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martes, 3 de junio de 2008

Alejandro Encinas Rodríguez: HAMBRUNA: 1 y 2

Hambruna
Alejandro Encinas Rodríguez
20 de mayo de 2008

El incremento en los precios de los alimentos en el mundo ha puesto en evidencia el fracaso de la política agropecuaria instrumentada durante las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, y tira por la borda las tesis que implicaron el desmantelamiento productivo del campo mexicano. Con una enorme dosis de dogmatismo y sigilo de grandes negocios, la tecnocracia nacional sostuvo durante años que para mantener tasas bajas de inflación era necesario importar alimentos baratos del exterior; que no importaba incrementar nuestra dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional, y que no era rentable mantener una política de estímulos y subsidios en un campo que carecía de niveles de competitividad frente a sus homólogos de América del Norte.

La realidad ha mostrado el equívoco de estas medidas: los alimentos se han incorporado al mercado de futuros y a la especulación internacional; la crisis internacional de alimentos a obligado a los países productores a priorizar su abasto, manteniendo altos niveles de subsidio a sus productores; en tanto que el campo mexicano se encuentra incapaz de responder en el corto plazo para garantizar el abasto de alimentos en el país. Estamos ante un serio problema que va más allá de la especulación de inversionistas que buscan la ganancia rápida, pues como lo ha señalado Jacques Diouf, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, son diversos los factores que han conducido a esta situación: la caída en la producción debido al cambio climático; niveles de existencias sumamente bajos; un mayor nivel de consumo en economías emergentes, como China e India; altos costos de energía y transporte; y, sobre todo, la demanda cada vez mayor para la producción de biocombustibles.

En ese sentido, la FAO ha insistido en que el aumento mundial de la producción de biocombustibles amenaza el acceso a los productos alimenticios de las poblaciones pobres, ya que su producción se hace en detrimento de los cultivos de plantas comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento en los precios de los alimentos, poniendo en riesgo el acceso a los víveres de los sectores menos favorecidos. Esta situación ha alentado el alza de precios. De acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.

El mismo Banco Mundial advirtió que la duplicación en los precios durante los tres últimos años podría hundir más en la miseria a 100 millones de personas, lo que significaría, de acuerdo con la Cepal, que en América Latina más de 84.2 millones de personas vivirán en la indigencia. En México las expectativas no son distintas. Los resultados dados a conocer por INEGI, Conapo y Sedesol en la presentación del estudio Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005 dan cuenta de que uno de cada tres habitantes de estas ciudades vive en situación de pobreza alimentaria y poco más de la mitad vive en pobreza patrimonial.

Es decir, 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de vivienda, transporte y vestido. Situación que se agrava en el medio rural. Esta emergencia reclama una renovación urgente del campo mexicano, lo que implica formular una política de Estado que revitalice al sector agropecuario —en la agricultura comercial y en la de autoconsumo—, que permita garantizar la seguridad alimentaria del país y deje atrás la falsa ilusión de las ventajas comparativas que ha llevado a niveles de riesgo el abasto de alimentos a la población.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

Hambruna (2)
Alejandro Encinas Rodríguez
3 de junio de 2008

Una de las principales causas de la actual crisis alimentaria es el destino que se ha dado a los alimentos para producir biocombustibles, término que se utiliza para denominar cualquier tipo de combustible que se derive de la biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos o de sus desechos metabólicos.

A la par del impulso que ha tomado la producción de biocombustibles, se ha presentado un debate el que sus defensores han insistido en que éstos permitirán mitigar el uso de hidrocarburos y sustituirlos paulatinamente; que se trata de combustibles menos dañinos al ambiente; que si bien pueden generar riesgos, presentan oportunidades de desarrollo en las zonas rurales y fortalecen la seguridad energética para los países y hogares. Lo cierto es que al igual que los hidrocarburos, los biocombustibles, pese a ser una fuente de energía renovable, tienen impactos ambientales negativos, tanto en materia de contaminación atmosférica como en la destrucción de espacios naturales para crear plantaciones, para las que se utilizan grandes cantidades de fertilizante y agua.

Pero el mayor impacto se da en la competencia entre producir alimentos o producir biocombustibles, lo que ha traído consigo desabasto, disminución en las reservas y aumento en los precios de la comida. Por ejemplo, en Argentina destinar la producción de pastos para biocombustibles ha ocasionado el aumento de precios en la carne; en España se incrementó el precio del pan tras el aumento en el precio de la harina, y en México, la compra de maíz para la producción de biocombustibles en Estados Unidos subió el precio de la tortilla. Otro riesgo que se presenta es que la promoción en gran escala de una energía que dependa de monocultivos intensivos puede llevar al dominio de ese sector por unos pocos gigantes de la energía agrícola, mientras los pequeños productores no obtendrían mayor beneficio.

Es el caso, como señala el Grupo ETC en el estudio Ingeniería genética extrema, de las empresas Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer y Basf, que producen cultivos transgénicos y que cuentan con sembradíos para la producción de etanol y biodiesel, que mantienen convenios comerciales con Cargill, Archer, Daniel Midland y Bunge and Born, transnacionales que dominan el comercio de granos. Al mismo tiempo, la expansión de los monocultivos a gran escala ha llevado a la destrucción de bosques, selvas y vida silvestre; encarece los precios de la tierra y de los alimentos e impacta en las comunidades rurales que son expulsadas de sus tierras para dar lugar a las plantaciones, como ha denunciado en Brasil Amigos de la Tierra. De esta forma, la producción de biocombustibles amenaza la posibilidad de garantizar la alimentación de las personas. Por ejemplo: se requieren 200 kilogramos de maíz para producir 50 litros de etanol y llenar un tanque de automóvil, lo que sería suficiente para alimentar a una persona durante un año. A ello se suma, de acuerdo con el coordinador de la Conabio, José Sarukhán Kérmez, que producir un litro de etanol necesita entre 1.3 y 1.5 litros de gasolina al emplear tractores, fertilizantes y agua, proceso en el que se consumen combustibles fósiles.

Existe además un rendimiento diferenciado en el tipo de cultivos para producir biocombustibles. De acuerdo con el BID, para producir 16 mil 500 millones de litros de etanol al año, Brasil utiliza cerca de 2.7 millones de hectáreas (la mitad de caña de azúcar), que representa 0.5% de su área agrícola cultivada, producción suficiente para reemplazar casi la mitad de la gasolina en ese país. Por su parte, Estados Unidos necesita, para la misma cantidad de etanol, casi 6 millones de hectáreas, que representan 3.5% del área total agrícola y 15% del área cultivada con maíz, con lo que llega a sustituir apenas 2.5% de su consumo de gasolina.

La situación es grave y afecta severamente a la población vulnerable en los países en desarrollo; en nuestro país son ya más de 18 millones los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria. Por ello, como lo ha propuesto el Consejo Económico Mundial de Naciones Unidas, es necesario reconsiderar el desvío de cosechas agrícolas para producir biocombustibles, a fin de no poner en peligro la seguridad alimentaria, pues el aumento en la demanda de biocombustibles produce escasez e incremento en los precios de los alimentos y otros cultivos.

aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM



Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa: Gordillo y Romero

Gordillo y Romero
Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA

El viernes 30 de mayo se publicó profusamente un mensaje titulado “Por una nueva política laboral en México”, suscrito por una treintena de dirigentes sindicales, a cuya cabeza figuran Elba Ester Gordillo, presidenta del sindicato nacional del magisterio y Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato de petroleros de la República.

En medio de ambos, designado como vocero, figura Juan S (igfrido) Millán, que parece firmar en nombre de la Federación de trabajadores de Sinaloa. Aunque lo fue de 1981 a 1987, Millán no es el líder de la federación cetemista sinaloense. Lo es David Quintero León, quien no ha aclarado su propia posición y la de Millán, acaso porque le debe el cargo, pues hasta concluir su gubernatura (1999-2005) Millán era el hombre fuerte del cetemismo en su entidad natal, que no es decir mucho porque Sinaloa es preponderantemente una región agrícola. El alcance de la participación del sinaloense en esta convocatoria se medirá pronto, aunque ya ahora la seca reacción de Joaquín Gamboa, líder nacional de la Confederación de trabajadores de México muestra su temor de que Millán pretenda influir en esa central, que quiso y no pudo encabezar a la muerte de Fidel Velásquez y a la que sin embargo, podría ahora dividir.

Aunque los firmantes (la mayor parte de los cuales pertenecen a la Federación Democrática de Sindicatos Burocráticos, encabezada por Gordillo y resultado de una escisión en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE) presentan su llamado sólo a “poner en marcha una amplia reflexión nacional sobre el presente y el futuro del movimiento laboral”, es obvio que no convocan a una meditación académica. A pesar de la ambigüedad de sus expresiones, queda claro que se proponen “asumir un papel más activo y propositivo en las grandes decisiones nacionales”. Es decir, lanzaron con esa propuesta un proyecto político, frente al que el resto de las fuerzas sindicales ha reaccionado con cautela o con rechazo, si bien no faltan las voces de quienes atenderán la convocatoria de Gordillo y Romero por su mérito intrínseco, “independientemente de quienes la formulan”.

En rigor, es imposible hacer caso omiso de los firmantes del mensaje del viernes pasado. Determinar el propósito real de su toma de posición implica necesariamente tener presentes las biografías y la situación actual de los líderes de maestros y petroleros. Avezados en la dirección sindical y en la política partidaria no es de suponerse que los mueve sólo un propósito de unificación del gremialismo mexicano, sino la defensa de sus propios y cuantiosos intereses y el de su aliado, el Gobierno panista de Felipe Calderón. De eso no hay duda, ya que después de la firma de la Alianza para la calidad de la educación y de las adulaciones de Romero Deschamps al presidente el 18 de marzo no cabría pensar en un distanciamiento y menos aún en un antagonismo de esos líderes y sus sindicatos con el poder Ejecutivo.

