El Financiero (Agencias)
WASHINGTON, DC, 15 de diciembre.- Un panel de la Cámara de Representantes aprobó un plan de contrainsurgencia para México, a fin de combatir a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. LaLey de Seguridad Fronteriza Mejorada fue aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, sobre las objeciones de demócratas que la calificaron como errónea. "No creo que ésta sea la dirección correcta; tenemos que trabajar con nuestros socios, no dictar ni forzar políticas", aseguró Eliot Engels, el demócrata de más alto rango en el subcomité. Las objeciones de Engels, quien en un momento de la audiencia preguntó si existía quórum dada la presencia de apenas tres republicanos, no fueron suficientes para frenar la votación. Engels advirtió que la legislación "hará pedazos la Iniciativa Mérida y apunta a una dirección distinta" en los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado. Aunque falta la decisión del Senado, Connie Mack, republicano por California y autor principal de la iniciativa, justificó la acción al insistir que el narcotráfico "es una insurgencia terrorista".
También justificó la suplantación de la Iniciativa Mérida por esta estrategia, al señalar que el plan conjunto de México y Estados Unidos "no podrá detener la amenaza terrorista que enfrentamos" de los narcotraficantes. Por otra parte, el Comité Judicial del Senado aprobó en voto oral un proyecto de ley bipartidista para combatir los túneles ilegales y el tráfico de narcóticos en la zona fronteriza. "Esos pasajes son más que simples agujeros en el terreno, algunos tienen elevadores, rieles eléctricos e incluso puertas de acero de control hidráulico", indicó la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien impulsó la iniciativa junto con el republicano Jon Kyl. "Los túneles fronterizos se pueden utilizar para el transporte de drogas, armas o personas, y presentar una seria amenaza a nuestra seguridad nacional", agregó. El proyecto de ley proporciona herramientas adicionales a las fuerzas del orden y los fiscales para localizar túneles, identificar actividades criminales y para castigar a los involucrados en ilícitos como el tráfico de drogas y de personas en la frontera. La senadora demócrata señaló que en noviembre las autoridades descubrieron un túnel, equipado con luces y ventilación, que unía almacenes en las ciudades fronterizas de San Diego (California) y Tijuana (Baja California). Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó la víspera, con 283 votos a favor y 136 en contra, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. La controvertida ley, que tendrá que ser aprobada por el Senado, podría permitir la detención y custodia militar por tiempo indefinido de civiles estadounidenses y ciudadanos residentes legales en Estados Unidos, sospechosos de participar o apoyar actividades terroristas. Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que la nueva ley no cambia la capacidad del presidente Barack Obama para recolectar información de inteligencia e "incapacitar a terroristas peligrosos".
También justificó la suplantación de la Iniciativa Mérida por esta estrategia, al señalar que el plan conjunto de México y Estados Unidos "no podrá detener la amenaza terrorista que enfrentamos" de los narcotraficantes. Por otra parte, el Comité Judicial del Senado aprobó en voto oral un proyecto de ley bipartidista para combatir los túneles ilegales y el tráfico de narcóticos en la zona fronteriza. "Esos pasajes son más que simples agujeros en el terreno, algunos tienen elevadores, rieles eléctricos e incluso puertas de acero de control hidráulico", indicó la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien impulsó la iniciativa junto con el republicano Jon Kyl. "Los túneles fronterizos se pueden utilizar para el transporte de drogas, armas o personas, y presentar una seria amenaza a nuestra seguridad nacional", agregó. El proyecto de ley proporciona herramientas adicionales a las fuerzas del orden y los fiscales para localizar túneles, identificar actividades criminales y para castigar a los involucrados en ilícitos como el tráfico de drogas y de personas en la frontera. La senadora demócrata señaló que en noviembre las autoridades descubrieron un túnel, equipado con luces y ventilación, que unía almacenes en las ciudades fronterizas de San Diego (California) y Tijuana (Baja California). Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó la víspera, con 283 votos a favor y 136 en contra, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. La controvertida ley, que tendrá que ser aprobada por el Senado, podría permitir la detención y custodia militar por tiempo indefinido de civiles estadounidenses y ciudadanos residentes legales en Estados Unidos, sospechosos de participar o apoyar actividades terroristas. Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que la nueva ley no cambia la capacidad del presidente Barack Obama para recolectar información de inteligencia e "incapacitar a terroristas peligrosos".
