México, D.F., 6 de febrero (apro).- Del 5 al 8 de febrero la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, estará en México para observar los avances que los gobiernos panistas han logrado en los últimos cinco años sobre la materia. ¿Algún cambio positivo descubrirá la profesora originaria de Canadá? Lo más seguro es que nada, pues la tortura persiste; el Ejército continua con sus labores policíacas y de represión social; los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han aumentado y el desinterés hacia los indígenas es más que evidente para el gobierno de Felipe Calderón. En el 2003, a la mitad del gobierno de Vicente Fox, esta instancia de la ONU publicó un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México e 31 recomendaciones al presidente de la República. Divididas en nueve partes, las recomendaciones hechas por la ONU incluían cambios a la Constitución para incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma; la promulgación de leyes reglamentarias para garantizar todos los derechos incluidos en la Carta Magna; incorporar procedimientos constitucionales en la designación de servidores públicos de alto nivel no electos; la realización de una campaña nacional para la promoción de los derechos humanos; la eliminación de los estereotipos de raza, religiosos o pertenencia política; y seguimiento a los feminicidos de Ciudad Juárez. También incluían promover una profunda transformación en el sistema de justicia; reordenar la estructura policíaca con la recomposición de la Policía Federal Preventiva y la sustitución de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública. Así mismo, la ONU recomendó crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las concesiones y permisos para operar las estaciones de radio y televisión, y la inclusión de condiciones de equidad para que las estaciones de radio comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir su función social. Se pidió al gobierno mexicano desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociación laboral; preservar la laicidad del Estado; fortalecer los mecanismos públicos para la equidad de género y que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma de derechos indígenas. Otras recomendaciones fueron garantizar el derecho a un empleo digno; modificar las políticas salariales; aumentar el presupuesto en el sector salud; definir una política nacional de alimentación; e impedir los desalojos violentos de inquilinos. Mientras que de los derechos políticos, la ONU recomendó al gobierno mexicano reconocer en la Constitución las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular; adoptar una Ley de Participación Ciudadana que garantice estos mismos mecanismos de participación directa; reformar la ley electoral a fin de que reglamentara el voto de los mexicanos en el extranjero; optimizar la fiscalización de los gastos de campaña y precampañas electorales; y reducir el financiamiento público a los partidos. En su visita de tres días la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, platicará con Felipe Calderón y sus principales colaboradores, así como con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué van a responder los representantes del gobierno mexicano cuando les pregunten cuántas recomendaciones se han cumplido, cuando vemos que la tortura sigue, el Ejército patrulla las calles de varias ciudades; en Oaxaca y Chiapas siguen sin resolverse los conflictos y las muertas de Juárez siguen en el olvido? Es evidente que el gobierno mexicano no ha acatado estas recomendaciones que son condiciones mínimas para brindarle seguridad a y respeto a la población de que se cumplirán sus garantías individuales y sus derechos humanos. Pero no sólo ha incumplido, sino que se han creado las circunstancias para empeorar algunas de ellas: los casos de asesinatos de periodistas; las constantes ejecuciones policíacas; los ejemplos de persecución política como el de Flavio Sosa; la injusticia en el caso de Lydia Cacho; la permanencia de los homicidios de mujeres en Juárez y la extensión de este fenómeno a otras ciudades del país; la aprobación de la Ley Televisa; los raquíticos salarios; el avance de la influencia de la Iglesia católica en la política y en la educación; y la negativa a debatir nuevamente la reforma a la reforma de derechos indígenas, son algunos ejemplos de que los gobiernos del PAN no han resuelto este problema estructural. Por todo ello no basta que la comisionada Arbour tenga del gobierno mexicano la promesa de apoyar una oficina de la ONU para los observar el respeto de los derechos humanos en México, tendría que reclamarle diplomáticamente a Felipe Calderón el incumplimiento de sus recomendaciones, pues ya no existe el argumento de que el gobierno autoritario y corrupto del PRI es el culpable. Son ya siete años que el PAN gobierna y la situación de los derechos humanos en México sigue siendo deplorable.
