CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos 22 policías federales, un ministerial y uno estatal dispararon sus armas durante el desalojo del 12 de diciembre del año pasado en Chilpancingo, cuando murieron dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, concluyó la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con un dictamen elaborado por la PGR, al que Apro tuvo acceso, 22 armas que portaban los agentes federales “fueron accionadas” durante el operativo. En contraste, el informe realizado por la Coordinación de Servicios Periciales de la dependencia federal, también refiere que sólo dos armas –una de la Policía Ministerial (PM) y otra de la Policía Preventiva Estatal (PPE)– dieron positivo a la prueba de Griess, enfocada en “detectar sustancias químicas que se producen durante la deflagración de un arma de fuego”. En ese sentido, la dirección del Laboratorio de Química de la PGR realizó la prueba de Griess en 68 armas que portaban policías federales y estatales durante el desalojo violento donde fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Del total de armas, 60 son de la Policía Federal; cinco de la PM y tres de policías estatales, se indica en el expediente que se abrió por el caso Ayotzinapa bajo el número, PGR/GRO/CHI/CASO/378/2011.
De las armas analizadas por la PGR, se comprobó que 24 fueron accionadas durante los hechos violentos, de las cuales 22 pertenecen a la Policía Federal, una a la PM y otra a la policía estatal que formaba parte de los tres escoltas del exsubsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Arreola Ibaría. A más de un mes del asesinato de los normalistas, hasta ahora sólo dos agentes ministeriales permanecen arraigados en esta capital, señalados por la Procuraduría local como los presuntos responsables del doble crimen, pese a que el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, ha insistido en que los agentes federales son los responsables del doble homicidio, los cuales, ha dicho, están siendo protegidos por la PGR. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar emitido el pasado lunes 9, determinó que en el desalojo violento participaron 165 policías de los tres niveles de gobierno: 61 eran policías federales; 73, ministeriales; 19, estatales, y 12 preventivos municipales de Chilpancingo, de los cuales por lo menos 67 uniformados portaban armas de fuego. Al respecto, el organismo afirmó que todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines” y quedó demostrado que ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego.
De las armas analizadas por la PGR, se comprobó que 24 fueron accionadas durante los hechos violentos, de las cuales 22 pertenecen a la Policía Federal, una a la PM y otra a la policía estatal que formaba parte de los tres escoltas del exsubsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Arreola Ibaría. A más de un mes del asesinato de los normalistas, hasta ahora sólo dos agentes ministeriales permanecen arraigados en esta capital, señalados por la Procuraduría local como los presuntos responsables del doble crimen, pese a que el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, ha insistido en que los agentes federales son los responsables del doble homicidio, los cuales, ha dicho, están siendo protegidos por la PGR. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar emitido el pasado lunes 9, determinó que en el desalojo violento participaron 165 policías de los tres niveles de gobierno: 61 eran policías federales; 73, ministeriales; 19, estatales, y 12 preventivos municipales de Chilpancingo, de los cuales por lo menos 67 uniformados portaban armas de fuego. Al respecto, el organismo afirmó que todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines” y quedó demostrado que ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego.
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