- Las familias más pobres del país “están llegando al límite”, advierte el director del IPN
- Bancos crecieron a “niveles históricos” de 38% en 2008; “no es por presumir”: AMB
- Enrique Castillo Sánchez admite que no son bajas las tasas cobradas por esos establecimientos
Ampliar la imagen Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la ABM Foto: Francisco Olvera
Ampliar la imagen Enrique Villa Rivera, director del IPN Enrique Villa Rivera, director del IPN Foto: Francisco Olvera
Ampliar la imagen Francisco Hernández Juárez, dirigente de la UNT Francisco Hernández Juárez, dirigente de la UNT Foto: Francisco Olvera
Ampliar la imagen Cruz López Aguilar, líder de la CNC, participantes en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer? Mientras el primero festejó las ganancias de los bancos, el segundo demandó definir nuevos equilibrios entre el mercado, la sociedad, el medio ambiente y el papel de los gobiernos Foto: Francisco Olvera
No es por presumir, se regodeó Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), “pero el año pasado (los bancos) crecimos a niveles históricos, a casi 38 por ciento contra el año anterior”. La frase, que impactó en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, fue completada casi enseguida por otra del mismo corte: “debemos reconocer, con toda frialdad, que cientos de miles de mexicanos enfrentan” sobrendeudamiento, especialmente en tarjetas de crédito.
El contraste entre las ganancias de los bancos y la crisis que ha hecho efecto en la economía familiar, principalmente por las deudas en tarjetas, fue minimizado por el banquero en su exposición ante un auditorio que, después, escuchó al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera, advertir que las familias más pobres del país y sus hijos que estudian en esas aulas “están llegando al límite”.
Así, al tratar de explicar el crecimiento de las deudas en las tarjetas, que según sus cifras ya son 26.5 millones, cuando apenas hace siete años eran sólo 7.2 millones, Castillo Sánchez aseguró a diputados y senadores que existe una “distorsión” entre lo que los bancos aplican de interés y lo que, según él, los deudores creen que se les cobra, aunque finalmente se contradijo.
Abundó: “los clientes y la opinión pública confunden el CAT (costo anual total) con la tasa de interés cobrada, lo que genera malestar, desorientación, indicadores difíciles de comparar e interpretar, ya que los CAT son cálculos teóricos. Las tasas que realmente se cobran se ubican muy por debajo de los CAT publicados, ya que éstos toman como tasas máximas las de referencia, compuestas, incorporan el IVA sobre los intereses reales y no consideran la parte importante del portafolio, que son meses sin intereses.
“No quiero decir que las tasas que se cobran sean bajas, sino que existe una distorsión respecto a lo que realmente está cobrando este producto financiero que afecta a millones y millones de mexicanos.”
El banquero afirmó que los bancos buscarán “activamente mecanismos responsables” para la restructura de créditos, como ampliar el plazo de pago hasta seis años, reducir las tasas hasta 60 por ciento, otorgar beneficios “a clientes cumplidos” e “invitar” a personas físicas y morales al corriente en sus pagos a “encontrar soluciones responsables de manera preventiva” ante una eventual insolvencia futura.
Villa Rivera, por su parte, evaluó que en los próximos meses las instituciones del Estado serán sometidas a prueba “para enfrentar los problemas que trae aparejado cumplir con sus misiones respectivas”, y consideró que las educativas deben ser más que nunca las que amalgamen “los componentes de una sociedad que pareciera tambalearse”.
Planteó que se ha llegado al fin de un modelo de desarrollo y, por lo tanto, se debe repensar y actuar desde otros ángulos, como definir nuevos equilibrios entre el mercado, la sociedad, el medio ambiente y el papel de los gobiernos, pero acotó que en la búsqueda de soluciones, la sociedad “no puede ni debe estar sujeta a medidas que contengan mecanismos de ensayo y error”.
Aseguró que para los nuevos egresados de la educación superior, el desafío será enfrentarse a una economía que no produce suficientes empleos, pero, paradójicamente, exige mayores niveles de calificación, y en ese sentido también exhortó a que los jóvenes y graduados estén en el centro de las políticas para superar la crisis.
Convocado al foro, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que de los debates debía surgir una sola propuesta. “Si no, a mí me da la impresión de que hay más ánimo protagónico, más ánimo electoral, que (de) resolver los problemas del país”, dijo.
Aseguró que los trabajadores están dispuestos a una reforma laboral, pero no una que mantenga el autoritarismo y la antidemocracia en los sindicatos, porque eso sería “una hipocresía”, sino que incluya un cambio en la Secretaría del Trabajo con el fin de que “deje de ser una institución de control político para favorecer a sus amigos, a sus aliados, y ha puesto la mira en el sindicato minero”.
El tema, que fue mencionado apenas el martes en el mismo foro por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, como parte de una agenda para acelerar la recuperación económica, fue abordado por Hernández Juárez: “cuando nos dicen que hay que entrar a una reforma laboral, uno dice: ‘sí, es indispensable’, pero cuando hablan de una reforma estructural, ya tiene un tufillo de otra índole”.
Cruz López Aguilar, dirigente de la priísta Confederación Nacional Campesina, definió que la tan cacareada fortaleza económica “se está escurriendo como el agua en los dedos”, y propuso que la principal medida para generar crecimiento es que los legisladores “volteen los ojos a la Constitución, y retomen el modelo económico social del artículo 25 y elaboren su ley reglamentaria. Esperar la iniciativa del Ejecutivo sería perder miserablemente el tiempo”.
