Sergio Aguayo Quezada : Regresiones

Regresiones Por: Sergio Aguayo Quezada El informe de Human Rights Watch (HRW) confirmó los vicios y debilidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La aludida reaccionó negando con indignación los cargos; encontró refugio en Manlio Fabio Beltrones, un poderoso senador que representa el pasado, y en Felipe Calderón un presidente que aceita las regresiones a un pasado que considerábamos superado. Hace una semana Human Rigths Watch presentó una “Evaluación Crítica” de la CNDH. Se trata de la revisión más integral realizada hasta la fecha. Es un texto fluido pese a la enorme cantidad de hechos y cifras que confirman las fallas estructurales de una institución timorata, ineficaz, opaca y costosa. La mayor parte de los señalamientos ya habían sido hechos por mexicanos. El mérito de este documento consiste en presentar una visión integral bien apuntalada en cada párrafo. Por esa fortaleza los medios mexicanos e internacionales le han dado una enorme difusión. Le costará, a la CNDH y a sus valedores, diluir la mancha. La primera reacción de la CNDH confirmó la pobreza de su espíritu. Se envolvió en la enseña patria para descalificar lanzándose contra la nacionalidad de los autores. “No se vale que unos extranjeros vengan a decir que no estamos haciendo bien las cosas, nosotros investigamos, vamos a la sierra y no hacemos trabajos de escritorio, como ellos”, se quejó a gritos la visitadora adjunta Ingrid Herrera en el momento de la presentación. Un alto funcionario de la CNDH, Raúl Plascencia, aventuró horas después la siguiente explicación: “porque estas personas son de otro país no tuvieron la información o bien la cultura suficiente como para enterarse de cómo es que funcionan las instituciones nacionales”. Soberanes reaccionó con su acostumbrado desdén: “Nos importa la sociedad (mexicana) que es a la cual nos debemos, no a instituciones estadounidenses”. Nacionalismo oropelesco porque quien lea las 136 páginas del documento constatará que fue la CNDH quien les proporcionó buena parte de la información condenatoria. Los dos investigadores de HRW revisaron en detalle más de 40 casos y entrevistaron a 38 funcionarios de la institución. Soberanes reconoce que “nosotros les abrimos todo, les dimos todas las facilidades”. Con esa declaración bastaría para que alguien con paciencia e imaginación jurídica presentara una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación porque la CNDH ha discriminado a las organizaciones mexicanas al no concederles el privilegio concedido a una estadounidense para revisar con libertad sus archivos. El responsable de monitorear a la CNDH es el Senado. Santiago Creel reaccionó refugiándose en la evasiva ambigüedad. Manlio Fabio Beltrones saltó al ruedo para defenderla con un seco: “no compartimos la observaciones” de la HRW. Felipe Calderón tuvo la deferencia de trasladarse hasta la CNDH –ningún jefe del Ejecutivo lo había hecho— a escuchar el informe de Soberanes después de lo cual aseguró orondo que “esta comisión [la CNDH] está cumpliendo con su deber y haciendo una valiosa aportación a la vida del país”. ¡Cuánta frivolidad! En los 18 años de existencia de la CNDH ni el Senado ni el Ejecutivo le han hecho, jamás, una evaluación sólida. Se han contentado con entregarle miles de millones de pesos para apaciguar su conciencia y sentir que están comprometidos con los derechos humanos. La tensión continuará porque José Luis Soberanes ya anunció que prepara una respuesta contundente para revolcar la “Evaluación Crítica” y exhibir los “45 errores” de HRW. Cuando presente ese documento no debería sorprender que Felipe Calderón le facilite una sala de Los Pinos para dar realce a la rueda de prensa y que en ese mismo acto Manlio Fabio Beltrones anuncie que ya promueve otra reforma del Estado para poder inscribir el nombre de José Luis Soberanes en los muros del Senado. Por ahora, lo único verificable es que continúa la regresión en los derechos humanos, un tema en el que nos encuadramos en las peores tendencias mundiales. Una semana antes del informe de HRW, Louise Arbour, Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México en donde advirtió que “la reforma en justicia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón es violatoria de los derechos humanos porque eleva a rango constitucional el arraigo, permite los allanamientos sin orden judicial y crea un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada”. Transformar a un detenido en delincuente era común en el viejo régimen y también ha servido para justificar las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib. Comparto la urgencia de combatir el crimen organizado, pero es indispensable hacerlo respetando las garantías individuales. Desentenderse de las implicaciones es peligroso porque, como también lo expresara Louise Arbour, México vive una creciente “criminalización de la protesta” política y social. Se reactiva el pasado priista en el cual las víctimas estaban indefensas. Cuando se creó la CNDH en 1990 surgió la esperanza de que finalmente existiría una instancia para proteger a los maltratados. Uno de los aspectos más inquietantes del informe de HRW es demostrar que la CNDH simula defender a quienes ven sus derechos violados. Lo hace abusando de la “conciliación”, eufemismo que significa “resolver amistosamente” las quejas. El problema viene porque en la mayor parte de los casos las víctimas no se enteran. Es igualmente regresiva la forma en que la CNDH justifica su tibieza. Cuando dice que se apega a la “legalidad existente en México” recuerda el discurso de Fernando Gutiérrez Barrios, de la casi siempre hipocritona Secretaría de Relaciones Exteriores y de los jueces que obedecían las consignas de los represores. Soberanes nunca ha querido entender que quien defiende los derechos humanos se guía, en razonamientos y acciones, por lo que es justo (en ocasiones diferente a lo legal) que y ello exige buscar resquicios en las leyes nacionales e internacionales. Mientras se violan masivamente los derechos humanos padecemos a un Ombudsman burocratizado, a un Senado cómplice y a un presidente preocupados por proteger a los poderosos e ignoran a las víctimas. Regresiones. Notas. Las citas provienen de textos publicados por los diarios Crónica, La Jornada, Milenio, Reforma y El Universal. Agradezco a Javier Treviño Rangel sus sugerencias en torno a las regresiones y sus consecuencias. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada: ¿Y la ciudadanía?

¿Y la ciudadanía?

Para los políticos y las leyes la participación ciudadana es el equivalente laico de la beatitud. Cuando la ciudadanía busca incidir en el poder público quienes gobiernan la ahuyentan con indiferencias y/o malos modos. Cuando formaba parte de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica eran frecuentes las invitaciones de dirigentes del PRD y el PAN para que vigiláramos la limpieza de los comicios. Cuando vino la alternancia y el PAN y el PRD se convirtieron en Gobierno hicieron lo posible por meter a la sociedad civil organizada en el rincón de las irrelevancias. Es cierto que crearon una multitud de Consejos Ciudadanos, pero lo común es que sirvan de adorno. Indudable la inclusión, en leyes y reglamentos, de la obligación de tomar en cuenta los puntos de vista de Doña Sociedad Civil, pero luego ignoran la ley. Si la sociedad insiste en participar es porque, después de todo, el país es de todos. Cuando se discutía la reforma electoral, el Comité Conciudadano presionó para que en la Constitución se incluyera el requisito de hacer una “amplia consulta a la sociedad” cuando se renovara el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). El legislativo escuchó la petición y esa frase aparece en la Carta Magna y tal vez por eso a los diputados les entró tal borrachera cívica que tuvieron un desplante de cantina y prometieron un concurso abierto para cubrir las tres plazas de consejeros. La promesa alborotó y dio inicio la romería de aspirantes. Algunas candidaturas llevaban el respaldo de organismos civiles o un historial de diálogo con ellos. Fue el caso con Mauricio Merino, Irma Eréndira Sandoval y Alfredo Figueroa. Detallaré el caso de este último porque se distinguió por varias razones. Es de un estado del interior, tiene experiencia en organizaciones ciudadanas (uno de los fundadores en Puebla de Alianza Cívica), fue consejero electoral, quedó en segundo lugar en la calificación concedida por los diputados y tuvo una presentación tan afortunada que los diputados, como en el teatro, se pusieron de pie para ovacionarlo. Que no haya sido seleccionado confirma lo irrelevante del proceso anunciado. Si sólo tomáramos en cuenta las calificaciones obtenidas por los 39 finalistas, Leonardo Valdés obtuvo el lugar 21, Marco Antonio Baños el 31 y Benito Nacif el 35. Pero ya habrá tiempo para opinar sobre las virtudes y los lastres de los nuevos consejeros. Por ahora regreso al principal hilo conductor. Después de que eligieron a los tres consejeros pedí la opinión de Clara Jusidman, una experimentada y eficaz defensora del interés común desde las trincheras ciudadanas. Para ella, fue otra “derrota para la ciudadanía organizada” porque los legisladores ignoraron las candidaturas provenientes de la sociedad; porque “van a sacar a los consejeros preocupados por tener relación con este sector (Albo, González Luna y Latapí)”; porque los seleccionados no han mostrado tener un interés en relacionarse con los organismos civiles; y porque ignoraron el criterio del género. En síntesis es un Consejo “de y para los partidos”. No es algo excepcional; están cocinando una farsa parecida. La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impone al Senado la obligación de realizar una “auscultación a los sectores sociales” para integrar al Consejo Consultivo. Año con año el Senado ha sometido ese mandato a los trueques del tianguis político y siempre deja frustrados a los ciudadanos y organizaciones que se aventuran a buscar esos cargos honoríficos. Siempre ha triunfado el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, quien ha sido capaz de armarse un consejo al modo suyo. Salvo contadas excepciones escora hacia la derecha y es sumiso frente a la autoridad. El mérito de Soberanes ha consistido en cultivar a los liderazgos del PRI y el PAN. El año pasado debían cambiar a dos integrantes de ese Consejo y Soberanes hizo campaña para reelegir a las doctoras Paulette Dieterlen Struck y María Patricia Kurczyn Villalobos. Desde un principio tuvo el respaldo total de Manlio Fabio Beltrones y se daba por descontado que el PAN haría lo mismo. En esta ocasión hubo más resistencias de las habituales porque se integró una coalición de organismos civiles que propusieron como candidata a Pilar Noriega una defensora histórica de los derechos humanos. Hubo otras propuestas notables; entre ellas la de Raúl Ramírez Baena ex Ombudsman de Baja California. Como parte del esfuerzo hubo acercamientos y peticiones a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que encabeza Rosario Ibarra. El ejercicio rindió frutos y por primera vez hubo audiencias públicas y se transparentó razonablemente el proceso. Debían haberlos nombrado en octubre pasado, pero no hubo forma de lograr el consenso. Los senadores se dividieron en buena medida porque Soberanes y sus aliados desplegaron un cabildeo dedicado a frenar el paso de los irrespetuosos que desean incidir en la marcha de la CNDH. En el Congreso todo nombramiento, por más insignificante que sea, es utilizado como moneda de cambio en el interminable cambalache de favores que forma parte de la defensa de intereses. Eso pasó en la Cámara con los Consejeros del IFE; eso está pasando en el Senado con la renovación del Consejo de la CNDH en donde han ido perdiendo importancia los méritos de las candidaturas. Al día de hoy, me dicen fuentes bien informadas, los coordinadores del PAN y el PRI en el Senado (Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones) se inclinan por hacer la voluntad de Soberanes y ratificar a las dos consejeras ignorando las otras candidaturas y el lamentable estado de la CNDH. Si la semana pasada los diputados se olvidaron del ingrediente ciudadano en la renovación parcial del Consejo del IFE, es totalmente natural que esté pasando lo mismo en el Senado de donde Soberanes está muy cerca de alzarse con otra victoria sin que a los senadores importe la urgencia de oxigenar una institución estratégica. En el México actual la ciudadanía importa poco. Los monopolios económicos la exprimen, los delincuentes la aterrorizan, los legisladores la ignoran. Ante esa realidad ¿para qué solicitan los gobernantes la participación ciudadana cuando la van a ignorar? Sobre la protección concedida por los senadores del PAN y el PRI al presidente de la CNDH. ¿Qué le deben a Soberanes? O tal vez la pregunta correcta sería ¿qué les sabe, qué les da, Soberanes a Creel y Beltrones? Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

