Sergio Aguayo
29 Abr. 09
Me refiero a los diputados que reformaron, el jueves 23 de abril, el artículo 17 constitucional que deja a los consumidores a merced de los empresarios abusivos. Es una agresión monumental.
Es común que la agresión a un consumidor forme parte de un patrón generalizado. Hace poco, Telcel incluyó en su factura un cobro por 173.91 pesos de una fianza anual que sirve, según explicaron telefónicamente, para protegerse por si "dejaba de pagar". Una excusa ridícula porque el cargo lo hacen a partir del segundo año de contrato, cuando mi historial crediticio ya fue establecido. Para justificarse invocan la cláusula 13 del contrato aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si uno multiplica ese cargo abusivo se entiende que Carlos Slim esté entre los más ricos del mundo.
Vivir en México supone preguntarse cuándo y cómo defenderse. En otras ocasiones he demandado a empresas abusivas pero el placer de las victorias es efímero porque el éxito individual ni siquiera rasguña al entramado de empresas abusivas, gobiernos timoratos, funcionarios corruptos y diputados despreocupados. Así pues, pagué la fianza sintiéndome impotente y agredido. Confiaba en que finalmente tendríamos las acciones colectivas que ya funcionan en Colombia, España y Estados Unidos.
Las acciones colectivas permiten a una persona u organización entablar una acción jurídica que, en caso de ser ganada, beneficia a todo un colectivo. En febrero del 2008 el senador priista Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa presentaron una iniciativa de reforma constitucional que permitiría a los organismos civiles realizar este tipo de acciones. En la formulación de aquel documento participaron especialistas como Alberto Benítez (profesor del Tec) y organismos civiles como Al Consumidor.
Se opusieron a la iniciativa la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Obtuvieron el respaldo del gobierno federal y del Partido Acción Nacional, quienes reelaboraron la propuesta y negociaron con las fracciones de los otros partidos para aprobar esa reforma constitucional que mantiene en la esclavitud a los consumidores. Pasó desapercibida la decisión porque se adoptó cuando iniciaba la emergencia sanitaria.
Es una ley negativa porque prohíbe a los organismos civiles iniciar una acción de este tipo. Sólo podrán hacerlo tres organismos federales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la ya mencionada Profeco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es decir, nos encargan con instituciones que, salvo excepciones muy contadas, se comportan como monaguillos de las grandes empresas. Un caso extremo es el de Luis Pazos (titular de la Condusef), quien sigue predicando como apóstol de las instituciones financieras que nos exprimen con sus comisiones y sus intereses.
La legislación aprobada por los diputados también concede a la Federación el monopolio sobre estos temas porque prohíbe a los estados y al Distrito Federal legislar sobre la materia. Esa parte de la reforma la hicieron pensando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en donde, con el impulso del asambleísta Xiuh Tenorio de Nueva Alianza, está cocinándose una ley que sí toma en cuenta a los organismos civiles y a los consumidores. Si en el DF se aprobara una legislación de este tipo se aplicaría como la vanguardia en la aplicación de reformas pensadas en el interés general. Tendría, además, un impacto enorme por el peso de la capital en la economía nacional y porque en el DF se concentra un alto porcentaje de los organismos civiles que tiene el país.
Lo que sucedió en la Cámara de Diputados es una repetición de lo acontecido en diciembre del 2005, cuando en siete minutos los legisladores aprobaron por unanimidad la Ley Televisa que luego fue aprobada, en medio de un escándalo, por los senadores. La batalla continuó cuando 47 miembros de la Cámara Alta se fueron a la Suprema Corte que ordenó se reescribiera la ley lo que hasta la fecha sigue sin hacerse.
La emergencia sanitaria impide saber en qué terminará este nuevo atraco contra la ciudadanía. Dependerá de lo que suceda en el Senado en donde veremos si el priista Jesús Murillo Karam o alguna fracción se decide a defender a los consumidores. Ojalá y así sea porque si los partidos son incapaces de defendernos, pues que al menos nos den los resquicios jurídicos en donde los ciudadanos podamos enfrentarnos a quienes nos saquean. Si no ayudan, háganse a un lado.
La Miscelánea
Una excelente noticia ha sido el desmantelamiento, por las autoridades capitalinas, de una red de pornografía infantil en la cual participaba, ¡válgame Dios!, un sacerdote. Quienes coordinaron la sofisticada investigación son el subprocurador de la Procuraduría capitalina Luis Genaro Vázquez y el fiscal de la delegación Cuauhtémoc, Enrique Priego Chávez. Felicidades.