Héctor Rangel Domene, director de Nacional Financiera, se quejó de que la banca mexicana de desarrollo está sobrerregulada, y reconoció que todos los programas de crédito que se otorgan desde esa institución y el Banco de Comercio Exterior, algunos de los cuales fueron anunciados por Felipe Calderón como parte de las 25 medidas contra la crisis, son “un complemento o un instrumento para inducir a los intermediarios financieros” para que éstos, a su vez, incrementen el crédito.
El contraste entre las ganancias de los bancos y la crisis que ha hecho efecto en la economía familiar, principalmente por las deudas en tarjetas, fue minimizado por el banquero en su exposición ante un auditorio que, después, escuchó al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera, advertir que las familias más pobres del país y sus hijos que estudian en esas aulas “están llegando al límite”.
Así, al tratar de explicar el crecimiento de las deudas en las tarjetas, que según sus cifras ya son 26.5 millones, cuando apenas hace siete años eran sólo 7.2 millones, Castillo Sánchez aseguró a diputados y senadores que existe una “distorsión” entre lo que los bancos aplican de interés y lo que, según él, los deudores creen que se les cobra, aunque finalmente se contradijo.
Abundó: “los clientes y la opinión pública confunden el CAT (costo anual total) con la tasa de interés cobrada, lo que genera malestar, desorientación, indicadores difíciles de comparar e interpretar, ya que los CAT son cálculos teóricos. Las tasas que realmente se cobran se ubican muy por debajo de los CAT publicados, ya que éstos toman como tasas máximas las de referencia, compuestas, incorporan el IVA sobre los intereses reales y no consideran la parte importante del portafolio, que son meses sin intereses.
“No quiero decir que las tasas que se cobran sean bajas, sino que existe una distorsión respecto a lo que realmente está cobrando este producto financiero que afecta a millones y millones de mexicanos.”
El banquero afirmó que los bancos buscarán “activamente mecanismos responsables” para la restructura de créditos, como ampliar el plazo de pago hasta seis años, reducir las tasas hasta 60 por ciento, otorgar beneficios “a clientes cumplidos” e “invitar” a personas físicas y morales al corriente en sus pagos a “encontrar soluciones responsables de manera preventiva” ante una eventual insolvencia futura.
Villa Rivera, por su parte, evaluó que en los próximos meses las instituciones del Estado serán sometidas a prueba “para enfrentar los problemas que trae aparejado cumplir con sus misiones respectivas”, y consideró que las educativas deben ser más que nunca las que amalgamen “los componentes de una sociedad que pareciera tambalearse”.
Planteó que se ha llegado al fin de un modelo de desarrollo y, por lo tanto, se debe repensar y actuar desde otros ángulos, como definir nuevos equilibrios entre el mercado, la sociedad, el medio ambiente y el papel de los gobiernos, pero acotó que en la búsqueda de soluciones, la sociedad “no puede ni debe estar sujeta a medidas que contengan mecanismos de ensayo y error”.
Aseguró que para los nuevos egresados de la educación superior, el desafío será enfrentarse a una economía que no produce suficientes empleos, pero, paradójicamente, exige mayores niveles de calificación, y en ese sentido también exhortó a que los jóvenes y graduados estén en el centro de las políticas para superar la crisis.
Convocado al foro, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que de los debates debía surgir una sola propuesta. “Si no, a mí me da la impresión de que hay más ánimo protagónico, más ánimo electoral, que (de) resolver los problemas del país”, dijo.
Aseguró que los trabajadores están dispuestos a una reforma laboral, pero no una que mantenga el autoritarismo y la antidemocracia en los sindicatos, porque eso sería “una hipocresía”, sino que incluya un cambio en la Secretaría del Trabajo con el fin de que “deje de ser una institución de control político para favorecer a sus amigos, a sus aliados, y ha puesto la mira en el sindicato minero”.
El tema, que fue mencionado apenas el martes en el mismo foro por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, como parte de una agenda para acelerar la recuperación económica, fue abordado por Hernández Juárez: “cuando nos dicen que hay que entrar a una reforma laboral, uno dice: ‘sí, es indispensable’, pero cuando hablan de una reforma estructural, ya tiene un tufillo de otra índole”.
Cruz López Aguilar, dirigente de la priísta Confederación Nacional Campesina, definió que la tan cacareada fortaleza económica “se está escurriendo como el agua en los dedos”, y propuso que la principal medida para generar crecimiento es que los legisladores “volteen los ojos a la Constitución, y retomen el modelo económico social del artículo 25 y elaboren su ley reglamentaria. Esperar la iniciativa del Ejecutivo sería perder miserablemente el tiempo”.
Héctor Rangel Domene, director de Nacional Financiera, se quejó de que la banca mexicana de desarrollo está sobrerregulada, y reconoció que todos los programas de crédito que se otorgan desde esa institución y el Banco de Comercio Exterior, algunos de los cuales fueron anunciados por Felipe Calderón como parte de las 25 medidas contra la crisis, son “un complemento o un instrumento para inducir a los intermediarios financieros” para que éstos, a su vez, incrementen el crédito.
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