PRIVATIZACIÓN DE PEMEX: PETROLEO: FELIPE CALDERÓN: video AMLO: PRI EPN PRIVATIZAR PEMEX

Falsa, la urgencia de privatizar Pemex CONTRALINEA

Los dos grandes ejes que impulsan la apertura de Pemex al capital privado extranjero son falsos, señalan investigadores: la tercera mayor productora de crudo en el mundo sí tiene capacidad económica –cuenta con un superávit de 300 mil millones de pesos–, mientras que el supuesto riesgo que corren los pozos transfronterizos compartidos con Estados Unidos es ficticio, pues la industria mundial carece aún de tecnología para explotar yacimientos ultraprofundos
Nancy Flores

La paraestatal más importante del país y tercera empresa productora de crudo en el mundo, Petróleos Mexicanos (Pemex), es incompatible con el modelo económico impuesto desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, señala Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Especialistas en el sector energético coinciden en que ésta es la razón que impulsa la apertura de la empresa al capital privado extranjero y no la falta de recursos o la incapacidad tecnológica. Los “argumentos” esgrimidos para legalizar en breve la privatización de la industria petrolera mexicana son falsos, indican.
Además de facturar casi 38 mil millones de dólares anuales sólo por exportaciones de petróleo, Pemex tiene un superávit de 300 mil millones de pesos acumulado desde 2002. Más aún, ni siquiera existe el riesgo de perder los yacimientos transfronterizos (los que se encuentran en la frontera de México y Estados Unidos): la industria mundial carece aún de tecnología para explotar pozos de más de 3 mil metros de profundidad, característica de los campos detectados en la frontera del golfo de México.
“No hay sustento en términos del capital que se necesita. Es la apertura por la apertura misma, porque capital hay. El dinero sigue y seguirá entrando. El problema es que desde hace cinco años Pemex tiene un superávit obligado de 300 mil millones de pesos, distribuido en instrumentos financieros”, dice Víctor Rodríguez Padilla, doctor en economía de la energía por la Universidad de Grenoble, Francia.
El investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM detalla que la paraestatal no invierte estos aproximadamente 30 mil millones de dólares, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo impide: así se mantiene estable el déficit fiscal de México.
La rentabilidad de Pemex se refleja en sus números. El 21 de enero pasado, la paraestatal informó que sólo en el ejercicio 2007 ingresaron a sus arcas 37 mil 947 millones de dólares por exportaciones de crudo.
John Saxe Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, apunta que la sola inversión de los excedentes petroleros de un año sacaría adelante a Pemex, sin recurrir a la iniciativa privada.
El año pasado, cada una de las 32 entidades federativas de México recibió poco menos de 11 mil 500 millones de pesos por excedentes petroleros, mientras que al Fondo de Estabilización de Ingresos se aportaron 17 mil millones de pesos.
El doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dice que quienes dirigen los instrumentos de Estado del país lo hacen en función de la tasa de ganancias. “Están para hacer negocios, no para responder a las necesidades del país”.
Saxe Fernández agrega que esta apertura responde a los intereses de Estados Unidos, plasmados en pactos internacionales como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.

Privatización silenciosa
La privatización de la paraestatal está en marcha. Alfredo Hernández Peñaloza, presidente de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, advierte que más del 60 por ciento de las actividades de perforación, reparación y mantenimiento de pozos ya las realizan compañías extranjeras.
“Esa actividad ocupa más del 70 por ciento del presupuesto de Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria que recibe más dinero de todo Pemex. No podemos prever la privatización, porque lo que buscan es legalizar el proceso privatizador que desde hace años se ha dado de manera inconstitucional.”
De los 50 equipos de perforación que operan en el golfo de México, sólo cuatro o cinco son propiedad de la paraestatal, dice el académico Fabio Barbosa. Algunas de las más recientes obras licitadas por PEP en el golfo de México revelan esta privatización silenciosa:
Sobresalen las licitaciones 18575008-016-07, para arrendamiento de una plataforma de perforación marina con capacidad mínima de 20 mil pies; 18575108-050-07, para rehabilitación a plataformas y centros de proceso en instalaciones costa fuera en la Sonda de Campeche; 18575108-053-07, para adecuación de instalaciones y obras complementarias en centros de proceso y plataformas satélites marinas; 185751208-058-07, para instalación, recuperación, adecuación, reacondicionamiento y mantenimiento de las estructuras, equipos, líneas de proceso y servicios de apoyo a la operación; 18575095-028-07, de servicio integral para separar, rectificar, comprimir e inyectar gas natural húmedo amargo en pozos de la región sur.
John Saxe Fernández explica que este esquema de privatización que opera desde hace años en la paraestatal, llamado outsourcing, ha desplazado y prácticamente desalojado a los técnicos y trabajadores petroleros. Al tiempo de esta apertura, la paraestatal ha desmantelado su propia infraestructura; el ejemplo más dramático, dice, es la industria petroquímica.
En mayo del año pasado, ya en el gobierno de Felipe Calderón, Pemex inició el proceso de desmantelamiento y cierre de la planta petroquímica de ciudad Camargo, Chihuahua, que dejará sin empleo a 5 mil personas.

