- Advierte que Hacienda anularía beneficios al imponerle elevado superávit primario
- Positiva, la reforma fiscal para Pemex propuesta por FAP y PRI: experto
- Baja la proporción de impuestos y eleva la aportación a investigación científica y tecnológica
- Considera que se dará viabilidad a proyectos en aguas profundas como el de Chicontepec
ISRAEL RODRIGUEZ J.
La reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), propuesta por el Frente Amplio Progresista (FAP) y el PRI es positiva porque disminuye la proporción de impuestos, aumenta la aportación para investigación científica y tecnológica en energía, y elimina la obligación de producir un mínimo de barriles por año, con lo que se evita seguir estimulando la explotación irracional de los yacimientos, consideró Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos.
Sin embargo, advirtió que se requiere evitar que, como ha ocurrido con el régimen vigente, todo lo que se logra con la modificación de la Ley Federal de Derechos, se vea anulado por la Secretaria de Hacienda en la discusión de la Ley de Ingresos por la vía de imponerle a Pemex un elevado superávit primario. Sobre los elementos más importantes y positivos de la iniciativa destacó la propuesta de reducir la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos de 79 a 70 por ciento. Al mismo tiempo se incrementa de 76.6 a 86.6 la proporción participable a entidades federativas y del 3.17 al 3.58 por ciento para los municipios. De esta forma, explicó, ni las entidades federativas ni los municipios petroleros se verán afectados en las participaciones que reciben por este concepto. Además, se elimina el tope de deducciones fiscales de 6.50 dólares por barril producido; para las inversiones en exploración y explotación, dando viabilidad a los proyectos más intensivos de capital, como los de aguas profundas los yacimientos de Chicontepec. Por otro lado, se introduce una tasa específica de 20 por ciento del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH) para los pozos maduros, con lo que puede hacer rentable la explotación de numerosos pozos muy antiguos, que hoy ya no se explotan. "Existen cálculos de Pemex Exploración y Producción, en el sentido de que esto podría aportar una producción adicional de casi 200 mil barriles de crudo diario".
Destinará más a la investigación
La aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), brazo tecnológico de Pemex, de 0.05 por ciento del valor de la producción, es transformada en el derecho para la investigación científica y tecnológica en energía, y su monto se incrementa al 1 por ciento del valor de la producción. "Este es el mismo porcentaje que, por ejemplo, establece la legislación brasileña para la investigación en materia petrolera". Ruiz Alarcón destacó que un cambio muy importante es el que 75 por ciento se destinará al IMP y el resto financiará proyectos de instituciones públicas de investigación y educación superior, en materia de fuentes alternativas de energía. Recordó que detrás de las ventajas comparativas de muchas empresas del sector público, públicas o privadas, se encuentran años de laboriosa y sostenida investigación. "En este sentido, el caso de empresas públicas como Electricidad de Francia y Petrobras de Brasil es emblemático de lo que puede hacer un Estado nacional interesado en apuntalar a sus empresas energéticas desde una perspectiva de largo plazo.
También, al eliminar el Derecho adicional, que impone la obligación de producir un mínimo de barriles por año, se evita seguir estimulando la explotación irracional de los yacimientos. "Además, es una forma de reorientar la inversión a las actividades de transformación industrial. Finalmente, significa que el régimen fiscal toma en cuenta la declinación de Cantarell". El también asesor en materia energética de la Cámara de Diputados, aseguró que la propuesta de reforma al régimen fiscal de Pemex busca dotar a la industria petrolera de un marco normativo que permita clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, abrirle la puerta para una mayor autonomía y flexibilidad de gestión, así como facilitarle el diseño de una adecuada política de planeación, inversión y desarrollo. Fluvio Ruiz afirmó que todavía quedan pendientes por lo que se requiere modificar el "piso" para el pago del derecho para el fondo de estabilización de los ingresos petroleros. Este derecho debe pagarse a partir del precio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no, como lo indica la ley actualmente, a partir de 22 dólares, independientemente del precio de referencia para el presupuesto. Sobre todo, porque al final de este año, el fndo de estabilización de los ingresos petroleros, rebasará el límite que le impone la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
Insistió en la necesidad de reformar la Ley Federal de Presupuesto para definir una nueva distribución de los excedentes petroleros, que privilegie la reinversión en infraestructura del propio Pemex.