Claudia Herrera Beltrán El presidente Felipe Calderón Hinojosa y la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, comprueban de buen humor que los bolígrafos para la firma de acuerdos no servían El presidente Felipe Calderón Hinojosa y la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, comprueban de buen humor que los bolígrafos para la firma de acuerdos no servían Foto: Francisco Olvera Frente a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el presidente Felipe Calderón defendió la participación “subsidiaria” de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad, aunque ofreció que será “cada vez más esporádica” siempre y cuando diversos sectores apoyen la depuración y modernización de los cuerpos policiacos. La canadiense, quien además fue fiscal en los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, mandó un claro mensaje a México, pues dijo que espera ver que los principios externos de derechos humanos suscritos por este país estén plenamente reflejados en su Constitución, sus legislaciones federal y estatales y en la práctica cotidiana de todos los funcionarios. Al considerar que las iniciativas para reformar el sistema penal “son muy importantes”, Arbour indicó que deben igualmente recoger las legítimas aspiraciones del pueblo en el sentido de que las instituciones democráticas proveerán justicia en una sociedad realmente basada en el estado de derecho. Durante su estancia en Los Pinos, la alta comisionada suscribió con la canciller Patricia Espinosa Cantellano un acuerdo para que la oficina de la ONU continúe sus actividades en el país. En ese contexto destacó el papel de “liderazgo” que ha asumido México en el Consejo de Derechos Humanos, particularmente mientras ejerció su presidencia, y declaró estar “muy alentada” por la determinación expresada por el Presidente mexicano en promover los estándares más altos en esta materia. Calderón buscó responder a los diversos cuestionamientos hechos en estos días por Arbour y por organizaciones civiles sobre la situación de los derechos humanos en México. De entrada, intentó justificar la participación del Ejército en labores policiales, cuando afirmó que su gobierno está decidido a garantizar la seguridad de los mexicanos y dijo que no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado, cuyas acciones han segado la vida de cientos de inocentes, policías, soldados y marinos. Puso de ejemplo al coronel de infantería Fortino Castillo León, comandante del 90 Batallón de Infantería, que fue asesinado “de manera artera” en Apatzingán, Michoacán, y a cuyos familiares envió condolencias porque –dijo– es una valiosa vida que pierde la patria en defensa de la seguridad de los mexicanos. Aseveró que así como las fuerzas armadas tienen por instrucción del Presidente el compromiso y la convicción propia de cumplir su labor con absoluto respeto a los derechos humanos, también cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país y de colaborar en la patriótica labor de preservar la seguridad de las familias. Declaró que es indispensable contar con el apoyo del Congreso, de la sociedad civil, de los gobernadores y presidentes municipales para modernizar, depurar y fortalecer los cuerpos policiacos y el Ministerio Público en todo el país, a fin de que el apoyo institucional de las fuerzas armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesario. Debemos recordar, añadió, que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército es una labor subsidiaria que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica. Argumentó que además en la Secretaría de la Defensa Nacional se creó “la muy importante” Dirección General de Derechos Humanos, que se suma a todas las áreas especializadas en la materia que ya existen en el gobierno federal. El michoacano aprovechó el foro para intentar responder a las reiteradas críticas por la falta de solución a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y señaló que ya se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres y recientemente fue nombrada la nueva fiscal en este ámbito, María Guadalupe Morfín. También destacó el trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, encabezada por Luis H. Alvarez, así como un programa de promoción de convenios de justicia y la edición del libro La vigencia de los derechos indígenas en México. Como parte de estas acciones, Calderón resaltó además que su gobierno apoya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, José Luis Soberanes, estuvo ausente del acto. Al final, el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, se manifestó por “disminuir al máximo” la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. “Quisiera creer que el mandato tiene que ver con una disminución contundente, acelerada y paulatina; la función de la seguridad pública no corresponde a las fuerzas armadas; eso está inclusive en el marco de los estándares de Naciones Unidas.”