Gordillo y Romero comparten muchos rasgos en su desempeño público. Ambos han permanecido largo tiempo al frente de sus sindicatos: ella lo encabeza desde abril de 1989, como secretaria general, como poder decisorio sin título y como presidenta. Ambos han recibido refrendo de sus liderazgos de modo irregular. Ella permanecerá en la presidencia del SNTE “por el tiempo que sea necesario” luego de que en marzo concluyó el periodo de cuatro años en ese cargo. Él se quedará en el suyo hasta 2012 después de que en octubre de 2005 se anticipó su reelección para el periodo que tardaría casi dos años en comenzar, lo cual ocurrió ante la complacencia de los secretarios de Gobernación y del Trabajo.

Ambos hicieron carrera en el Congreso debido a su relevancia dentro del PRI, del que ella fue secretaria general y al que él entregó 500 millones de pesos en la campaña presidencial de 2000, según establecieron resoluciones firmes del Instituto y el Tribunal electoral federales. Ella rompió abiertamente con su partido original desde el que creó el suyo propio. Él en cambio ha recibido el apoyo del PRI en la no cercana coyuntura de que la eventual reforma petrolera pretendiera hacer pagar algún costo al sindicato.

Ambos se han enriquecido ostensiblemente a partir de sus cargos. Su tren de vida dista de ser el del promedio de sus representados, aunque maestros y petroleros gozan salarios y prestaciones por encima del promedio laboral mexicano. En sus saraos y regocijos personales y familiares, ambos líderes erogan gastos que sólo magnates pueden permitirse. Ella posee suntuosos bienes inmuebles en San Diego y en el Distrito Federal, por lo menos. Y por su guardarropa debió haber pagado una fortuna.

Romero Deschamps afirmó en el mensaje “Por una nueva política laboral en México” que “el pasado primero de mayo nuevamente mostró a un movimiento sindical desorganizado, disperso y enfrentado entre sí”. Alguien debe habérselo platicado, porque él no estuvo aquí el Día del Trabajo. Aprovechó el puente entre esa fiesta y el cinco de mayo para vacacionar con su familia (su esposa, dos hijos y su yerno) en Las Vegas. Se alojó en The Venetian, uno de los hoteles más caros de la ciudad del juego. Y a su regreso el diario Reforma lo sorprendió usando un reloj marca Audemars Piguet, que según el catálogo cuesta por lo menos 40 mil dólares. Posee, además, un yate Portofino 47 de la marca Sunseeker, que cuesta millón y medio de dólares y un departamento en Cancún valuado en un millón 350 mil dólares.


Kikka Roja

Ricardo Monreal Avila: ¿Qué sigue después de aprobar en el Congreso la reforma energética?: UNA CONSULTA POPULAR CIUDADANA

Petróleo y referendo
Martes, 3 Junio, 2008
RICARDO MONREAL AVILA

¿Qué sigue después de aprobar en el Congreso la reforma energética? En condiciones democráticas de avanzada, dispondríamos de dos instancias: un tribunal constitucional que dictaminara si los legisladores se apegaron a la Constitución o se excedieron en sus facultades; un referendo o consulta ciudadana que ratificara o rechazara lo aprobado por el Poder Legislativo. Disponemos de ambos mecanismos, pero en condiciones inacabadas o a medias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1994, conoce de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de ordenamientos y disposiciones de los tres órdenes de gobierno. Un boom de controversias se ha registrado desde entonces, dando lugar a plantear la necesidad de que la SCJN actúe exclusivamente como tribunal constitucional o, por lo menos, crear una sala especializada en estos temas.

En relación al referendo, la figura está formalmente reconocida en nuestra Constitución, pero realmente está proscrita de nuestra vida pública al carecer de una ley reglamentaria. Sólo algunas entidades federativas la tienen formal y materialmente contemplada como mecanismo de participación ciudadana, como es el caso del DF, Coahuila y 15 estados más. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser la siguiente estación de la llamada reforma energética, una vez que una mayoría legislativa conformada por el PAN, un sector del PRI y otros partidos aprueben una especie de “reforma de la reforma energética” de Felipe Calderón. Es decir, una versión corregida de la iniciativa original.

Antes de los foros de consulta en el Senado (un logro concreto del llamado “tribunazo”) las aristas a pulir de la controversial reforma parecían pactados y delimitados. El PRI eliminaría los aspectos flamables de la iniciativa (refinerías privadas, arbitrajes extranacionales y enajenación de la renta petrolera, entre otros), pero mantendría el núcleo central de la misma: el reconocimiento legal y la aplicación generalizada de la figura de “contratos de servicio ampliados”. Es decir, la privatización de Pemex por la peor de las modalidades posibles, el contratismo. Además de mantener intocada la actual relación entre el sindicato y la empresa. Esta ruta crítica de aprobación se mantiene sin cambios relevantes. Los foros del Senado modificaron el calendario pero no el contenido previamente pactado por el PAN y el PRI. A lo sumo, la consulta servirá para agregar nuevas condicionantes y exigencias de los aliados parlamentarios, pero no para modificar el núcleo privatizador original, motivo de una previsible controversia constitucional.

¿Cómo fallaría la SCJN en este eventual escenario? Los dos foros del Senado destinados a analizar la constitucionalidad de la iniciativa perfilaron la polarización de opiniones que seguramente se dará en el máximo tribunal del país. De 14 juristas, investigadores y abogados participantes, siete exhibieron la naturaleza inconstitucional de la iniciativa, seis abogaron a su favor y uno se abstuvo de abordar el tema. Sin embargo, a diferencia de la votación que se puede predecir desde ahora en el Poder Legislativo, la Corte ha actuado de manera impredecible en casos relevantes. Ha respondido como un tribunal fundacional y de contrapeso en casos como los militares con sida, la despenalización del aborto en el DF y la Ley de Medios. Pero también ha convalidado abusos de poder y atracos a garantías individuales como los casos de Lydia Cacho versus Mario Marín, Oaxaca y el anatocismo financiero. En asuntos de interés netamente ciudadanos, la SCJN actúa de manera innovadora. En asuntos de poder y dinero, responde de manera conservadora. Y el tema del petróleo es un asunto de poder y de muchísimo dinero.

La otra opción válida, aunque inacabada, sería el referendo o la consulta ciudadana. Es la salida planteada por el ex ministro Juventino Castro y Castro y por el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Si hubiera referendo, el siguiente paso después del Congreso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o rechacen la reforma energética, debiendo acatar los poderes Legislativo y Ejecutivo ese resultado. Validar si la mayoría legislativa integrada en las cámaras se corresponde plenamente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos. La reforma energética, tal como la pretenden aprobar el PAN y el PRI, impactará el futuro económico y social del país. Es un asunto de interés nacional como para dejarlo en manos exclusivas de 500 diputados federales, 128 senadores y 11 ministros de la Suprema Corte. Que la mayoría de los mexicanos, no una élite, decidan el futuro de la reforma energética.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Envía solicitud formal al instituto; el futuro de Pemex, “tan importante” como una elección
Ebrard pide al IEDF que organice tareas para conocer el parecer de la ciudadanía
El instituto se declara “humana y técnicamente” preparado para llevar a cabo ese proceso

Raúl Lllanos y Bertha Teresa Ramírez

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se declaró “humana y técnicamente” preparado para llevar a cabo una de las más importantes consultas realizadas en esta ciudad, la de la reforma energética, que tendría una magnitud similar a la de una elección constitucional, plantearon funcionarios de ese órgano autónomo. Luego de recibir la solicitud formal que envió ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal para que participe en la consulta prevista para el próximo 27 de julio, autoridades del IEDF expresaron que frente a ese planteamiento “se tiene la idea de hacer una gran consulta ciudadana como si fuese una elección constitucional”.

En el transcurso de hoy los integrantes del Consejo General del IEDF se reunirán para analizar el planteamiento del Gobierno del Distrito Federal y alcanzar un acuerdo para emitir una postura institucional de aceptación, no obstante que por sí solo el titular de este organismo, Isidro Cisneros, tiene las facultades legales para firmar un convenio de colaboración con las autoridades locales.

Apoyo de consejeros al plan del titular del GDF

En este contexto, se conoció que al menos cinco de los siete integrantes del Consejo General del instituto están en favor de acompañar a las autoridades locales en dicha tarea. De hecho, en el oficio que la mañana de ayer envió el gobierno capitalino al IEDF se le pide que, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del código electoral local, “proceda a la realización de los trabajos conducentes para la organización de la consulta y el desarrollo de la jornada, utilizando los mecanismos de votación que considere convenientes, el cómputo respectivo y la declaración de los resultados de conformidad con la ley en la materia”. En la solicitud, firmada por el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, el GDF también plantea que este órgano electoral proponga el mecanismo más adecuado para el diseño de las preguntas materia de la consulta. Para Marcelo Ebrard el IEDF es la institución que debe organizar dicho ejercicio ciudadano y dijo que esperará la respuesta del organismo.

A la par, mediante un oficio, José Ángel Ávila solicitó formalmente al presidente del organismo, Isidro Cisneros, que se designe a un representante del Instituto para que funja como enlace con esta dependencia, a efecto de definir los términos de su posible participación en la tarea ya propuesta. Sobre el mismo tema, el consejero electoral Gustavo Anzaldo manifestó que en esa labor de analizar la propuesta de las autoridades locales deberán ser muy cuidadosos para no inmiscuirse en algunas cuestiones de gobierno.

–¿Cómo evitar que se partidice la responsabilidad que por ley tiene el instituto de realizar la consulta? –se le preguntó.
–Ese sería, precisamente, uno de los puntos a delinear en el convenio de colaboración que se firme con el GDF. Ahí se tiene que definir el mecanismo para blindar a nuestra institución, dejar en claro las atribuciones que tiene por ley en esa materia y asegurar que su autonomía e independencia no se vean vulnerados y no se crea que se tiene aquí alguna participación con un sesgo en favor o en contra de determinada propuesta.