El desempate de Obama
x Juan Gelman :
El hombre fuerte del régimen estadounidense promulgó una ley que recorta las libertades civiles más, pero mucho más que la Patriot Act de su predecesor Bush
Barack Obama acaba de superar a W. Bush: no cerró Guantánamo, inaugurado por su antecesor; amplió a Pakistán las guerras en Irak y Afganistán y su política económica y social no cambió la dirección que le imprimiera W. Pero pocos días después de cumplirse, el 15 de diciembre, el 220º aniversario de la Carta de Derechos que los Padres Fundadores de EE.UU. erigieron en modelo democrático, Obama promulgó una ley que recorta las libertades civiles más, pero mucho más que la Patriot Act de su predecesor. La National Defense Authorization Act (NDAA), aprobada por el Congreso, faculta a las fuerzas armadas a encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni proceso y en prisiones militares, a todo estadounidense sospechado de terrorista, aunque viva en el extranjero. Adiós al derecho de defensa y a un juicio civil, adiós a la presunción de inocencia del acusado hasta que su culpabilidad se pruebe.
Son conocidas las torturas y humillaciones propinadas a los presos en Guantánamo y aún padecen, los que quedan, exactamente la misma situación. Este hecho despertó protestas débiles en EE.UU., finalmente se trataba de extranjeros. La amenaza de que los estadounidenses mismos se vean sometidos a semejante trato provocó las reacciones más inesperadas, aun antes de que Obama diera su plácet al engendro. El New York Times publicó una columna de opinión de los generales (R) Charles C. Krulak y Joseph P. Hoar, del cuerpo de marines, nada avara en adjetivos (www.nytimes.com, 12–12–11).
(La NDAA) “es equivocada e innecesaria: el presidente ya cuenta con el poder y la flexibilidad que requiere una lucha efectiva contra el terrorismo... las leyes en vigor facultan a los militares a detener a los capturados en el campo de batalla, pero esta disposición extendería el campo de batalla a EE.UU.”. Agregan que la disposición no sólo viola el espíritu de la legislación que limita el uso de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, “sino también nuestra confianza en el personal de servicio, que se alistó pensando que nunca se le pediría que volviera sus armas contra nuestros compatriotas”. Subrayan que la medida “reduce, si no elimina, el papel de las cortes federales en los casos de terrorismo... desde el 11/9, las inciertas e inexpertas comisiones militares condenaron solamente a seis acusados de terrorismo, mientras que los tribunales civiles sentenciaron a más de 400”. Una consideración muy práctica.
Forbes distrajo un poco de su permanente atención a los multimillonarios para titular así una de sus columnas: “La NDAA es la amenaza más grande a las libertades civiles que los estadounidenses enfrentan” (www.for bes.com, 5-12-11). “Y qué hay de la inocencia hasta que la culpabilidad se pruebe. Y qué hay de un gobierno con límites. Estamos afrontando el acabóse. O mantenemos las libertades intrínsecas de nuestra república constitucional o rompemos ese proyecto entero en nombre de la seguridad librando sin término esa infructuosa, cara y en última instancia contraproducente Guerra contra el Terror.”
Al parecer, juicios tan duros hicieron vacilar a la Casa Blanca y varios asesores sugirieron la posibilidad de que la ley fuera vetada. Pero Obama, citando vagos cambios introducidos en el texto, pegó la vuelta en U y descartó el veto incurriendo en lo que un editorial del New York Times calificó de “una rendición política completa, que refuerza la impresión de una presidencia que se mueve a tropezones” (www.nytimes.com, 15-12-11). A saber si fue realmente así.
El patrón de la Casa Blanca agitó el fantasma del veto “pero no porque tuviera alguna objeción a la sustancia de la ley –señaló el Christian Science Monitor–. En realidad el presidente, que es un ex profesor de derecho constitucional, quería retener la facultad de aplicar sus disposiciones, es decir, el encarcelamiento militar por tiempo indeterminado, a los ciudadanos estadounidenses que, en virtud de la Constitución, tienen derecho a un juicio expeditivo y público y a la protección jurídica debida. El Congreso capituló” (www.csmonitor.com, 28–12-11). No fue Obama el que izó bandera blanca.
El profesor de derecho Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, trazó el historial de las violaciones de los derecho civiles y humanos cometidas por el gobierno Obama, desde el permiso para usar ese tormento llamado “submarino” hasta el bloqueo de la investigación y procesamiento de torturadores del ejército y la CIA (www.latimes.com, 29–11-11). “Con el tiempo, la elección de Barack Obama podrá considerarse como uno de los sucesos más devastadores en nuestra historia de las libertades civiles”, concluye Turley.
La Carta de Derechos, primera enmienda de la Constitución de EE.UU., aprobada en 1791, garantiza, entre otras, la libertad de expresión y de reunión, el derecho, entre otros, a no ser sometido a torturas y a un juicio rápido con un jurado imparcial. Pareciera que el ex profesor de derecho constitucional olvidó todo lo que sabía.
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