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Bogotá, 6 de mayo. La multinacional bananera Dole está implicada en 57 asesinatos de sindicalistas y campesinos perpetrados por grupos de ultraderecha, aseguró al periódico colombiano El Espectador el abogado estadunidense que representa a los deudos. Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados tras entrevistar a unas 2 mil víctimas de la violencia en la zona bananera, dijo Terry Collingsworth, representante de familias afectadas por los paramilitares en el departamento colombiano de Magdalena.
El abogado, que la semana pasada demandó a Dole en una corte de Los Angeles, sostuvo que la multinacional contrató a las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a que el grupo fue designado organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado. Dole calificó de falsas e infundadas las acusaciones de que financió a paramilitares entre 1997 y 2006, año en que terminó su desarme tras un proceso de paz. Mientras, siete ex rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron al gobierno facilitar la liberación de Pablo Emilio Moncayo, militar que esa guerrilla prometió entregar, tras 11 años de secuestro. Nos preocupa la demora en el trámite de los detalles logísticos que concreten tan anhelada libertad, manifestaron en una declaración y urgieron a allanar los caminos que conduzcan al objetivo deseado, luego de que las FARC anunciaron en abril pasado que entregarían a Moncayo a la senadora Piedad Córdoba.
Los siete firmantes, Alan Jara, Consuelo González, Clara Rojas, Sigifredo López, Orlando Beltrán, Oscar Tulio Lizcano y Luis Eladio Pérez, todos liberados unilateralmente por las FARC entre enero de 2008 y febrero de 2009, también llamaron al gobierno, a los gobiernos latinoamericanos y la comunidad internacional a no desmayar en los esfuerzos por poner fin al sufrimiento de un número importante de servidores de la patria y sus familias, en referencia a 22 policías y militares que aún permanecen cautivos.
El abogado, que la semana pasada demandó a Dole en una corte de Los Angeles, sostuvo que la multinacional contrató a las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a que el grupo fue designado organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado. Dole calificó de falsas e infundadas las acusaciones de que financió a paramilitares entre 1997 y 2006, año en que terminó su desarme tras un proceso de paz. Mientras, siete ex rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron al gobierno facilitar la liberación de Pablo Emilio Moncayo, militar que esa guerrilla prometió entregar, tras 11 años de secuestro. Nos preocupa la demora en el trámite de los detalles logísticos que concreten tan anhelada libertad, manifestaron en una declaración y urgieron a allanar los caminos que conduzcan al objetivo deseado, luego de que las FARC anunciaron en abril pasado que entregarían a Moncayo a la senadora Piedad Córdoba.
Los siete firmantes, Alan Jara, Consuelo González, Clara Rojas, Sigifredo López, Orlando Beltrán, Oscar Tulio Lizcano y Luis Eladio Pérez, todos liberados unilateralmente por las FARC entre enero de 2008 y febrero de 2009, también llamaron al gobierno, a los gobiernos latinoamericanos y la comunidad internacional a no desmayar en los esfuerzos por poner fin al sufrimiento de un número importante de servidores de la patria y sus familias, en referencia a 22 policías y militares que aún permanecen cautivos.
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