Yacimientos, el botín
El potencial petrolero en riesgo por la apertura a la inversión privada no es menor. “Los estudios nos muestran que México sí tiene petróleo, y mucho: sumando nuestras reservas totales con los recursos prospectivos, los mexicanos somos propietarios de casi 100 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta cifra nos permite contar con hidrocarburos durante más de 60 años a los ritmos de producción actual”, reconoció hace tres meses la secretaria de Energía Georgina Kessel.
Al inaugurar el 39 Foro Nacional de la Industria Química, el pasado 25 de octubre, la funcionaria aseguró que “estos hidrocarburos, en su mayoría, se encuentran en las aguas profundas del golfo de México. Más de la mitad de los recursos prospectivos se localizan en esta zona, y de éstos, el 88 por ciento se encuentra en tirantes de agua de mil metros o más”.
Éste es el botín que quieren las trasnacionales petroleras, indica Fabio Barbosa. El experto en el análisis de reservas de petróleo explica que internacionalmente no existe tecnología para explotar pozos ultraprofundos, como los transfronterizos.
Dice que el campo Trident –localizado en el bloque 903 del Cañón de Alaminos, a sólo 6 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos y cuya perforación inició en agosto de 2001– lleva seis años descubierto sin posibilidades de explotación.
Desde entonces la inversión de Unocal –empresa adquirida en 2005 por Chevrón Texaco–, por 35 millones de dólares, en este campo, localizado a 3 mil metros de profundidad, está frenada.
“Todavía no hay tecnología de desarrollo de explotación para aguas ultraprofundas, de tal manera que todo el discurso (con el que justifican) la urgencia (de la privatización) es una falacia. Trident, el que está más al sur de estos campos, lleva seis años parado”, explica Barbosa Cano.
El investigador detalla que los 33 campos descubiertos en la frontera, del lado de Estados Unidos, están en tirantes de agua de 2 mil 800 a 3 mil metros, todos tienen crudo y están anunciados como descubiertos.
“El récord de desarrollo, que es la profundidad a la que se está desarrollando el proyecto más avanzado en el mundo, en este momento es de 2 mil 400 metros. A estos equipos les faltan 500 metros para alcanzar la profundidad de los pozos transfronterizos. Sí la van a ir alcanzando, pero gradualmente. Hace ocho años –dice– el récord era de 2 mil metros”.
Fabio Barbosa Cano añade que Pemex sí explota aguas ultraprofundas. Prueba de esto, cita, es el campo Lakach-1, ubicado a 988 metros de profundidad, en la región marina suroeste del golfo de México.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general, aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2006, Pemex indica que “el programa de exploración de 2006 consistió en explorar tanto las regiones terrestres como marinas, incluyendo las aguas profundas en el golfo de México, en donde se descubrieron nuevos yacimientos al perforar el pozo Lakach-1”.
Agrega que “las actividades de PEP se enfocaron en encontrar formas eficientes para identificar fuentes potenciales de hidrocarburos. La actividad exploratoria permitió incorporar 182.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas probadas durante 2006”.
En el capítulo de “Exploración en aguas profundas”, el Reporte de resultados financieros de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, dice que el pozo Lalail-1, con una profundidad de 3 mil 789 metros, en un tirante de agua de 806 metros, resultó productor de gas no asociado. Lalail es el cuarto campo descubierto en aguas profundas, además de Nab, Noxal y Lakach, detalla.

