Desaparecidos del EPR
Miguel Ángel Granados Chapa
25 May. 09
Hace ya dos años que fueron detenidos y hechos desaparecer dos militantes del Ejército Popular Revolucionario: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pese a demandas de distinta naturaleza para que sean presentados con vida, el Estado mexicano ha sido incapaz de hacerlo. Sobran indicios de que es un caso de desaparición forzada de personas, cometida por autoridades o con la complicidad de éstas. Aun si no fuera verdad, como han sostenido los gobiernos federal y de Oaxaca -donde se vio por última vez a los detenidos del 24 de mayo de 2007, desaparecidos a partir del día siguiente-, la negligencia inexcusable al cabo de 730 días para avanzar en las averiguaciones ministeriales correspondientes mostraría típicamente la incapacidad gubernamental para garantizar a los gobernados su derecho a la libertad y a la seguridad jurídica.
Aunque dista de ser el único, el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez adquirió relevancia nacional e internacional porque el EPR ha realizado acciones armadas y políticas para lograr la libertad de sus militantes o a manera de protesta por su desaparición. Después de denunciada ésta por el propio grupo insurgente, en junio siguiente, en los meses de julio y septiembre el EPR atentó contra instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, con graves daños a los ductos de la empresa petrolera nacional y cuantiosos perjuicios a la actividad económica suspendida o paralizada por la falta de energéticos conducidos por las instalaciones atacadas. Meses después, el EPR propuso crear una comisión mediadora que intentara el mismo objetivo, la presentación con vida de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, por medios pacíficos, el diálogo con el gobierno federal. Constituida la Comisión, a lo largo de un año sus miembros entablaron conversaciones con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación. Desde su reticencia inicial a reconocer el carácter de la comisión hasta su pretensión de recomenzar las pláticas en febrero con motivo del reemplazo del subsecretario Abraham González por Gerónimo Gutiérrez, como si no se tratara de una función institucional sino sujeta a la voluntad de las personas, la Comisión se enfrentó a la notoria resistencia de Bucareli para resolver este caso tomando en consideración su importancia política, y pretendiendo que la vía ministerial era la única adecuada para abordarlo, siendo que la Procuraduría General de la República ha actuado con tal abulia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 07/2008, relativa a este caso, se detiene con razón en señalar la desidia con que ha procedido esa Procuraduría federal, y los obstáculos que erigió ante la indagación de la CNDH, actitud semejante a la observada por la Secretaría de la Defensa Nacional respecto del papel del ombudsman nacional.
Desde que el EPR surgió en 1996 y acometió sus iniciales acciones armadas en Guerrero y Oaxaca, el gobierno federal ha fracasado en sus pretensiones de sofocar la insurgencia de ese grupo. Lo ha intentado sobre todo con detenciones ilegales como la practicada hace dos años, tal vez en espera de que personas a las que atribuye relación con ese grupo armado revelen información que permita atacar y desmantelar sus núcleos principales. Tal estrategia ha sido infructuosa, ya sea porque las personas ilegalmente presas no mantenían vínculo alguno con el EPR o porque rehusaron ofrecer la información que les fue requerida mediante procedimientos contrarios a la ley.
El abogado Israel Ochoa Lara se sirvió aportar la siguiente información sobre la detención y desaparición, en un caso hasta por nueve meses, de personas que sólo al cabo de su presentación fueron procesadas, como debió hacerse de inmediato y como debió ocurrir con Reyes Amaya y Cruz Sánchez en el caso de que el Estado tenga delitos que imputarles. En orden cronológico los casos han sido los siguientes:
a) Marcelino Santiago Pacheco fue detenido el 20 de julio de 1997 a las afueras de la ciudad de Oaxaca y estuvo desaparecido hasta nueve meses después, el 20 de abril de 1998, cuando lo presentó la policía judicial, que lo puso a disposición de dos jueces penales. b) El mismo 20 de julio de 1997, Felipe de Jesús Antonio Santiago fue detenido en el centro de la capital oaxaqueña / cerca del Parque del Amor) y sólo fue presentado por la policía judicial el 13 de abril del año siguiente, es decir ocho meses y veintitrés días después, y remitido al reclusorio regional de Pochutla. c) Álvaro Sebastián Pérez fue privado de su libertad el 15 de diciembre de 1997 y apareció quince días después, el 26 de diciembre, en el penal de la Villa de Etla. d) Adalberto Jorge Pacheco Santiago fue detenido el 25 de enero de 1998 en la comunidad de La conchuda, de la región de Loxicha, por miembros de la policía judicial que lo retuvieron durante cuatro meses y medio y sólo el 10 de junio de 1998 lo presentaron ante el Ministerio Público en San Agustín Loxicha. e) Ignacio Gómez García estuvo desaparecido cuatro meses, pues fue detenido el 5 de abril de 1998 en Pueblo Nuevo, conurbado con la ciudad de Oaxaca, y fue presentado por la propia policía judicial que lo detuvo, el 7 de agosto, y puesto a disposición de un juez de primera instancia. f) Juan Sosa Maldonado fue privado de su libertad el 15 de julio de 1998, en San Felipe del Agua, Oax., y reapareció el 9 de agosto siguiente, internado en el reclusorio regional de Matías Romero.
A nadie se castigó por esas desapariciones.
Cajón de Sastre
No sé si es audacia, inconsciencia o ansia de expiación de culpas electorales lo que ha conducido a Fausto Zapata a ser candidato de su partido, el PRI, a la jefatura delegacional de Coyoacán, donde según muestra la historia de la democracia capitalina tiene muy escasas posibilidades de triunfar, ya que la victoria será disputada estrechamente por los candidatos del PAN y del PRD. Por si fuera menor la inverecundia de exponerse al juicio de las urnas, en su propaganda Zapata apela a que los coyoacanenses ya lo conocen. En efecto, fue delegado, cuando éstos eran designados a dedo, de 1989 a 1990, pero su paso por el gobierno delegacional no dejó huella ejemplar. Y menos lo recomienda su pasado, como uno de los orquestadores del golpe a Excélsior en 1976, ni su intento de asaltar por la mala el gobierno de San Luis Potosí en 1992.