  • Una es la representación del Congreso; otra la del pueblo, señala
  • La Constitución hace obligatoria la consulta popular: Castro y Castro
Jesús Aranda

La Constitución impone al presidente de la República y al Senado la obligación de realizar una consulta popular sobre la reforma energética, sostiene Juventino V. Castro y Castro, ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) . En un documento denominado Consulta popular sobre el petróleo, señala que la Carta Magna no sólo obliga a la consulta, sino que además ésta es una “instrumentación obligada y no una sugerencia desechable”. Al comentar la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de convocar a una consulta nacional sobre la reforma energética propuesta por Calderón, el ministro en retiro precisa que el artículo 25 constitucional señala que el Estado “planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica de la nación”, y que el sector público tendrá a su cargo “de manera exclusiva” las áreas energéticas. Castro y Castro, quien sostuvo en los foros del Senado que la propuesta federal viola la Constitución, añade que el artículo 26 señala que la planeación económica la realizará el Estado mediante la necesaria participación y consulta popular, de manera que se recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo.

Indica que “son muy numerosos los empeñados en confundir la consulta popular –prevista en el artículo 26 constitucional– con el referendo o referéndum, con el objeto de decir que la Constitución habla de consulta pero no de referendo, con lo que pretenden evadir” el fondo del asunto. “No puede alegarse, pues, que la consulta popular puede llevarse a cabo o no según el parecer del Ejecutivo federal; muy por el contrario, le impone a éste la condición de no formular el Plan Nacional de Desarrollo sin tomar en cuenta la participación ciudadana, y también claramente dispone que dicha participación se lleve a cabo mediante la celebración de una consulta popular.” No es entendible, añade, que se diga que en los grandes problemas nacionales que exigen una normatividad específica no se consulte al pueblo porque el Congreso de la Unión tiene la representación popular directa.



Kikka Roja

MEXICO SA: Conspiración de trasnacionales

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

  • Morales nacionalizó con la ley en la mano
  • Conspiración de trasnacionales
Un par adicional de trasnacionales mordió el polvo en Bolivia, tras negarse a cumplir con la ley de aquel país, la cual las obligaba a transferir al gobierno nacional, mediante pago riguroso, las acciones (50 por ciento del total) que poseían en el consorcio Transporte de Hidrocarburos (Transredes), creado a raíz de la “capitalización” (la versión boliviana del “hacerse acompañar” del gobierno calderonista, pues allá tampoco le llamaron privatización) de la empresa estatal YPFB, a mediados de los 90.

Se trata de las trasnacionales Shell y Ashmore Energy Internacional, socias mayoritarias de Transredes (por medio de la empresa TR Holdings, en la que hasta el pasado 5 de mayo aparecía la Shell) las que no sólo violaron la ley que las obligaba a la citada transferencia accionaria, sino que aparecen involucradas en “un plan conspirativo” en contra del gobierno boliviano, de acuerdo con la denuncia pública que ayer hizo Evo Morales, quien subrayó: “saben los ministros que he soportado desde 2006 esta conspiración (...) también la paciencia tiene un límite, y no vamos ha permitir que otras empresas estén conspirando como la Enron o Ashmore… Tengo mucha información de que estaban permanentemente conspirando contra el gobierno y la democracia; bienvenidos los socios, pero no aceptamos patrones”.

Son los coletazos de las trasnacionales que se niegan a perder el jugoso negocio que para ellas representó la generosa “capitalización” (léase privatización) de la industria de los hidrocarburos en aquel país sudamericano (regalo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, alias el Goni o El Gringo, quien fue derrocado en su segundo mandato): mínima inversión, inexistente pago de impuestos y regalías, y crecientes utilidades, a costillas de la miseria boliviana.

Ante la negativa de las trasnacionales, Evo Morales promulgó ayer el decreto expropiatorio de Transredes, y junto con su gabinete lo firmó en Santa Cruz, frente a su secesionista oligarquía. Fue allí que el mandatario dio a conocer la negativa de las trasnacionales de cumplir con la ley, al tiempo que explicó que “Shell todavía participaba en Transredes, a pesar de que Ashmore anunció el año pasado la adquisición de todas las acciones del grupo anglo-holandés en la empresa boliviana operadora de ductos. Por ello, reiteramos que queremos socios y no patrones; no es posible que empresas trasnacionales vengan aquí a hacer actividades políticas; no aceptamos que vengan a conspirar contra la democracia; que las trasnacionales vengan a trabajar, no a conspirar, si no serán expulsadas”.

Un año atrás, el 30 de mayo de 2007, la trasnacional Ashmore informó haber adquirido las acciones de Shell en los negocios que compartían en Bolivia y Brasil, con lo que la última quedaba oficialmente fuera de empresas como Transredes. Sin embargo, todo indica que fue una operación simulada de compra-venta de acciones, pues en el más reciente informe financiero de Transredes (mayo 5 de 2008), el propio consorcio reconoce que 50 por ciento de las acciones pertenecen, a partes iguales, a la dupla Ashmore-Shell.

Dicho informe financiero precisa que TR Holdings (Ashmore-Shell) es propietaria del 50.00002 por ciento de las acciones de Transredes, mientras la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) posee 47.37834 por ciento: otros accionistas no identificados, 1.12609 por ciento; AEI Transportadora Holdings Spain (filial de Ashmore) 0.18611 por ciento, y el resto se diluye en porciones mínimas entre Sergio Roberto Bonifaz Paz, De Lassus Dufresne Bertrand Marie Pierre Roger, Vidaurre de la Peña Antonio Rolando, Torrico Mealla Franz Rene, Saracho Canido Ena Gael y Bustillo de Meave Silvia Mabel.

Oficialmente la Shell vendió sus acciones a Ashmore, y ésta tendría que negociar el traspaso accionario de Transredes al gobierno boliviano. No sucedió así, las trasnacionales simularon y a la hora de la hora se negaron a cumplir con el decreto respectivo. Resultado: Evo Morales nacionalizó, con la ley en la mano.

En su reporte a la bolsa boliviana de valores, Transredes explica así su historia: producto del proceso de “capitalización” de YPFB, el 27 de noviembre de 1996, se constituyó la empresa Transportadora Boliviana de Hidrocarburos. Esta sociedad, mediante escritura pública número 317/97, cambió su denominación social por la de Transredes-Transporte de Hidrocarburos y, mediante escritura pública número 2723/97, realizó la conversión a sociedad anónima. Dentro del proceso de “capitalización”, TR Holdings, conformada en partes iguales por Enron Transportadora Holdings y Shell Gas (Latin America) se adjudicó la licitación internacional que le otorgó 50 por ciento del derecho propietario y el control administrativo de la nueva empresa a cargo de los ductos e instalaciones, hasta entonces operados por YPFB.

La sociedad tiene por objeto principal realizar actividades petroleras, en especial el transporte de hidrocarburos, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos. Transredes tiene una red de transporte de gas y una red de transporte de líquidos, con 6 mil kilómetros de ductos. Opera y administra la terminal marítima de YPFB en Arica-Chile y presta servicios de operación para Gas Trans Boliviano y Gas Oriente Boliviano. Todo lo anterior, con base en información de la Bolsa Boliviana de Valores.

En 2007 las utilidades de Transredes se incrementaron más de 130 por ciento, a pesar de que sus ingresos operativos cayeron más de 2 por ciento. ¿Qué trasnacional deja ir un negocio tan jugoso? Pero como no se quisieron ir, las fueron.

Las rebanadas del pastel

El inquilino de Los Pinos inició de muy buen humor el sexto mes del año, y para demostrarlo contó un chiste: “palabra que yo empeño es palabra que se cumple; mi gobierno cumple con los compromisos”… Y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles G. G. le hizo segunda: la “reforma” petrolera del michoacano “es absolutamente constitucional”.



Kikka Roja

Manuel Espino NO SE GANA LA GUERRA al narco: Marcela Gómez Zalce: Los jabs de Manuel

  • Arremete contra la estrategia federal y demanda que sea revisada
  • La lucha anticrimen no se está ganando, señala Manuel Espino
  • Pide al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República
Angélica Enciso, Elizabeth Velasco y Ciro Pérez

El dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, sostuvo que el gobierno federal no está ganando la lucha contra el crimen organizado y dijo que la estrategia que se utiliza se debe revisar, no sostenerla sólo “por razones políticas”. Pidió además al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República.

Para el diputado Pablo Arreola, integrante de la coordinación política del PT, pese a ser positiva la postura del gobierno federal en torno a la Iniciativa Mérida –“que no es una concesión graciosa, sino un cambio ocurrido por la fuerte presión que ha ejercido la sociedad en el gobierno de Felipe Calderón”–, es indispensable que los mexicanos “nos mantengamos en estado de alerta para evitar la firma de algún convenio que pueda violentar nuestra soberanía por Estados Unidos”. Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la ODCA, Espino Barrientos –quien mantuvo diferencias con el gobierno de Felipe Calderón cuando era líder nacional del PAN– cuestionó el planteamiento del gobierno federal de que se está ganando la lucha contra el narcotráfico. “No sé con base en qué elementos u objetivos del trabajo que se ha venido realizando se puede afirmar que se va ganando; me parece que es una guerra lamentable, con una pérdida de vidas humanas impresionante”, afirmó. Al mismo tiempo, comparó la situación con el conflicto bélico de Irak. Dijo que “es una guerra entre bandas del crimen organizado en el país y en medio de ella está la participación del gobierno haciéndole frente”.

Asentó que en su experiencia personal ha escuchado recientemente dos balaceras afuera de las instalaciones de la ODCA, en las Lomas de Chapultepec, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside . La estrategia, insistió, debe ser revisable y no mantenerla “solamente para que no se piense que se está dando marcha atrás”. Si hay que cambiarla, sugirió, “hay que hacerlo buscando eficacia para evitar la pérdida de vidas humanas”. También señaló que al presidente Felipe Calderón “hay que cuidarlo más”, aunque no sólo físicamente, sino que sus colaboradores deben ser los que den la cara para explicar los operativos y para anunciar el endurecimiento del gobierno.

