Entre el repudio de diputados a su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación y la consecuente y reiterada demanda, inclusive exigida a coro, de que renuncie al cargo,
Juan Camilo Mouriño Terrazo admitió “que mientras las policías estén infiltradas no podemos, a plenitud, garantizar la seguridad, y tampoco gozar de la confianza de los ciudadanos”. También sostuvo que existe el “riesgo latente” de que el dinero del narcotráfico se infiltre en las campañas electorales.
Ni el nuevo formato que los diputados aplicaron a la comparecencia de Mouriño ante el pleno, así como del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador Eduardo Medina Mora, misma que incluyó 38 preguntas formuladas desde las curules, ni la protesta de dcir verdad que el presidente de la mesa directiva, César Duarte, demandó hacer, produjo respuestas concretas a la demanda imperante de una nueva estrategia en el combate a la delincuencia organizada.
La presión de legisladores de PRD, PT, Convergencia y Partido Socialdemócrata para que renuncie, no hicieron mella en Mouriño, quien reviró que él está decidido “a ser parte de la solución del problema” de la inseguridad nacional. Ante la insistencia porque el titular de Gobernación dimita, el panista Cristian Castaño acusó a los legisladores de oposición de pretender “lucrar políticamente con la crisis de seguridad. Nadie tiene derecho de buscar miserablemente un voto con la sangre de nuestros muertos”. Un día antes, en el Senado, Medina Mora y García Luna ya habían comparecido, así que ayer en San Lázaro no representaron un objetivo central de cuestionamientos; esto enfocó las preguntas a Mouriño, quien ante la firmeza de los legisladores gesticulaba, nervioso, y se arrellanaba en la curul asignada. Las críticas no amainaron a pesar de que la víspera convocó a comer en Bucareli a diputados de la Comisión de Gobernación, que le acercó el ex priísta y ahora panista Diódoro Carrasco. Incluso, el propio funcionario, dijeron legisladores, los llamó por teléfono para invitarlos a cenar. Así que ayer sólo superó su incomodidad cuando algunos panistas alabaron su trabajo.
Fue el priísta César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia, quien inició la crítica mordaz contra los tres funcionarios del gabinete, que tocó también a Felipe Calderón: “Deficiencia, demagogia y desorden son tres pinceladas que muestran de cuerpo entero el combate a la delincuencia en esta administración; es la trilogía del desamparo. Desamparo sentido por 70 por ciento de los mexicanos, desamparo que se acrecienta cuando un atemorizado presidente de la República, con una mezcla de cinismo y evasión, dice que se suma a los reclamos ciudadanos, cuando el destinario de éstos es el poder público, muy especialmente él”.
Enseguida, Elsa Conde, representante de Alternativa (ahora Partido Socialdemócrata), preguntó a Medina Mora si tenía conocimiento de las denuncias de un probable ataque del narcotráfico durante la celebración del 15 de septiembre. El titular de la PGR justificó que al Ministerio Público le corresponde investigar y perseguir delitos, pero sólo si se presenta una denuncia. “No tengo denuncia que hubiera habido denuncia, en ningún momento o en ningún oficio”. Enredados entre el ser y el deber ser, un sector del panismo no pudo contener su desesperación ante la inseguridad que a ellos también los alcanzó. María de los Angeles Jiménez, con voz suplicante, emitió un reclamo: “Cada día, antes de salir de nuestra casa, nos preguntamos si regresaremos a ella o si la encontraremos como la dejamos al salir. Si al enviar a nuestros hijos a la escuela, los volveremos a ver. Esto nos da miedo”.
La respuesta de García Luna redundó en que “hay un rezago histórico en las policías. Tenemos un deterioro estructural de años en la parte del perfil del policía. Esto nos obliga a cambiar lo que hoy tenemos, fáctico y discrecional, donde (el ingreso) se limita sólo a una evaluación que es referencial y no obligatoria en todo el país”. Más adelante, la perredista Valentina Batres presentó un resumen de los hechos que no han encontrado solución por parte del gobierno federal: violaciones a los derechos humanos, datos inconexos en materia de persecución de delincuentes, pobreza extrema en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, Mario Marín, Elba Esther Gordillo, Ulises Ruiz, los hijos de Marta Sahagún, Carlos Romero Deschamps, Hildebrando Zavala, Francisco Gil Díaz…
“Juan Camilo Mouriño, Genaro García Luna, no necesitamos preguntarles nada, ni necesitamos cien días para saberlo; está claro, no pueden, ¡renuncien ya! Todavía estamos a tiempo, salvemos a México”. En ese momento, los diputados del PRD –
a excepción de todos los integrantes de Nueva Izquierda, que salieron junto con Ruth Zavaleta del salón de sesiones para no respaldar la protesta– desplegaron una manta en la que se leía: “¡Ya vienen los piratas I Van por el tesoro!” Otros más portaron cartulinas con la leyenda “Salvemos a México”, como eco a la marcha por la paz del 28 de agosto pasado.