Inminente privatización
El 9 de enero de 2008, los diputados panistas Alonso Manuel Lizaola de la Torre y Carlos Alberto García González publicaron, en la Gaceta Parlamentaria, el Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
La iniciativa busca posibilitar los convenios de unitización para la explotación de yacimientos transfronterizos. Según los legisladores, “para México, el poder realizar convenios de unitización para la explotación única y exclusiva de yacimientos transfronterizos es sumamente importante y benéfico, ya que significa estar en condiciones, tanto financieras como técnicas, para explorar y explotar oportuna y eficazmente los yacimientos transfronterizos”.
Entrevistados por separado, Rodríguez Padilla, Saxe Fernández, Barbosa Cano y Hernández Peñaloza coinciden en que difícilmente se frenará la apertura al capital privado extranjero. México es como una colonia de Estados Unidos, indica Saxe Fernández: “La diferencia entre una nación soberana y una colonia es que la última no hace política económica, exterior ni defensa nacional”.
Fabio Barbosa explica que la clase política ha elegido 2008 para esta “gran refriega”, porque ha llegado a un acuerdo que se expresa en el último documento del Partido de la Revolución Democrática, que en su décimo congreso aprobó el proyecto de unitización. Ésta, dice, considera al yacimiento como una unidad y quiere decir que una empresa de cualquiera de los países involucrados se va a hacer cargo de la explotación; el otro país, enterado de los planes, va a pagar costos y a recibir recursos.
El investigador apunta que el pacto entre los políticos mexicanos se dio tiempo atrás, sobre todo entre los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, luego de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de México, entre acusaciones de fraude electoral.
Explica que en 2006, ante la inestable situación del país, se intentaron tres reformas importantes: la del Estado, que pretendía avanzar hacia un sistema semiparlamentario; la fiscal, que debía eliminar la barbarie de las grandes empresas y aliviar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, y la del régimen tributario de Pemex, que le garantizaría recursos para inversión.
“Este ambicioso proyecto fracasó; se hundió completamente”. El académico señala que como consecuencia de eso, se empuja a Pemex al endeudamiento, la supuesta quiebra y la reforma a favor del capital privado extranjero.
Fabio Barbosa agrega que “no se requieren reformas a la Constitución para permitir (la privatización), incluso ni siquiera la participación del Congreso, porque (la unitización) es un acuerdo que negocia la Secretaría de Relaciones Exteriores con el gobierno de Estados Unidos. Es facultad del Ejecutivo mexicano llevar la negociación en secreto, porque involucra problemas aún no resueltos, secretos comerciales, técnicos. Y hasta que esté concluido el convenio lo pasan al Senado, donde ya tienen ganada la discusión, para su aquiescencia y acuerdo”.
Por eso eligieron este momento, dice, lo único que los ha detenido es el temor a las protestas en las calles. “La joya de la corona es el petróleo, por eso están militarizando al país. En el presupuesto 2008 las partidas más sustanciales están dedicadas a las instituciones que tienen que ver con vigilancia, control, represión, equipo militar, armamento. Están dispuestos a bañar en sangre al país con tal de apoderarse de la renta petrolera y compartirla con los extranjeros, para que ellos no tengan que invertir. No van a vender la industria petrolera, van a abrir contratos en el golfo de México y en otras áreas muy importantes, como Chicontepec”.



Deuda Pidiregas
Al finalizar el ejercicio 2008, el valor total del pasivo generado por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) ascenderá a 1 billón 904 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, de los 38 proyectos Pidiregas de Pemex sólo cuatro (Burgos, Cantarell, Madero, planta criogénica II y complejo Antonio J. Bermudez) generaron 71 por ciento del costo financiero del organismo paraestatal.
El investigador Víctor Rodríguez Padilla dice que, de aprobarse la apertura a favor del capital extranjero, los mexicanos se quedarán sin petróleo y con la millonaria deuda de Pemex por concepto de Pidiregas.
Para 2008, según el diario La Jornada, el pago de amortizaciones e intereses será de 117 mil 537 millones de pesos: 80 mil 607 millones para la amortización del capital, y 36 mil 930 millones para intereses. (NF)