Es común que la agresión a un consumidor forme parte de un patrón generalizado. Hace poco, Telcel incluyó en su factura un cobro por 173.91 pesos de una fianza anual que sirve, según explicaron telefónicamente, para protegerse por si "dejaba de pagar". Una excusa ridícula porque el cargo lo hacen a partir del segundo año de contrato, cuando mi historial crediticio ya fue establecido. Para justificarse invocan la cláusula 13 del contrato aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si uno multiplica ese cargo abusivo se entiende que Carlos Slim esté entre los más ricos del mundo.
Vivir en México supone preguntarse cuándo y cómo defenderse. En otras ocasiones he demandado a empresas abusivas pero el placer de las victorias es efímero porque el éxito individual ni siquiera rasguña al entramado de empresas abusivas, gobiernos timoratos, funcionarios corruptos y diputados despreocupados. Así pues, pagué la fianza sintiéndome impotente y agredido. Confiaba en que finalmente tendríamos las acciones colectivas que ya funcionan en Colombia, España y Estados Unidos.
Las acciones colectivas permiten a una persona u organización entablar una acción jurídica que, en caso de ser ganada, beneficia a todo un colectivo. En febrero del 2008 el senador priista Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa presentaron una iniciativa de reforma constitucional que permitiría a los organismos civiles realizar este tipo de acciones. En la formulación de aquel documento participaron especialistas como Alberto Benítez (profesor del Tec) y organismos civiles como Al Consumidor.
Se opusieron a la iniciativa la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Obtuvieron el respaldo del gobierno federal y del Partido Acción Nacional, quienes reelaboraron la propuesta y negociaron con las fracciones de los otros partidos para aprobar esa reforma constitucional que mantiene en la esclavitud a los consumidores. Pasó desapercibida la decisión porque se adoptó cuando iniciaba la emergencia sanitaria.
Es una ley negativa porque prohíbe a los organismos civiles iniciar una acción de este tipo. Sólo podrán hacerlo tres organismos federales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la ya mencionada Profeco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es decir, nos encargan con instituciones que, salvo excepciones muy contadas, se comportan como monaguillos de las grandes empresas. Un caso extremo es el de Luis Pazos (titular de la Condusef), quien sigue predicando como apóstol de las instituciones financieras que nos exprimen con sus comisiones y sus intereses.
La legislación aprobada por los diputados también concede a la Federación el monopolio sobre estos temas porque prohíbe a los estados y al Distrito Federal legislar sobre la materia. Esa parte de la reforma la hicieron pensando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en donde, con el impulso del asambleísta Xiuh Tenorio de Nueva Alianza, está cocinándose una ley que sí toma en cuenta a los organismos civiles y a los consumidores. Si en el DF se aprobara una legislación de este tipo se aplicaría como la vanguardia en la aplicación de reformas pensadas en el interés general. Tendría, además, un impacto enorme por el peso de la capital en la economía nacional y porque en el DF se concentra un alto porcentaje de los organismos civiles que tiene el país.
Lo que sucedió en la Cámara de Diputados es una repetición de lo acontecido en diciembre del 2005, cuando en siete minutos los legisladores aprobaron por unanimidad la Ley Televisa que luego fue aprobada, en medio de un escándalo, por los senadores. La batalla continuó cuando 47 miembros de la Cámara Alta se fueron a la Suprema Corte que ordenó se reescribiera la ley lo que hasta la fecha sigue sin hacerse.
La emergencia sanitaria impide saber en qué terminará este nuevo atraco contra la ciudadanía. Dependerá de lo que suceda en el Senado en donde veremos si el priista Jesús Murillo Karam o alguna fracción se decide a defender a los consumidores. Ojalá y así sea porque si los partidos son incapaces de defendernos, pues que al menos nos den los resquicios jurídicos en donde los ciudadanos podamos enfrentarnos a quienes nos saquean. Si no ayudan, háganse a un lado.
La Miscelánea
Una excelente noticia ha sido el desmantelamiento, por las autoridades capitalinas, de una red de pornografía infantil en la cual participaba, ¡válgame Dios!, un sacerdote. Quienes coordinaron la sofisticada investigación son el subprocurador de la Procuraduría capitalina Luis Genaro Vázquez y el fiscal de la delegación Cuauhtémoc, Enrique Priego Chávez. Felicidades.
Correo electrónico: saguayo@colmex.mx
kikka-roja.blogspot.com/
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