Hasta el sitio donde se encontraba Mouriño, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, quien fue director del Instituto Nacional Indigenista con Vicente Fox Quesada, y ahora es legislador perredista, llegó a entregar un busto en bronce de Juárez al titular de Gobernación. Para entonces, el priísta Carlos Armando Biebrich acusó a Mouriño de incapacidad para resolver los principales problemas de política interior. “En materia de gobernabilidad, señor secretario, quiero decirle (que) si la ineficiencia en cualquier actividad es condenable, en política es fatal, porque mina al Estado y a su capacidad para resolver los grandes problemas que enfrenta el país”. Mouriño intentó responder y lo hizo nervioso y desencajado, ante las cinco interrupciones de los perredistas, que en tan sólo tres minutos corearon “¡renuncia, renuncia!” y “¡corrupto, corrupto!” Fue la diputada Layda Sansores, de Convergencia, quien fustigó a Mouriño y al Presidente: “Los envía Calderón. Él no tiene ninguna autoridad moral para convocar a la unidad, cuando él fue el que vino del ‘haiga sido como haiga sido’ y vino a alentar el encono entre los mexicanos, pero además tiene un cuate al frente del gabinete de seguridad. El secretario de Gobernación representa, personifica la corrupción y la impunidad en las más altas esferas del poder, al amparo del cuatismo”.
Entre lánguidos aplausos de una bancada panista que a la hora de la comida prácticamente dejó solo a Mouriño con sus críticos en el salón, la coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, preguntó con atingencia: “¿No ha planeado usted, en ningún momento, dar un paso al costado y permitirle al Presidente fortalecer esta área de trabajo gubernamental?” El aludido descartó renunciar. “Me quedan claras sus inquietudes y le contesto que soy un mexicano absolutamente comprometido con la función que desempeño y absolutamente resuelto a ser parte de la solución del problema”.
Representa corrupción e impunidad, dicen PRD, PRI, PT y Convergencia
Mouriño, eficaz sólo para hacer negocios: oposición
El funcionario elude críticas y preguntas
Su firma en contratos con Pemex, severamente cuestionada
Intocados, Mario Marín, Ulises Ruiz y otros, le dicenFabiola Martínez, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representa la corrupción y la impunidad, y es más eficaz en los negocios privados que en resolver los graves problemas que afectan la vida interna del país, reclamaron diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Empero, el funcionario eludió críticas y preguntas. Durante la comparecencia de Mouriño ante el pleno, el diputado priísta Carlos Armando Biebrich le preguntó desde su curul sobre la responsabilidad de Gobernación ante la aplicación de la reforma electoral, aprobada en 2007, porque, sostuvo, existen reiteradas y sistemáticas violaciones de los concesionarios de radio y televisión. El ex gobernador de Sonora quiso saber cómo se conducirá Mouriño en este rubro, y si está consciente de cómo lo ve y lo juzga el país en su desempeño. Enseguida, remachó: “¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”
Biebrich, al igual que otros legisladores, hizo alusión a los contratos que firmó Mouriño Terrazo con Petróleos Mexicanos, en calidad de apoderado de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar SA, en momentos que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico.
El 6 de marzo pasado, el titular de Gobernación aceptó haber suscrito los contratos por más de 100 millones de pesos para el traslado de hidrocarburos, y por ello fue señalado por el PRD de posible tráfico de influencias. También desde su curul, la diputada perredista Valentina Batres le dijo que las omisiones en el segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón son graves, especialmente porque no se hace referencia “a la gran corrupción” de personajes públicos, como los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, y tampoco de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps. Menos, señaló, de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca. Batres insistió en que se dejan de lado los casos del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien habría evitado el pago de impuestos en la venta de Banamex a Citibank, así como el escándalo de Hildebrando Zavala, en su posible participación en las elecciones presidenciales de 2006. Aseguró: “Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior”.
También la diputada del Partido del Trabajo María Mercedes Maciel Ortiz hizo referencia a la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Calderón, especialmente porque los funcionarios están más interesados en incrementar sus fortunas particulares.
“En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo”, sostuvo la petista. En respuesta, Mouriño le dijo que escuchó con atención su postura de que el narcotráfico está fuera de control, pero no respondió nada acerca de los señalamientos sobre su participación en la firma de los contratos. Tampoco, en su oportunidad, acusó recibo de las críticas y preguntas de Valentina Batres ni de Carlos Armando Biebrich. A este último sólo le comentó que la Secretaría de Gobernación hará uso de sus facultades para otorgarle asesoría al Instituto Federal Electoral en la administración y control de los tiempos oficiales para campañas políticas. Su respuesta, sin embargo, se vio interrumpida cinco veces por la exigencia, iniciada por el diputado perredista Emilio Ulloa, para que renunciara.
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