- Flavio Galván defendió hasta las lágrimas a su asesora
Francisco Reséndiz El Universal
Lunes 10 de septiembre de 2007 00:01 Flavio Galván Rivera, como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazó llamados directos de sus compañeros para despedir a su entonces coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, por estar involucrada en presuntos actos de corrupción. El 30 de abril, después de que uno de los magistrados denunció frente a los otros seis integrantes de la Sala Superior que Aguilar León intentó cobrar una comisión por la eventual compra de un edificio para una sede alterna del Tribunal, a solas Galván la defendió incluso con lágrimas. Los edificios que negoció Aguilar León con la inmobiliaria Rayo, con la ayuda de su esposo Octavio López Guzmán y por los que buscarían una comisión millonaria —apunta la denuncia presentada ante la Contraloría interna del Tribunal y de la que EL UNIVERSAL tiene copia— son los ubicados en: Avenida Revolución 1877 y Presa 212, que fueron las instalaciones de Grupo Monitor. Previamente con la inmobiliaria SARE negoció el de Insurgentes Sur 1355, pero en éste no hay señalamientos sobre una eventual negociación por comisiones. Fuentes de primer nivel del Tribunal Electoral dijeron a este diario que Galván negoció directamente con la firma inmobiliaria Richard Ellis, quien mantiene bajo reserva al enlace y con quién habría “amarrado” la comisión por la venta del inmueble de Presa 212. Pero supuestamente todo fue a través de Aguilar León, López Guzmán o el entonces secretario administrativo Daniel Tapia. Se llama Centro Corporativo San Jerónimo. Es un complejo tipo campus con cuatro edificios, uno de 4 mil 624 metros cuadrados, otro de mil 57, uno más de 398 y otro de 416 metros cuadrados. Tiene, además, 150 cajones de estacionamiento. Principio del finEl 30 de abril, el 4 y 10 de mayo y 20 de junio, los otros seis magistrados del Tribunal pidieron a Galván que removiera a Aguilar León para finalizar un problema interno que podría escalar, pero el entonces presidente se negó e incluso en esas reuniones privadas presentó su renuncia, que le fue rechazada. En la junta del 20 de junio en el centro Asturiano, los magistrados acordaron no abordar el asunto y dieron a Galván 15 días para que actuara. El 6 de julio se cumplió el plazo y el presidente del tribunal no cumplió.Después del pleno de ese día, en el que el TEPJF resolvió por unanimidad el caso de la candidatura de Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California, uno de los magistrados entró a su oficina, imprimió la denuncia, la entregó en el área correspondiente y luego a sus seis compañeros y a los tres integrantes del Consejo de la Judicatura que integran la Comisión de Administración del Tribunal. Desde la primera fecha y por unanimidad, los magistrados solicitaron a Galván que se iniciara la investigación correspondiente y tomara las medidas cautelares, precautorias y definitivas al respecto, sin que se ejercieran acciones, explicaron las fuentes consultadas. La denuncia ante la Contraloría interna del Tribunal el 6 de julio narra con precisión en 18 puntos los hechos que llevaron al órgano jurisdiccional a vivir el más fuerte escándalo desde su creación.