¡¡¡POLITICOS DE MIERDA, AHORA SALGAN A PEDIR SUS PINCHES VOTOS!!!
diputados y senadores piden el voto de la gente, para hacerse millonarios, la represión que viene no tiene madre, hacen leyes para chingar al pueblo.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : Los hebefrenicos

Los hebefrénicos

Está por llegar a México Louse Arbour, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); preparémonos para escuchar al presidente Felipe Calderón refrendar su compromiso con esos principios. ¿Romperá su hermetismo y dirá algo sobre los abusos cometidos por el Gobierno de su partido en Guanajuato? El 2 de mayo de 2007 el secretario general del Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez, exigió a los delegados del Gobierno Federal en el estado “fidelidad” hacia el gobernador Juan Manuel Oliva porque, gracias a él, Calderón había ganado en 2006. La información fue publicada por dos periódicos: el AM de León, y El Correo. Gerardo Mosqueda enfureció y el 11 de mayo arremetió contra los directores del AM y de Correo (Enrique Gómez Orozco y Arnaldo Cuéllar). Los tildó de “esquizofrénicos”, de “escribir pendejada tras pendejada”, de “explotar a sus trabajadores y extorsionar a sus interlocutores” y de “faunos rastreros”. A Enrique Gómez le dedicó su adjetivo estrella: lo calificó de “hebefrénico” alardeando, así, de su formación (es licenciado en psicología industrial y maestro en lengua y literatura españolas). La agresión era directa porque la hebefrenia es una esquizofrenia de mal pronóstico. Provoca una conducta tonta y desorganizada; risillas que parecen vacías y carentes de sentido; y gestos, posturas y amaneramientos que pueden desembocar en incoherencias. Un hebefrénico se encierra en un mundo interior de fantasías, en la evasión de la realidad. Los directores de ambos medios se consideraron injuriados y difamados y consideraron que Mosqueda había agredido la libertad de expresión. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se declaró incompetente y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entró al quite atrayendo el caso. Bien pronto les dio la razón a los periodistas y buscó una conciliación que pasaba por una disculpa pública de Mosqueda, quien reaccionó convocando a una rueda de prensa en la cual, en palabras de la CNDH, se desbordó. Pidió excusas a “los comunicadores, a la opinión pública, a los directores de ‘todos los medios’, al gobernador del Estado, a los miembros del Gabinete, a los funcionarios que dependen de la estructura del secretario de Gobierno, a sus cinco hijas y a su esposa”. Después de eso informó a la CNDH: “cumplí puntual y con largueza, con generosidad”. El director del AM, Enrique Gómez consideró insuficiente el modo (El Correo dejó el asunto por la paz) y ratificó su queja ante la CNDH. El 2 de junio, AM de León publicó un suplemento de ocho páginas sobre los métodos y la fuerza del Yunque una organización secreta de ultraderecha a la cual pertenecen docenas de funcionarios; entre ellos, según diversas fuentes, el gobernador y el secretario de Gobierno. Mosqueda respondió publicando un libro (Libertad de expresión) en el cual excluye la visión de los contrarios o los textos producidos por la CNDH. Procedió luego a cancelar la publicidad del Gobierno Estatal en el AM pese a ser el diario más importante del estado (34 mil ejemplares) y presionó a los presidentes municipales para que hicieran lo mismo. La CNDH siguió investigando y el 21 de diciembre de 2007 emitió una recomendación para el gobernador de Guanajuato en la cual le solicitaba una “disculpa pública inequívoca a Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar Ornelas”. El gobernador, Juan Manuel Oliva, respondió el 18 de enero que como “respetamos a la CNDH” con “todo respeto le hemos señalado que no aceptamos la recomendación” porque en “Guanajuato se respetan y se promueven los derechos humanos”. Es difícil conciliar la libertad de expresión y de información con el derecho al honor y a la vida privada. En este asunto, el Programa Permanente de Agravios a Periodistas y la Quinta Visitaduría de la CNDH hicieron un excelente y equilibrado trabajo. Reconocen, por ejemplo, la posibilidad de que los dos diarios no hubieran informado objetivamente sobre las declaraciones de Mosqueda y registran su queja de que ambos periódicos pudieron haberlo difamado exhibiéndolo ante la sociedad como un malhablado. Sin embargo, le señalan que podía haber presentado una demanda por difamación. En lugar de hacerlo se erigió en juez y decidió que como sus derechos humanos habían sido violados, no pediría disculpas y castigaría al AM de León cancelando la publicidad. Como en los viejos tiempos el ejecutivo toma la justicia en su mano. A este paso cada entidad elaborará su propia versión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se confirma nuestra indefensión ante los abusos de autoridad y sorprende el silencio del Partido Acción Nacional. Sólo el dirigente estatal, Fernando Torres Graciano, ha declarado que el Gobierno Estatal debía disculparse. La dirección nacional y el presidente de la República han guardado un silencio hermético que, en el caso de Calderón puede deberse a que está conteniéndose para los sentidos discursos que dirá ante Louise Arbour, la funcionaria internacional más importante en la materia. Se nos viene otro alud de palabras en el que el Gobierno de la República dirá cuánto admira y respeta a los derechos humanos. Lástima que no le pongan contenido. Situaciones como ésta explican las romerías al exterior de quienes buscan auxilio. El director del AM de León ya prepara los escritos que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la representación en México de la OACNUDH. Pero el choque entre AM de León y el Gobierno de Guanajuato trasciende la individualidad; es parte del viejísimo conflicto entre liberales y conservadores. En entrevista telefónica el director del AM da una explicación bastante lógica y directa sobre el enfrentamiento: “Quienes gobiernan Guanajuato son fanáticos religiosos y el peso de Mosqueda se origina en su jerarquía dentro del Yunque. Su inquina contra mí viene de que soy un liberal juarista que sin llegar al jacobinismo, rechaza la intromisión de la religión en la política”. El secretario de Gobierno no respondió a mi petición para una entrevista. El lenguaje del maestro Mosqueda tiene un par de aciertos. Refrenda la vigencia de esas crónicas del absurdo pergeñadas por el guanajuatense Jorge Ibargüengoitia y sugiere la pertinencia de utilizar el concepto de hebefrenia para explicar las conductas tontas, las fantasías y las evasiones de la realidad que tanto abundan en la política mexicana. e-mail: saguayo@colmex.mx

Kikka Roja

XENOFOBIA: Réplica / Xenofobia que Aguayo no quiere ver | Réplica / Las exageraciones de un lector

Réplica / Xenofobia que Aguayo no quiere ver
Reforma
(24-Ene-2008)

Muy curioso el artículo de Sergio Aguayo (Reforma, 23 de enero) sobre las diversas manifestaciones xenófobas (algunas abiertas, otras soterradas) que la izquierda ha utilizado para calificar el nombramiento de Juan Camilo Mouriño. Dice Aguayo que revisó "con cuidado todo lo declarado o escrito sobre el caso Mouriño" y que su examen lo llevó a concluir que "la acusación no se sostiene con la evidencia disponible". No menciona, por ejemplo, que el semanario Proceso en su portada dicte: "Gobernación, un enclave español", ni las oprobiosas caricaturas de La Jornada que pintan a Mouriño disfrazado de Hernán Cortés o de baturro, minimiza también las declaraciones de Fernández Noroña, a pesar de que éste actualmente ocupa el cargo de secretario de Comunicación Social del CEN del PRD y cuyas declaraciones, entonces, se tienen que tomar como la expresión del partido y no a título personal. Curioso también me resulta que Aguayo haya omitido el calificativo ("traidor a la patria") que le asestó López Obrador, y digo que esta lectura parcial (que Aguayo dijo que había sido cuidadosa) me resulta curiosa porque el mismo articulista admite "la posibilidad de que en el futuro surjan brotes de odio contra los extranjeros" y advierte que "sí existe el potencial para que florezcan actitudes antiespañolas". ¿Si no fuera evidente el discurso xenófobo por qué existiría la posibilidad de que el odio hacia lo español pudiera florecer? Aguayo termina su artículo comentando que "el PRD debería utilizar el caso Mouriño para deslindarse de la xenofobia de algunos de sus militantes", deslinde que nadie en ese partido ha enunciado, validando con su silencio una actitud deplorable. No hay mayor ciego que el que no quiere ver.

Fernando García Ramírez

Réplica / Las exageraciones de un lector
Reforma
(25-Ene-2008).-

El día de ayer Fernando García Ramírez me acusa de minimizar en mi columna "¿Xenófobos?" (23
de enero) aquella evidencia que demuestra la xenofobia de nuestra izquierda. A Fernando le parece "curioso que Aguayo haya omitido el calificativo ('traidor a la patria') que le asestó López Obrador" a Mouriño. AMLO ha acusado de traidores a René Bejarano y a Fox, a Creel y a Beltrones, a Labastida y a Felipe Calderón y a todo legislador que apruebe la reforma energética. A Mouriño lo incluyó sin mencionar su lugar de nacimiento. El lector dice que no menciono que "el semanario Proceso en su portada dicte: 'Gobernación, un enclave español'". No lo hice porque en los reportajes sólo le critican a Mouriño su favoritismo hacia los inversionistas españoles y sus conflictos de interés. Ninguna insinuación de xenofobia.

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NO ES XENOFOBIA, o la muletilla racista. Tenemos a los pinches españoles colgados de los huevos por culpa de unos cuantos pinches mexicanos de mierda, que no les importa que los indígenas y campesinos se mueran en la más absoluta soledad, en un pais dizque moderno ¡¡¡¡ SU PROPIO PAIS !!!!