-----------------------------------

Con Calderón, privatización total de Pemex
Autor: Nancy Flores

A 73 años de la expropiación petrolera, Pemex se encuentra bajo el control de la iniciativa privada, sobre todo extranjera. Esquemas velados de privatización –arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones– desmantelan la paraestatal, que ya no es dueña de plataformas, equipos de perforación ni buquestanque. Mientras la deuda total por 665 mil millones de pesos compromete poco menos de la mitad de sus activos, la importación de petrolíferos supera los 690 mil millones sólo en lo que va del gobierno de Calderón. El sistema de refinerías de México, otrora petroeconomía, opera a menos del 50 por ciento de su capacidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no es dueña de 47 plataformas que operan costa afuera en los estados sureños de Campeche y Tabasco. Cinco sexenios neoliberales han bastado para desmantelar la más importante paraestatal, que aún aporta una tercera parte de los ingresos fiscales del país. Expertos consultados coinciden: en forma deliberada, la empresa y sus subsidiarias fueron “destruidas” para favorecer intereses extranjeros.

A 73 años de la expropiación petrolera, impulsada por Lázaro Cárdenas del Río, la iniciativa privada controla todos los procesos de la paraestatal, incluso los considerados estratégicos, como la exploración y explotación de los hidrocarburos. Ello, a través de esquemas velados de privatización que violan la Constitución mexicana: arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales y subrogaciones.

Los contratos de arrendamiento y servicios son los que han permitido a la filial Pemex Exploración y Producción (PEP), por ejemplo, ceder el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, revela la respuesta a la solicitud de información 185700001610 hecha por Contralínea.

De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad, sus informes –entregados a este semanario vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– omiten incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares.

El ingeniero Felipe Ocampo, jubilado de Pemex y perito en petróleo y petroquímica, explica que la privatización de la paraestatal se dio a partir de “una decisión política y un rumbo que marcaron las presidencias neoliberales de la República; desde el tiempo de Miguel de la Madrid –ejemplifica– ya no se construyeron refinerías”.

Agrega que Pemex tenía la capacidad de continuar bajo la rectoría total del Estado. “Lo evitamos [entregar la industria a las trasnacionales] en situaciones más difíciles, como fue la expropiación. Nada más que llegaron los neoliberales y todo lo deshicieron. Pero fuimos capaces [de sostenerla] cuando no había técnicos preparados. Se formaron las primeras generaciones en los tiempos heroicos, inmediatamente después de 1938, y luego nos formaron a muchas generaciones que hicimos que la industria de bienes del capital prosperara: antes se compraba 50 por ciento o más de los equipos de las refinerías y ahora se compra, cuando bien nos va, el 5 por ciento. ¿Qué nos pasó? Ésa no es falta de capacidad; son lineamientos políticos”.

Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 ­–el 60.3 por ciento– sean propiedad de trasnacionales, descubre PEP en su respuesta a la solicitud de información 1857500001710 de este semanario.

Desde mediados de 2007, PEP también privatizó sus ductos como resultado de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos ubicados en Veracruz y Tabasco.

“Siempre ha sido innecesaria la participación de las empresas privadas, nacionales y trasnacionales en las áreas estratégicas. Pemex, de muchos años atrás, con sus propios recursos y su propia ingeniería y técnicos, había logrado lo que muchos países latinoamericanos no conseguían: ser una industria puntera”, señala Didier Marquina, secretario general del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos.

Lo que ocurre ahora en esa empresa estatal es distinto. Una muestra: en el primer año de gestión de Felipe Calderón, la petrolera mexicana cayó del sexto al onceavo lugar en el listado de las mayores firmas petroleras del mundo. Todavía no recupera su antiguo lugar.

Más aún, la privatización avanza. En Pemex Refinación, los privados también manejan áreas sustantivas. La filial ha cedido al mercado, por ejemplo, el transporte marítimo de hidrocarburos y el sistema nacional de ductos. En el primer caso, el 12 de abril de 2007, el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó “la adquisición de 10 embarcaciones por arrendamiento financiero y el arrendamiento puro de hasta nueve embarcaciones más”.