Sin embargo, advirtió que se requiere evitar que, como ha ocurrido con el régimen vigente, todo lo que se logra con la modificación de la Ley Federal de Derechos, se vea anulado por la Secretaria de Hacienda en la discusión de la Ley de Ingresos por la vía de imponerle a Pemex un elevado superávit primario. Sobre los elementos más importantes y positivos de la iniciativa destacó la propuesta de reducir la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos de 79 a 70 por ciento. Al mismo tiempo se incrementa de 76.6 a 86.6 la proporción participable a entidades federativas y del 3.17 al 3.58 por ciento para los municipios. De esta forma, explicó, ni las entidades federativas ni los municipios petroleros se verán afectados en las participaciones que reciben por este concepto. Además, se elimina el tope de deducciones fiscales de 6.50 dólares por barril producido; para las inversiones en exploración y explotación, dando viabilidad a los proyectos más intensivos de capital, como los de aguas profundas los yacimientos de Chicontepec. Por otro lado, se introduce una tasa específica de 20 por ciento del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH) para los pozos maduros, con lo que puede hacer rentable la explotación de numerosos pozos muy antiguos, que hoy ya no se explotan. "Existen cálculos de Pemex Exploración y Producción, en el sentido de que esto podría aportar una producción adicional de casi 200 mil barriles de crudo diario".
Destinará más a la investigación
La aportación para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), brazo tecnológico de Pemex, de 0.05 por ciento del valor de la producción, es transformada en el derecho para la investigación científica y tecnológica en energía, y su monto se incrementa al 1 por ciento del valor de la producción. "Este es el mismo porcentaje que, por ejemplo, establece la legislación brasileña para la investigación en materia petrolera". Ruiz Alarcón destacó que un cambio muy importante es el que 75 por ciento se destinará al IMP y el resto financiará proyectos de instituciones públicas de investigación y educación superior, en materia de fuentes alternativas de energía. Recordó que detrás de las ventajas comparativas de muchas empresas del sector público, públicas o privadas, se encuentran años de laboriosa y sostenida investigación. "En este sentido, el caso de empresas públicas como Electricidad de Francia y Petrobras de Brasil es emblemático de lo que puede hacer un Estado nacional interesado en apuntalar a sus empresas energéticas desde una perspectiva de largo plazo.
También, al eliminar el Derecho adicional, que impone la obligación de producir un mínimo de barriles por año, se evita seguir estimulando la explotación irracional de los yacimientos. "Además, es una forma de reorientar la inversión a las actividades de transformación industrial. Finalmente, significa que el régimen fiscal toma en cuenta la declinación de Cantarell". El también asesor en materia energética de la Cámara de Diputados, aseguró que la propuesta de reforma al régimen fiscal de Pemex busca dotar a la industria petrolera de un marco normativo que permita clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, abrirle la puerta para una mayor autonomía y flexibilidad de gestión, así como facilitarle el diseño de una adecuada política de planeación, inversión y desarrollo. Fluvio Ruiz afirmó que todavía quedan pendientes por lo que se requiere modificar el "piso" para el pago del derecho para el fondo de estabilización de los ingresos petroleros. Este derecho debe pagarse a partir del precio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no, como lo indica la ley actualmente, a partir de 22 dólares, independientemente del precio de referencia para el presupuesto. Sobre todo, porque al final de este año, el fndo de estabilización de los ingresos petroleros, rebasará el límite que le impone la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
Insistió en la necesidad de reformar la Ley Federal de Presupuesto para definir una nueva distribución de los excedentes petroleros, que privilegie la reinversión en infraestructura del propio Pemex.
Kikka Roja
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