Martes, 3 Junio, 2008
RICARDO MONREAL AVILA
¿Qué sigue después de aprobar en el Congreso la reforma energética? En condiciones democráticas de avanzada, dispondríamos de dos instancias: un tribunal constitucional que dictaminara si los legisladores se apegaron a la Constitución o se excedieron en sus facultades; un referendo o consulta ciudadana que ratificara o rechazara lo aprobado por el Poder Legislativo. Disponemos de ambos mecanismos, pero en condiciones inacabadas o a medias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1994, conoce de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de ordenamientos y disposiciones de los tres órdenes de gobierno. Un boom de controversias se ha registrado desde entonces, dando lugar a plantear la necesidad de que la SCJN actúe exclusivamente como tribunal constitucional o, por lo menos, crear una sala especializada en estos temas.
En relación al referendo, la figura está formalmente reconocida en nuestra Constitución, pero realmente está proscrita de nuestra vida pública al carecer de una ley reglamentaria. Sólo algunas entidades federativas la tienen formal y materialmente contemplada como mecanismo de participación ciudadana, como es el caso del DF, Coahuila y 15 estados más. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser la siguiente estación de la llamada reforma energética, una vez que una mayoría legislativa conformada por el PAN, un sector del PRI y otros partidos aprueben una especie de “reforma de la reforma energética” de Felipe Calderón. Es decir, una versión corregida de la iniciativa original.
Antes de los foros de consulta en el Senado (un logro concreto del llamado “tribunazo”) las aristas a pulir de la controversial reforma parecían pactados y delimitados. El PRI eliminaría los aspectos flamables de la iniciativa (refinerías privadas, arbitrajes extranacionales y enajenación de la renta petrolera, entre otros), pero mantendría el núcleo central de la misma: el reconocimiento legal y la aplicación generalizada de la figura de “contratos de servicio ampliados”. Es decir, la privatización de Pemex por la peor de las modalidades posibles, el contratismo. Además de mantener intocada la actual relación entre el sindicato y la empresa. Esta ruta crítica de aprobación se mantiene sin cambios relevantes. Los foros del Senado modificaron el calendario pero no el contenido previamente pactado por el PAN y el PRI. A lo sumo, la consulta servirá para agregar nuevas condicionantes y exigencias de los aliados parlamentarios, pero no para modificar el núcleo privatizador original, motivo de una previsible controversia constitucional.
¿Cómo fallaría la SCJN en este eventual escenario? Los dos foros del Senado destinados a analizar la constitucionalidad de la iniciativa perfilaron la polarización de opiniones que seguramente se dará en el máximo tribunal del país. De 14 juristas, investigadores y abogados participantes, siete exhibieron la naturaleza inconstitucional de la iniciativa, seis abogaron a su favor y uno se abstuvo de abordar el tema. Sin embargo, a diferencia de la votación que se puede predecir desde ahora en el Poder Legislativo, la Corte ha actuado de manera impredecible en casos relevantes. Ha respondido como un tribunal fundacional y de contrapeso en casos como los militares con sida, la despenalización del aborto en el DF y la Ley de Medios. Pero también ha convalidado abusos de poder y atracos a garantías individuales como los casos de Lydia Cacho versus Mario Marín, Oaxaca y el anatocismo financiero. En asuntos de interés netamente ciudadanos, la SCJN actúa de manera innovadora. En asuntos de poder y dinero, responde de manera conservadora. Y el tema del petróleo es un asunto de poder y de muchísimo dinero.