Así, la estrategia para renovar la flotilla –por medio de unidades rentadas– abandonó el esquema de la propiedad del Estado sobre los bienes, vigente en esa área hasta el sexenio de Vicente Fox.

Subrogaciones y contratos integrales
El Corporativo que dirige Juan José Suárez Coppel no escapa a los modelos privatizadores. Tal es el caso de la subrogación de los servicios médicos, contratados y administrados por siete coordinaciones médicas de zona (Mazatlán, Monterrey, Tampico, Villahermosa, Guadalajara, Veracruz y Distrito Federal), con 17 sedes y 92 localidades a cargo de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, y por 35 unidades médicas de Pemex (20 hospitales, tres clínicas y 12 consultorios), para proporcionar servicios integrales de salud a los trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos.

La subsidiaria PEP también echa mano de las subrogaciones para el transporte aéreo en helicópteros del personal operativo y para carga, en las regiones Norte y Sur, en las sedes de México y Villahermosa y en el resto del país.

Jorge Fuentes, coordinador general del Frente Nacional Petrolero, explica que en la paraestatal han prevalecido los intereses de Estados Unidos por encima de los nacionales. “Hay que exigir respeto a lo que es de todos los mexicanos, y que se salvaguarde el artículo 27 de la Constitución; de no ser así, hay que reexpropiar la industria y el sindicato petrolero”.

Pero ni el artículo 27 constitucional ni la propiedad del Estado se respetan en Pemex. Los contratos integrales, que recién anunció la administración de Suárez Coppel, permitirán a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Mientras Pemex entrega a las corporaciones el control total del petróleo mexicano, éstas recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

“La actual intentona de concesionar bloques del territorio nacional para que empresas extranjeras (o nacionales) exploren y exploten petróleo es contraria a la ley y a la Constitución”, indica el investigador Fabio Barbosa Cano, experto en reservas de petróleo y gas.

Para el maestro en historia de México, “el Partido Acción Nacional surgió para combatir la Constitución y, décadas más tarde, los neoliberales del Revolucionario Institucional (Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) coincidieron con ese partido, porque la Constitución era un obstáculo para sus reformas”.

Didier Marquina, quien también acusa ilegalidad en esos contratos, explica los riesgos: “Las compañías extranjeras le reportarán a Pemex sus resultados. La paraestatal no va a tener recursos técnicos ni personal para hacer los peritajes o las evaluaciones que comprueben si se exploró o si se extrajo la cantidad correcta de producto, si se produjo el gas o el crudo o el aceite que dicen los privados que produjeron.

“Vamos a estar en un escenario igual al de antes de 1938: las compañías extranjeras, con el pretexto de que no extraían el suficiente petróleo, pagaban pocos impuestos. Sin embargo, grandes cantidades de crudo salieron de la zona de la Huasteca que no fueron reportadas al gobierno mexicano. Eso va a ocurrir, porque ¿quién los va a supervisar si Pemex no va a tener capacidad técnica? Por eso están corriendo a su personal. Desde un escritorio no se pueden llevar las cuentas. La supervisión tiene que ser en el campo directamente. Pemex lleva todas las de perder, mientras las compañías se van a llevar todas las ganancias y, además, compartirán la renta de la producción. Siempre van a ganar los privados y siempre va a perder Pemex.”

La Cuenca de Burgos, la zona gasera más importante de México concesionada a trasnacionales en 2003 por medio de los contratos de servicios múltiples, es el más evidente fracaso de los esquemas de privatización, refiere Marquina. Según el líder sindical, la zona ha sido prácticamente abandonada por las empresas.

El ingeniero Felipe Ocampo da otro ejemplo del fracaso de la privatización. “En los tiempos de Zedillo se privatizó totalmente la petroquímica. Qué nos dijeron entonces: que México se iba a volver una potencia, que los privados eran la quinta maravilla. Antes de Miguel de la Madrid se inauguraban de dos a tres plantas nuevas por mes. A partir de entonces, ya no se construyó ningún proyecto, se cancelaron algunos que había en ejecución y sólo se terminaron los que estaban demasiado avanzados. Produjimos alrededor de 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos; actualmente, producimos menos de la cuarta parte”.