R A T E R O S VENDEPATRIAS

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : ¿Xenófobos?

¿Xenófobos?

Disiento de quienes acusan a la izquierda mexicana de estar utilizando el caso Mouriño para desenterrar la xenofobia antiespañola. Acepto la posibilidad de que en el futuro surjan brotes de odio contra los extranjeros. Edmundo O’Gorman escribió ensayos memorables sobre la forma en que los españoles procesaron mentalmente los descubrimientos hechos por Cristóbal Colón. Terminaron “inventando” ideológicamente a la América para conciliar lo nuevo con el dogma religioso que encorsetaba todas las expresiones de la experiencia humana. También se las arreglaron para encontrar fórmulas que legitimaran la explotación del indígena. Los nativos y sus descendientes enfrentaron el mismo reto aunque desde el rincón de los vencidos. Tuvieron que incorporar lo diverso a su cosmovisión para fundirse una identidad donde se acomodaron o encimaron lo ancestral con lo recién llegado. En ese crisol germinó el impulso a la independencia que incluyó, en su versión más extrema, la negación de lo español que adoptaría el agresivo “y que mueran los gachupines” (según Antonio Alatorre “gachupín” proviene del portugués y quiere decir bisoño o recién desembarcado). Pero eso fue hace mucho tiempo y el antiespañolismo parecía enterrado. En los últimos días algunos columnistas mexicanos y el corresponsal en México de La Vanguardia de Barcelona critican a la izquierda de desencadenar la xenofobia (odio al extranjero) tomando como pretexto el nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación. La izquierda es presentada como intolerante e incongruente. La acusación no se sostiene con la evidencia disponible. Revisé con cuidado todo lo declarado o escrito sobre el caso Mouriño y encontré algunas expresiones despectivas; la de más alto nivel vino de Gerardo Fernández Noroña a quien su mismo partido, el PRD, acusara de vulgar e intolerante. Ninguno de los líderes principales critica a Mouriño por la nacionalidad de sus padres o por nacer en Madrid. Sí abundan las referencias a la rapidez con la cual se enriqueció una familia que llegó en 1978 y se piden aclaraciones sobre la forma en que recibieron las 40 concesiones de Petróleos Mexicanos para instalar lucrativas gasolineras. A Juan Camilo le imputan posibles conflictos de interés y se le pide que enseñe los documentos para confirmar que cumplió con los requisitos legales para ocupar su cargo. Exigencias sin olor a xenofobia. En México sí hay abundantes casos de xenofobia contra “gachupines”, “gringos”, “chales” o sudamericanos; y en algunos casos se llegó a linchamientos y ejecuciones. Sin embargo, las encuestas de opinión muestran cómo se han debilitado esas actitudes. En estos momentos la sociedad tiene sentimientos más favorables hacia España que hacia el resto de los países latinoamericanos. Ese país se ha convertido en lugar de especialización para 5,300 jóvenes que han transformado a España en el lugar europeo más preferido (ya está en segundo lugar después de Estados Unidos). El comercio y la inversión se duplicaron en el último sexenio y no paran de crecer. Sólo en el Distrito Federal viven actualmente unos 66 mil españoles. Transformaciones causadas, en buena medida, por la irreversible apertura de México al mundo. Después de todo alrededor del 20 por ciento de nuestra población vive en el extranjero. Debe distinguirse la xenofobia de ese nacionalismo oportunista que critica al extranjero para obtener alguna ganancia. El PRI fue maestro de ese oficio porque incendiaba la galería con denuncias contra quien se entendía en privado. En el siglo 21 el máximo exponente ha sido Hugo Sánchez, quien llegó a entrenador de la Selección Nacional criticando al “extranjero” Ricardo Antonio Lavolpe porque le quitaba oportunidades a los paisanos. Exacerbó algunos ánimos, es cierto, pero nadie se lo tomó demasiado en serio porque era obvio su patriotismo de oropel. Va un botón de muestra. En lugar de utilizar sus trofeos más preciados, los “Pichichis” conquistados en España, para construirse un obelisco en donde el pueblo pudiera venerarlo, decidió donarlos al Real Madrid el club a donde vuelan sus ilusiones. Si su patriotismo fuera consistente debió regalar los “Pichichis” a su club de origen los Pumas de la UNAM. Dicho esto, sí existe el potencial para que florezcan actitudes antiespañolas. La izquierda resintió la forma tan apresurada como el Gobierno socialista español reconoció la victoria de Felipe Calderón y el nombramiento de Mouriño se dio cuando sigue retumbando el caso Aristegui. Esos hechos podrían convertirse en preámbulo a la xenofobia porque la historia todavía pesa, porque en los últimos años ha crecido la presencia española en México y porque, seamos honestos, es posible documentar la voracidad de algunas empresas españolas que se aprovechan de la corrupción oficial para abusar de los consumidores. En su descargo debe agregarse que imitan a las mexicanas porque los consumidores estamos indefensos por la claudicación de un Estado timorato. Llevando el razonamiento al extremo nuestro dilema es si deseamos ser esquilmados por la mexicana Telmex o por la española Movistar. Una paradoja del caso Mouriño es que la prensa española fue la más entusiasta promotora de los detalles que alimentan las suspicacias. Ellos son los que discutieron si Juan Camilo es madrileño o gallego; ellos son quienes toman a los Mouriño como una reencarnación del “mito del indiano”: el inmigrante que al ritmo de las “habaneras” se fue a América con una mano delante y otra atrás, que logró fortuna y que regresó al terruño a presumirla. En este caso el papá del flamante secretario de Gobernación se dio el gusto de comprarse un equipo de futbol –el Celta de Vigo. La izquierda mexicana tiene mucho de criticable y el PRD debería utilizar el caso Mouriño para deslindarse de la xenofobia de algunos de sus militantes. Sin embargo, es poco serio endilgarle acusaciones sin fundamento que en algunas frases parecieran los desahogos de entripados ideológicos. Es previsible que en el futuro se escudriñe con más cuidado las prácticas de los inversionistas españoles en México y, dependiendo de lo que se encuentre, podrían alimentarse los resentimientos adormilados contra el extranjero depredador. Pero eso forma parte del centenario problema de un país que sigue permitiendo la explotación inmisericorde de las mayorías por unas minorías de mexicanos… y extranjeros. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

Kikka Roja

PRIMER PLANO : AUDIO : programa 14 enero 2008 > qué pasa cuando un gobierno se compra sus propias mentiras

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TEXTO COMPLETO
docs.google.com/Doc?id=dhg9c4zv_38fmbvfsc6

LEONARDO CURZIO GUTIERREZ: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano.
En este primer bloque nos vamos a hacer una pregunta: qué pasa cuando un gobierno se compra sus propias mentiras o qué pasa cuando su propia propaganda empieza a convertirse en las líneas de discurso político del propio gobierno y no necesariamente informa en términos, digamos objetivos y precisos, de un programa determinado, sino que se va envolviendo en su propia espiral discursiva diciendo que qué maravilla lo que ha hecho.

Esto viene a cuento porque el gobierno federal anunció que a finales del año, precisamente hacia el 25, 26 de diciembre se había plantado en Los Pinos el árbol 250 millones y esto nos plantearía, según un reconocimiento de la ONU, como uno de los países más eficaces en materia de reforestación. Se sabe que México, Indonesia y Brasil son los tres países señalados como los peores criminales en materia de deforestación a nivel global y con esto de los compromisos que tenemos adquiridos para detener el problema del calentamiento global, pues el tema de la reforestación cumple una función central. El asunto fundamental aquí -por eso hablo de mentiras y lo planteo a este mesa- es dónde están esos árboles. Cualquiera diría que sale uno a la calle y le salen ramas por todas partes o que habría zonas completas reforestadas como la Nueva Inglaterra, como Chile o incluso como China que ha tenido progresos importantes en materia de reforestación. La verdad es que está el anuncio gubernamental, se ha cacareado el tema pero no se ha visto; vi la página de SEMARNAT, se lo pedimos incluso al propio Secretario del Ramo; fotos de satélite que tampoco es nada del otro mundo, con un programa de google tranquilamente puede uno tener fotos de satélite hasta de la propia casa, vamos, no es que sea una tecnología complicada.

Y detectar dónde están todos esos árboles se ha convertido en una especie de obsesión mía de principio de año, pero supongo que por ahí andarán los árboles y soy yo quien nos los ha visto.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: En el bloque pasada terminamos con esa sensación no sólo de desencanto, sino de impotencia. Bueno, se denuncia y no pasa nada y me acordé de un maestro mío, de Guadalajara que le gustaba mucho la retórica, la oratoria y hubo una vez que soltó una frase en clase, por cierto frente a una bola de muchachos ahí medio asustados, dijo: jovencitos, los derechos no se mendigan, se conquistan. Lo cual me parece una frase propia de un maestro de literatura en Guadalajara pero que va al fondo de un problema. Ya no sólo transparentar, sino lograr la rendición de cuentas y en ese sentido me atrevo a mencionar una noticia, porque aún cuando estoy involucrado, trasciende con mucho la importancia personal, sino que va a un asunto de fondo. En representación de FUNDAR, soy presidente de un centro de investigación, presenté una demanda ante la justicia federal para exigir el acceso a las boletas electorales. El razonamiento no fue electoral, porque tanto FUNDAR como un servidor creo que la Presidencia Constitucional ya es cosa juzgada; como haya ganado Felipe Calderón, ya está el hecho jurídico y político, es el Presidente.

Pero lo que sí está en juego es el acceso a la información que nos permita reconstruir lo que pasó en el 2006, porque revisando los cuatro fraudes que se dieron: 29, 40, 52 y 88 la evidencia fue destruida. Por tanto metimos la demanda y hoy en la mañana, en una rueda de prensa, informé a nombre de FUNDAR que un juez no sólo nos dio la razón, sino que le ordenó al IFE suspender la destrucción de las boletas electorales. Lo cual sé que va a provocar una serie de reacciones intensas y de irritación en algunos sectores, pero en el fondo regreso a lo mismo: no basta sólo con denunciar, a veces hay que apoyarse en los instrumentos jurídicos para lograr conquistar un derecho y en este caso más allá de quien haya ganado, lo que está en juego es el derecho que tenemos a poder ingresar esos paquetes electorales para constatar qué sucedió en el 2006 realmente.

Y romper una tradición centenaria por la cual hay sospechas de fraude, hay suspicacia pero no hay manera de refutarlo o confirmarlo.