Desconfiaza e impacto mediático

Mientras tanto, el representante del PT Pablo Arreola consideró que las declaraciones del gobierno federal en materia de seguridad “han sido ambivalentes y engañosas”, por lo que “hay que tener mucho cuidado”. Por ejemplo, puntualizó, en el caso de la reforma petrolera, el gobierno federal desplegó “una campaña mediática negando su privatización, pero en los hechos –al revisar la propuesta de reforma del Ejecutivo– las cosas son totalmente distintas”. La desconfianza en el caso de la seguridad, añadió, surge del hecho de que Felpie Calderón “personalmente dio fe y testimonio de la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, suscrita en el gobierno de Vicente Fox Quesada y mediante la cual “consiente la ‘colaboración’ del gobierno estadunidense en asuntos de seguridad interna de México”.

Frente a esa situación, advirtió que los legisladores se mantendrán atentos a cualquier documento que pudiera firmar el Ejecutivo federal con el país vecino del norte, pues “dudo que el gobierno de Calderón acepte otras condiciones a las que ya impuso Estados Unidos”. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, también habló del tema de seguridad y declaró: “México está como Colombia”. Planteó que el combate contra el crimen organizado debe ser un “proyecto integrado” en el cual se incluya la participación ciudadana, a actores políticos y económicos, así como a los municipios, para “reconstruir el país entre todos”.

Los jabs de Manuel

Martes, 3 Junio, 2008 Marcela Gómez Zalce

• El respingo de Felipe
• El desafuero de Carlos


Hay políticos que intentan alcanzar algo y no lo consiguen; y hay otros, mi estimado, que lo alcanzan pero no quedan satisfechos. Y cualquier semejanza a la desmadrosa realidad evidentemente no es coincidencia. Menudas las palabras presidenciales tratando de justificar la cínica resbalada del aunque no lo parezca vamos ganando la “guerra” al narco, afirmada por el otro disfuncional, el de la PGR, que le faltó agregarle a su psicodélico espejismo la clásica frase futbolera de… perdimos pero ¡¡ jugamos como nuuunca!!

Y así venderle a millones de mexicanos que hay gobierno y no está rebasado por la ola de violencia… ni por la falta de estrategia en la crisis alimentaria… ni por la falta de empleos… ni por la cínica impunidad… ni por el populismo ramplón… ni por los incontrolables ánimos de fieeessssta... en fin.

Y justo en este curiosito marco, my friend, suenan extraordinarias las palabras del (mmm… bronceado) tesorito presidencial de Bucareli, quien ayer ofreció una conferencia de prensa para hacer oficial la temporada de tubazos bilaterales, como si le faltaran frentes abiertos a su jefecito que próximamente viajará a España (¿?) a... a… presumir el ya merito de su chisguete energético arrebatándole la estafeta a su publicista favorito, Antonio Solá, o mejor aún, a recibir una oleada de agravante molestia de inversionistas españoles sobre la inmovilidad de su gobierno para dar facilidades a sus inversiones en otros sectores como el turismo, por ejemplo.

Sin embargo, la inédita incontinencia verbal alrededor de los términos inaceptables de la célebre Iniciativa Mérida —a la que le falta un largo camino legislativo en Washington— es un ilustre botón de que no hay sentido del timing político ni mucho menos de las formas… que dicen todo del fondo emocional de un tema que debe abordarse diplomáticamente de la mano de una operación política en Washington para ponerle los puntos mexicanos sobre las simpáticas íes.

El estupendo respingo de la respuesta del tesorito Mouriño, eco de la voz melodiosa de Los Pinos, escaló un asunto que debió quedarse en otros niveles de la misma Cancillería. Porque no sólo obliga a la Casa Blanca a responder, en el mejor de los casos, que México es no sólo país de tránsito en la ruta de los cárteles del narcotráfico, sino también productor y… consumidor. Y en el peor, my friend, la detonación de algunos datos y espléndida información sobre la cascada de travesuras y corrupción en la esfera federal con la organizada delincuencia. Tal parece que el Gymboree presidencial no entendió que las recientes palabras del embajador Tony Garza, acusando recibo de la finísima y muy diplomática agresión de Calderón ante gobernadores estadunidenses, fueron redactadas directamente en una oficina ubicada en el número 1600 de Pennsylvania Ave. La chistosita duda, amable lector, es la razón por la que el gobierno mexicano salió a escupir tan lamentable provocación desarrollando además un clima innecesario y francamente adverso, como complicado, para el desarrollo político de las huestes del embajador Arturo Saruhkán... que pronto sentirá lo tupido de la presión que, por si fuera poco, hierve dentro de la olla de los tiempos electorales.

O sea que mejor, imposible.

Aunque pissing on the presidential parade salió Manuel Espino a declarar que, con la pena (u morons) pero no hay elementos objetivos para considerar que se le esté ganando al crimen organizado y, sin querer queriendo, deslizó que se debería revisar la estrategia... que Felipe no quiere alterar.

Y ya encarrerado el presidente de la ODCA —organizador del evento “Inseguridad, dolor evitable”, a llevarse a cabo el próximo 13 en Bogotá, Colombia, con la presencia de Vicente Fox y del ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña— señaló la condescendencia de este régimen con el líder indomable de los petroleros. Ajá.

Sobre todo cuando los azules, que intentaron desaforar a Romero Deschamps aunque no lo parezca..., son los mismos que le negocian el chisguete energético.

Chingón.

Quizá Manuel se refiere a Felipe Calderón quien en aquellos tiempos, siendo líder de la bancada azul en 2002, le puso una llamada urgente de larga distancia para instruirlo de regresarse inmediatamente junto con su comitiva de legisladores del PAN, porque ya estaba listo y con su listón el desafuero contra Carlitos... que no ocurrió.

Interesantes las señales, ¿no le parece? Ahora sólo falta, my friend, la distintiva respuesta del látigo presidencial... exaltadamente hormonal.
gomezalce@aol.com



Kikka Roja

Masacre en Villa ahumada 18 mayo 08: Roberto Campa Cifrián secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública

After Massacre, Mexican Town in Terror of Drug Violence...
nytimes.com

VILLA AHUMADA
Lunes, 19 de Mayo de 2008


Un ejército de pistoleros rafagueaban personas, casas y edificios, y hasta plagiaban afuera del salón de fiesta
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA.- A la 1 de la mañana de ayer, con la fiesta en pleno apogeo, la quinceañera empezó a llorar. El vocalista del grupo que amenizaba el baile pidió a los comensales que guardaran la calma y evitaran asomarse a la calle. Afuera, un ejército de pistoleros vestidos de negro y encapuchados recorrían el pueblo a bordo de siete camionetas; iban rafagueando personas, casas y edificios, y levantando (secuestrando). Las mujeres y los niños se escondieron en los baños del auditorio, los hombres se amontonaron en la pista. Se escucharon gritos y rezos. Muchos marcaron al 060, pero nadie atendió. La mujer policía presente en el festejo temblaba de nervios; aunque llamaba a su comandante, no respondía. Horas después supo que él y otros dos oficiales yacían en el piso de una gasolinera, acribillados. Durante cuatro horas y media, entre la noche del sábado y la madrugada de ayer, el pueblo de Villa Ahumada estuvo tomado por al menos 40 narcos, que dejaron a su paso ocho muertos.

La razzia en el pueblo, ubicado a medio camino entre las ciudades de Chihuahua y Juárez, comenzó a las 11 de la noche y terminó a las tres y media de la mañana. Las versiones de los habitantes de Villa Ahumada concuerdan en que los pistoleros peinaron las calles. Interceptaron a un joven apodado "El Chícharo" y se lo llevaron. Balearon a tres oficiales de la policía que viajaban en un auto; se llevaron a otro y a seis más. Alcanzaron a dos empresarios. Balearon la presidencia municipal, las agencias de policías y casas. Pasada la media noche un comando entró al bar La Nueva. Los encapuchados golpearon a los clientes, les quitaron dinero, revisaron sus identificaciones, golpeaban sin el menor motivo y se llevaron a un empleado del municipio apodado "La Araña".

"Ellos preguntaban por El Pelón", informó la esposa de un hombre con quien los delincuentes se ensañaron: lo tiraron al suelo, patearon el estómago y golpearon con sus rifles. Los policías estatales estaban atrincherados en sus oficinas. Habían acudido a una llamada de auxilio, pero cuando descubrieron de lo que se trataba y evadieron dos ráfagas, se encerraron en las oficinas de la Agencia Estatal de Investigación.

Pero hasta allá los narcos fueron a buscarlos.

"Tocaron a la comandancia, nos amenazaban para que abriéramos o iban a quemar esa madre. Nosotros ya estábamos preparados para recibirlos, aunque ellos nos llevaban mucha ventaja, traen mucho parque", contó uno de los policías estatales que sobrevivió al ataque. "Haga de cuenta que era una guerra", narra una mujer que escondió a 12 personas. Decenas de balas entraron a la casa ubicada en la calle Hidalgo esquina con Nicolás Bravo. Villa Ahumada solía ser tranquilo, con 30 mil habitantes. La calma se rompió la semana pasada, en el velorio de un capo muerto en un tiroteo con el Ejército.

En pleno entierro, 200 militares acordonaron el cementerio, bajaron a rappel desde los helicópteros y capturaron a 10 personas. En días pasados se publicó en diarios locales que los policías de la zona recibían amenazas directas por la frecuencia radial interna. "Algunos compañeros optaron por renunciar y se fueron de Villa Ahumada. El presidente municipal pidió ayuda: la PFP y la CIPOL estuvieron una semana, después los llamaron a Ciudad Juárez", cuenta la mujer policía.