Agrega que, “en la petroquímica, por ley, los privados pueden invertir al ciento por ciento. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los precios de las materias primas son muy altos y, como no les dieron un precio más bajo con el Proyecto Fénix, pues no se hizo. Ahora parece que se los quieren dar. El colmo del cinismo sería que Pemex le venda a precios más abajo a los privados que los que les da a Pemex Petroquímica”.

Por ello, Ocampo señala que “el de la petroquímica es el ejemplo más contundente de que los privados no van a hacer nada por México, porque ellos benefician a la industria de sus países; no son su propia competencia.”

Deuda e importación de petrolíferos
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que “cada avance del proceso privatizador se ha apoyado en derrotas de las luchas sociales y en la destrucción de las organizaciones y partidos del pueblo. Es decir, en modificar la correlación de fuerzas sociales”.

Los esquemas que privatizan el sector no son el único obstáculo que enfrenta la empresa para su desarrollo como entidad paraestatal. La deuda total reportada por Pemex, de 665 mil millones de pesos, comprometería poco menos de la mitad de sus activos.

La cifra es menor a la señalada por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006: 2 billones 177 mil 209 millones 836 mil pesos. Ese monto habría constituido la deuda pública contratada por Petróleos Mexicanos en los mercados de capital del país y del extranjero, relacionada con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

El monto, dado a conocer a principios de 2008, incluía los financiamientos privados (1 billón 752 mil 119 millones 310 mil pesos) y el costo financiero estimado para 2030 (425 mil 90 millones 525 mil pesos). Sin embargo, en su reporte financiero al cuarto trimestre de 2010, la paraestatal sólo reconoce como deuda total el 31 por ciento.

Los 665 mil millones de pesos que admite adeudar también son menores respecto del gasto de la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos, que supera los 690 mil millones de pesos tan sólo en lo que va del actual gobierno.

De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, mientras que en 2008, 2009 y 2010 sumaron más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra –que se perfila como la última que se construiría en el país–, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación, reporta Pemex.

El ingeniero Felipe Ocampo explica que, desde la expropiación y hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, México tuvo una autosuficiencia en producción de gasolinas y en todos los derivados del petróleo; pero que, a partir de entonces, ya no se construyeron refinerías. “Pues claro que tenemos que importar [los productos petrolíferos]. Pero ¿por qué antes sí podíamos construir refinerías y ahora no? ¿Nos volvimos idiotas los ingenieros o qué? Fue una decisión política”.

Información de la propia paraestatal confirma que ninguna de las seis refinerías de su Sistema Nacional opera al ciento por ciento de su capacidad. “En el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento”, reconoce la empresa (Contralínea 212). Jorge Fuentes apunta que el fracaso es “peor”. “Las refinerías no operan siquiera al 50 por ciento de su capacidad”.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de la Coalición Petrolera Independiente, AC, dice que “este 18 de marzo no hay nada que festejar: el 80 por ciento de nuestra industria está privatizada por el monopolio orquestado por Carlos Salinas de Gortari. Pemex tiene dueño con nombre y apellido”.

Agrega que es el pueblo de México el que tiene que luchar para terminar con la corrupción que ha permitido la venta de la industria, “ya que los tres poderes de nuestro país fueron rebasados por grandes dictadores”.

La última ofensiva
Los planes privatizadores de la cúpula en el poder incluyen el cese de 5 mil técnicos y profesionistas. Ésta sería la ofensiva final contra la empresa, considera Didier Marquina, pues con ello Pemex perdería su capacidad técnica.

“Necesitamos que dejen de sacar a los técnicos que aún quedan con experiencia, que Pemex detenga los planes que tiene para echar a la calle a 5 mil profesionistas de probada experiencia. No es posible que digan que no se tiene capacidad técnica por falta de personal y, al mismo tiempo, los estén mandando a la calle.”

Marquina explica que la ofensiva se da, sobre todo, porque son los técnicos y los profesionistas quienes se han opuesto a tomar medidas en contra de los intereses económicos, financieros y técnicos de la empresa, en contra de su desarrollo y expansión.