Cronología de dimisión prevista
Este asunto interno llevó a Galván a renunciar —a su regreso de un viaje a China— a la presidencia del Tribunal 6 de agosto. Al día siguiente, los siete magistrados del Tribunal eligieron a María del Carmen Alanis como sus sucesora. El 8 de ese mes, el Tribunal confirmó que había una investigación por presuntos actos de corrupción. El 9 de agostó EL UNIVERSAL reveló que la investigada era Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores de la Presidencia del Tribunal. El 14 de agosto la funcionaria solicitó licencia a su cargo. La noche de ese 30 de abril, después de que el escándalo se detonó en privado con los siete magistrados presentes, Galván fue a la oficina de Salvador Nava y le pidió tener “buen corazón” y “llorando, defendía a Norma Inés y le pidió su apoyo y comprensión”, narra a EL UNIVERSAL un colaborador de primer nivel del ex presidente del Tribunal. La denuncia confirma en cinco cuartillas que los magistrados decidieron comprar un edifico para la sede de la Sala Regional del Distrito Federal y que serviría como sede alterna de la Sala Superior; además, Galván instruyó a Aguilar para que buscara el inmueble, en ese momento la funcionaria buscaba una casa para ella. El 29 de marzo Aguilar León llamó a la firma de corredores inmobiliarios Rayo diciendo que estaba interesada en una casa en Coyoacán, Romero de Terreros y el Pedregal,de 4 millones 500 mil pesos. La vendedora mostró el 31 de marzo a Aguilar León y su esposo, Octavio López Guzmán, las casas en Lluvia 98 y Riviera 36, en el Pedregal, y en Dulce Oliva 42 y Segunda Cerrada Prolongación Melchor Ocampo 20, todas de la delegación Coyoacán. El 3 de abril Aguilar León llamó a la vendedora para pedirle que, al margen, de las casas “porque le había caído muy bien”, necesitaba un edificio de 7 mil metros cuadrados lo más rápido posible y que descartara el edificio de Insurgentes Sur 1355 porque ya lo había visto a través de la inmobiliaria SARE, pero que no le gustó por estar junto a una torre de luz. La vendedora “preguntó el rango de precio del edificio que buscaban, a lo que la C. Norma Inés Aguilar León respondió que era lo de menos, que era para el gobierno y que ella manejaba las finanzas, y que era quien decidía todo aquí”, apunta la denuncia. El 9 de abril, Aguilar dijo a la vendedora que no le llamara y que tratara la compra del inmueble con su esposo, Octavio López Guzmán, de quien proporcionó sus teléfonos de oficina, celular y de casa.
Otras alternativas
El 13 de abril programaron la visita para ver el 16 de abril el edifico ubicado en avenida Revolución 1877. Durante el recorrido por el inmueble López dijo que no le gustaba; al día siguiente argumentó que el edificio estaba “viejo”. Ese día, el 17 de abril, la vendedora dijo a Octavio López que buscaría más opciones y que le respondió que “se entiende que en esto vamos todos a mitades ¿verdad?” y le pidió discreción. Al día siguiente, la vendedora lo comentó con un magistrado del Tribunal Electoral, quien le pidió que siguiera con el trato. El 18 de abril la vendedora ofreció a López Guzmán el edificio de Grupo Monitor en Presa 212, en la colonia San Jerónimo. Al día siguiente la vendedora presentó más inmuebles. López dejó de recibir sus llamadas hasta el 24 de abril. Ese día, López le dijo a la corredora de bienes raíces que “nos brincaron los magistrados e instruyeron a Daniel Tapia, secretario administrativo del Tribunal, para que buscara directamente al vendedor sin intermediarios, pero no te preocupes, te tengo otros negocios... Además quiero la casa de piedra en el Pedregal”. La vendedora le aclaró que el rango de búsqueda que le había dado Aguilar León era 4 millones 500 mil pesos y que esa casa costaba 6 millones 200 mil pesos, pero López Guzmán dijo que “no importaba”. El 26 de abril la vendedora habló a la oficina de Aguilar León, pero su colaboradora Carolina Roque le dijo que a los magistrados les gustó el edificio de Grupo Monitor y le confirmó que López Guzmán seguía en el negocio.El tribunal dejó al margen a la vendedora y negoció directamente con la firma inmobiliaria Richard Ellis, quien mantiene bajo reserva al funcionario con quien habría “amarrado” la comisión por la venta del inmueble de Presa 212, pero habría quedado entre Aguilar, su esposo López y el entonces secretario administrativo Tapia. Aguilar León, se apunta en el inciso 17 de la denuncia, negó los hechos pese a reconocer que le pidió a su marido, “porque anda en la calle”, que buscara un edificio. La investigación interna del tribunal sigue su curso.