Al principio del año, Villa Ahumada tenía 15 policías; ayer sólo quedaban tres.
(El Universal)
  • Ayer fueron ejecutadas 10 personas en varias entidades, reportan autoridades
  • El aumento en el precio de la cocaína provocó la ola de violencia: Campa
  • La venta de esa droga en Estados Unidos se ha reducido de manera “muy importante”, dice
Ampliar la imagen Este jueves un grupo de sicarios ejecutó a tres jóvenes en Culiacán, Sinaloa, cuando transitaban por la colonia Jorge Almada Este jueves un grupo de sicarios ejecutó a tres jóvenes en Culiacán, Sinaloa, cuando transitaban por la colonia Jorge Almada Foto: Javier Valdez

Roberto Campa Cifrián, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la violencia presente en varias entidades del país se debe al incremento en el precio de los alcaloides en el ámbito internacional, sobre todo en Estados Unidos, porque “es una variable que indica que la oferta de cocaína en los mercados de ese país se ha reducido de manera muy importante”. En conferencia de prensa después de inaugurar las nuevas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, en Chilpancingo, el funcionario destacó la eficacia de los operativos: “algunas de las principales cabezas del narcotráfico han sido extraditadas y están purgando penas en Estados Unidos; hemos visto decomisos y aseguramientos sin precedentes en ningún lugar del mundo.

“Esa decisión del gobierno por combatir el narcotráfico naturalmente implica un fenómeno que estamos viviendo en este momento (la violencia)”, dijo Campa Cifrián. Indicó que a partir de que la Cámara de Diputados aprobó incrementar los fondos federales para seguridad, Guerrero tuvo un aumento de casi 70 por ciento. En 2007, el apoyo federal para la entidad fue de 152 millones de pesos y “este año será hasta de 178 millones, y por primera vez contamos con apoyos de recursos federales extraordinarios para Guerrero por más de 79 millones”, precisó. Por su parte, el gobernador Zeferino Torreblanca justificó la presencia del Ejército en territorio estatal. “Se debe a que Guerrero sigue ocupando el primer lugar en la siembra de amapola y segundo en mariguana; además, para prevenir la delincuencia.” A su vez, el secretario de Seguridad Pública local, Heriberto Salinas, señaló que existen varios focos rojos en la entidad, donde la presencia de grupos como Los Zetas y Los Pelones, del cártel de Sinaloa, disputan las plazas.

El edil de Villa Ahumada descarta renunciar

Después de que las bandas del crimen organizado prácticamente acabaron con los policías de Villa Ahumada, pequeña población situada a cien kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua, la seguridad del municipio estará a cargo de la Policía Estatal Preventiva, anunció Saúl Hernández, director de la corporación. En la capital del estado, el alcalde de Villa Ahumada, Fidel Chávez Molina, señaló que a pesar de la ola de violencia que afecta a su comunidad espera concluir su mandato al frente del ayuntamiento, donde empezó funciones en octubre de 2007 para finalizar en 2010. Desde que comenzó la Operación Conjunta Chihuahua, Villa Ahumada se ha convertido en centro de batalla de bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio. Al parecer ese poblado era centro de operaciones de un grupo de sicarios al servicio del cártel de Juárez que ha sostenido enfrentamientos con elementos del Ejército y ha ido ejecutando a los mandos de la Policía Municipal, hasta que prácticamente dejaron solo al presidente municipal.

Capturan a siete presuntos zetas en Chiapas

Soldados de la séptima Región Militar y policías ministeriales catearon ayer por la mañana el hotel San Catarino, ubicado en el centro de la ciudad de Palenque, Chiapas, donde capturaron a seis presuntos Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, originarios de Tampico, Tamaulipas. Los detenidos, que portaban rifles AK-47, AR-15 y 560, fueron identificados como Armando Chavarría, Gonzalo Zamarrón, José Álvarez, Jonathan Estrada, Alfredo Jiménez y Miguel Casanova.

Continúan los homicidios en diferentes estados

A pesar de la fuerte presencia de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, cinco personas fueron asesinadas en dos hechos distintos. Los cuerpos de dos individuos, identificados como Guillermo Cabada y Amadeo Vega, fueron abandonados frente a las oficinas de la Secretaría de Salud, uno envuelto en una lona y otro dentro de un tambo. Además, tres jóvenes fueron acribillados a dos cuadras del palacio de gobierno. También se cometieron cinco asesinatos en otras localidades. En Chihuahua perdieron la vida el menor Ezequiel Bojórquez y Jacinto Loera; en Guerrero, un hombre identificado como Eleazar Bahena, y un desconocido en Baja California.

Por otra parte, en Michoacán un grupo armado levantó a un individuo.

En tanto, Silvino Zaldívar Olivas, quien fue detenido después del enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes ocurrido entre los municipios Vicente Guerrero y Nombre de Dios, Durango, fue puesto disposición del Ministerio Público de la Federación, una vez que fue dado de alta en el hospital donde lo atendieron por las heridas que presentaba. La Procuraduría General de la República informó que el presunto delincuente fue hallado en una parcela ubicada a la orilla de la carretera Durango-Zacatecas, después de la balacera entre presuntos narcotraficantes que dejó ocho personas muertas.

Sergio Ocampo, Miroslava Breach, Ángeles Mariscal, Javier Valdez, Rubén Villalpando y Ernesto Martínez, corresponsales

  • Chihuahua: tiroteo de presuntos sicarios con Policía deja 8 muertos
  • Primeras versiones indican que tres agentes municipales están entre las víctimas mortales.
Rubén Villalpando, corresponsal y La Jornada On Line Publicado: 18/05/2008 12:56

Ciudad Juárez, Chih. Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y policías municipales de Villa Ahumada dejó ocho muertos, tres de ellos agentes. Según informes de la Agencia Estatal de Investigaciones, la balacera ocurrió en tres puntos de la comunidad. A pesar del Operativo Conjunto Chihuahua, que implica la presencia de más de dos mil 500 elementos militares y policías federales en la zona norte del estado, entre la noche y la madrugada de este domingo fueron ejecutadas al menos 17 personas en varios municipios, entre ellos cinco en Juárez y ocho en Villa Ahumada. En Villa Ahumada, pequeño municipio ubicado sobre la carretera Panamericana a 130 kilómetros de Juárez, se reportaron al menos ocho muertos, esto luego de la detención en Parral del narcotraficante Pedro Sánchez, alias El Tigre, y la pugna entre las células del cartel de Juárez para controlar la venta de drogas. José Luis Muñiz, director de Seguridad Pública Municipal de Villa Ahumada, indicó que “se presentaron varias balaceras a partir de las 12:00 de la noche y hasta las 3:00 de la mañana aproximadamente”.

Este hecho se reporta a cinco días de que el ejército se retirara de dicho poblado.



Kikka Roja

lunes, 2 de junio de 2008

PROCESO : Despojo con el sello de los Mouriño

Despojo con el sello de los Mouriño
Patricia Dávila
La vertiente petrolera y la eléctrica del proyecto energético calderonista coinciden al menos en dos aspectos: privilegian exclusivamente el interés empresarial y, sobre todo, ofrecen una generosa porción del botín a un emporio de casa, el Grupo Energético del Sureste, el negocio de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño

OAXACA, OAX., El grupo Grupo Energético del Sureste (GES), perteneciente a la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, es una de las empresas que desarrollan en esta entidad el segundo proyecto de generación de energía eólica más grande del mundo y que, mediante engaños, lograron que indígenas zapotecos y huaves del Istmo de Tehuantepec firmaran contratos en blanco a fin de rentar sus tierras a 100 pesos anuales por hectárea.

El Parque Eólico del Istmo de Tehuantepec es parte del Plan Puebla Panamá reactivado por el gobierno de Felipe Calderón, quien considera la generación de energía como una prioridad en el Plan Nacional del Desarrollo 2006-2012. Se planea que abarque un total de 120 mil 852 hectáreas, de las cuales, según la empresa española Preneal México, ya están rentando 40 mil. GES se encargará de armar 6 mil aerogeneradores que producirán más de 5 mil megavatios (MW) de energía “limpia”: casi el doble de la capacidad eólica instalada en España (2 mil 836 MW) y Estados Unidos (2 mil 610 MW), y muy cercana a la de Alemania, la mayor del mundo con 6 mil 107 MW. Un MW equivale a un millón de vatios. En el proyecto La Venta II, GES cobró 1.2 millones de pesos por montar cada aerogenerador, pero actualmente cobra 1.5 millones por cada uno en La Venta IV y el nuevo megaproyecto. Como subcontratista, GES también da mantenimiento a las estaciones eólicas y asesora a las empresas sobre los sistemas de control del parque eólico en las subestaciones. Para ello, cuenta con 10 especialistas europeos y una cuadrilla de 20 trabajadores. Incluso tiene un cubículo dentro de la subestación eléctrica La Venta II, afirma un habitante del poblado, Alejo Girón.

Durante un recorrido por la zona, Proceso visitó la bodega que GES instaló en La Venta desde finales de 2004. Es una casa de una sola planta, ubicada en la calle principal del pueblo, donde permanecen estacionados varios vehículos de doble tracción con el logotipo del grupo. Sin embargo, el trabajo de mantenimiento de GES no ha sido muy eficaz: a finales de 2007 se cayó un aerogenerador de La Venta I y las aspas de otro en la Venta II. Además de ser la única empresa que maneja el montaje de aerogeneradores, GES se prepara con el fin producirlos; para ello adquirió 20 hectáreas sobre la carretera Mérida-Progreso, donde instalará una fábrica de torres eólicas de “última generación” (Proceso 1627). En las copias de seis títulos de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica, cuya copia tiene Proceso, consta que las empresas –en su mayoría españolas– utilizarán dicha energía para su propio consumo y comercializarán los excedentes.