La otra opción válida, aunque inacabada, sería el referendo o la consulta ciudadana. Es la salida planteada por el ex ministro Juventino Castro y Castro y por el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Si hubiera referendo, el siguiente paso después del Congreso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o rechacen la reforma energética, debiendo acatar los poderes Legislativo y Ejecutivo ese resultado. Validar si la mayoría legislativa integrada en las cámaras se corresponde plenamente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos. La reforma energética, tal como la pretenden aprobar el PAN y el PRI, impactará el futuro económico y social del país. Es un asunto de interés nacional como para dejarlo en manos exclusivas de 500 diputados federales, 128 senadores y 11 ministros de la Suprema Corte. Que la mayoría de los mexicanos, no una élite, decidan el futuro de la reforma energética.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxEn relación al referendo, la figura está formalmente reconocida en nuestra Constitución, pero realmente está proscrita de nuestra vida pública al carecer de una ley reglamentaria. Sólo algunas entidades federativas la tienen formal y materialmente contemplada como mecanismo de participación ciudadana, como es el caso del DF, Coahuila y 15 estados más. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser la siguiente estación de la llamada reforma energética, una vez que una mayoría legislativa conformada por el PAN, un sector del PRI y otros partidos aprueben una especie de “reforma de la reforma energética” de Felipe Calderón. Es decir, una versión corregida de la iniciativa original.
Antes de los foros de consulta en el Senado (un logro concreto del llamado “tribunazo”) las aristas a pulir de la controversial reforma parecían pactados y delimitados. El PRI eliminaría los aspectos flamables de la iniciativa (refinerías privadas, arbitrajes extranacionales y enajenación de la renta petrolera, entre otros), pero mantendría el núcleo central de la misma: el reconocimiento legal y la aplicación generalizada de la figura de “contratos de servicio ampliados”. Es decir, la privatización de Pemex por la peor de las modalidades posibles, el contratismo. Además de mantener intocada la actual relación entre el sindicato y la empresa. Esta ruta crítica de aprobación se mantiene sin cambios relevantes. Los foros del Senado modificaron el calendario pero no el contenido previamente pactado por el PAN y el PRI. A lo sumo, la consulta servirá para agregar nuevas condicionantes y exigencias de los aliados parlamentarios, pero no para modificar el núcleo privatizador original, motivo de una previsible controversia constitucional.
¿Cómo fallaría la SCJN en este eventual escenario? Los dos foros del Senado destinados a analizar la constitucionalidad de la iniciativa perfilaron la polarización de opiniones que seguramente se dará en el máximo tribunal del país. De 14 juristas, investigadores y abogados participantes, siete exhibieron la naturaleza inconstitucional de la iniciativa, seis abogaron a su favor y uno se abstuvo de abordar el tema. Sin embargo, a diferencia de la votación que se puede predecir desde ahora en el Poder Legislativo, la Corte ha actuado de manera impredecible en casos relevantes. Ha respondido como un tribunal fundacional y de contrapeso en casos como los militares con sida, la despenalización del aborto en el DF y la Ley de Medios. Pero también ha convalidado abusos de poder y atracos a garantías individuales como los casos de Lydia Cacho versus Mario Marín, Oaxaca y el anatocismo financiero. En asuntos de interés netamente ciudadanos, la SCJN actúa de manera innovadora. En asuntos de poder y dinero, responde de manera conservadora. Y el tema del petróleo es un asunto de poder y de muchísimo dinero.
La otra opción válida, aunque inacabada, sería el referendo o la consulta ciudadana. Es la salida planteada por el ex ministro Juventino Castro y Castro y por el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Si hubiera referendo, el siguiente paso después del Congreso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o rechacen la reforma energética, debiendo acatar los poderes Legislativo y Ejecutivo ese resultado. Validar si la mayoría legislativa integrada en las cámaras se corresponde plenamente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos. La reforma energética, tal como la pretenden aprobar el PAN y el PRI, impactará el futuro económico y social del país. Es un asunto de interés nacional como para dejarlo en manos exclusivas de 500 diputados federales, 128 senadores y 11 ministros de la Suprema Corte. Que la mayoría de los mexicanos, no una élite, decidan el futuro de la reforma energética.