LAS BOLETAS SERGIO AGUAYO QUEZADA. ARTICULO
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Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : Las boletas : Demanda para saber qué pasó

Las boletas

Los derechos no se mendigan, se conquistan… y litigar contra la destrucción de las boletas electorales de 2006 trasciende el acre debate sobre quién ganó para inscribirse en la defensa de un derecho fundamental. En Fundar –un centro de investigación cuyo consejo presido—, decidimos seguir el ejemplo de Rafael Rodríguez Castañeda de Proceso, John Ackerman y otros y presentamos una demanda contra el Instituto Federal Electoral (IFE) exigiendo el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. El jueves 10 de enero un juez federal, Álvaro Tovilla León, ordenó frenar la destrucción de las papeletas en tanto el asunto esté en litigio. Algunos ya interpretan la demanda como necedad o toma de partido sin darse cuenta que se trata de defender, con métodos pacíficos, el derecho a tener acceso a información que nos permitirá entender mejor un parteaguas en la construcción de la casa común. Estoy terminando un libro que incluye la sistematización de lo conocido sobre cuatro grandes fraudes del siglo XX. Revisé las elecciones presidenciales de 1929, 1940, 1952 y 1988 para establecer los factores comunes que permitirán revisar el 2006 con un marco teórico adecuado. Encontré cinco constantes o variables: (1) la intervención del Gobierno a favor de un candidato para lo cual transfirió fondos públicos, compró o coaccionó el voto y utilizó –o amenazó con hacerlo— la fuerza pública; (2) la participación ilegal de empresarios y otros actores privados; (3) la parcialidad de los árbitros electorales; (4) la complicidad de una parte de la comunidad internacional; y (5) el férreo control de la información. Quienes cometieron los fraudes electorales pusieron un gran empeño en controlar la información creyendo que, de esa manera, ahogarían las protestas e inconformidades y lograrían que el hecho fuera olvidado por una sociedad poco participativa y satisfecha con los logros de la Revolución Mexicana. Para modular la verdad a su antojo construyeron una metodología, manipularon el grueso del contenido de noticias y de trabajos académicos, intimidaron y/o corrompieron a periodistas e intelectuales… y destruyeron evidencia (una parte de esa historia la cuenta Jacinto Murguía en su espléndido libro La otra guerra secreta: los archivos prohibidos de la prensa y el poder). La medida del éxito obtenido por el régimen en los tres primeros fraudes se aprecia en unas líneas de aquella obra de Mauricio Magdaleno dedicada al fraude cometido contra José Vasconcelos. Lo más terrible de la derrota de 1929, escribió, fue “salir sin el menor disimulo a la calle y hablar y gritar rabiosamente nuestra desesperación. Nadie nos hizo caso, como si lo de 1929 no hubiese existido nunca” (Las palabras perdidas). En 1988 la situación cambió porque se había emancipado un número suficiente de medios, periodistas e intelectuales para hacer imposible el ocultamiento de toda la verdad. El 88 terminó siendo un detonante de la transición y caló muy hondo la ignominiosa quema de las boletas electorales de 1988 aprobada por el PRI y el PAN. Con tropiezos y retrocesos la democracia ha ido instalándose y durante el sexenio de Vicente Fox, y gracias al impulso de académicos y medios impresos, se lograron avances indudables en la transparencia. Pese a ello, entre las nuevas camadas de gobernantes abundan quienes recurren a mañas, antiguas o novedosas, para mantener aprisionada la información. Es por ello que Fundar creó un Programa de Litigio Estratégico que lleva casos paradigmáticos a tribunales. En los últimos años Fundar ha demandado, entre otros, al Instituto Federal de Acceso a la Información, al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Gobierno de Coahuila… y al IFE que ha peleado como pantera en celo para evitar que los ciudadanos tengamos acceso a los paquetes electorales. Han utilizado todo tipo de argumentos para justificar la destrucción de las boletas y se han quejado del costo económico que tiene la preservación de esas boletas. En sus cálculos no entra el costo para la cultura democrática de la fenomenal revolcada recibida por la calidad democrática en 2006. Roy Campos de Consulta Mitofsky me autorizó a utilizar para esta columna los resultados de una encuesta que levantó en diciembre de 2007 acerca de “la opinión ciudadana sobre la limpieza de las elecciones que se celebran en México y el efecto que estas opiniones generan sobre una posible participación en nuevos comicios”. Los resultados, a publicarse en los próximos días, son tan inquietantes que merecerían incluirse en la agenda de la próxima reunión del Consejo General del IFE. Roy Campos encontró que si en estos momentos se realizaran comicios, el 69 por ciento de la población los vería como “poco limpios”, “nada limpios” o “fraudulentos”. Lo notable es que también lo piensa el ¡57 por ciento de los panistas! Resulta lógico que esa percepción reduzca el deseo de visitar las urnas. Cuando en México se habla de fraude lo común es que se piense en quién ganó o perdió. Se pasa por alto que el fraude más nocivo y corrosivo es aquel que violenta el principio básico de que las elecciones deben ser limpias y confiables. Cuando la violación se consuma se daña la legitimidad del gobernante y se alimenta la pasividad y el cinismo. Si somos un país de escépticos es porque la impunidad ha sido el cobertor que ha arropado a los fraudulentos de todo un siglo. La transparencia es el antídoto más poderoso contra la impunidad porque si se supiera que se conocería toda la información sobre unos comicios, los delincuentes electorales se irían con más cuidado. Una precisión como preámbulo a la reiteración. La batalla jurídica sobre 2006 ya terminó; existe un presidente constitucional que despachará en Los Pinos hasta el año 2012. El litigio por las boletas forma parte de la construcción de una verdad histórica que está en gestación. El 2006 ya es excepcional por la cantidad de evidencia que ha ido saliendo, pero le falta el premio mayor. Si la Lotería Nacional se la llevó el grupo de Elba Esther Gordillo, que la sociedad se quede con el privilegio de revisar las boletas. Es un ingrediente central para establecer si en el 2006 hubo fraude o si fue una elección impecable manchada por un mal perdedor. El fondo también está en un principio que le escuché, hace ya muchos años, a un inolvidable profesor: “los derechos no se mendigan, se conquistan”. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

GRATITUD Y FELICITACION PARA EL SR.SERGIO AGUAYO

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : Vuelta de tuerca

Vuelta de tuerca Se reactiva la polarización. Ese es el saldo de la salida de Carmen Aristegui de la W Radio. Con la información proporcionada por PRISA, carece de lógica empresarial su decisión de no renovar el contrato de Carmen. Su programa tenía un rating al alza y PRISA no aclara en qué consiste el “modelo editorial” con el cual era incompatible la periodista. Ante el hermetismo se justifica una interpretación que construí con fuentes confiables, pero que está sujeta a correcciones. La propuesta de PRISA sí modificaba la libertad editorial que había disfrutado la periodista. Por ejemplo, transfería a otras instancias la generación de la información. Tampoco hubo disposición para extender el tiempo y poder modificar el acuerdo vigente. Es entonces posible razonar que PRISA dejó de defenderla frente a las presiones de Televisa porque, tal vez, entraron en juego consideraciones comerciales más amplias. Eso explicaría ese comunicado tan escueto y contradictorio que difundieron el 4 de enero y que han complementado con llamadas de un directivo de la empresa a periodistas selectos durante las cuales se busca desacreditar a la periodista. ¿Cuáles podrían ser los motivos de Televisa para exigir la salida de Carmen? Sería demasiado burdo que fuera una revancha por la posición que Carmen adoptó frente a la Ley Televisa. Me parece más lógico que el gigante de la comunicación considerara inaceptable que una estrella mediática utilizara una estación de su propiedad para afectar sus intereses en el debate futuro sobre la Ley de Medios. El desencuentro entre una empresa y una conductora se complicó por la reacción de un centro-izquierda que trasciende, y con mucho, al Partido de la Revolución Democrática o a Andrés Manuel López Obrador. Ese centro-izquierda capturó en 2006 una tercera parte del electorado y está bien presente en los medios impresos, pero está ausente de los espacios privilegiados de los grandes medios electrónicos. Un matiz indispensable. Carmen no era una representante “orgánica” del centro-izquierda; lo que hacía era darle una gran atención a los asuntos que inquietan a este sector concentrándose, para ello, en asuntos paradigmáticos. Existen, por supuesto, otros conductores haciendo lo mismo. La diferencia está en el tamaño de la plataforma. La ahora desempleada tenía a su disposición veinte horas a la semana en una estación, la W Radio, que llega a todos los rincones del país envuelta en el halo de la tradición y sintetizando, de manera simbólica, el México de hoy y el de antaño. Entre las 6 y las 10 de la mañana escuchábamos dramones mucho más inquietantes por reales que las lacrimosas telenovelas que llenan las tardes y las noches mexicanas. Su impacto era enorme, sus consecuencias medibles. Cada noche Carmen cerraba la pinza con media hora en el influyente CNN en español. Si la periodista adquirió tanto protagonismo fue por sus méritos y porque no había quién la acompañara en las grandes ligas. El brillo alimentó la inquina de quienes vieron afectados sus intereses… y la convirtieron en un peligro para el México de los poderes fácticos. Sería imposible asegurar que en la cancelación del contrato se movió alguna mano de Los Pinos; tampoco puede negarse que el equipo del presidente puede tener la mano pesada con los periodistas incómodos y lo confirma la experiencia de otro comunicador independiente, José Gutiérrez Vivó. Renacen, como herencia de 2006, las dudas sobre el compromiso de Felipe Calderón con la democracia. El presidente no puede imponer su voluntad a un concesionario de medios, pero sí puede influir sobre sus decisiones. Pero pronto sabremos si algún concesionario de medios electrónicos importantes extiende una invitación a Carmen o si la castigan por un buen tiempo. Por lo pronto, el centro-izquierda ve reducida su presencia en los espacios privilegiados de los grandes medios electrónicos. Imposible dejar el tema sin referirse al peso del factor externo en nuestra transición. Una novedad de los últimos años es la creciente presencia española en el hemisferio. De España han venido empresarios honestos y emprendedores… y corsarios dispuestos a todo con tal de obtener la ganancia fácil. También han venido políticos sensibles y respetuosos y patanes arrogantes como José María Aznar quien, en 2006, se plantó en un México polarizado por una elección competida, lodosa y dudosa para decirnos que debíamos votar por el candidato afín al Partido Popular español. El centro-izquierda mexicano colocó a PRISA en la categoría de los españoles buenos; eran una especie de herederos del legendario y admirado exilio republicano. La extrapolación se justificaba porque PRISA es un referente de ética editorial que remite a Jesús de Polanco y a El País y a Santillana y a otras empresas que han tomado riesgos para defender a una democracia racional, moderna, civilizadora. En mis colaboraciones para El País o en mis tratos con dos sellos de Santillana (Aguilar y Taurus) he constatado y disfrutado del respeto y el profesionalismo. La defensa que PRISA hizo de Carmen durante varios años confirmaba que en México replicarían los mismos códigos de su relación con el poder. El desenlace del affaire Carmen y el hermetismo con el cual se han manejado, provocaron una comprensible sacudida. Tal vez PRISA se inclinó por la lógica mercantil y puso a un lado las necesidades de una democracia sin consolidar. Tiene todo el derecho a hacerlo aunque tal vez está cometiendo un error de largo plazo; después de todo, la izquierda es una realidad política en México. Pero ya habrá tiempo para regresar a los retos y dilemas creados por la reconquista española de América. De nuestro Congreso depende ahora que este asunto no se convierta en el “escándalo de la semana”. En la trayectoria de Carmen Aristegui se condensan los retos que deberán atender si se deciden a hacer una Ley de Medios. Por ahora, en el centro-izquierda estamos de luto y duelo por esa vuelta de tuerca que extiende la vigorosa polarización desencadenada en 2006. La miscelánea El año inició con otra pésima noticia. El Creador decidió no renovar el contrato de María Victoria Llamas, una periodista íntegra que padeció la censura por su compromiso con la democracia. Era también una amiga leal y una compañera en Alianza Cívica. Cuánto extrañáremos esa sonrisa luminosa, ese ánimo con el cual enfrentó la adversidad que la zarandeó en los últimos años de su existencia. Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