Lunes 10 de septiembre de 2007 00:01 Flavio Galván Rivera, como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazó llamados directos de sus compañeros para despedir a su entonces coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, por estar involucrada en presuntos actos de corrupción. El 30 de abril, después de que uno de los magistrados denunció frente a los otros seis integrantes de la Sala Superior que Aguilar León intentó cobrar una comisión por la eventual compra de un edificio para una sede alterna del Tribunal, a solas Galván la defendió incluso con lágrimas. Los edificios que negoció Aguilar León con la inmobiliaria Rayo, con la ayuda de su esposo Octavio López Guzmán y por los que buscarían una comisión millonaria —apunta la denuncia presentada ante la Contraloría interna del Tribunal y de la que EL UNIVERSAL tiene copia— son los ubicados en: Avenida Revolución 1877 y Presa 212, que fueron las instalaciones de Grupo Monitor. Previamente con la inmobiliaria SARE negoció el de Insurgentes Sur 1355, pero en éste no hay señalamientos sobre una eventual negociación por comisiones. Fuentes de primer nivel del Tribunal Electoral dijeron a este diario que Galván negoció directamente con la firma inmobiliaria Richard Ellis, quien mantiene bajo reserva al enlace y con quién habría “amarrado” la comisión por la venta del inmueble de Presa 212. Pero supuestamente todo fue a través de Aguilar León, López Guzmán o el entonces secretario administrativo Daniel Tapia. Se llama Centro Corporativo San Jerónimo. Es un complejo tipo campus con cuatro edificios, uno de 4 mil 624 metros cuadrados, otro de mil 57, uno más de 398 y otro de 416 metros cuadrados. Tiene, además, 150 cajones de estacionamiento. Principio del finEl 30 de abril, el 4 y 10 de mayo y 20 de junio, los otros seis magistrados del Tribunal pidieron a Galván que removiera a Aguilar León para finalizar un problema interno que podría escalar, pero el entonces presidente se negó e incluso en esas reuniones privadas presentó su renuncia, que le fue rechazada. En la junta del 20 de junio en el centro Asturiano, los magistrados acordaron no abordar el asunto y dieron a Galván 15 días para que actuara. El 6 de julio se cumplió el plazo y el presidente del tribunal no cumplió.Después del pleno de ese día, en el que el TEPJF resolvió por unanimidad el caso de la candidatura de Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California, uno de los magistrados entró a su oficina, imprimió la denuncia, la entregó en el área correspondiente y luego a sus seis compañeros y a los tres integrantes del Consejo de la Judicatura que integran la Comisión de Administración del Tribunal. Desde la primera fecha y por unanimidad, los magistrados solicitaron a Galván que se iniciara la investigación correspondiente y tomara las medidas cautelares, precautorias y definitivas al respecto, sin que se ejercieran acciones, explicaron las fuentes consultadas. La denuncia ante la Contraloría interna del Tribunal el 6 de julio narra con precisión en 18 puntos los hechos que llevaron al órgano jurisdiccional a vivir el más fuerte escándalo desde su creación.
