Población pobre, partidos millonarios
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió ayer, de manera unánime, otorgar a los partidos políticos con registro más de 3 mil 633 millones de pesos en fondos públicos: 2 mil 731 millones para financiamiento, 819 millones para gastos de campaña de cara a las elecciones legislativas de este año y casi 82 millones para gastos específicos de, según se dice, capacitación política, investigaciones socioeconómicas y tareas editoriales. El tope a los gastos de campaña para cada candidato a diputado se fijó en poco más de 812 mil pesos.
Funcionarios de la entidad celebraron que las recientes modificaciones a la legislación electoral hayan permitido reducir los recursos a los partidos en relación con los que recibieron en la elección federal pasada.
Tal vez el presupuesto asignado, con todo y la disminución, podría ser adecuado en un país ubicado en plena normalidad económica, política y administrativa. Pero en el México que es, y en la circunstancia presente, no es moralmente adecuado desvincularlo de su contexto: la crisis económica mundial y nacional, el déficit de legitimidad de las instituciones políticas, electorales y partidistas, y su escandalosa falta de transparencia. Ante todo ello, destinar más de 3 mil 600 millones de pesos a los partidos y sus actividades parece un exceso.
A pesar de los intentos del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por minimizar los hechos –ayer mismo se vanaglorió en Davos del minúsculo crecimiento económico registrado el año pasado, en vísperas del grave retroceso del PIB que tiene lugar desde los últimos meses de 2008–, el país se encuentra en recesión, la cual será, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, prolongada y profunda. Eso significa que cientos de miles de personas han perdido o están en la antesala de perder sus medios de subsistencia, sean producto del trabajo asalariado o de la operación de pequeños negocios; que incontables deudores están ya en cartera vencida y que muchos se agregarán a esa situación –en la que se pondrá en juego lo que les quede de patrimonio personal y familiar– en el futuro inmediato; que el país recibirá menos divisas procedentes de las remesas de los trabajadores migrantes, de las exportaciones petroleras, del turismo y de la inversión extranjera, tan sobrevaluada por los actuales gobernantes; que, con las medidas aisladas, desestructuradas e insuficientes anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis, habrá menos obra pública, menos servicios y menos acciones de bienestar social.
En esas circunstancias, que cada aspirante a una diputación pueda gastarse en su campaña el equivalente a varias viviendas de interés social, y que la franquicia partidaria de Elba Esther Gordillo vaya a recibir más de 255 millones de pesos de fondos públicos –es decir, del dinero de todos– son datos que retratan a una clase política y a un funcionariato arrogantes, insensibles, frívolos y alejados de las necesidades de la población. Si las instituciones públicas y los partidos políticos aspiran a representar a la sociedad, lo menos que puede exigírseles es que compartan sus sacrificios y que hagan, antes que nadie, lo que desde los promontorios del poder se pide a los ciudadanos de a pie: que se aprieten el cinturón, que eviten gastar en lo no indispensable y que traten de ajustarse a una economía disminuida, a una moneda nacional devaluada, a una planta laboral contraída y a un mercado que se achica día tras día, pese a que la mayoría de esos ciudadanos se encontraban ya, desde antes de que se oficializara la recesión, en una situación de subsistencia.
A ello ha de agregarse que las instituciones electorales del país no han cumplido con su tarea central, que consiste en dar a las naturales diferencias políticas un cauce hacia la conciliación y el consenso. Por el contrario, el pésimo desempeño del propio IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso sucesorio de 2006 dejó una sociedad fracturada, una Presidencia impugnada y sin credibilidad ni autoridad suficientes, así como un profundo descrédito, ante un tercio del electorado, de los mecanismos electorales de la democracia formal. Es inevitable que muchos ciudadanos concluyan que las oficinas electorales y los partidos políticos gastan en demasía recursos que se requieren con urgencia en otros rubros –la salud, la educación, el abasto alimentario, en primer lugar–, sin que ello se traduzca en un país más democrático.
Ampliar la imagen El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (izquierda), durante el sorteo de ciudadanos que integrarán las mesas de casillas el próximo 5 de julio Foto: Cristina Rodríguez
El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el financiamiento de los partidos políticos para 2009, el cual suma 3 mil 633 millones 67 mil 351 pesos, de los que 2 mil 731 millones 629 mil 587 corresponden al rubro de gasto ordinario, 819 millones 488 mil 876 al de campaña y 81 millones 948 mil 887 millones se destinarán a “actividades específicas”. Asimismo, fijó en 812 mil 680 pesos el tope de gastos de campaña para cada aspirante a diputado, con lo que los partidos podrán erogar hasta 243 millones en los 300 distritos electorales. Al respecto, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aseveró que la cifra se redujo en comparación con 2006, cuando se estableció un máximo de gasto de 950 mil 186 pesos por abanderado.