Dichas empresas iniciaron las gestiones para quedarse con los contratos en 2001, año en que Juan Camilo Mouriño asumió la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Ahí facilitó a las trasnacionales su llegada al istmo; todas hicieron antesala con él”, asegura Javier Balderas Castillo, abogado de la asociación Derechos Humanos Tepeyac, que lleva el litigio de 180 campesinos que desde diciembre de 2007 demandan legalmente la anulación de sus contratos con las empresas que desarrollan el megaproyecto. Asesorados por Balderas, campesinos de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, San Blas Atempa, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar integraron el Frente por la Defensa de la Tierra para impedir que se concrete lo que consideran un despojo de sus tierras. Ellos denunciaron cómo las compañías Unión Fenosa, Iberdrola, Cisa-Gamesa, Eoliatec del Istmo, Preneal, Eléctrica Francia y Bii Nee Stipa, con ayuda de la notaria pública número 67, Aurelia Benítez Castillejos, obligaron a los indígenas a firmar contratos en blanco. Según las copias de los contratos de arrendamiento firmados por los campesinos con esos emporios energéticos, las condiciones son muy similares y en todos los casos ventajosas para las empresas.

Por ejemplo, se estipula que la renta inicial por hectárea es de 100 pesos al año, y se ofrecen mil pesos por hectárea cuando el parque esté en operación. Además, se estipula que se pagarán entre 8 mil y 18 mil pesos anuales por aerogenerador y 13 mil 100 pesos por cada hectárea afectada con caminos. El problema es que, para el pago, la empresa contabiliza estrictamente la superficie utilizada para el camino: 12 metros de ancho por 300 de largo, aunque a su paso afecte todo el terreno. Además, se restringe el derecho de los campesinos al usufructo de sus tierras. De acuerdo con la décima quinta cláusula del contrato celebrado entre Cisa-Gamesa y Manuel Sánchez Castillo, “el desarrollador podrá ceder los derechos derivados de este contrato a sus filiales, socios, asociados o a las sociedades mercantiles que le sean convenientes (…). Si el propietario desea ceder los derechos (…) deberá recabar el consentimiento escrito del desarrollador o sus cesionarios, mediante las pruebas conducentes”. El asesor jurídico Balderas Castillo indica que los campesinos tampoco pueden heredar o vender sus tierras libremente, ya que la empresa tiene preferencia.

Resistencia y represión

A mediados de 1994 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en operación en el poblado de La Venta, a 30 kilómetros de Juchitán, la primera planta eólica en América Latina que se integró a la red de servicio público. Se trata de la central eoloeléctrica La Venta I, constituida por siete aerogeneradores de 225 kW (kilovatios) cada uno. A partir de entonces se realizaron en esa planta mediciones precisas sobre el potencial de producción de energía en esta zona, que registra una velocidad promedio del viento de 25 metros por segundo y un factor de planta anual (días de viento) de 60%, muy superior, por ejemplo, al de California (25%). Fue hasta 2002, al comprobar con datos de la CFE que la cantidad de energía producida por La Venta I era redituable, que la asamblea ejidal del poblado envió a su presidente de Vigilancia, Arturo Hernández, a solicitar que el organismo federal condonara los pagos por la electricidad consumida en la operación del pozo de la comunidad. En aquel entonces cada recibo llegaba por 5 mil pesos. Hernández viajó con un grupo de ejidatarios a la Ciudad de México para entrevistarse con el director general de la CFE –Alfredo Elías Ayub–, quien no accedió a condonar el adeudo pero, aseguran los campesinos, a cambio prometió pavimentar siete kilómetros de calles en la comunidad.

Pero el funcionario no cumplió su oferta. Peor aún, a su regreso los ejidatarios enfrentaron 12 órdenes de aprehensión por obstruir vías generales de comunicación e instalaciones del gobierno federal. “No se nos dio ni el agua ni el pavimento”, recuerda Alejo Girón Carrasco, habitante de La Venta, y asegura que este fue el comienzo de la represión contra los 362 ejidatarios y 100 posesionarios de la zona que no se resignan a perder sus tierras. En los primeros meses de 2004 se planteó el proyecto La Venta II, inicialmente calculado en 2 mil 80 hectáreas, casi la mitad del ejido (que mide 5 mil 633 hectáreas). Sin embargo, como no logró reunir todas las firmas necesarias para el arrendamiento de tierras, la CFE se vio obligada a licitar nuevamente el proyecto, considerando sólo 850 hectáreas, entre las cuales quedaron 200 pertenecientes a campesinos que aún ahora se niegan a firmar. El contrato se le asignó a la empresa española Preneal México. Por luchar contra la imposición de La Venta II, en 2004 la Policía Federal Preventiva (PFP) reactivó la orden de aprehensión que dos años antes se le giró al dirigente Arturo Hernández. Para entonces, las órdenes de aprehensión contra ejidatarios se elevaron a 72 y aún están vigentes.

Alejo Girón relata cómo se llevaron a cabo los que él llama “los negocios sucios de la energía limpia”:

“Las trasnacionales iniciaron el proceso para apoderarse de las tierras de La Venta II en septiembre de 2005. Para lograrlo ‘compraron’ al entonces comisariado ejidal, Carlos Antonio Ordaz, quien además de encargarse de convencer a quien se opusiera, falsificó las actas de asamblea de los ejidatarios para autorizar la entrada de las empresas”. En el más reciente acto de oposición a esa planta generadora, el año pasado el exmilitar Manuel Santiago, de 56 años, bloqueó las instalaciones de la subestación de la CFE en La Venta II, armado con una pistola calibre 38 al cinto. Desesperado por rescatar las tierras de su familia, instaló cercas de alambre de púas en las dos entradas y vigilaba la subestación día y noche. Así estuvo una semana.

Habitantes de La Venta recuerdan que trabajadores de la CFE intentaban dialogar con él. Uno de ellos afirma que “también tuvieron que intervenir empleados de GES –la empresa de los Mouriño–, quienes tenían que dar mantenimiento a la planta y tomar datos de la cantidad de energía producida y trasmitida”.

Finalmente, la familia de Santiago lo convenció de que liberara las instalaciones.

Daño ecológico

En 2006 dos empresas, Eléctrica del Valle de México y Parque Eólico Bii Nee Xtipa, contrataron a la consultoría Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (SIGA) a fin de que desarrollara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La primera empresa requería del documento para formalizar su proyectos de La Mata, con 75 aerogeneradores, y el segundo para la operación del propio parque en La Ventosa, Juchitán. El problema es que para elaborar ambos documentos SIGA utilizó como machote el proyecto “Terminal de Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo”, ubicado en Veracruz, cuando el estudio ambiental debió realizarse en Oaxaca, afirma Sofía Olhovich, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agrega que el istmo es el corredor migratorio de aves más importante del mundo, con registros de 690 mil aves rapaces que pasan diariamente por ahí, a una altura de entre 60 y 400 metros (según la página 302 de la MIA correspondiente a La Venta II). Así, el proyecto eólico constituye para esas aves un grave riesgo de colisión porque los aerogeneradores miden casi 50 metros de alto. Igualmente, las obras de La Venta IV están desfigurando la zona, ya que constantemente el nivel del agua sube casi a la superficie. Cuando los constructores no pueden controlarlo, abandonan la zona ya perforada y comienzan a preparar otra. No es todo. Para llegar a La Venta IV es necesario recorrer aproximadamente 40 kilómetros de terracería. Los camiones de volteo que continuamente pasan con material hacia el poblado La Venta provocan tal polvareda que una gruesa capa ya cubrió más de 100 hectáreas de pastizal, ahora inservibles para la alimentación del ganado y la fauna local.

Manuel Carrasco, propietario de 34 hectáreas de pastizal, se negó a firmar el contrato de arrendamiento. “Esta parte de La Venta es una zona de productores de leche (con una cuota de 12 mil litros diarios), pero a partir de que empezaron los trabajos (del proyecto La Venta IV), los ganaderos están optando por vender sus reses. En mi caso tengo que comprar pacas de alimento, pero me resulta muy caro”, se queja. En el municipio de Juchitán, donde también se instalan aerogeneradores, una de las principales opositoras al proyecto es Faustina López Martínez. Entrevistada en el patio de su casa, dice que su cuñado Celestino Bartolo la convenció de firmar, ya que “a él le dijeron que era un programa similar a Procampo”. La señora López habla zapoteco. Auxiliada por un traductor explica que ella posee tres terrenos, de 6, 7 y 13 hectáreas, que le rinden 24 carretas de maíz y 24 de calabaza. Después de la cosecha vende como pastura lo que queda en el terreno.

Cuenta que a su casa llegaron “el licenciado Felipe y su esposa Aurelia Benítez Castillejos” (la notaria pública 67). En su mismo patio, dice, la pareja trató de convencerla para que entrara al proyecto. Más tarde llegaron dos jóvenes de la empresa Unión Fenosa, la subieron a un coche y la llevaron a Tehuantepec, donde le dieron una hoja. “El papel estaba en blanco. No había ninguna letra. Ahí firmé”. Sólo después de eso le dijeron “que recibiría mil pesos al año por cada terreno” y ella se dio cuenta del engaño. Entonces empezó su lucha por conservar sus tierras. Odilón Santiago Martínez, propietario de seis hectáreas en Juchitán, vive de lo que produce: sandía, melón, calabaza y maíz. A él también lo fueron a buscar a su casa para que firmara el contrato. Un trabajador de Porfirio Montero, quien anduvo convenciendo a los pobladores le rentaran sus tierras a Unión Fenosa, le dijo que le iban a dar dinero para trabajar las tierras. “Ahí mismo firmé el contrato –admite el campesino–; me dieron 2 mil pesos por las seis hectáreas. Pensé que era el programa Procampo”.

Con trabajos, explica en español que nunca ha tenido copia del contrato.

–¿Qué va a hacer si la compañía decide venir a instalarse?
–No le voy a dar permiso de entrar. Ya firmé, pero aunque me den 50 mil pesos, ya no los quiero.

