Enlace: solución o problema
La aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) ha generado un amplio movimiento magisterial de oposición, protestas y conflictos de diversa magnitud en 18 estados de la República –particularmente fuertes en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas–, así como señalamientos críticos que van desde objeciones teóricas, pedagógicas y metodológicas hasta denuncias por la venta clandestina de las respuestas correctas del examen, pasando por el alto costo de su aplicación, los errores en los cuestionarios, sus enfoques meramente cuantitativos y su desvinculación de contextos sociales específicos. Se critica, asimismo, la escasa o nula representatividad de los resultados de Enlace, comparados con otros instrumentos de evaluación como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (Excale), en los que no sólo se toma en cuenta la capacidad de retención de conocimientos, sino también las aptitudes para ponerlos en práctica.
Aunque ha sido promovida por el gobierno como generadora de correctivos para las graves distorsiones que padece el sistema de educación pública y como el instrumento censal de diagnóstico más importante que existe en nuestro país, la Enlace no puede ni siquiera ser aplicada en forma general en razón de los conflictos institucionales y sindicales que genera.
Por lo demás, es claro que los grandes obstáculos a una educación pública de calidad no requieren de instrumentos de diagnóstico para ser identificados, en la medida en que están a la vista: son, en primer término, el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, reflejados en un evidente desdén presupuestal, y la concesión de todo el ciclo de enseñanza básica y media a una cúpula sindical amafiada que devora la mayor parte de los recursos destinados a la educación –de por sí magros en relación con el rezago educativo que enfrenta el país– y que ha acumulado, con base en ello, un poder de tal magnitud que dispone de su propio partido político para negociar prebendas y cargos a cambio de votos y apoyos legislativos.
En esta circunstancia, la Enlace resulta un capricho tecnocrático desvinculado de la realidad, que no va a adquirir efectividad por medio de desplantes de autoridad y manotazos sobre la mesa, protagonizados, para colmo, por una administración situada ya en su declive final.
La catástrofe legada en el ámbito educativo por los gobiernos del ciclo neoliberal debe ser remontada con medidas mucho más profundas que la aplicación de una evaluación de utilidad cuestionable y dudosa y que han de pasar, necesariamente, por la reformulación de la política económica, la redignificación de la enseñanza pública y su articulación efectiva con el desarrollo nacional, el combate frontal a la corrupción y la democratización sindical. El gobierno que encabeza Felipe Calderón no podrá hacer en seis meses lo que dejó de hacer en cinco años y medio. Podría, en el mejor de los casos, abstenerse de generar o agudizar conflictos sociales y políticos como los que se desarrollan en las filas del magisterio, y con ello haría una contribución a la distensión que se requiere para consumar con éxito y en paz el proceso electoral en curso y la sucesión que tendrá lugar este año.
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http://www.jornada.unam.mx/2012/06/05/editoINSTRUMENTO DE FECAL PARA CAMBIAR DATOS HISTÓRICOS, EDUCAR ALIENANDO, DESPERSONALIZAR LA IDENTIDAD DE CADA MEXICANO. LOS GRINGOS Y SU DOCTRINA MONROE, VALIERON PURO CACAHUATE.
La aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) ha generado un amplio movimiento magisterial de oposición, protestas y conflictos de diversa magnitud en 18 estados de la República –particularmente fuertes en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas–, así como señalamientos críticos que van desde objeciones teóricas, pedagógicas y metodológicas hasta denuncias por la venta clandestina de las respuestas correctas del examen, pasando por el alto costo de su aplicación, los errores en los cuestionarios, sus enfoques meramente cuantitativos y su desvinculación de contextos sociales específicos. Se critica, asimismo, la escasa o nula representatividad de los resultados de Enlace, comparados con otros instrumentos de evaluación como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos (Excale), en los que no sólo se toma en cuenta la capacidad de retención de conocimientos, sino también las aptitudes para ponerlos en práctica.
Aunque ha sido promovida por el gobierno como generadora de correctivos para las graves distorsiones que padece el sistema de educación pública y como el instrumento censal de diagnóstico más importante que existe en nuestro país, la Enlace no puede ni siquiera ser aplicada en forma general en razón de los conflictos institucionales y sindicales que genera.
Por lo demás, es claro que los grandes obstáculos a una educación pública de calidad no requieren de instrumentos de diagnóstico para ser identificados, en la medida en que están a la vista: son, en primer término, el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, reflejados en un evidente desdén presupuestal, y la concesión de todo el ciclo de enseñanza básica y media a una cúpula sindical amafiada que devora la mayor parte de los recursos destinados a la educación –de por sí magros en relación con el rezago educativo que enfrenta el país– y que ha acumulado, con base en ello, un poder de tal magnitud que dispone de su propio partido político para negociar prebendas y cargos a cambio de votos y apoyos legislativos.
En esta circunstancia, la Enlace resulta un capricho tecnocrático desvinculado de la realidad, que no va a adquirir efectividad por medio de desplantes de autoridad y manotazos sobre la mesa, protagonizados, para colmo, por una administración situada ya en su declive final.
La catástrofe legada en el ámbito educativo por los gobiernos del ciclo neoliberal debe ser remontada con medidas mucho más profundas que la aplicación de una evaluación de utilidad cuestionable y dudosa y que han de pasar, necesariamente, por la reformulación de la política económica, la redignificación de la enseñanza pública y su articulación efectiva con el desarrollo nacional, el combate frontal a la corrupción y la democratización sindical. El gobierno que encabeza Felipe Calderón no podrá hacer en seis meses lo que dejó de hacer en cinco años y medio. Podría, en el mejor de los casos, abstenerse de generar o agudizar conflictos sociales y políticos como los que se desarrollan en las filas del magisterio, y con ello haría una contribución a la distensión que se requiere para consumar con éxito y en paz el proceso electoral en curso y la sucesión que tendrá lugar este año.
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