Por su parte, el panista Roberto Gil sostuvo que “un tope de gasto sin fiscalización estricta es simple papel mojado. Tiene sentido con una fiscalización estricta, oportuna, objetiva y, sobre todo, con base en la ley”, por lo que deploró que aún no haya titular de la Unidad de Fiscalización y solicitó a los consejeros la aprobación del nombramiento de quien será responsable de revisar los gastos de campaña. En respuesta, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, asumió la necesidad de apresurar la designación de este funcionario y ofreció “regularizar la situación laboral de los miembros de la Unidad de Fiscalización, e incluso las condiciones físicas de su trabajo”.
En la sesión de ayer también se realizó el sorteo para que los ciudadanos que nacieron en julio –seguido de los nacidos en agosto– sean insaculados, a fin de que se les capacite para integrar las mesas de casillas durante los próximos comicios. La aprobación del presupuesto de los partidos se hizo a partir de la fórmula establecida en la legislación electoral avalada por el Congreso, la cual debe aplicar el instituto, por lo que se aceptó de manera unánime y sin mayor discusión.
El PAN recibirá mil 9.9 millones de pesos; PRI, 706.5 millones; PRD, 607.1 millones; PVEM, 304 millones; PT, 287.9 millones, Convergencia, 272.2 millones; Nueva Alianza, 255.1 millones y PSD, 189.9 millones. Al respecto, Gómez Alcántar manifestó que de no haberse llevado a cabo la reforma electoral, el financiamiento de los partidos sería de 5 mil 872 millones, por lo que refirió que como consecuencia de dicha reforma se ahorraron 2 mil 320 millones de pesos en el rubro. El gasto de campaña por partido será de 227.8 millones de pesos para el PAN; PRI, 159.3 millones; PRD, 136.9 millones; PVEM, 68.5 millones; PT, 64.9 millones; Convergencia, 61.4 millones; Nueva Alianza, 57.5 millones, y PSD, 42.8 millones.
Durante la sesión aprobaron también el “enroque” en las presidencias de las comisiones de Prerrogativas y de Quejas. Así, en medio de un concurso de elogios entre todos los consejeros sobre sus “aportaciones” y “cualidades”, se avaló que Gómez Alcántar, quien presidía la de Prerrogativas, ahora será responsable de la de Quejas, cuyo presidente, Virgilio Andrade, ahora dirigirá la primera. De igual forma, en acatamiento a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se acordó que los partidos deben usar para su propaganda plásticos degradables o reciclables. El acuerdo indica que las juntas distritales del IFE deberán hacer cumplir esta disposición y, en su caso, que se adopten las medidas necesarias para que se apliquen estas restricciones.
kikka-roja.blogspot.com/
Funcionarios de la entidad celebraron que las recientes modificaciones a la legislación electoral hayan permitido reducir los recursos a los partidos en relación con los que recibieron en la elección federal pasada.
Tal vez el presupuesto asignado, con todo y la disminución, podría ser adecuado en un país ubicado en plena normalidad económica, política y administrativa. Pero en el México que es, y en la circunstancia presente, no es moralmente adecuado desvincularlo de su contexto: la crisis económica mundial y nacional, el déficit de legitimidad de las instituciones políticas, electorales y partidistas, y su escandalosa falta de transparencia. Ante todo ello, destinar más de 3 mil 600 millones de pesos a los partidos y sus actividades parece un exceso.
A pesar de los intentos del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por minimizar los hechos –ayer mismo se vanaglorió en Davos del minúsculo crecimiento económico registrado el año pasado, en vísperas del grave retroceso del PIB que tiene lugar desde los últimos meses de 2008–, el país se encuentra en recesión, la cual será, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, prolongada y profunda. Eso significa que cientos de miles de personas han perdido o están en la antesala de perder sus medios de subsistencia, sean producto del trabajo asalariado o de la operación de pequeños negocios; que incontables deudores están ya en cartera vencida y que muchos se agregarán a esa situación –en la que se pondrá en juego lo que les quede de patrimonio personal y familiar– en el futuro inmediato; que el país recibirá menos divisas procedentes de las remesas de los trabajadores migrantes, de las exportaciones petroleras, del turismo y de la inversión extranjera, tan sobrevaluada por los actuales gobernantes; que, con las medidas aisladas, desestructuradas e insuficientes anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis, habrá menos obra pública, menos servicios y menos acciones de bienestar social.
En esas circunstancias, que cada aspirante a una diputación pueda gastarse en su campaña el equivalente a varias viviendas de interés social, y que la franquicia partidaria de Elba Esther Gordillo vaya a recibir más de 255 millones de pesos de fondos públicos –es decir, del dinero de todos– son datos que retratan a una clase política y a un funcionariato arrogantes, insensibles, frívolos y alejados de las necesidades de la población. Si las instituciones públicas y los partidos políticos aspiran a representar a la sociedad, lo menos que puede exigírseles es que compartan sus sacrificios y que hagan, antes que nadie, lo que desde los promontorios del poder se pide a los ciudadanos de a pie: que se aprieten el cinturón, que eviten gastar en lo no indispensable y que traten de ajustarse a una economía disminuida, a una moneda nacional devaluada, a una planta laboral contraída y a un mercado que se achica día tras día, pese a que la mayoría de esos ciudadanos se encontraban ya, desde antes de que se oficializara la recesión, en una situación de subsistencia.