Aunque dista de ser el único, el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez adquirió relevancia nacional e internacional porque el EPR ha realizado acciones armadas y políticas para lograr la libertad de sus militantes o a manera de protesta por su desaparición. Después de denunciada ésta por el propio grupo insurgente, en junio siguiente, en los meses de julio y septiembre el EPR atentó contra instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, con graves daños a los ductos de la empresa petrolera nacional y cuantiosos perjuicios a la actividad económica suspendida o paralizada por la falta de energéticos conducidos por las instalaciones atacadas. Meses después, el EPR propuso crear una comisión mediadora que intentara el mismo objetivo, la presentación con vida de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, por medios pacíficos, el diálogo con el gobierno federal. Constituida la Comisión, a lo largo de un año sus miembros entablaron conversaciones con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación. Desde su reticencia inicial a reconocer el carácter de la comisión hasta su pretensión de recomenzar las pláticas en febrero con motivo del reemplazo del subsecretario Abraham González por Gerónimo Gutiérrez, como si no se tratara de una función institucional sino sujeta a la voluntad de las personas, la Comisión se enfrentó a la notoria resistencia de Bucareli para resolver este caso tomando en consideración su importancia política, y pretendiendo que la vía ministerial era la única adecuada para abordarlo, siendo que la Procuraduría General de la República ha actuado con tal abulia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 07/2008, relativa a este caso, se detiene con razón en señalar la desidia con que ha procedido esa Procuraduría federal, y los obstáculos que erigió ante la indagación de la CNDH, actitud semejante a la observada por la Secretaría de la Defensa Nacional respecto del papel del ombudsman nacional.
Desde que el EPR surgió en 1996 y acometió sus iniciales acciones armadas en Guerrero y Oaxaca, el gobierno federal ha fracasado en sus pretensiones de sofocar la insurgencia de ese grupo. Lo ha intentado sobre todo con detenciones ilegales como la practicada hace dos años, tal vez en espera de que personas a las que atribuye relación con ese grupo armado revelen información que permita atacar y desmantelar sus núcleos principales. Tal estrategia ha sido infructuosa, ya sea porque las personas ilegalmente presas no mantenían vínculo alguno con el EPR o porque rehusaron ofrecer la información que les fue requerida mediante procedimientos contrarios a la ley.
El abogado Israel Ochoa Lara se sirvió aportar la siguiente información sobre la detención y desaparición, en un caso hasta por nueve meses, de personas que sólo al cabo de su presentación fueron procesadas, como debió hacerse de inmediato y como debió ocurrir con Reyes Amaya y Cruz Sánchez en el caso de que el Estado tenga delitos que imputarles. En orden cronológico los casos han sido los siguientes:
a) Marcelino Santiago Pacheco fue detenido el 20 de julio de 1997 a las afueras de la ciudad de Oaxaca y estuvo desaparecido hasta nueve meses después, el 20 de abril de 1998, cuando lo presentó la policía judicial, que lo puso a disposición de dos jueces penales. b) El mismo 20 de julio de 1997, Felipe de Jesús Antonio Santiago fue detenido en el centro de la capital oaxaqueña / cerca del Parque del Amor) y sólo fue presentado por la policía judicial el 13 de abril del año siguiente, es decir ocho meses y veintitrés días después, y remitido al reclusorio regional de Pochutla. c) Álvaro Sebastián Pérez fue privado de su libertad el 15 de diciembre de 1997 y apareció quince días después, el 26 de diciembre, en el penal de la Villa de Etla. d) Adalberto Jorge Pacheco Santiago fue detenido el 25 de enero de 1998 en la comunidad de La conchuda, de la región de Loxicha, por miembros de la policía judicial que lo retuvieron durante cuatro meses y medio y sólo el 10 de junio de 1998 lo presentaron ante el Ministerio Público en San Agustín Loxicha. e) Ignacio Gómez García estuvo desaparecido cuatro meses, pues fue detenido el 5 de abril de 1998 en Pueblo Nuevo, conurbado con la ciudad de Oaxaca, y fue presentado por la propia policía judicial que lo detuvo, el 7 de agosto, y puesto a disposición de un juez de primera instancia. f) Juan Sosa Maldonado fue privado de su libertad el 15 de julio de 1998, en San Felipe del Agua, Oax., y reapareció el 9 de agosto siguiente, internado en el reclusorio regional de Matías Romero.
A nadie se castigó por esas desapariciones.
Cajón de Sastre
No sé si es audacia, inconsciencia o ansia de expiación de culpas electorales lo que ha conducido a Fausto Zapata a ser candidato de su partido, el PRI, a la jefatura delegacional de Coyoacán, donde según muestra la historia de la democracia capitalina tiene muy escasas posibilidades de triunfar, ya que la victoria será disputada estrechamente por los candidatos del PAN y del PRD. Por si fuera menor la inverecundia de exponerse al juicio de las urnas, en su propaganda Zapata apela a que los coyoacanenses ya lo conocen. En efecto, fue delegado, cuando éstos eran designados a dedo, de 1989 a 1990, pero su paso por el gobierno delegacional no dejó huella ejemplar. Y menos lo recomienda su pasado, como uno de los orquestadores del golpe a Excélsior en 1976, ni su intento de asaltar por la mala el gobierno de San Luis Potosí en 1992.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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