Agustín Basave
27-Abr-2009
La realidad es que las gubernaturas están reproduciendo, a escala, el antiguo presidencialismo discrecional. El fin del partido hegemónico contrarrestó los poderes metaconstitucionales del presidente porque independizó sus contrapesos: los otros dos Poderes de la Unión, los otros dos órdenes de gobierno, los medios. Pero a nivel estatal no se ha consolidado la autonomía de los Congresos, los Tribunales o la prensa.
Soy un federalista. Nací y viví muchos años en Monterrey y sé lo que es padecer el centralismo que por décadas agobió a “la provincia”, como colectiva y sintomáticamente llaman en la capital al resto del país. Pero además de los modelos descentralizadores europeos —los de Alemania o España, por ejemplo— existen variantes del federalismo que importamos de Estados Unidos. Yo concuerdo con mi ilustre paisano Fray Servando Teresa de Mier en que cada país debe forjar su propio molde de acuerdo a sus circunstancias. El Padre Mier, por cierto, no era un centralista ni se oponía a que México se federara gradualmente, sino a que realizara una imitación extralógica del sistema norteamericano. Argumentaba que allá se habían sumado las partes para crear el todo, y que aquí se pretendía fragmentar el todo para privilegiar a las partes. Si la unión de las trece colonias suscitó una fuerza centrípeta, lo que se produciría en nuestro país sería la fuerza centrífuga de estados “libres y soberanos” que, ante la falta de cohesión e identidad nacional, provocarían la división. Pero el debate lo ganó Miguel Ramos Arizpe y nos convertimos en los Estados Unidos Mexicanos.
Salvo por los dos efímeros Imperios y el breve paréntesis de las Siete Leyes, México siempre ha sido una República Federal. Lo que ha variado no es tanto la norma cuanto la realidad: si bien en la primera mitad del siglo XIX la Constitución se aplicó y el federalismo de jure operó a plenitud, Benito Juárez y Porfirio Díaz lograron un creciente sometimiento de facto de los gobernadores al poder presidencial. La Revolución mantuvo el rumbo: el Ejecutivo federal consolidó su control sobre los Ejecutivos estatales. Pero la transición democrática, todavía aliada del federalismo, combatió las reglas no escritas y logró dar a las entidades federativas el margen de maniobra que legalmente les correspondía. Se vino entonces una resaca legislativa que arrastró a todos los partidos, otorgó al centro la última instancia en la justicia electoral y pretende centralizar también la organización de las elecciones estatales.
Esa tendencia no es producto de una predisposición cromosómica al centralismo. La realidad es que las gubernaturas están reproduciendo, a escala, el antiguo presidencialismo discrecional. El fin del partido hegemónico contrarrestó los poderes metaconstitucionales del presidente porque independizó sus contrapesos: los otros dos Poderes de la Unión, los otros dos órdenes de gobierno, los medios. Pero a nivel estatal no se ha consolidado la autonomía de los Congresos, los Tribunales o la prensa, la radio y la televisión, que en las condiciones actuales no pueden acotar eficazmente la fuerza de los gobernadores. Éstos, en cambio, se han librado del único límite real que tenían, que eran las órdenes que podían recibir de Los Pinos. Por supuesto que hay honrosas excepciones: no faltan diputados y jueces honestos y pioneros del periodismo independiente que en diversos estados resisten las tentaciones y las presiones que suelen emanar de las oficinas gubernamentales y se constituyen así en frenos a la manipulación electoral o al abuso de poder. Y del otro lado del mostrador tampoco se puede generalizar porque, en términos de caciquismo y corrupción, hay de gobernadores a gobernadores. Pero cuando algunos de ellos quieren cooptar a quienes los deberían contrapesar, la mayoría de las veces lo logran. Los comités estatales de los partidos de oposición son más vulnerables que los nacionales, y algo similar ocurre con los juzgados y los medios locales. Así como antes el destino de los actores de la vida pública en el país dependía en gran medida del presidente, ahora las carreras de los actores de cada estado dependen del gobernador, quien por lo demás ejerce el presupuesto con una alta dosis de discrecionalidad.
La verdad es que la democratización mexicana ha corrido en dos carriles y a dos velocidades. A nivel nacional nos quejamos de las asignaturas pendientes, empezando por la transición interrumpida, pero en los estados el rezago es mucho mayor. En los hechos, la rendición de cuentas y los contrapesos de los gobernadores son muy limitados, y en algunos casos inexistentes. Si las luchas de los democratizadores estatales siguen topándose con pared, habrá que seguir por el camino que no agrada a los puristas del federalismo y crear a nivel nacional más instancias que pongan límites a los poderes ejecutivos estatales. Y no solamente en la legislación electoral sino también en las de seguridad pública y procuración de justicia. Nadie propone el absurdo de que un país tan grande y diverso como el nuestro se acerque a un régimen centralista, desde luego. Pero en el México de hoy ha surgido una verdad que nos parecía inconcebible: hay una agenda frente a la cual o se es demócrata o se es federalista, al menos en la versión de federalismo que asumió el Constituyente de 1824 y refrendaron los de 1857 y 1917. Y esa agenda se abre con una pregunta que no hemos respondido: ¿qué hacemos con los gobernadores?