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Sergio Aguayo Quezada : Las bocinas

Las bocinas

Algunas anécdotas trascienden lo inmediato y se convierten en metáforas de la existencia. Unas bocinas de Guadalajara me llevaron a empezar el año 2008 pensando en la cultura cívica. Regresé a mi natal Jalisco y constaté la capacidad que tienen los usos y costumbres del pasado para sobrevivir. Un entrañable amigo organizó una comida en su casa; está metida en la mancha urbana, pero preserva el ambiente semi-rural. Antes de llegar a la sombra del árbol donde departiríamos ya sentía el impacto de la música a todo volumen que salía de unas bocinas colgadas en la casa del vecino. Era un recorrido interminable, sin interrupciones, por todos los estilos del folklore nacional.

Para los anfitriones era parte de la normalidad; para mí una agresión que impedía enhebrar recuerdos. Las bocinas se convirtieron en el tema y así supe que tenían años conviviendo con el ruido, que los vecinos prendían su aparato a las 6 o 7 de la mañana y lo apagaban a medianoche y que la única excepción se daba en los días festivos cuando empezaban antes y terminaban después. Me resultaba incomprensible que alguien con educación universitaria no defendiera sus derechos y exigiera reducir el volumen para, en caso contrario, llamar a la Policía. Tras la resignación estaba la idea de que la defensa de un derecho es una agresión al otro; preferían acumular la rabia que podía explotar en cualquier momento. Ya en una ocasión, contaron, uno de sus hijos estuvo a punto de sacar el arma para tumbar a balazos los altavoces.

Abusé de la amistad y de los privilegios del huésped para insistir en lo inaceptable de la situación. Me ofrecí de voluntario para hablar a la Policía o ir como embajador a solicitar silencio mencionando, de ser necesario, alguna justificación creíble; por ejemplo, que vivir en la capital me había alterado los nervios y que regresaba al terruño en busca de paz y tranquilidad. Después de varias evasivas, el anfitrión se fue con el vecino a quien contó no sé qué historia porque inmediatamente se redujo la contaminación auditiva. Sin la intromisión del ruido se inició una convivencia inolvidable por el festín de recuerdos y por la birria de chivo preparada en Poncitlán y acompañada de tortillas de maíz blanco. Un incidente como éstos hubiera servido para ilustrar la paupérrima cultura cívica del México autoritario. En junio-julio de 1959 dos académicos estadounidenses, Gabriel Almond y Sindey Verba, levantaron en México la primera encuesta sobre cultura cívica. Encontraron una sociedad mal informada y contradictoria: estaba orgullosa de la Revolución Mexicana y respetaba al presidente, pero ponía distancia de la política y la autoridad por considerarlos arbitrarios y corruptos. Tampoco había disposición a participar en organismos sociales o confiar en los vecinos; el refugio estaba en la familia. Ambiente propicio para la pasividad y el cinismo.

El régimen fue cambiando gracias a las minorías organizadas que desencadenaron ciclos de intensa movilización social. En este 2008 se cumplen 20 años del fraude electoral de 1988 y son evidentes las transformaciones. Se resquebrajó el presidencialismo y el federalismo es una realidad y el país se abrió al mundo y por doquier observamos la alternancia. Jalisco ha asumido su identidad conservadora y es territorio panista y sus avenidas antes limpias ahora rebosan de plásticos mugrosos. Pese a los cambios, el pasado se resiste a dejar el escenario. Ahora discutimos si hubo fraude en 2006 y las cifras confirman la resistencia al cambio de los valores cívicos. La participación ciudadana se retroalimenta con la confianza en instituciones dispuestas a tomar en cuenta las necesidades y demandas sociales. En México seguimos más cerca de 1959 que de la modernidad. Aquel año sólo el 30 por ciento estaba orgulloso del Gobierno y las instituciones públicas; la Encuesta Mundial de Valores en 2005 muestra un promedio idéntico. En el 59 sólo el 10 por ciento participaba en organismos ciudadanos y en 2005, según una encuesta de Gobernación, sólo llegó a un modesto 15 por ciento. Con otras encuestas podría urdirse el tapiz de la desconfianza hacia la Policía, el Gobierno y los partidos y el mínimo interés hacia la política (El Almanaque Mexicano 2008).

Resulta increíble la anorexia de la cultura cívica. Entre las explicaciones más evidentes estaría lo magro de la lectura, la mala educación en las aulas y el trabajo de unos medios de comunicación interesados en crear ejércitos de consumidores conformistas en lugar de ciudadanos involucrados. Las minorías dispuestas a participar enfrentan obstáculos monumentales. Para empezar, los partidos y los gobernantes tienen poco interés en la participación ciudadana independiente. Para demostrarlo estarían esas reformas electorales que ignoraron las candidaturas independientes, la iniciativa, el referéndum y el plebiscito. Estarían luego los riesgos asociados a la defensa de un derecho. Entre los muchísimos ejemplos que podría citar está el del Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo que encabeza el obispo Raúl Vera. El Centro se ha distinguido por su defensa de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos y de las trabajadoras sexuales violadas por miembros del Ejército. El 22 de diciembre recibieron como regalo navideño el asalto a sus instalaciones.

Que 2007 fue el año de la impunidad se confirma con la inoperancia de los organismos públicos de derechos humanos y la indiferencia del Gobierno de Felipe Calderón frente los abusos a los derechos humanos. Ahí está como ejemplo la incapacidad de la Secretaría de Gobernación para presentar un borrador aceptable del Programa Nacional de Derechos Humanos. Antes y ahora las mayorías pasivas y las minorías activas estamos a merced de esa trinidad creada por los monopolios, de los delincuentes y los gobernantes. Si entre ellos compiten para ver cuál nos maltrata más, cualquier hijo de vecino hará retumbar sus bocinas. Constatarlo y reiterarlo debe servir para armar la agenda de la investigación, la divulgación y la acción de 2008. Los abusivos viven de los dejados.

La miscelánea

Cuanto terminaba 2007 murió un ciudadano ejemplar. Rafael Ruiz Harrell era como un oso bondadoso. Su alegría de vivir y su calidez de amigo no le impedían escribir libros y columnas donde descarnaba las ineptitudes e iniquidades de los gobernantes. Se fue dejándonos una herencia de afecto y compromiso.

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Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : ¿Provincianos?

¿Provincianos? sergioaguayo@infosel.net.mx www.sergioaguayo.org La brillantez de la reforma electoral se empaña con lo rancio de su centralismo. Para corregirlo los diputados podrían hacer ajustes a la legislación secundaria y voltear hacia los estados cuando elijan a los tres consejeros de esta primera tanda. Arrastramos un antagonismo añejo entre la capital y el resto de las entidades o, para ser más coloquial, entre chilangos y provincianos. Por lo general está soterrado, pero a veces golpea por la crudeza de sus estereotipos. En su expresión más grosera los capitalinos son calificados, en otras partes de México, como mañosos, arrogantes y “gandallas”. En el mismo tono hay capitalinos que responden con sorna que los provincianos, además de ingenuos e ignorantes, están amargados por el complejo de inferioridad. Resulta por ello incomprensible que legisladores -en su mayoría provincianos- dejaran pasar una reforma a la Constitución tan “achilangada”. Hace días, el Instituto Electoral del Distrito Federal que preside Isidro Cisneros fue anfitrión de una reunión de presidentes de institutos electorales. Los encuentros de este tipo se caracterizan por la mesura y el respeto a las formas y las divergencias; cuando las hay se manejan con tersura. En esta ocasión el rasgo distintivo fue la virulencia porque estaban, están, muy irritados por el centralismo de una parte de la reforma. El enojo se justifica porque hay partes del texto construidas sobre dos supuestos endebles. El primero es atribuirle al Instituto Federal Electoral (IFE) excelencia en la eficacia, templanza a la hora de enfrentar los poderes fácticos, beatitud cuando de objetividad se trata. El segundo es el menosprecio implícito hacia los institutos electorales de los estados a los cuales se trata como inferiores al IFE en capacidad e independencia. Las protestas de los organismos estatales son interpretadas como los pataleos de quienes defienden salarios tan jugosos como los presupuestos manejados con escasa supervisión. Es cierto que hay consejeros estatales muy bien pagados y que una porción compite en el vasallaje a “su” gobernador. Pero como demostraré a continuación la generalización es absurda. Ejemplo número 1. En la Constitución reformada se lee que el IFE “asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable”. Tras estas líneas subyace la idea de que el IFE es superior. Falso. Nuevo León supera en eficiencia, y con mucho, al IFE. Desde el año 2004 es el único Instituto Electoral con certificación ISO-9001-2000 por la calidad en la forma de organizar elecciones. Otro indicador estaría en el reconocimiento que recibió la semana pasada de la Organización de Estados Americanos la cual también le solicitó que organice y sea sede, durante el año 2008, de un encuentro Hemisférico de Organismos Electorales. Ante evidencia de este tipo podría argumentarse que el legislador debiera haber considerado la posibilidad de que los institutos locales sustituyan al IFE en la organización de elecciones federales en algunos estados. En cuanto a salarios, los siete consejeros de Nuevo León reciben en años no electorales un estipendio de 13 mil pesos al mes que en año de comicios sube a unos 39 mil pesos. Un diferencial notable ante los ingresos y privilegios de los Consejeros del IFE. Ejemplo número 2. Erróneo minimizar las innovaciones de los estados. En Michoacán modificaron la legislación y prohibieron a los partidos utilizar el equipamiento urbano para colgar su propaganda. Lo notable, lo excepcional, lo único es que el Consejo Electoral quiso y pudo hacer que la ley se cumpliera. En conversación telefónica, la consejera María de la Luz Becerra me detalló la mezcla de trabajo y sentido común que hizo posible el portento de unos comicios sin plásticos ofensivos para la vista y el ambiente. Una idea digna de ser explorada me fue planteada, con la parsimonia propia del linaje de los Sepúlveda, por el presidente del instituto neoleonés, Eduardo Guerra Sepúlveda: “Habría que reflexionar sobre la conveniencia de también multar a los candidatos por las violaciones a la ley… y no sólo a los partidos”. Cierro este breve recuento con la valentía del instituto de Baja California frente a las presiones de su gobernador en las elecciones pasadas. Por ahora, el centralismo ya está en la Constitución. Paradójico porque se somete a los institutos locales a un IFE debilitado en su autonomía. Como la democracia se basa en la ecuación “error-corrección” al legislador corresponde hacer, ahora, algunos ajustes. Hoy miércoles 21 de noviembre los presidentes de los organismos electorales publican un desplegado listando sus reivindicaciones. Reproduzco la más importante: “Que en la legislación secundaria quede establecido, en forma expresa, que las relaciones entre el IFE y los organismos electorales locales, serán de coordinación y cooperación y no de subordinación”. Otra corrección también debe incluir la selección de los tres consejeros. A la luz de lo antes dicho parecería sensato que el legislador considerara como criterios que dos de los tres fueran mujeres y que dos de los tres hubieran hecho su carrera en el interior. Con eso en mente estoy entre quienes respaldan la candidatura de Alfredo Figueroa Fernández quien reúne experiencia, conocimientos, autonomía y prestigio. Estuvo entre los fundadores de Alianza Cívica en Puebla en donde ha sido consejero en el IFE y el instituto local. En las últimas fechas ha participado activamente en el Comité Conciudadano y tiene interés en competir. El país ha cambiado y se ha ido diluyendo la dicotomía centro-periferia. Por eso mismo sorprende el “achilangamiento” de algunas partes de la Constitución. Si recuperáramos el errático y desigual comportamiento de los Consejeros del IFE es inevitable preguntarse quiénes están en la vanguardia y quiénes son los provincianos. La miscelánea Juan Ramón de la Fuente se ganó a pulso los reconocimientos a los cuales me uno. Sin embargo, y en cierto sentido, la piel de la UNAM no es de puma sino de leopardo. El fondo es de un amarillo burocrático; las manchas simbolizan la modernidad de algunas instituciones y facultades. El nuevo rector, José Narro Robles, ratificaría su considerable prestigio si recordara que la eficacia es fuente de legitimidad y que urge reducir y simplificar una tramitología asfixiante.