Envía solicitud formal al instituto; el futuro de Pemex, “tan importante” como una elección Ebrard pide al IEDF que organice tareas para conocer el parecer de la ciudadanía El instituto se declara “humana y técnicamente” preparado para llevar a cabo ese proceso Raúl Lllanos y Bertha Teresa Ramírez El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se declaró “humana y técnicamente” preparado para llevar a cabo una de las más importantes consultas realizadas en esta ciudad, la de la reforma energética, que tendría una magnitud similar a la de una elección constitucional, plantearon funcionarios de ese órgano autónomo. Luego de recibir la solicitud formal que envió ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal para que participe en la consulta prevista para el próximo 27 de julio, autoridades del IEDF expresaron que frente a ese planteamiento “se tiene la idea de hacer una gran consulta ciudadana como si fuese una elección constitucional”. En el transcurso de hoy los integrantes del Consejo General del IEDF se reunirán para analizar el planteamiento del Gobierno del Distrito Federal y alcanzar un acuerdo para emitir una postura institucional de aceptación, no obstante que por sí solo el titular de este organismo, Isidro Cisneros, tiene las facultades legales para firmar un convenio de colaboración con las autoridades locales. Apoyo de consejeros al plan del titular del GDF En este contexto, se conoció que al menos cinco de los siete integrantes del Consejo General del instituto están en favor de acompañar a las autoridades locales en dicha tarea. De hecho, en el oficio que la mañana de ayer envió el gobierno capitalino al IEDF se le pide que, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del código electoral local, “proceda a la realización de los trabajos conducentes para la organización de la consulta y el desarrollo de la jornada, utilizando los mecanismos de votación que considere convenientes, el cómputo respectivo y la declaración de los resultados de conformidad con la ley en la materia”. En la solicitud, firmada por el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, el GDF también plantea que este órgano electoral proponga el mecanismo más adecuado para el diseño de las preguntas materia de la consulta. Para Marcelo Ebrard el IEDF es la institución que debe organizar dicho ejercicio ciudadano y dijo que esperará la respuesta del organismo. A la par, mediante un oficio, José Ángel Ávila solicitó formalmente al presidente del organismo, Isidro Cisneros, que se designe a un representante del Instituto para que funja como enlace con esta dependencia, a efecto de definir los términos de su posible participación en la tarea ya propuesta. Sobre el mismo tema, el consejero electoral Gustavo Anzaldo manifestó que en esa labor de analizar la propuesta de las autoridades locales deberán ser muy cuidadosos para no inmiscuirse en algunas cuestiones de gobierno. –¿Cómo evitar que se partidice la responsabilidad que por ley tiene el instituto de realizar la consulta? –se le preguntó. –Ese sería, precisamente, uno de los puntos a delinear en el convenio de colaboración que se firme con el GDF. Ahí se tiene que definir el mecanismo para blindar a nuestra institución, dejar en claro las atribuciones que tiene por ley en esa materia y asegurar que su autonomía e independencia no se vean vulnerados y no se crea que se tiene aquí alguna participación con un sesgo en favor o en contra de determinada propuesta.
La Constitución impone al presidente de la República y al Senado la obligación de realizar una consulta popular sobre la reforma energética, sostiene Juventino V. Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) . En un documento denominado Consulta popular sobre el petróleo, señala que la Carta Magna no sólo obliga a la consulta, sino que además ésta es una “instrumentación obligada y no una sugerencia desechable”. Al comentar la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética propuesta por Calderón, el ministro en retiro precisa que el artículo 25 constitucional señala que el Estado “planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica de la nación”, y que el sector público tendrá a su cargo “de manera exclusiva” las áreas energéticas. Castro y Castro, quien sostuvo en los foros del Senado que la propuesta federal viola la Constitución, añade que el artículo 26 señala que la planeación económica la realizará el Estado mediante la necesaria participación y consulta popular, de manera que se recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Indica que “son muy numerosos los empeñados en confundir la consulta popular –prevista en el artículo 26 constitucional– con el referendo o referéndum, con el objeto de decir que la Constitución habla de consulta pero no de referendo, con lo que pretenden evadir” el fondo del asunto. “No puede alegarse, pues, que la consulta popular puede llevarse a cabo o no según el parecer del Ejecutivo federal; muy por el contrario, le impone a éste la condición de no formular el Plan Nacional de Desarrollo sin tomar en cuenta la participación ciudadana, y también claramente dispone que dicha participación se lleve a cabo mediante la celebración de una consulta popular.” No es entendible, añade, que se diga que en los grandes problemas nacionales que exigen una normatividad específica no se consulte al pueblo porque el Congreso de la Unión tiene la representación popular directa. |
Kikka Roja
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