Propaganda partidista y programas sociales: José Antonio Crespo

*Horizonte Político José Antonio Crespo Propaganda partidista y programas sociales Viernes, 30 de Enero de 2009 Uno de los múltiples retos que enfrentará el IFE para aplicar cabalmente la legislación electoral, tiene que ver con la distinción entre publicidad gubernamental y publicidad partidaria, es decir, entre partidos y los gobiernos emanados de ellos, una distinción bastante borrosa en México debido a su larga historia con un partido hegemónico (donde gobierno y partido en el poder se identificaban deliberadamente). En la democracia, dicha distinción es fundamental, pues una de sus reglas esenciales consiste en que el partido gobernante tiene derecho a disponer de los recursos de gobierno para cumplir sus fines, pero no para promover su propia continuidad en el poder (por eso calló Richard Nixon). Algo que evidentemente no se cumplía durante el régimen priista. Y como en México quedamos comprensiblemente afectados por dicha situación, se hace un esfuerzo por delimitar tanto como sea posible la separación entre gobiernos y partidos (ahora en plural), sin por ello negar la esencia del juego democrático. Un equilibrio nada fácil de lograr. El tema se discutió el martes pasado en el IFE, a raíz de que el PAN, como partido gobernante (a nivel nacional) ha hecho referencia en su propaganda a los programas sociales del gobierno nacional (el Seguro Popular, en particular), lo que suscitó una queja por parte del PRI. En general, me parece que tienen razón quienes sostienen que no es lo mismo que un gobierno utilice los programas sociales bajo su responsabilidad para promover el voto a favor del partido del que ha emanado, a que un partido en cualquier momento "presuma" los logros (presuntos o reales) de los gobiernos instaurados bajo sus siglas. Si la democracia supone, desde una óptica menos ideal y más realista, un intercambio de apoyos políticos (votos, legitimidad, respaldo) por beneficios y oportunidades, producto de acciones de gobierno, entonces nada más natural que un partido alegue haber realizado desde el gobierno (nacional o local) tal o cual obra pública, haber ofrecido tal o cual beneficio social o económico. Están en su derecho, pues justo los efectos de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno debieran ser uno de los criterios esenciales para que los electores decidan su voto (o su no voto). Así pues, es lógico y permisible en una democracia (o un sistema que busca serlo, como el nuestro), que los partidos se ufanen de lo conseguido desde los niveles de gobierno que detentan. Los ciudadanos quedan en libertad para valorarlos o no de ese mismo modo (pues sabemos que partidos y gobiernos tienden a magnificar su respectivos logros, cuando no a inventarlos). Sin embargo, el PRI y el PRD sienten que ello le puede dar al PAN una ventaja electoral, y reclaman que se trata de un atentado a la equidad. Sin duda, detentar el gobierno nacional puede constituir una ventaja – como el PRI bien lo sabe -, pero se trata de una ventaja legítima (en tanto no se usen los recursos estatales de manera directa para comprar o coaccionar al votante). Y eso mismo puede ser también una desventaja, pues estar en el poder genera un natural desgaste, y hace al partido en el gobierno responsable de los fracasos, las omisiones, las insuficiencias y la ineptitud de los funcionarios. El PRI y el PRD pretenden limitar esta posibilidad a partir de la nueva Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 28 estipula que los anuncios de los programas gubernamentales deben incluir el siguiente mensaje: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". El tema es, sin duda, confuso. El PAN alega que "aludir" a un programa social no es lo mismo que "utilizarlo", y que la Ley en cuestión (art. 4) explicita que deben acatarla los agentes, funcionarios y dependencias de los gobiernos en sus tres niveles, pero en ningún momento menciona a los partidos políticos. Éstos quedarían en libertad de opinar en su publicidad, bien o mal, de dichos programas. El PAN infiere que la prohibición se refiere exclusivamente al condicionamiento electoral de los programas, pero no a su alusión en la publicidad de los partidos, que podrían mencionar los beneficios de tales programas como logros de sus gobiernos y eventualmente solicitar, a partir de ello, el voto ciudadano. Así es. El PRI y el PRD replican que los programas sociales no deben tener color partidario, sino presentarse como obras de gobierno. El argumento es persuasivo, pero si bien los programas en cuestión son "ajenos a cualquier partido político", los gobiernos surgen de un partido en concreto (o coalición de ellos), y se puede aducir que el contenido, la orientación y la eficacia (o no) de los programas dependen en buena parte del origen partidario del gobierno que los aplica. Y eso debería poder traducirse en votos para el partido gobernante o, en su caso, para la oposición (cuando los programas en cuestión son insuficientes o ineficaces). Como suele ocurrir en el IFE desde que se partidizó, las posturas de los principales partidos encontraron eco en la argumentación de los propios consejeros, según el partido que patrocinó su respectivo nombramiento (o ratificación) como tales. Así, el bloque de consejeros priistas (Marco Baños, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade y Francisco Guerrero), hicieron suyos en general los alegatos del PRI. Por su parte, el bloque panista de consejeros (Arturo Sánchez, Benito Nacif y Macarita Elizondo) reprodujeron en lo esencial la argumentación de su partido promotor. La balanza fue inclinada a favor de la postura panista por los consejeros propuestos por el PRD, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés (consejero presidente), que adoptaron un criterio propio, distinto al manejado por el partido que los nominó.

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