La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, aseveró ayer en una reunión con senadores que “si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de Xicoténcatl, el panista Alejandro González Alcocer, señaló a la funcionaria que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento con los convenios internacionales”, debido a las condiciones y características propias de cada nación. “Recurrimos a las fuerzas armadas (en la lucha contra el crimen organizado) porque no nos queda de otra; no es lo deseable, todo mundo lo sabe; el Ejército Mexicano no está hecho para pelear contra la delincuencia, pero por la descomposición de las fuerzas policiacas hemos tenido que recurrir a él”. En su respuesta al senador blanquiazul, Arbour dijo: “No voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército; creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de este tipo de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho. Los militares tienen sus operaciones, prácticas de protección a veces no adecuadas para ciertas áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática; hay muchas razones por las cuales yo creo que debemos tener mucho cuidado al utilizar este recurso”. “Los derechos humanos no son adversarios de la seguridad” Agregó: “Quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto y un adversario a la seguridad. El derecho a la vida es fundamental; también a la libertad de la persona; la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad y voy a ser clara, no solamente de sus ciudadanos sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”. A su vez, la senadora del Partido Acción Nacional Adriana González Carrillo inquirió a la alta comisionada sobre la no participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz en todos sus niveles. Sobre ello, la funcionaria dijo: “No tengo nada que decir porque no conozco, no sé cuáles son los antecedentes y cómo se pensó en México al respecto, pero les puedo asegurar que las Naciones Unidas necesitan desesperadamente contribuciones para sus tropas –para mantener la paz–, no hay duda alguna”. Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez le manifestó que algunas organizaciones no gubernamentales consideran que en México podría haber unos 500 “presos políticos”, aunque otras aseguran que son más. También cuestionó el discurso del gobierno mexicano sobre migrantes porque, explicó, hay consenso para defender a los mexicanos que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, pero no lo hay para defender a los centroamericanos que cruzan México para llegar a ese país. México, país de origen y de destino para migrantes En su respuesta al legislador perredista Albour expresó: “Ustedes comprenderán que no estoy en posición para comentar sobre el tema de los prisioneros políticos en México, si los hay o no los hay. Este es un debate que tienen que llevar a cabo entre los mexicanos”. En cuanto a los migrantes, la alta comisionada dijo que “México tiene experiencias cotidianas tanto como país de origen como de tránsito, de destino. Y la contribución que puede y yo digo que debe hacer es inyectar un componente de derechos humanos a las políticas internacionales sobre migración. En su turno, la senadora del PRD Rosario Ibarra de Piedra dijo que en el país continúan las desapariciones forzadas de personas y se criminalizan la protesta y la rebeldía sociales. Sobre el particular, Louise Arbour apuntó: “Continúa esa práctica de desaparición de personas; a la ONU no le interesa el volumen, ya que uno solo merece la movilización de la comunidad internacional” para su localización. Ante los senadores, la alta comisionada refrendó su compromiso para impulsar la reforma que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos, y ofreció la colaboración de su oficina en México para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se logre contar con la mejor legislación en esta materia. Reunión de la funcionaria con ministros de la SCJN Por otra parte, durante una comida que le ofrecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la funcionaria canadiense señaló que “día con día” aumentan los casos relativos a la violación de los derechos sociales que deben ser resueltos por la justicia. En ese encuentro, Arbour estuvo acompañada por el representante permanente de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra. La funcionaria comentó que en el pasado se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Canadá, por lo que tuvo conocimiento del creciente número de asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, así como la defensa y protección de los derechos humanos. A su vez, el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostuvo que para el Poder Judicial de la Federación los asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos son “una prioridad”. Añadió que existe el compromiso de los juzgadores federales de defender la supremacía constitucional y la vigencia de las garantías individuales. |
Kikka Roja
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