La rendición de cuentas y los contrapesos de los gobernadores son muy limitados, y en algunos casos inexistentes. Si las luchas de los democratizadores estatales siguen topándose con pared, habrá que seguir por el camino que no agrada a los puristas del federalismo.
Soy un federalista. Nací y viví muchos años en Monterrey y sé lo que es padecer el centralismo que por décadas agobió a “la provincia”, como colectiva y sintomáticamente llaman en la capital al resto del país. Pero además de los modelos descentralizadores europeos —los de Alemania o España, por ejemplo— existen variantes del federalismo que importamos de Estados Unidos. Yo concuerdo con mi ilustre paisano Fray Servando Teresa de Mier en que cada país debe forjar su propio molde de acuerdo a sus circunstancias. El Padre Mier, por cierto, no era un centralista ni se oponía a que México se federara gradualmente, sino a que realizara una imitación extralógica del sistema norteamericano. Argumentaba que allá se habían sumado las partes para crear el todo, y que aquí se pretendía fragmentar el todo para privilegiar a las partes. Si la unión de las trece colonias suscitó una fuerza centrípeta, lo que se produciría en nuestro país sería la fuerza centrífuga de estados “libres y soberanos” que, ante la falta de cohesión e identidad nacional, provocarían la división. Pero el debate lo ganó Miguel Ramos Arizpe y nos convertimos en los Estados Unidos Mexicanos.
Salvo por los dos efímeros Imperios y el breve paréntesis de las Siete Leyes, México siempre ha sido una República Federal. Lo que ha variado no es tanto la norma cuanto la realidad: si bien en la primera mitad del siglo XIX la Constitución se aplicó y el federalismo de jure operó a plenitud, Benito Juárez y Porfirio Díaz lograron un creciente sometimiento de facto de los gobernadores al poder presidencial. La Revolución mantuvo el rumbo: el Ejecutivo federal consolidó su control sobre los Ejecutivos estatales. Pero la transición democrática, todavía aliada del federalismo, combatió las reglas no escritas y logró dar a las entidades federativas el margen de maniobra que legalmente les correspondía. Se vino entonces una resaca legislativa que arrastró a todos los partidos, otorgó al centro la última instancia en la justicia electoral y pretende centralizar también la organización de las elecciones estatales.
Esa tendencia no es producto de una predisposición cromosómica al centralismo. La realidad es que las gubernaturas están reproduciendo, a escala, el antiguo presidencialismo discrecional. El fin del partido hegemónico contrarrestó los poderes metaconstitucionales del presidente porque independizó sus contrapesos: los otros dos Poderes de la Unión, los otros dos órdenes de gobierno, los medios. Pero a nivel estatal no se ha consolidado la autonomía de los Congresos, los Tribunales o la prensa, la radio y la televisión, que en las condiciones actuales no pueden acotar eficazmente la fuerza de los gobernadores. Éstos, en cambio, se han librado del único límite real que tenían, que eran las órdenes que podían recibir de Los Pinos. Por supuesto que hay honrosas excepciones: no faltan diputados y jueces honestos y pioneros del periodismo independiente que en diversos estados resisten las tentaciones y las presiones que suelen emanar de las oficinas gubernamentales y se constituyen así en frenos a la manipulación electoral o al abuso de poder. Y del otro lado del mostrador tampoco se puede generalizar porque, en términos de caciquismo y corrupción, hay de gobernadores a gobernadores. Pero cuando algunos de ellos quieren cooptar a quienes los deberían contrapesar, la mayoría de las veces lo logran. Los comités estatales de los partidos de oposición son más vulnerables que los nacionales, y algo similar ocurre con los juzgados y los medios locales. Así como antes el destino de los actores de la vida pública en el país dependía en gran medida del presidente, ahora las carreras de los actores de cada estado dependen del gobernador, quien por lo demás ejerce el presupuesto con una alta dosis de discrecionalidad.
La verdad es que la democratización mexicana ha corrido en dos carriles y a dos velocidades. A nivel nacional nos quejamos de las asignaturas pendientes, empezando por la transición interrumpida, pero en los estados el rezago es mucho mayor. En los hechos, la rendición de cuentas y los contrapesos de los gobernadores son muy limitados, y en algunos casos inexistentes. Si las luchas de los democratizadores estatales siguen topándose con pared, habrá que seguir por el camino que no agrada a los puristas del federalismo y crear a nivel nacional más instancias que pongan límites a los poderes ejecutivos estatales. Y no solamente en la legislación electoral sino también en las de seguridad pública y procuración de justicia. Nadie propone el absurdo de que un país tan grande y diverso como el nuestro se acerque a un régimen centralista, desde luego. Pero en el México de hoy ha surgido una verdad que nos parecía inconcebible: hay una agenda frente a la cual o se es demócrata o se es federalista, al menos en la versión de federalismo que asumió el Constituyente de 1824 y refrendaron los de 1857 y 1917. Y esa agenda se abre con una pregunta que no hemos respondido: ¿qué hacemos con los gobernadores?
La rendición de cuentas y los contrapesos de los gobernadores son muy limitados, y en algunos casos inexistentes. Si las luchas de los democratizadores estatales siguen topándose con pared, habrá que seguir por el camino que no agrada a los puristas del federalismo.
abasave@prodigy.net.mx
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