Cronología de dimisión prevista
Este asunto interno llevó a Galván a renunciar —a su regreso de un viaje a China— a la presidencia del Tribunal 6 de agosto. Al día siguiente, los siete magistrados del Tribunal eligieron a María del Carmen Alanis como sus sucesora. El 8 de ese mes, el Tribunal confirmó que había una investigación por presuntos actos de corrupción. El 9 de agostó EL UNIVERSAL reveló que la investigada era Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores de la Presidencia del Tribunal. El 14 de agosto la funcionaria solicitó licencia a su cargo. La noche de ese 30 de abril, después de que el escándalo se detonó en privado con los siete magistrados presentes, Galván fue a la oficina de Salvador Nava y le pidió tener “buen corazón” y “llorando, defendía a Norma Inés y le pidió su apoyo y comprensión”, narra a EL UNIVERSAL un colaborador de primer nivel del ex presidente del Tribunal. La denuncia confirma en cinco cuartillas que los magistrados decidieron comprar un edifico para la sede de la Sala Regional del Distrito Federal y que serviría como sede alterna de la Sala Superior; además, Galván instruyó a Aguilar para que buscara el inmueble, en ese momento la funcionaria buscaba una casa para ella. El 29 de marzo Aguilar León llamó a la firma de corredores inmobiliarios Rayo diciendo que estaba interesada en una casa en Coyoacán, Romero de Terreros y el Pedregal,de 4 millones 500 mil pesos. La vendedora mostró el 31 de marzo a Aguilar León y su esposo, Octavio López Guzmán, las casas en Lluvia 98 y Riviera 36, en el Pedregal, y en Dulce Oliva 42 y Segunda Cerrada Prolongación Melchor Ocampo 20, todas de la delegación Coyoacán. El 3 de abril Aguilar León llamó a la vendedora para pedirle que, al margen, de las casas “porque le había caído muy bien”, necesitaba un edificio de 7 mil metros cuadrados lo más rápido posible y que descartara el edificio de Insurgentes Sur 1355 porque ya lo había visto a través de la inmobiliaria SARE, pero que no le gustó por estar junto a una torre de luz. La vendedora “preguntó el rango de precio del edificio que buscaban, a lo que la C. Norma Inés Aguilar León respondió que era lo de menos, que era para el gobierno y que ella manejaba las finanzas, y que era quien decidía todo aquí”, apunta la denuncia. El 9 de abril, Aguilar dijo a la vendedora que no le llamara y que tratara la compra del inmueble con su esposo, Octavio López Guzmán, de quien proporcionó sus teléfonos de oficina, celular y de casa.
Otras alternativas
El 13 de abril programaron la visita para ver el 16 de abril el edifico ubicado en avenida Revolución 1877. Durante el recorrido por el inmueble López dijo que no le gustaba; al día siguiente argumentó que el edificio estaba “viejo”. Ese día, el 17 de abril, la vendedora dijo a Octavio López que buscaría más opciones y que le respondió que “se entiende que en esto vamos todos a mitades ¿verdad?” y le pidió discreción. Al día siguiente, la vendedora lo comentó con un magistrado del Tribunal Electoral, quien le pidió que siguiera con el trato. El 18 de abril la vendedora ofreció a López Guzmán el edificio de Grupo Monitor en Presa 212, en la colonia San Jerónimo. Al día siguiente la vendedora presentó más inmuebles. López dejó de recibir sus llamadas hasta el 24 de abril. Ese día, López le dijo a la corredora de bienes raíces que “nos brincaron los magistrados e instruyeron a Daniel Tapia, secretario administrativo del Tribunal, para que buscara directamente al vendedor sin intermediarios, pero no te preocupes, te tengo otros negocios... Además quiero la casa de piedra en el Pedregal”. La vendedora le aclaró que el rango de búsqueda que le había dado Aguilar León era 4 millones 500 mil pesos y que esa casa costaba 6 millones 200 mil pesos, pero López Guzmán dijo que “no importaba”. El 26 de abril la vendedora habló a la oficina de Aguilar León, pero su colaboradora Carolina Roque le dijo que a los magistrados les gustó el edificio de Grupo Monitor y le confirmó que López Guzmán seguía en el negocio.El tribunal dejó al margen a la vendedora y negoció directamente con la firma inmobiliaria Richard Ellis, quien mantiene bajo reserva al funcionario con quien habría “amarrado” la comisión por la venta del inmueble de Presa 212, pero habría quedado entre Aguilar, su esposo López y el entonces secretario administrativo Tapia. Aguilar León, se apunta en el inciso 17 de la denuncia, negó los hechos pese a reconocer que le pidió a su marido, “porque anda en la calle”, que buscara un edificio. La investigación interna del tribunal sigue su curso.
Kikka Roja
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