Señala que Pemex vive una situación muy crítica, sobre todo porque la administración de Suárez Coppel se niega a platicar con el recién reconocido Sindicato que representa. “Nuestros ingenieros, en todas las áreas de Pemex, están siendo expuestos a fuertes jornadas laborales. Han reducido la plantilla de trabajadores técnicos y, al hacerlo, los que quedan tienen que cubrir dos o tres jornadas; ya no descansan los días que deben. Al incrementarse la fatiga de los ingenieros de turno, de proceso, de línea, de campo, de plataformas, e incluso los trabajadores de las áreas médicas, pues su rendimiento se merma, se pone en riesgo grave al personal y los procesos: ocurren fugas, explosiones. Hacemos un llamado urgente a Pemex para que reanude las pláticas con el Sindicato y resolvamos esta situación. Nosotros estamos dispuestos a colaborar”.

Revertir la privatización
Para el investigador Fabio Barbosa, “la ofensiva privatizadora en Pemex sí puede revertirse en el futuro, porque éste no está escrito. Pero debemos reconocer que en el caso del petróleo ahora hay condiciones diferentes: la dotación geológica ya está muy disminuida. Aunque en este país sólo quedan unos 150 campos pequeños pendientes de explotar, unos 12 ‘importantes’ (con más de 100 millones de barriles de reservas) y unos cuatro gigantes, por esa pequeña dotación el imperio y sus cómplices internos están dispuestos a continuar la militarización, a desatar políticas genocidas de despoblamiento en el Sureste y de envenenamiento de las aguas superficiales y subterráneas en vastas áreas, como Chicontepec, Veracruz. Todo ello establece condiciones inéditas y más difíciles”.

Por eso, añade, “las comunidades tendrán que librar batallas por su sobrevivencia. Todos los estudios prospectivos indican que la población humana en zonas petroleras, como las ubicadas en los municipios ribereños de Tabasco, está condenada a desaparecer o emigrar, porque esos territorios estarán sumergidos bajo las aguas en las próximas décadas. En Chiapas ya se desarrollan políticas muy parecidas a las de las ‘reservaciones’ indias en Estados Unidos. En suma, el petróleo se está agotando, pero todavía en las próximas dos o tres décadas seguirá siendo un factor importante”.

Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011
----------------------
La privatización petrolera: el inicio
Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA
Antecedentes Necesarios. Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere tenían razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.
Más vistas en EDITORIAL

Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es políticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el Gobierno el 8 de abril, es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espíritu del Artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En 1916 y el párrafo IV del Artículo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación “los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos”. Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos”. Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo: “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”; esto último fue una reacción contra los cinco “contratos riesgo” otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.
En el Origen. Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida política mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así se puede apreciar la magnitud lo que hoy está en juego.
Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podía dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que había de valioso en el subsuelo –plata y oro-, tenían que pagar regalías. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española –entre otras cosas, las riquezas del subsuelo- pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los “jugos de la tierra”, es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocían por las chapopoteras.
La revolución industrial y el motor de combustión interna le darían al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el Gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los países industriales –en este caso la francesa-, elaboró una ley minera que en su Artículo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarían de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el país de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su Artículo cuarto no dijo ya nada en relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podía explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.
Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habían empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900 Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder político decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometía ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales” eran “propiedad exclusiva” del superficiario. Esta ley hecha en vísperas de la Revolución permanecería en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringía, pero no anulaba los derechos del superficiario si los había adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.
Legitimidad. Si cuando se inició la privatización del petróleo no se tenía idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podía tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino específicamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 había empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo “Dos Bocas” y se puso en acción al “Potrero del Llano”, todo el mundo supo que México era país petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, “El Águila”, naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.
La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es petróleo, la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del país requería de las nuevas fuentes de energía, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurídica al capital que tenía la tecnología y el empuje para hacerlo.
Algunas Conclusiones. El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñez y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase política, Pearson hizo miembros del consejo de administración de “El Águila” al hijo de Porfirio Díaz –“Porfirito”-, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquía. En fin, que las decisiones hechas en nombre del “interés general” escondían la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces críticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los círculos del poder económico y político, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.
Pese a la letra y espíritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economías centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180 grados. Y es ese giro lo que hoy está en juego.

.

kikka-roja.blogspot.com