero del etanol no es evidente. El maíz transgénico no alterará esto. Pero las dificultades no se detienen aquí. Ahora el problema es que un maíz dotado de una proteína para fines industriales será sembrado en millones de hectáreas colindantes con campos de maíz para consumo humano. La contaminación de toda la cadena alimenticia será inmediata y más temprano que tarde, llegará a México, centro de origen del maíz.
Los efectos sobre la salud y los ecosistemas no han sido bien analizados, pero las consecuencias económicas y legales negativas se multiplicarán ad nauseam. Los productores de maíz orgánico verán sus campos invadidos por materiales transgénicos, perderán su certificación y sufrirán pérdidas multimillonarias. Además, será más difícil la consolidación de un proyecto agrícola distinto, más productivo y amigable con el medio ambiente. El sacrificio de la agricultura sustentable se acompañará de una reforzada tendencia a usar los cultivos básicos de la humanidad como activos en la especulación financiera, algo que le ha dado pingües ganancias a las trasnacionales como Syngenta.
Esta noticia coincide con la reunión en México de un comité sobre responsabilidad y reparación de daños en el marco del Protocolo de Cartagena (PC). Es irónico porque ni ese instrumento de derecho internacional, ni la legislación mexicana, contienen un marco legal sólido que garantice el principio de que el que contamina paga. De hecho, el caso más grave de contaminación con materiales transgénicos que se ha presentado hasta hoy (transgénicos en maíces mexicanos) ni siquiera está cubierto por el Protocolo de Cartagena. Y mientras este tipo de eventos no estén considerados en ese tratado, es ocioso hablar de reglas sobre responsabilidad y reparación como manda el PC. El pequeño comité que se reúne en estos días en nuestro país ya podría hacer una fuerte recomendación para ampliar los alcances del Protocolo de Cartagena.
¿Qué hace la delegación mexicana en esta reunión? El secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad (Cibiogem), Ariel Álvarez, amanuense de Víctor Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, se esfuerza por debilitar el régimen sobre responsabilidad y reparación de daños. Seguramente, como cabilderos de las trasnacionales siguen preparando la desregulación para la siembra de maíz transgénico en nuestro país.
El gobierno mexicano sigue haciendo todo al revés. Hoy mismo habría que preparar una bien redactada nota diplomática dirigida al gobierno de Barack Obama, pidiendo que la USDA rechace la solicitud de Syngenta y que, en el futuro, la siembra de maíz transgénico para fines industriales o farmacéuticos sólo se autorice en condiciones de confinamiento. En lugar de esto, los funcionarios mexicanos seguro están preparando el próximo comunicado de prensa sobre la inexistencia de materiales transgénicos en los maíces mexicanos.
Syngenta desarrolló este maíz para reducir el costo de producir etanol. El maíz ha sido modificado insertando un transgen ensamblado con materiales de microorganismos que proliferan en aguas con muy altas temperaturas. Ese maíz no está destinado al consumo humano. La planta así transformada puede producir en gran cantidad la enzima termoestable alfa-amilasa, que permite romper la cadena de almidón del maíz a las altas temperaturas que intervienen en la producción de etanol. El nuevo proceso evita usar la enzima como insumo exógeno y supuestamente reducirá costos, haciendo al bio-etanol de maíz más competitivo. En plena crisis, a Syngenta eso le parece muy atractivo.
Esta trasnacional es una de las empresas que más se benefició con la crisis de precios de productos agrícolas. El año pasado su facturación creció 26 por ciento y sus ganancias superaron los mil 400 millones de dólares. Pero en el ramo de biocombustibles los números indican claramente que el etanol de maíz no puede competir con los combustibles fósiles. El subsidio que reciben los productores de etanol sólo les permite sobrevivir si el petróleo cuesta 80 dólares por barril. Como los precios del crudo se mantienen deprimidos, los que apostaron a favor del etanol maicero están tronando. Frente a una pelea incierta por más subsidios, la reducción de costos es vista por Syngenta como la solución.
La producción de etanol de maíz es un proceso industrial rudimentario, ineficiente y el balance energético final es malo. El ahorro en emisiones de gases invernadero del etanol no es evidente. El maíz transgénico no alterará esto. Pero las dificultades no se detienen aquí. Ahora el problema es que un maíz dotado de una proteína para fines industriales será sembrado en millones de hectáreas colindantes con campos de maíz para consumo humano. La contaminación de toda la cadena alimenticia será inmediata y más temprano que tarde, llegará a México, centro de origen del maíz.
Los efectos sobre la salud y los ecosistemas no han sido bien analizados, pero las consecuencias económicas y legales negativas se multiplicarán ad nauseam. Los productores de maíz orgánico verán sus campos invadidos por materiales transgénicos, perderán su certificación y sufrirán pérdidas multimillonarias. Además, será más difícil la consolidación de un proyecto agrícola distinto, más productivo y amigable con el medio ambiente. El sacrificio de la agricultura sustentable se acompañará de una reforzada tendencia a usar los cultivos básicos de la humanidad como activos en la especulación financiera, algo que le ha dado pingües ganancias a las trasnacionales como Syngenta.
Esta noticia coincide con la reunión en México de un comité sobre responsabilidad y reparación de daños en el marco del Protocolo de Cartagena (PC). Es irónico porque ni ese instrumento de derecho internacional, ni la legislación mexicana, contienen un marco legal sólido que garantice el principio de que el que contamina paga. De hecho, el caso más grave de contaminación con materiales transgénicos que se ha presentado hasta hoy (transgénicos en maíces mexicanos) ni siquiera está cubierto por el Protocolo de Cartagena. Y mientras este tipo de eventos no estén considerados en ese tratado, es ocioso hablar de reglas sobre responsabilidad y reparación como manda el PC. El pequeño comité que se reúne en estos días en nuestro país ya podría hacer una fuerte recomendación para ampliar los alcances del Protocolo de Cartagena.
¿Qué hace la delegación mexicana en esta reunión? El secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad (Cibiogem), Ariel Álvarez, amanuense de Víctor Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, se esfuerza por debilitar el régimen sobre responsabilidad y reparación de daños. Seguramente, como cabilderos de las trasnacionales siguen preparando la desregulación para la siembra de maíz transgénico en nuestro país.
El gobierno mexicano sigue haciendo todo al revés. Hoy mismo habría que preparar una bien redactada nota diplomática dirigida al gobierno de Barack Obama, pidiendo que la USDA rechace la solicitud de Syngenta y que, en el futuro, la siembra de maíz transgénico para fines industriales o farmacéuticos sólo se autorice en condiciones de confinamiento. En lugar de esto, los funcionarios mexicanos seguro están preparando el próximo comunicado de prensa sobre la inexistencia de materiales transgénicos en los maíces mexicanos.
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