Kikka Roja

Sergio Aguayo : NO QUE NO

¿No que no?

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Las reformas electorales incluidas en la Constitución tuvieron como musas a las irregularidades que mancharon las últimas elecciones presidenciales.

En el año 2006 la intolerancia anegó todos los resquicios de la existencia. Quienes condenábamos las intervenciones de Vicente Fox y del Comité Coordinador Empresarial fuimos tachados de censores empeñados en limitar la libertad de expresión. Cuando señalábamos los riesgos de las campañas negativas éramos calificados de retrógradas incapaces de valorar la modernidad de las “campañas de contraste”. A quienes criticamos la pasividad y/o parcialidad de la trinidad de árbitros electorales (IFE-Trife-FEPADE) se nos tachó de saboteadores de unas instituciones con olor a beatitud. Muy poco tiempo después se acepta que teníamos la razón. México tiene una larga tradición de irregularidades electorales. Si se piensa en las competencias por la Presidencia, durante el siglo 20 hubo fraudes en 1929, 1940, 1952 y 1988. ¿Es correcto incluir al año 2006 en tan selecta lista o debemos creerle a Manuel Espino quien calificó a la elección del año 2006 como la “más limpia, transparente e inobjetable de la historia del país”? (La Jornada, 3 de julio del 2007).

Catorce meses y 10 días después del 2 de julio los senadores de las tres principales Fuerzas políticas aprobaron con celeridad unas modificaciones a la Constitución. Dos días después lo hicieron los diputados y los congresos de 30 estados siguieron el ejemplo y en los próximos días el presidente publicará un documento construido sobre los planos estructurales de unos comicios turbios. ¿Avalancha de spots pregonando las mil y una maravillas del gobierno de Vicente Fox? A partir de ahora la Constitución establece que durante las campañas electorales estará prohibida “la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. ¿Medios electrónicos arrogantes imponiendo su voluntad a candidatos y partidos pusilánimes? Los cambios interrumpen las transfusiones masivas de dinero público a los medios electrónicos y el Estado recupera una parte del tiempo regalado por Marta y Vicente en el “Decretazo” de 2002. Y para evitar la costumbre de los concesionarios de radio y televisión de transmitir durante la madrugada la publicidad oficial, el legislador incluyó ¡en la Carta Magna! el horario en que debe transmitirse los spots. ¿Campañas negativas basadas en calumnias? Se enmendó la Constitución pensando en la tesis sostenida por la Suprema Corte: la libertad de expresión sí tiene límites. Por tanto, en la “propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas”.

¿Empresarios que defienden sus intereses pagando la difusión de spots insidiosos o mentirosos? En nuestro máximo ordenamiento jurídico se puso que “ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. ¿Gastos escandalosos y falta de instrumentos legales para controlar el desorden? Según cálculos de Alfredo Figueroa del Comité Conciudadano, sólo ahorraremos el 11 por ciento del costo de las elecciones. Sin embargo, sí podría mejorarse la fiscalización de las cuentas de los partidos porque la Constitución ordena que el órgano fiscalizador del IFE tenga acceso a “los secretos bancario, fiduciario y fiscal”. ¿Autoridades electorales que tomaron decisiones a favor, sobre todo, de Felipe Calderón? El balance es desigual. Dejaron intacta a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que, bajo la dirección de María de los Ángeles Fromow, se distinguió por su ineficacia y parcialidad. Toda la atención y el debate giraron en torno al Instituto Federal Electoral (IFE) y, sobre todo, en el destino de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), como si de su permanencia dependiera el dictamen último sobre la legitimidad de la elección.

Al final decidieron correrlos en abonos lo que está provocando un barullo tan fenomenal que merece un análisis separado. Por ahora, queda muy poco, casi nada, de la aureola de beatitud atribuida al actual Consejo; el diagnóstico más benigno le recrimina la tibieza con la cual defendió la calidad democrática. Se reproduce, a un nivel bastante inferior, el drama del Papa Pío XII cuya memoria quedó percudida por su falta de enjundia a la hora de defender a los judíos perseguidos por los nazis. Después de la elección los principales actores se anclaron en tesis inamovibles. Aunque el PRD se ha mantenido firme en la tesis del fraude electoral, en los resolutivos de su Décimo Congreso Nacional Extraordinario (agosto 2007) ya hizo una autocrítica y reconoció algunos de sus errores. El PAN se atrincheró en el silencio o en el mantra de la elección impecable porque si reconocían cualquier irregularidad estarían abonando la versión de un presidente ilegítimo. Sin embargo, los legisladores panistas aceptaron con su voto que sí hubo irregularidades bien graves y cuando Felipe Calderón publique las reformas a la Constitución estará concediendo implícitamente que su bando cometió excesos bien graves durante la campaña.

El destino de la calidad democrática está preñado de incertidumbre. Sería insensato quitarle trascendencia al evento aquí comentado porque impactará para bien la forma cómo se disputa el poder. Pero sería ingenuo suponer que se corregirá el daño causado. Hizo escuela, sentó precedentes, caló fuerte, la tesis del todo se vale con tal de ganar. Tanto así que mientras el PRI y el PAN ponían en la Constitución la prohibición a las campañas negativas, éstas siguieron utilizándola en los comicios de Baja California, Michoacán y Tamaulipas y en el caso del PRD, en su proceso de selección de dirigente. La elección de 2006 está siendo sometida a una revisión académica sin precedentes y se va afianzando como verdad histórica la tesis de que esa elección fue una de las más lodosas, costosas y dudosas de la historia. Ahora puede asegurarse que la cercanía con el abismo llevó a reformas a la Constitución tan importantes que se abre la posibilidad de que las elecciones futuras sean más confiables. Así es la historia.