A unas horas de Juchitán, en el poblado de Unión Hidalgo, trabajan las siguientes empresas: Cisa-Gamesa en el norte, Preneal en el sur y Unión Fenosa en el oeste. Aquí los campesinos fueron engañados por coyotes como Juan Bartolo, contratado por las empresas. Él dijo que éstas les iban a dar 1.3% del ingreso bruto por la generación de energía eólica a los pobladores. Veinte de los que firmaron el contrato ahora demandan que se anule. La mayoría de ellos no saben leer ni escribir y menos firmar; sólo ponen su huella dactilar. Uno de esos campesinos es Perfecto Vázquez, quien en septiembre de 2004 signó el contrato por la renta de sus 47 hectáreas, en las que mantiene 120 cabezas de ganado y obtiene 140 litros de leche al día. El rancho le da 400 pesos diarios, y la venta de ganado 80 mil al año. Por ese terreno Vázquez cobró 12 mil 600 pesos en tres años, o sea 268 pesos anuales por hectárea.

“Nunca me dieron contrato –asegura–, sólo hojas en blanco del libro de la notaria Aurelia Benítez. Como éramos muchos, nos dijo: ‘¡Firma aquí, luego lo rellenamos’. Al año me trajeron un contrato. Aunque no le entiendo bien, me di cuenta de que me iban a chingar. (Creí que me iban a pagar) por las 47 hectáreas que pasara el camino, pero no, si el camino es de un total de 400 metros cuadrados, ni media hectárea voy a cobrar”. Como empieza a trabajar a las 3 de la mañana en el cuidado de sus animales, llega agotado a su casa al medio día. A la una de la tarde, mientras descansa en su hamaca, advierte que las empresas españolas “no van a entrar. Si me matan ahí, que me maten, pero me voy a llevar a unos dos o tres por delante”.

Sin embargo, tiene el semblante triste y una mirada evasiva que trata de contener las lágrimas.

Beneficio empresarial

En la comunidad huave de San Francisco del Mar nadie ha firmado el contrato, pues aseguran que los aerogeneradores invadirán 2 mil 500 metros de playas. También se negaron San Mateo del Mar y Niltepec. En esta última comunidad los emporios energéticos tratan de rentar 2 mil hectáreas, afirma Santiago Cruz Núñez, presidente de bienes comunales. Por el contrario, San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, otras comunidades huaves, ya firmaron contratos con algunas de las empresas mencionadas. Con quien el Grupo GES y las empresas españolas no tienen problema alguno es con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el título número E/531/AUT/2006, otorgado a Eurus, señala en la “condición” tercera: “La energía eléctrica que genere la permisionaria deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de energía eléctrica de sus socios”, en este caso 14 plantas de Cemex México, Inmobiliaria Río La Silla y TEG Energía. También deja abierta la posibilidad de que Eurus extienda el servicio a Cales y Morteros Porter y Porter y Control Administrativo Mexicano. Este título autoriza 300 aerogeneradores para generar 876 GWh al año (un gigavatio equivale a un millón de kilovatios-hora).

El permiso número E/322/AUT/2005, otorgado a Eoliatec del Istmo, asienta que sus socios son Compañía Siderúrgica de California, Eoliatec de México, Eoliatec del Istmo, Fimex, Portola Packagind Inc. México, Productora de Hierro Maleable y 13 empresas más. Este permiso comprende 124 aerogeneradores con capacidad total de 163.68 MW, con una producción estimada de 573.4 GWh al año.

El permiso E/548/AUT/2006, concedido a Bee Nii Stipa, le autoriza 31 aerogeneradores para producir 100.130 GWh al año. Esta energía será canalizada a seis plantas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como a Famosa Monterrey, Plásticos Técnicos Mexicanos, Panamco Bajío, Panamco Golfo, Propimex e inmuebles del Golfo. Así mismo, uno de los primeros permisos emitidos, el E/070/AUT/98, permite a la empresa Fuerza Eólica del Istmo instalar 60 aerogeneradores para producir 150 GWh, principalmente destinados a la Cooperativa Manufacturera de Cementos Portland La Cruz Azul, Fuerza Eólica y diez compañías más. A su vez, Vientos del Istmo –gracias a su permiso E/AUT/2005– vendió su producción de energía a 87 tiendas Soriana en todo el país, a 35 sucursales de Desarrollo Lácteo S.P.R. de R.L., Almerimex, Automercadeo de México y The Original Mexican Jean Company. El último de los permisos de los que Proceso obtuvo copia, el E/575/PP/2007, está a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ampara tres aerogeneradores con capacidad para generar 21.9 GWh. Esta energía es la única que se venderá a la CFE para integrarla a la red de servicio público, según consta en la primera condición del documento.

Kikka Roja

AMLO no respetara acuerdos PLAN MERIDA y MOURIÑO ahora le copia

  • Inaceptables, las condiciones al Plan Mérida: Mouriño
  • México dice no aceptará condiciones de EEUU en plan antidrogas
INICIATIVA PLAN MERIDA : AMLO NO RESPETARA ACUERDOS CON BUSH
ENTONCES pa que fregados Felipe Calderón tan CARIÑOSO con el gobierno gringo, ya sabemos que el gobierno espurio de Calderón-Mouriño, es un vendepatrias y entreguista, QUE DEMONIOS LE PASA A MOURIÑO.

Si ya les dolió que se pongan más vaselina. El plan Mérida va enfocado a vender PEMEX a los gringos, para eso quieren a los militares gringos cuidando instalaciones petroleras, ahora salen con que ya les dió miedo que se queden con todo el territorio mexicano. Nada más falta que llegue el ejército ESPAÑOL a defender sus propiedades petroleras que les prometieron.

¡¡chiiin gada maadre!!

Incorporar medidas o evaluaciones unilaterales y condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos es “profundamente contrario a su objetivo y espíritu", sostuvo.

La Jornada On Line y Notimex Publicado: 02/06/2008 15:18

México, DF. Al emitir un mensaje sobre el Plan Mérida, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló que como parte de la estrategia gubernamental de México contra el narcotráfico éste es uno de los componentes más significativos de cooperación internacional para enfrentar dicho flagelo que afecta tanto al país como a Estados Unidos. Sin embargo, calificó de "inaceptables" las condiciones actuales en que se encuentra tal proyecto en las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y dejó en claro que "México no solicitó asistencia unilateral".

El funcionario federal indicó que la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio de los recursos comprometidos "resultaría al mismo tiempo profundamente contraria a su objetivo y espíritu", y a la vez contraproducente.

Señaló que eso es aún más evidente "cuando tales presuntas condicionalidades se refieren al logro de metas de políticas mucho más amplias, sin relación directa con el ejercicio transparente de los recursos destinados a nuestra lucha común". Al defender la propuesta hecha por el gobierno encabezado por Felipe Calderón, Mouriño Terrazo destacó que esta acción se enmarca en el contexto de que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en cuanto a consumo de narcóticos, por lo cual la demanda de drogas en aquel país es la fuente principal a abordar con dicho plan, toda vez que ésta constituye la fuente principal de financiamiento a las organizaciones criminales involucradas en esta actividad. El combate frontal que el gobierno de México ha emprendido en contra del nacrotráfico atiende a dicha realidad, declaró el secretario, quien agregó que la naturaleza misma de dicho fenómeno implica un gran esfuerzo de las autoridades por combatirlo.

En ese sentido, destacó que actualmente las actividades ligadas al crimen organizado representan un reto global que solamente pueden ser enfrentadas mediante una operación internacional. Asimismo, el titular de la SG defendió dicho proyecto toda vez que éste fue presentado por el presidente Felipe Calderón en respuesta a los retos que derivan de esta realidad inmediata en el mercado de drogas. Respaldó también este plan porque "abre la posibilidad de completar la operación bilateral para enfrentar con esfuerzos coordinados la amenaza común (del narcotráfico) con base en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía" de ambos países.

México dice no aceptará condiciones de EEUU en plan antidrogas
MEXICO DF (Reuters) - México dijo el lunes que no aceptará condiciones de Estados Unidos en un plan de ayuda al combate contra el narcotráfico que discute actualmente el Congreso de ese país.
El presidente George W. Bush propuso en octubre un paquete de 1,400 millones de dólares en ayuda a México para el combate al narcotráfico que incluía entrenamiento, equipamiento y aviones. La medida fijaba un monto inicial de 500 millones de dólares en el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Pero el Senado de Estados Unidos aprobó en mayo la llamada "Iniciativa Mérida" recortando el monto inicial a 350 millones de dólares, además de establecer el cumplimiento de algunos puntos sobre derechos humanos. "La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos, resultaría al mismo tiempo profundamente contraria a su objetivo y espíritu," dijo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. "Sería por ello inaceptable," agregó el secretario en un mensaje a la prensa. Entre las condiciones que aprobó el Senado de Estados Unidos para entregar los fondos es que México lleve a la justicia civil casos de militares acusados de violaciones a derechos humanos y garantizar el no uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno del conservador Felipe Calderón tiene desplegados cerca de 25,000 policías y militares principalmente en la frontera, pese a lo cual la violencia de los cárteles no cesa y en lo que va del año han muerto cerca de 1,400 personas. Otras condiciones al plan son la creación de un comité conformado por miembros de la sociedad para dar seguimiento a los operativos antidrogas y que sea reforzada la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos u Ombudsman. Mouriño dijo que el Gobierno mexicano seguirá con atención el debate de la iniciativa en el Congreso de Estados Unidos y que evaluará con cuidado la aprobación final del proyecto. "De ello dependerá la decisión que se adoptará respecto a este aspecto de la Iniciativa Mérida," dijo el funcionario. El Gobierno atribye el incremento de la violencia a los operativos y a movimientos dentro de los cárteles de la droga. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez, Editado por Juana Casas)

de Noticias de hoy de Notimex / La Jornada On Line
No importa que gobierne el PAN o el PRD, trabajo parejo para todos, dijo el presidente al entregar piso firme en 3 mil 100 viviendas en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerreo.
POS A QUIEN LE PROMETIERON EL PTROLEO
DE TODAS MANERAS FE-CAL USURPADOR SIEMPRE MIENTE
Kikka Roja

AUDIO: entrevista a Sergio Aguayo | Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes

  • Su actuación al frente de la CNDH es “vergonzosa”, señalan
  • Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes
  • Intervino en la salida del representante de la ONU para derechos humanos

AUDIO SERGIO AGUAYO : LA ONU PIDIÓ UN MILLON DE DOLARES: NO HAY EVIDENCIAS


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Sergio Aguayo: La salida de México de Amerigo Incalcaterra: Jose Luis Soberanes lo lanzó

Víctor Ballinas

Ampliar la imagen Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Miguel Concha, Luis Arriaga y Clara Jusidman, durante la conferencia de prensa Foto: María Luisa Severiano

Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.

Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.

Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”. Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”. Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.

Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.

Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.


MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
La CNDH y la ONU

Antes de dar por concluida su misión el 23 de mayo, el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra, entregó al semanario Proceso, que lo publicó dos días más tarde, en su número 1647, un texto que resume su visión sobre la materia de que se ocupó en los tres años recientes: “… por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos”.

Apreciaciones de semejante jaez las hizo Incalcaterra durante su desempeño, iniciado en octubre del 2005. No esperó a retirarse para expresar su parecer. Tampoco dejó de trabajar, en sus casi 32 meses en México, para contribuir a que el gobierno, las instituciones, los organismos civiles y la sociedad en general cobraran conciencia de esa realidad y se afanaran en superarla. Con todo, a los ojos de autoridades gubernamentales el funcionario de la ONU se tornó incómodo, y fue pedido su traslado, a que accedió la señora Louisa Arbour después de su visita a México en febrero pasado, en aras de mantener en nivel adecuado la relación institucional con el gobierno mexicano. Aunque la Cancillería , de modo displicente, y el propio Incalcaterra en apego a las buenas maneras, negaron que su salida de México resultara de una ilegítima presión gubernamental, tras su partida quedó claro que se forzó el fin de su misión. El trabajo de Incalcaterra no sólo incomodaba al gobierno sino también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes. Inconforme desde el principio con la apertura de una oficina mexicana de la ONU en el ramo de su competencia, como si la promoción de los derechos humanos en su más amplia acepción (que incluye la propuesta y adopción de políticas públicas en la materia) fuera de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, Soberanes aspira notoriamente a una hegemonía cabal en ese ámbito, que mediante el control de comisiones locales y agrupaciones civiles, le permita aminorar y aun eliminar la crítica a sus procedimientos.

El activismo de Incalcaterra iba en sentido contrario a ese anhelo pues el representante de la señora Arbour se reunía con el sector que más severamente examina las acciones y omisiones de la CNDH. En esa línea de conducta, el diplomático italiano dio la bienvenida al informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la oficina del ombudsman, que había causado enojo en la Comisión. Probablemente Soberanes había manifestado antes y de otros modos su descontento con Incalcaterra, pero en esta oportunidad expresó por escrito, de modo formal, su “inconformidad” ante el “respaldo público al documento” de HRW “en donde se denosta (sic, en vez de denuesta) a la…CNDH a través de un análisis superficial basado en argumentos y datos ciertamente erróneos”. Llamó la atención de Soberanes que Incalcaterra “recomiende que atendamos las sugerencias de HRW, dejando la impresión de que ‘ la ONU valida el informe de HRW que reprueba a la CNDH ’, con lo cual comete “un grave error” y desatiende “su responsabilidad… de dar seguimiento a las recomendaciones de los relatores especiales”. En suma, el ombudsman solicitó a la señora Arbour tomar nota “de la situación referida” para evitar que funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada “incumplan con su mandato y dañen de esta manera la imagen” de instituciones como la CNDH. Ya ido Incalcaterra, Soberanes parece prepararse para evitar que eso ocurra de nuevo. Al efecto, mencionó la oficina mexicana de la ONU en un contexto conspiracional.

Consultado sobre el retiro de ese funcionario, el presidente de la CNDH escribió para Reforma un artículo en que asegura que “entre las propuestas del Plan Mérida se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares a la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”. Y crípticamente se pregunta a continuación: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso sino ilegal?”.

Al dejarnos a oscuras sobre esas organizaciones privadas que asumirían “de ese modo” un papel ilegal y peligroso sin aclarar de qué habla, Soberanes parece haber dejado suelta a la loca de la casa, la imaginación, pues no cita su fuente, sólo un vago “se menciona”. Su versión difícilmente corresponde con la realidad, pues el Congreso norteamericano es refractario a la ONU , por lo que no se ve cómo el Senado asignaría dinero de los contribuyentes a una oficina de aquel organismo impopular en los medios conservadores norteamericanos. Rápidamente hemos comprobado que esa fantasía, con la que tomaron el pelo a Soberanes y él quiso hacer lo mismo con nosotros, no contiene un ápice de verdad. La oficina que presuntamente repartiría alegremente un millón de dólares a discreción desmintió “categóricamente” tales versiones, es decir a Soberanes (única persona que se ha referido al tema) e informó “a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”.

Kikka Roja

Marcela Gomez Zalce : Elba, Carlos, Napoleón y Francisco

Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamp, Napoleón Gómez y Francisco Hernández Juárez
• El descrédito de un monstruo
• Zape diplomático…

La unión, mi estimado, hace la fuerza. Lástima que los tiempos se pasaron y la divertida tenebra sindical se quedó en un wishful thinking de verdaderamente aglutinar a todos los líderes en un frente común, que se vino orquestando hace varios meses y hoy trae otra simpática cara… quizá porque la intervención del tesorito presidencial de Bucareli y la del senador superpoderoso Manlio Fabio Beltrones entraron en la mezcla de volátiles intereses que llegaron a conectarse hasta Washington… desde donde el culebrón estaba siendo observado en, digamos, conexión directa.

La atractiva pregunta para este agitado inicio de semana, my friend, es de quién fue la singular idea de cerrar frentes sindicales y cual fue el motivo de la genialidad… y ya encarrerados, por qué reventar un asunto que estaba durmiendo el sueño de mejores tiempos en la real politik.

Eso explicaría aquella divina frase de Elba Esther, en el marco de su encerrona del 24 Consejo Nacional Extraordinario del sindicato magisterial, al enviar un atento saludo, en forma de misil, al senador sonorense al calificarlo como el enemigo número 1 del SNTE. Sobre todo cuando Beltrones ya comenzaba a armar su red al interior de los controles del sindicato de Gordillo en diversos estados tricolores para pavimentar su caminito electoral rumbo a 2009 pero… eso no es todo.

Manlio Fabio, amable lector, ya entablaba un diálogo distinto con el célebre líder indomable —a quien estos priistas abandonaron dándole la espalda en el sexenio de Fox ante el escándalo del Pemexgate reloaded— por la seductora tenebra de la posibilidad de que dos de los sindicatos más poderosos del país (el SNTE y los petroleros) cerraran filas, invitando a otros para (mostrarle músculo a Felipe) darle flit al desprestigiado Congreso del Trabajo y armar un nuevo frente sindical.

Cuando todo iba viento en popa, Gordillo mandó emisarios a Vancouver, Canadá, para invitar a los mineros de Napoleón Gómez Urrutia a sumarse al reventón mientras se hacía lo propio con Francisco Hernández Juárez… Do I have your full atention, now…?

El culebrón estaba tan adelantado, my friend, que se elaboraron a toda velocidad documentos sobre los estatutos del nuevo monstruo del cual el vocero sería Juan S. Millán, aunque se esperaban los tiempos adecuados para anunciarlo. En esa maravillosa ruta avanzada, el tesorín presidencial de Bucareli estuvo al tanto... lo mismo que algunos divertidos azules. El asunto cobró tanta importancia, que en Washington varios de sus legisladores conocieron la tenebra donde uno de los puntos principales era la reafirmación de la… autonomía sindical, más allá de los nuevos retos en pleno siglo XXI donde el CT es ya un instrumento inservible del gobierno y ni hablar del desdén y olvido de las causas de los trabajadores.

Las ingenuas preguntitas son varias, pero la trascendente es ¿quién se benefició de la anticipada filtración del llamativo plan sindical…? Porque aún faltaba almidón y planchado en algunos puntos estatutarios donde había diferencias. Y una de las cuestiones sopesadas en la estupenda táctica, my friend, era evitar el desprestigio, impopularidad y descrédito público de una foto como la de ese monstruo de dos cabezas Gordillo-Romero lo que...

Según los pícaros tubazos mediáticos contra esta fabulosa dupla, aunado a la creciente intransigencia, hostigamiento y presión mediática de los usual media suspects sobre el sindicato minero de Gómez Urrutia, pasando por singulares cosillas contra Francisco Hernández Juárez, algún irreflexivo travieso activó los focos rojos de este tablero sindical… que le reventará a un gobierno frágil, vulnerable, secuestrado y reventado por el poder… del no poder.

Lo más encantador desatado por la filtración es que sin lugar a dudas, this experiment is out of the lab.

Y un incendio sindical incontrolable es letal para la salud... de cualquier régimen. Y éste no es la excepción. Sobre todo porque en 18 meses, aunque no lo parezca, Felipe, su achispado Gymboree y su bola de disfuncionales profundos van, peligrosamente, en caída libre…

¿Vamos bien o me regreso?

Por la Mirilla

Espléndido el revire de acuse de recibo del embajador Tony Garza —que no habla sin línea del gobierno norteamericano— sobre la lamentable palabrería presidencial sobre el problema de las drogas y el narcotráfico que afecta ambas naciones. El diplomático zape fue para matizar eso de que México pone los muertos y EU los consumidores… lo demás, fue lo de menos.
gomezalce@aol.com



Kikka Roja

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