A ello ha de agregarse que las instituciones electorales del país no han cumplido con su tarea central, que consiste en dar a las naturales diferencias políticas un cauce hacia la conciliación y el consenso. Por el contrario, el pésimo desempeño del propio IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso sucesorio de 2006 dejó una sociedad fracturada, una Presidencia impugnada y sin credibilidad ni autoridad suficientes, así como un profundo descrédito, ante un tercio del electorado, de los mecanismos electorales de la democracia formal. Es inevitable que muchos ciudadanos concluyan que las oficinas electorales y los partidos políticos gastan en demasía recursos que se requieren con urgencia en otros rubros –la salud, la educación, el abasto alimentario, en primer lugar–, sin que ello se traduzca en un país más democrático.
- Fijó en 812 mil 680 pesos el tope de erogación proselitista para candidatos a diputados
- Aprueba el IFE gasto de más de $3,633 millones para los partidos en este año
- Si no hay fiscalización será “simple papel mojado”, advierte el panista Roberto Gil
Ampliar la imagen El presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (izquierda), durante el sorteo de ciudadanos que integrarán las mesas de casillas el próximo 5 de julio Foto: Cristina Rodríguez
El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el financiamiento de los partidos políticos para 2009, el cual suma 3 mil 633 millones 67 mil 351 pesos, de los que 2 mil 731 millones 629 mil 587 corresponden al rubro de gasto ordinario, 819 millones 488 mil 876 al de campaña y 81 millones 948 mil 887 millones se destinarán a “actividades específicas”. Asimismo, fijó en 812 mil 680 pesos el tope de gastos de campaña para cada aspirante a diputado, con lo que los partidos podrán erogar hasta 243 millones en los 300 distritos electorales. Al respecto, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aseveró que la cifra se redujo en comparación con 2006, cuando se estableció un máximo de gasto de 950 mil 186 pesos por abanderado.
Por su parte, el panista Roberto Gil sostuvo que “un tope de gasto sin fiscalización estricta es simple papel mojado. Tiene sentido con una fiscalización estricta, oportuna, objetiva y, sobre todo, con base en la ley”, por lo que deploró que aún no haya titular de la Unidad de Fiscalización y solicitó a los consejeros la aprobación del nombramiento de quien será responsable de revisar los gastos de campaña. En respuesta, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, asumió la necesidad de apresurar la designación de este funcionario y ofreció “regularizar la situación laboral de los miembros de la Unidad de Fiscalización, e incluso las condiciones físicas de su trabajo”.
En la sesión de ayer también se realizó el sorteo para que los ciudadanos que nacieron en julio –seguido de los nacidos en agosto– sean insaculados, a fin de que se les capacite para integrar las mesas de casillas durante los próximos comicios. La aprobación del presupuesto de los partidos se hizo a partir de la fórmula establecida en la legislación electoral avalada por el Congreso, la cual debe aplicar el instituto, por lo que se aceptó de manera unánime y sin mayor discusión.
El PAN recibirá mil 9.9 millones de pesos; PRI, 706.5 millones; PRD, 607.1 millones; PVEM, 304 millones; PT, 287.9 millones, Convergencia, 272.2 millones; Nueva Alianza, 255.1 millones y PSD, 189.9 millones. Al respecto, Gómez Alcántar manifestó que de no haberse llevado a cabo la reforma electoral, el financiamiento de los partidos sería de 5 mil 872 millones, por lo que refirió que como consecuencia de dicha reforma se ahorraron 2 mil 320 millones de pesos en el rubro. El gasto de campaña por partido será de 227.8 millones de pesos para el PAN; PRI, 159.3 millones; PRD, 136.9 millones; PVEM, 68.5 millones; PT, 64.9 millones; Convergencia, 61.4 millones; Nueva Alianza, 57.5 millones, y PSD, 42.8 millones.
Durante la sesión aprobaron también el “enroque” en las presidencias de las comisiones de Prerrogativas y de Quejas. Así, en medio de un concurso de elogios entre todos los consejeros sobre sus “aportaciones” y “cualidades”, se avaló que Gómez Alcántar, quien presidía la de Prerrogativas, ahora será responsable de la de Quejas, cuyo presidente, Virgilio Andrade, ahora dirigirá la primera. De igual forma, en acatamiento a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se acordó que los partidos deben usar para su propaganda plásticos degradables o reciclables. El acuerdo indica que las juntas distritales del IFE deberán hacer cumplir esta disposición y, en su caso, que se adopten las medidas necesarias para que se apliquen estas restricciones.
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