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada : Cumpleaños feliz

Cumpleaños feliz sergioaguayo@infosel.net.mx www.sergioaguayo.org Felipe Calderón celebró sus 45 años tomando el sendero abierto por Vicente Fox: se niega a informar sobre su fiesta amparándose en la “inexistencia” de la información. A partir de las tres de la tarde del viernes 17 de agosto empezaron a llegar a Los Pinos los 300 convidados al cumpleaños presidencial. Entre ellos iba un número indeterminado de funcionarios que se tomaron la tarde de un día laboral. A la periodista de El Universal, Lilia Saúl, que preguntó por los detalles del ágape le respondieron que la información era “inexistente” porque fue un acto privado. De haber sido el caso el banquete hubiera debido realizarse de otra manera y no en la residencia oficial, con personal del Estado Mayor Presidencial y con músicos de la secretaría de Marina (Reforma, 18 de agosto del 2007). Quien ingresa a la vida pública acepta ser escudriñado, pero, ¿en dónde está el límite? La respuesta varía dependiendo del tiempo y el espacio. Las reacciones al divorcio del presidente francés Nicolas Sarkozy confirman que en Francia son relativamente respetuosos de la vida privada mientras que en Estados Unidos diseccionan y publicitan cada milímetro de la existencia y cada tropiezo de sus gobernantes. En México pasamos del hermetismo a un destape desordenado con reglas poco claras. La aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (abril 2002) abrió las compuertas de la información pública y eso nos ha permitido acercarnos al mundo de los poderosos y constatar que aun cuando todos alaban la transparencia reculan y hacen lo posible por evadirla cuando están en juego sus intereses. El cumpleaños de Calderón confirma el patrón: el presidente se refugia en la “inexistencia” de información cada que enfrenta hechos incómodos. Lo hizo cuando le preguntaron en qué documento respaldaba su afirmación de que la indígena Ernestina Ascencio había muerto de una gastritis crónica no atendida. Responder que la información “no existía” era una forma de cubrir las espaldas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y/o la Secretaría de la Defensa Nacional y/o el Gobierno de Veracruz. Tampoco puede creerse que alguien tan obsesionado con el control como el actual presidente carezca de los registros, los inventarios o las bitácoras de los millones de documentos oficiales que Vicente Fox y Marta Sahagún se llevaron al rancho. Calderón le aprendió la maña a Vicente Fox quien fue maestro en el arte de refugiarse atrás de la inexistencia de documentos. Cuando ganó la Presidencia, Fox se comprometió a convocar a los más capaces y a su oficina de transición llegaron miles y miles de solicitudes y el guanajuatense encargó a los “cazadores de talentos” (headhunters) hacer la selección. Cuando pedí la información sobre el episodio se resistieron lo más que pudieron para terminar refugiándose en la archicitada “inexistencia”. Nada guardaron, nada quedó, de la heroica búsqueda de los mejores y los más brillantes. En Los Pinos sólo pudieron localizar 22 fotocopias de recortes de prensa. En el crepúsculo del pasado Gobierno se aclaró el misterio. Desde las filas de la comentocracia brotó un texto de Jorge G. Castañeda quien aclaró que “para todos fines prácticos no hubo headhunters. Mi experiencia personal fue más o menos la misma que la de otros. Unas tres semanas después de haber sido invitado a colaborar con Fox en su Gobierno, a mediados de octubre de 2000, me habló Ramón Muñoz para pedirme que recibiera a un headhunter, que según Muñoz, debía entrevistarme para cumplir una promesa. En vista de que Fox se había comprometido a utilizar este recurso o filtro, todos debíamos contribuir a taparle el ojo al macho”. (“Aguas: que no cuenten cuentos”, Reforma, 18 de octubre de 2006). Así pues, podría asegurarse que la farsa de los headhunters fue la primera capitulación de Fox. Vicente Fox tampoco entregó información para establecer qué tanto abusó la pareja presidencial de los privilegios del cargo. Pese a que la señora Marta utilizaba recursos públicos, Los Pinos se negaba a entregar información diciendo que no era servidora pública e invocando la “inexistencia” de comprobantes. Por ejemplo, no existen los recibos de los gastos por transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y teléfonos realizados por Marta Sahagún y los 17 integrantes de su comitiva que fueron el 13 y 14 de marzo de 2006 a una exposición en Washington (“Divina y Humana. La mujer en los antiguos México y Perú). Marta y Vicente se ofenden cuando se les crítica, pero son reacios a entregar la información que los exonere de la evidencia que los coloca en la categoría de vulgares coyotes. Por lo arraigado de la cultura presidencialista es probable que el ejemplo de Vicente, Marta y Felipe esté alentando las declaraciones de “inexistencia” de información. En agosto de 2007 ya eran casi 10 mil las veces que algún funcionario recurría a esa puerta de escape abierta por la ley. Es un problema perfectamente identificado por quienes se interesan en la transparencia y por el Instituto Federal de Acceso a la Información que decidirá en alguna de sus sesiones próximas si deja en la penumbra la información sobre el cumpleaños del presidente. Es también un ángulo que deberá atender el Congreso cuando ajuste la actual Ley a las recientes reformas hechas al 102 constitucional. No estamos ante un asunto menor. En lo que llevamos del siglo 21 los gobernadores, los partidos y los oligopolios se han hartado de ganar dinero y poder, mientras que el acceso a la información es una de las pocas palancas que tiene la ciudadanía para exigirle cuentas al poderoso. Utilizar la “inexistencia” de información cancela esa posibilidad e impide conocer, por ejemplo, todo el sistema de privilegios que concede la secretaria de Educación Pública al magisterio o las minutas detallando el papel jugado por funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la venta de Banamex al Citigroup. Estoy entre quienes consideran que debe respetarse a la vida privada de los políticos, pero es lamentable que el presidente la invoque para defender una fiesta de cumpleaños pagada, al parecer, con recursos públicos. Es inquietante que lo haga aprovechándose de uno de los huecos más grandes de la Ley de Acceso a la Información y confirmando que la “inexistencia” de información se ha convertido en parte integral del himno a la opacidad y a la impunidad.

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Sergio Aguayo Quezada : Huele a pólvora

Huele a pólvora

sergioaguayo@infosel.net.mx www.sergioaguayo.org En México se destruyen oleoductos y en Washington está a punto de explotar una bomba jurídica que exhumará ese pasado que nuestras instituciones han hecho hasta lo imposible por sepultar. El factor común es la tragedia de los desaparecidos. Antes de abordar el asunto vayan las precisiones. Como ciudadano estoy en contra de la utilización de la violencia estatal o social en la política. Como analista interesado en una seguridad con democracia y derechos humanos busco explicaciones a una pregunta tan elemental como el por qué sigue habiendo mexicanos y mexicanas dispuestas a tomar las armas y a poner bombas que alteran el delicado tinglado político nacional. El 31 de diciembre de 1993 el presidente Carlos Salinas y su grupo celebraban el ingreso de México a la modernidad y se preparaban para gobernar varios sexenios más. Estaban y eran felices. Horas después empezó la rebelión de decenas de miles de indígenas encuadrados en el EZLN y cambió la historia del país y se hundió la estrella del salinismo. En el primer semestre de 2007 la atención se dirigía al enfrentamiento del Estado con dos poderes fácticos: el crimen organizado y las televisoras. La situación se enredó cuando en julio pasado el EPR se lanzó a destruir ductos de Pemex. Los daños económicos han sido enormes. Es posible, como dicen algunos, que el EPR sea un grupo minúsculo y de origen e intenciones turbias. Sin embargo, se reconfirma que bastan unos centenares de personas decididas, bien organizadas y financiadas para dislocar ramas enteras de la economía nacional. El EPR insiste en que los atentados se originan en la desaparición de dos de sus dirigentes desaparecidos en Oaxaca hace unos meses y en su lenguaje aparece reflejada esa franja de mexicanos convencida de que las instituciones no funcionan y que la justicia es imposible en México. En otras palabras, la guerrilla tiene una base social. Entre los escépticos estarían aquellos que combaten los agravios con medios pacíficos. Es el caso con dos organismos civiles que pusieron una bomba jurídica a punto de explotar. La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, (Afadem) representan a los familiares de Rosendo Radillo un guerrerense que tenía 60 años cuando fue detenido en 1974 en un retén militar. Nunca volvió a aparecer, pero está bien documentada la responsabilidad del Estado mexicano en su desaparición. En el año 2001 los dos organismos mencionados en el párrafo anterior presentaron el caso Radillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pasaron los años y el organismo con sede en Washington revisó la evidencia y tomó en cuenta los argumentos de los quejosos y del Gobierno mexicano. Los familiares de la víctima decían recurrir al exterior por el agotamiento de las instancias internas. Nuestro Gobierno rechazaba la idea y subrayaba que México todavía tiene recursos para interponer y antesalas por visitar. La CIDH concluyó en el año de 2005 que 33 años habían sido suficientes para averiguar el paradero de Rosendo Radillo y castigar a los responsables. En pocas palabras la falta de “resultados concretos” confirmaba la “ineficacia de los recursos internos”. Con esa base prepararon un “Informe de Fondo” (todavía confidencial) que fue entregado en agosto de 2007 al Gobierno mexicano el cual tiene hasta el 15 de octubre para responder. Fuentes cercanas al asunto ven imposible que nuestras autoridades puedan restañar en tan corto tiempo el fracaso de dos organismos de Estado. Durante la Guerra Sucia desaparecieron entre 500 y mil 200 personas. El municipio más castigado fue Atoyac de Álvarez, Guerrero, con 470 (entre ellos el señor Radillo). Ante la magnitud de la violación a garantías individuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció en 1990 un Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. Tuvo un arranque prometedor, pero al poco tiempo frenó las investigaciones y hasta ocultó información vital para los familiares de los desaparecidos. Una serie de denuncias periodísticas acicateó en el año 2001 a la CNDH que se puso a trabajar y sacó la Recomendación 26/2001 el 27 de noviembre de aquel lejano año. Ese mismo día Vicente Fox respondió creando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que desapareció hace unos meses después de gastarse entre 200 y 250 millones de pesos. Le bastó un quinquenio para demostrar cuan incapaz fue el foxismo en el terreno de la justicia, la verdad y las reparaciones; la Femospp nos deja, eso sí, una estela de anécdotas dignas de nuestra picaresca política. Ante el fiasco el Gobierno Federal metió el Informe Final de la Fiscalía (entregado en noviembre del año 2006) al limbo echeverrista: ni lo rechaza, ni lo acepta, sino todo lo contrario. Entretanto, crece la lista de agravios. Algunas perlas del año 2007. La justicia del Estado de México es tan generosa que exoneró a Arturo Montiel y en lugar de condenar a 120 años a tres líderes sociales de San Salvador Atenco “sólo” les impuso una pena de 67 años y seis meses de prisión. Ulises Ruiz sigue gobernando Oaxaca, ero se castiga con dureza a los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. El Gobierno Federal arropa al gober Mario Marín mientras se desencadena otra campaña contra Lydia Cacho. En suma, se criminaliza la protesta social y Rosario Ibarra reactiva el Frente Nacional contra la Represión. En este marco hay que entender la violenta y condenable reaparición del EPR y la posibilidad de que la desaparición de Rosendo Radillo termine siendo juzgada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez en la historia el Estado mexicano estará en el banquillo de los acusados por la forma tan condenable en que uso la fuerza y por lo que deja de hacer en el presente. Un desenlace inevitable porque discursos aparte hay un México que huele a pólvora de distintas épocas. La miscelánea A los interesados en seguridad les recomiendo una conferencia internacional organizada por el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. Se realizará el martes 25 y el miércoles 26 en las instalaciones de El Colegio de México. El programa completo aparece en www.colmex.mx y en www.seguridadcondemocracia.org

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Sergio Aguayo : Tiendas de raya

