- Demandan que se negocien más recursos ante la interrupción de su mandato
- Consejeros electorales, preocupados por el “bajo” monto de su liquidación
Con la reforma electoral, las preocupaciones de los consejeros electorales se han incrementado y hacen cálculos económicos y políticos. Las disposiciones internas del Instituto Federal Electoral (IFE) establecen que, al menos, la liquidación del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, implicaría una base de 710 mil pesos, más un monto aproximado de 1.5 millones correspondientes al Seguro de Separación Individualizado y la parte proporcional del aguinaldo, lo que sumaría poco menos de 2.4 millones de pesos. Ésa es la base sobre la que han comenzado a discutir los consejeros electorales de cara a la inminente salida de tres de ellos, incluido el propio Ugalde. Sin embargo, dadas las condiciones políticas en que saldrían seis de los integrantes –tres en unas semanas y otros tres en agosto próximo–, hay planteamientos que pugnan por que se negocien mayores recursos en compensación por la interrupción del mandato constitucional que representará para la mayoría la reforma electoral. En la pretensión de los consejeros hay que tomar en cuenta dos antecedentes: la reforma al Poder Judicial que marginó a algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus encargos a cambio de una jugosa liquidación y pensión, y los finiquitos que en su momento recibieron los consejeros Juan Molinar Horcasitas y Emilio Zebadúa, a pesar de que ambos renunciaron al cargo para incorporarse a los gobiernos federal y de Chiapas.
Las liquidaciones que recibieron estos últimos confirman que, a pesar de no tratarse del personal del Servicio Profesional Electoral y que ellos solicitaron su retiro, la institución les pagó conforme a las disposiciones de un acuerdo de la Junta General Ejecutiva vigente desde octubre 1999, que consiste en tres meses de sueldo más 12 días por año, independientemente de las causales por las que se hayan separado del cargo. Esa disposición ha operado en la estructura del Servicio Profesional Electoral del instituto a partir del acuerdo para regular las compensaciones a las que por renuncia tenían derecho los trabajadores del IFE. En el caso de los actuales consejeros, a siete de ellos les representaría una liquidación de 710 mil pesos, pero dos, Arturo Sánchez y Lourdes López, dada su trayectoria anterior en el organismo, les implicaría una suma superior a 1.2 millones de pesos. Sin embargo, en 2003, con el fin del mandato de los otros consejeros electorales, una disposición del Congreso promovida –asegura el ex consejero electoral Jaime Cárdenas– por el entonces diputado federal Felipe Solís Acero impidió que recibieran recursos extraordinarios, inclusive, relacionados con la parte proporcional del aguinaldo o un finiquito por fin de gestión. “Creo que se cobró –Solís Acero– que lo hayamos retirado del instituto, cuando fungía como secretario ejecutivo, porque fue una cláusula expresa en el presupuesto de 2003, en la que se puntualizaba que ninguno de los consejeros que en ese año concluíamos nuestro encargo recibiría cantidades extraordinarias por el fin de nuestra gestión. Y no las recibimos”, apunta Cárdenas.
A su juicio, el contexto en que se da la salida de Ugalde y cinco consejeros más debería ser compensado con una compensación mayor razonable, “en virtud de que no terminarán con su gestión”. Refirió que entre otras disposiciones que garantizan los derechos laborales de quienes salen del IFE, se encuentra el último apartado de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que hace referencia a los conflictos laborales en el organismo. A ello se suma el Seguro de Separación Individualizado, prestación general para todos los trabajadores del estado que combina los ahorros del funcionario con la aportación del erario. Por cada peso aportado de manera individual se añade una suma similar, que en el caso del Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del IFE para el ejercicio 2007 tiene un tope de 10 por ciento del total del salario. Esta disposición, vigente desde hace años, ha sido utilizada prácticamente en su tope máximo por los nueve consejeros, lo que supone un ahorro individual de cada uno por 15 mil pesos mensuales –sobre la base de un salario actual de 152 mil pesos–, por lo que el ahorro aproximado por consejero en casi cuatro años es cercano a 750 mil pesos. A ello se le suma otro tanto aportado por el instituto como prestación, con la que cuentan todos los funcionarios de cualquier institución del Estado. A ello se agregan 34 días de salario extras como parte proporcional del aguinaldo, que ascienden a cerca de 170 mil pesos.
Las liquidaciones que recibieron estos últimos confirman que, a pesar de no tratarse del personal del Servicio Profesional Electoral y que ellos solicitaron su retiro, la institución les pagó conforme a las disposiciones de un acuerdo de la Junta General Ejecutiva vigente desde octubre 1999, que consiste en tres meses de sueldo más 12 días por año, independientemente de las causales por las que se hayan separado del cargo. Esa disposición ha operado en la estructura del Servicio Profesional Electoral del instituto a partir del acuerdo para regular las compensaciones a las que por renuncia tenían derecho los trabajadores del IFE. En el caso de los actuales consejeros, a siete de ellos les representaría una liquidación de 710 mil pesos, pero dos, Arturo Sánchez y Lourdes López, dada su trayectoria anterior en el organismo, les implicaría una suma superior a 1.2 millones de pesos. Sin embargo, en 2003, con el fin del mandato de los otros consejeros electorales, una disposición del Congreso promovida –asegura el ex consejero electoral Jaime Cárdenas– por el entonces diputado federal Felipe Solís Acero impidió que recibieran recursos extraordinarios, inclusive, relacionados con la parte proporcional del aguinaldo o un finiquito por fin de gestión. “Creo que se cobró –Solís Acero– que lo hayamos retirado del instituto, cuando fungía como secretario ejecutivo, porque fue una cláusula expresa en el presupuesto de 2003, en la que se puntualizaba que ninguno de los consejeros que en ese año concluíamos nuestro encargo recibiría cantidades extraordinarias por el fin de nuestra gestión. Y no las recibimos”, apunta Cárdenas.
A su juicio, el contexto en que se da la salida de Ugalde y cinco consejeros más debería ser compensado con una compensación mayor razonable, “en virtud de que no terminarán con su gestión”. Refirió que entre otras disposiciones que garantizan los derechos laborales de quienes salen del IFE, se encuentra el último apartado de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que hace referencia a los conflictos laborales en el organismo. A ello se suma el Seguro de Separación Individualizado, prestación general para todos los trabajadores del estado que combina los ahorros del funcionario con la aportación del erario. Por cada peso aportado de manera individual se añade una suma similar, que en el caso del Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del IFE para el ejercicio 2007 tiene un tope de 10 por ciento del total del salario. Esta disposición, vigente desde hace años, ha sido utilizada prácticamente en su tope máximo por los nueve consejeros, lo que supone un ahorro individual de cada uno por 15 mil pesos mensuales –sobre la base de un salario actual de 152 mil pesos–, por lo que el ahorro aproximado por consejero en casi cuatro años es cercano a 750 mil pesos. A ello se le suma otro tanto aportado por el instituto como prestación, con la que cuentan todos los funcionarios de cualquier institución del Estado. A ello se agregan 34 días de salario extras como parte proporcional del aguinaldo, que ascienden a cerca de 170 mil pesos.
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Kikka Roja
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