Tiendas de raya

sergioaguayo@infosel.net.mx www.sergioaguayo.org La violencia tiene muchas caras y una de las menos atendidas es el maltrato cotidiano a los consumidores. Con esa tesis rescató la poco conocida historia de unas reformas que aprobó el Congreso y vetó Felipe Calderón ante la incomprensible indiferencia de la izquierda. A las “tiendas de raya” se les asocia con las haciendas de la dictadura porfirista. En ellas cobraban y gastaban los campesinos su salario y en ellas se endeudaban y terminaban esclavizados a los privilegiados. Pero “la tienda de raya no (era) un simple abuso de los hacendados” escribe Friedrich Katz citando a Luis Cabrera; era “una necesidad económica del sistema”. En el siglo 21 las tasas de ganancia del sistema dependen de la explotación que un buen número de empresas públicas y privadas hacen de los consumidores; una especie de peones acapillados posmodernos. La telefonía, la banca, las televisoras privadas, la electricidad, las inmobiliarias, entre otros, han diseñado métodos altamente sofisticados para capturarnos en sus redes y extraernos recursos con mecanismos que van de lo burdo a lo sofisticado. El sistema funciona porque los partidos políticos también están atrapados en las redes de interés y por lo general toleran leyes y prácticas en beneficio de los poderes fácticos. Por ello resulta tan excepcional y sorprendente que los partidos estén a punto de aprobar una reforma electoral que rompe su vasallaje frente a los medios electrónicos. En el 2005 dos diputados del PRI, Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, presentaron una iniciativa para cambiar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Justificaban las modificaciones en que “el sector de la vivienda se había visto seriamente afectado” lo cual era falso porque en el sexenio del dicharachero presidente Fox la construcción fue una de las áreas más dinámicas. Los diputados priístas querían darle cuello a la ley vigente porque protegía a los consumidores y eso “representaba un riesgo evidente” para el “sector de la vivienda”. Los cambios defendían los intereses de las inmobiliarias endureciendo, por ejemplo, las condiciones impuestas al comprador de una casa para quejarse por defectos en la construcción. También le quitaban a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de “ordenar al proveedor” quitar la publicidad o información mentirosa. Esa facultad, por cierto, fue la utilizada por la Profeco para frenar hace unos meses a los magos y adivinos que engañan televidentes. En suma, una ley hecha a la medida de las empresas y en detrimento de los millones que pasan privaciones para cumplirse el sueño de la casa propia. La iniciativa se convirtió en Ley el miércoles 14 de diciembre del 2005. Era el último día de sesiones y sin discutirla fue aprobada con los votos en contra de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN). Estuvieron a favor el Revolucionario Institucional, el Verde y los tres partidos que en el 2006 crearían el Frente Amplio Progresista: Partido del Trabajo, Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática. Se reconfirma que diciembre del 2005 fue el “mes de la izquierda descuidada”. En aquellas semanas la fracción del PRD, dirigida por Pablo Gómez, votó todo lo que le pusieron por enfrente: La Ley Televisa y unas reformas que lesionan a millones de consumidores. En el Senado pasó lo mismo: El 26 de abril de este año fue aprobada sin discusión. El atraco se hubiera consumado de no haber sido porque uno de los diputados panistas que votó en contra, Antonio Morales de la Peña, fue nombrado Procurador de defensa de los consumidores. La Profeco trabajó varios meses con la Consejería Jurídica de la Presidencia para generar el primer veto de Felipe Calderón a una ley que lesionaba el interés general. Una decisión positiva que compensa en algo las medidas que generalmente toman los gobiernos panistas a favor del sector privado. El voto y el veto me llevan a discutir un misterio. ¿Por qué si el PRD quiere ser el abanderado de las mayorías no le dedicó atención a una ley que desde la exposición de motivos favorecía a unos cuantos en perjuicio de toda la población? En este caso puede tratarse de un descuido, pero en términos generales la izquierda mexicana en el Congreso no pareciera saber como manejarse frente a la economía de mercado a la cual rechaza de manera impulsiva porque la ven como sinónimo de desigualdad. Como en su programa tampoco está sustituirla se refugia en una evasión que termina facilitando los atracos a los consumidores. Un filósofo español, Daniel Innerarity escribió una columna en la cual propone que la izquierda debe utilizar las reglas de la economía de mercado para combatir la desigualdad. Así, reivindica que la competencia es un “auténtico valor de izquierda” porque se la puede utilizar para enfrentar a los monopolios públicos o privados; sobre todo cuanto éstos han dejado de proveer bienes en “condiciones económicamente eficaces y socialmente ventajosas”. (“Salir del pesimismo”, el país, 7 de septiembre de 2007). Un razonamiento idéntico podría hacerse sobre los consumidores. En la medida en la que se les defienda frente a los productores se incrementan sus ingresos y se contienen los excesos de un liberalismo que favorece a los productores. En la riqueza de las naciones (1776) Adam Smith ya sostenía que “el consumo es el sólo propósito y fin de la producción” pero que “el interés del consumidor es constantemente sacrificado en pos del interés del productor”. Nuestra Constitución está plagada de buenos deseos y en el artículo 28 se dice que “la ley protegerá a los consumidores”. Precepto ignorado porque ningún partido incorpora la idea en sus programas y sólo se involucran en casos aislados. En la historia aquí contada un gobierno de derecha defendió el bien común mientras que la izquierda no entiende que los obreros, los campesinos y los ciudadanos también somos consumidores. La miscelánea Las leyes sirven de muy poco cuando las instituciones carecen de la voluntad para hacerlas funcionar. Aunque el artículo 35 de la Ley de Protección al Consumidor faculta a la Profeco para que suspenda la publicidad mentirosa, ésta sigue permitiendo a Sky anunciar que transmitirá el 100 por ciento de los partidos de la Liga de Futbol de España lo cual es falso. A la Profeco, como a otros organismos públicos que defienden derechos, les falta consistencia en su compromiso.

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Sergio Aguayo Quesada

Los dinosaurios

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El domingo salieron a pasear los dinosaurios, se les vio por Palacio Nacional y en múltiples urnas veracruzanas. El espectáculo es una consecuencia natural de la ruptura en el entendimiento entre izquierda y derecha que hizo posible la transición.

Hasta en la construcción de la democracia hemos sido informales. El consenso entre izquierda y derecha nunca se formalizó en pacto o acuerdo escrito; se fue tejiendo en acciones concretas de rechazo a la violación del voto. Entre los episodios más recordados está la huelga de hambre de Luis H. Álvarez por el fraude en Chihuahua de 1986; las protestas conjuntas de Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra por el fraude en la elección presidencial de 1988; la movilización a favor de Salvador Nava por el fraude de 1991 en San Luis Potosí. En la protesta se forjó un acuerdo a favor de elecciones limpias y confiables entre partidos, organismos civiles, intelectuales y periodistas. Soplaban aires de una concordia que anticipaba la esperanza de un futuro mejor. El entendimiento estuvo muy cerca de formalizarse en el verano de 1999 cuando Cárdenas y Vicente Fox discutieron, con la mediación de un grupo de ciudadanos, la posibilidad de una candidatura común que hiciera posible sacar al PRI de Los Pinos. Es bien revelador que no hubo diferencias en torno a un programa común de Gobierno; los aparecieron con la interferencia de los poderes fácticos interesados en impedir una candidatura unitaria frustrándose, así, una solución a la chilena. En Chile, cuatro partidos ideológicamente diversos formaron la “Concertación” en 1988 y así derrotaron a la dictadura y así han creado una democracia confiable.

El acuerdo Cárdenas-Fox se malogró pero el PRI salió de Los Pinos al año siguiente porque a millones de votantes de izquierda nos convenció el razonamiento del voto útil y le dimos la victoria a Vicente Fox. Cuál sería la sorpresa cuando a los pocos meses Fox empezó a romper el espíritu de aquel pacto informal. Primero vino su claudicación en la promesa de marcar una raya frente a los represores del viejo régimen; después observamos cómo se lanzaba a promover a los suyos en elecciones locales y el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la faena de 2006 en donde Fox fue artífice de la unidad de una derecha decidida a ganar a toda costa. Así fue como nos dimos cuenta que Tito Monterroso se había equivocado porque no es uno sino varios los dinosaurios que pastan en las praderas de la política nacional. Cuando el domingo pasado Felipe Calderón se sintió el dueño absoluto de la plaza se montó una escenografía y lanzó un discurso con penetrante olor a naftalina. Sonaba raro su estribillo final de que es “posible transformar a México” cuando él se había refugiado en ese formato arcaico que maquilla realidades incómodas y calla frente a las promesas incumplidas. Calderón perdió la oportunidad para demostrar en la práctica su compromiso con la renovación y enunciar sus objetivos en los diferentes temas para forzar, de esa manera, el debate que pide en abstracto.

Ese mismo día, pero en Veracruz, las elecciones nos regresaron a comicios pretéritos. Pese a las diferencias con otros tiempos, el gobernador Fidel Herrera demostró que en el México del siglo 21 los votos necesarios para la victoria los obtiene quien cuenta con más dinero, menos escrúpulos y más aparato político y que frente a ese ejercicio irrestricto del poder es muy poco, casi nada, lo que se puede hacer. A los estados fluyen ríos de dinero federal fortaleciendo a gobernadores que despliegan la discrecionalidad que distinguiera a los presidentes mexicanos. En los últimos seis años Veracruz recibió 241 mil millones de dinero federal buena parte de los cuales son manejados con total discrecionalidad. Es poco lo que se puede hacer porque los partidos que alguna vez estuvieron en la oposición ahora han incorporado, y hasta mejorado, la doctrina del “todo se vale”. El Partido Acción Nacional resultó ser un alumno ejemplar y ejecuta con enorme profesionalismo melodías antes rechazadas y en la elección presidencial, en Baja California y en Boca del Río, Veracruz encomendó su suerte a las huestes de Elba Esther Gordillo, la Maestra en la “operación” de elecciones. El PRD tampoco escapa a la tentación y a la menor provocación se embarca en métodos similares y recluta a mapaches tan ilustres como José Guadarrama y deja que sus tribus practiquen el corporativismo y la opacidad en la capital. Desde otro punto de vista, la proliferación de dinosaurios hace posible un cambio en las reglas. El sistema electoral ha perdido tanta funcionalidad que en las elecciones competidas el guión es idéntico salvo en la identidad de la víctima. En la elección presidencial fue el PRD; en Baja California el PRI; en Veracruz el PAN. Se abre entonces la posibilidad de un nuevo entendimiento que incluiría a los tres grandes partidos ya que a esa trinidad le convendría adoptar medidas para reducir los márgenes de la irregularidad. Falta ver si los acuerdos logrados para las elecciones federales se filtran a los estados en donde el atraso es bastante más evidente.

Así pues, la defensa de los intereses partidistas es lo que hace posible la reforma electoral que se aprobará esta semana y cuyas limitaciones se originan en que los partidos se olvidaron, hace ya bastante tiempo, del término “bien común”. Por ahora sus mejores esfuerzos los dedican a defender parcelas de poder bien delimitadas. Esos son los partidos que tenemos, esas las reformas posibles. La posibilidad de cambios más profundos deberá esperar al mediano plazo, cuando mejore la organización social que de manera muy lenta va renovando sus liderazgos y agendas. Por ahora, a lo más que podemos aspirar es a observar la operación de los monopolios económicos y la forma en que salen a pasear los dinosaurios.

La miscelánea

El menosprecio a la opinión ciudadana se hará evidente en esta semana de reformas. Destaca el nuevo impuesto a las gasolinas que nos afectará a todos y el respeto con el cual trataron los privilegios de los monopolios económicos y políticos. La reforma electoral deja casi intactos los ofensivos financiamientos a los partidos y a las Cámaras de Diputados y Senadores. Los interesados en mandarles un mensaje de rechazo por vía electrónica pueden unirse a la campaña de Alianza Cívica visitando la página: www.yabajenle.org.mx

Kikka Roja